Madrid
El grito por el derecho a la vivienda vuelve a Madrid este 9F

Comienza la segunda ronda de grandes movilizaciones por la vivienda sin que los Gobiernos —ni el central de Pedro Sánchez ni la mayoría de las administraciones autonómicas y locales— hayan reaccionado. Al menos en el sentido en que exigían las cientos de miles de personas que se manifestaron el 13 de octubre en Madrid y el 23 de noviembre en Barcelona, en las marchas contra la turistificación en los archipiélagos canario y balear o en las manifestaciones en las capitales andaluzas, en València o en varias ciudades de la cornisa cantábrica.

Este 9 de febrero, la lucha por el derecho a la vivienda tiene un nuevo hito en Madrid con la convocatoria de una marcha que partirá de Atocha a las 12h con destino a la Puerta del Sol. La convocan, al igual que la del 13-O, la Plataforma Hábitat 2024, una coalición de 40 organizaciones sociales, vecinales, sindicales y colectivos del movimiento de vivienda de la Comunidad de Madrid. Entre estas organizaciones destacan la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), CC OO, UGT, Ecologistas en Acción, las PAH de Leganés, Usera y Arganda-Rivas o la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) entre otras.

Una multitud toma Madrid para protestar por la inacción política ante la crisis de vivienda

Martín Cúneo

3

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda Una multitud toma Madrid para protestar por la inacción política ante la crisis de vivienda

Martín Cúneo

3

Decenas de miles de personas señalan al Gobierno central y al Ejecutivo de Díaz Ayuso por su responsabilidad en la escalada de precios de la vivienda.

Entre los partidos políticos, Izquierda Unida, Podemos y Sumar han mostrado públicamente su apoyo a la movilización. El que lo ha hecho hasta ahora de forma más orgánica ha sido Podemos. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, acusaba en un vídeo al “bipartidismo” de la crisis de vivienda y a “la alfombra roja que le están poniendo a los rentistas”. Solo si la gente “se moviliza de forma masiva en las calles”, declaraba, se va a poder “intervenir de manera decidida el mercado de la vivienda en España”, a su juicio la única forma de resolver esta crisis. 

“Cualquiera que lea el manifiesto de octubre verá que señalábamos responsabilidades en todas las administraciones. Sin embargo, Ayuso no se dio por aludida”, explica a El Salto Quique Villalobos, de la FRAVM

Para Quique Villalobos, responsable de Urbanismo y Vivienda y Medio Ambiente de la FRAVM, el principal motivo de esta nueva manifestación es recordar al Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso su responsabilidad en la actual crisis de vivienda como la institución que tiene la mayoría de competencias en esta materia. “Cualquiera que lea el manifiesto de octubre verá que señalábamos responsabilidades en todas las administraciones. Sin embargo, ellos no se dieron por aludidos”, explica a El Salto.

Han pasado cuatro meses desde el 13 de octubre y, desde entonces, ha habido movimientos en la opinión pública —que ha comenzado a percibir la vivienda como el principal problema de España y el que más le afecta— y también en las propuestas del Gobierno. Para Villalobos, las medidas anunciadas van en la dirección correcta, pero están pensadas para dar resultado a medio y largo plazo. Para bajar los precios ahora, dice, “se necesitan medidas de choque añadidas”. Especialmente, todo lo que tiene que ver con disponer con urgencia de parque público. Por eso, una de las principales reivindicaciones del 9F, además de la aplicación de los topes al alquiler que contempla la ley de vivienda, está dirigida al Gobierno central: que en el primer semestre de 2025 todas las viviendas de la Sareb pasen al parque público “para su utilización inmediata”.

Sánchez omite las principales demandas de las movilizaciones de vivienda en sus anuncios estrella

Martín Cúneo

4

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda Sánchez omite las principales demandas de las movilizaciones de vivienda en sus anuncios estrella

Martín Cúneo

4

Las 12 medidas para atajar la crisis de vivienda anunciadas por el presidente Pedro Sánchez no convencen a las organizaciones sociales: más allá de las palabras y anuncios “grandilocuentes” no hay ninguna propuesta que vaya a bajar los precios.

En el reparto de culpas por los precios impagables de la vivienda, “la responsabilidad principal”, dice este portavoz de la FRAVM, es de la Comunidad de Madrid por no aplicar la ley de vivienda, algo que permitiría poner topes a los precios de los alquileres o gravar la vivienda vacía. La falta de una ley de vivienda propia de la Comunidad de Madrid, una demanda del movimiento social desatendida durante años por los Gobiernos conservadores, es otro de los elementos que hacen que el uso especulativo del suelo y la vivienda haya llegado tan lejos en este territorio.

Suelos privatizados y criminalización de la ocupación

Desde el 13 de octubre, ni la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ni la Consejería de Vivienda ha aceptado reunirse con ninguno de estos colectivos a pesar de las peticiones realizadas. Sí lo hizo el pasado 4 de febrero con la Plataforma de Afectados por la Ocupación y la Inquiocupación, “como muestra del compromiso del Ejecutivo autonómico en la lucha contra este delito”. Las cifras dadas por el Ejecutivo de Ayuso sobre la actividad del servicio 112 de Ocupación de la Comunidad de Madrid dan pistas sobre la gravedad de este problema: desde 2022, cuando comenzó a funcionar se recibieron 3.770 llamadas, de las cuales apenas 211 han sido procesadas. De ellas, solo 40 casos han merecido la intervención de la Comunidad.

Los colectivos convocantes del 9F critican en el manifiesto presentado este 6 de febrero en la Puerta del Sol la utilización interesada y manipulada del fenómeno de la ocupación para “criminalizar” situaciones que son “fruto de la necesidad y desesperación social ante la falta de respuesta eficaz por parte de las administraciones”. Entre las demandas de esta cuarentena de organizaciones figura la despenalización del acceso al Registro de solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante de su vivienda. Es decir, que las instituciones dejen de castigar a las familias que no tienen más opciones que ocupar una vivienda vetándolos de la posibilidad de optar a una vivienda social.

Ayuso se negado a reunirse con los convocantes de las marchas del 13-0 y el 9F. Sí lo hizo este 4 de febrero con la Plataforma de Afectados por la Ocupación y la Inquiocupación

Más allá del discurso criminalizador de la ocupación y el boicot a la ley de vivienda, la política del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad se ha centrado “en la privatización de suelos públicos y en seguir el modelo Aznar de que todo es construible, de que todo se puede resolver a base de construir y construir”, explica Villalobos. Para este portavoz vecinal, los planes de generar un nuevo cinturón de cientos de miles de viviendas de los nuevos impulsos urbanísticos son una “barbaridad” medioambiental. 

En el mismo sentido, las operaciones Campamento y Chamartín, avaladas también por el PSOE y el Gobierno central, entran dentro de esta dinámica de “privatización del suelo”, aclara Villalobos, ya que las viviendas protegidas que incluyen estos desarrollos pasarán en pocos años al mercado privado, todo ello en suelos públicos cedidos a los grandes intereses inmobiliarios y bancarios. “El problema de la vivienda protegida en propiedad es que mientras que vivamos en una Comunidad en la que se puede desproteger una vivienda a los siete años, lo que estamos haciendo es un trasvase de los bienes públicos”, apunta. 

Este experto en temas de vivienda también reparte críticas al Plan Vive de la Comunidad de Madrid: las malas condiciones de los pisos ofrecidos, los altos precios y las ubicaciones periféricas están haciendo que se multipliquen las renuncias a ocupar estas viviendas. El origen de este problema, explica, está en el aumento del 56% en el precio de los módulos de protección oficial que lanzó la Comunidad de Madrid en 2024, algo que provocó que en algunas localidades “resulte más cara un vivienda protegida que una en el mercado libre”. 

Con respecto al Plan Alquila del Ayuntamiento de Madrid —que ofrece avales institucionales a propietarios ante impagos—, Villalobos tiene una opinión más matizada: considera que todas las medidas encaminadas a movilizar vivienda vacía hacia el mercado van en la buena dirección, pero la falta de límites a los precios que pueden poner los arrendatarios que son avalados con dinero público al final se convierte en un nuevo impulso para que los alquileres sigan creciendo.

Diferencias 

La manifestación del 9F no cuenta con la participación de importantes actores del movimiento de vivienda. El Sindicato de Inquilinas de Madrid, diversas asambleas de la PAH y colectivos de vivienda barriales asociados al Movimiento Socialista no figuran entre las organizaciones firmantes. Al igual que en la anterior convocatoria, el foco puesto en la responsabilidad del Gobierno regional —y no en el Gobierno central— y el respaldo de los partidos que apoyaron al anterior Gobierno de coalición y al actual ha generado un alejamiento de posiciones. También existen divergencias tácticas: una parte de los colectivos de vivienda considera que la vía de pedir reformas a las instituciones ha fracasado y ha terminado por debilitar al movimiento. Parte de estos colectivos ya no consideran al Gobierno y a la izquierda institucional como aliados útiles para sus demandas. Otros prefieren dirigir sus esfuerzos como organizaciones hacia otros objetivos, aunque afirman que acudirán a la manifestación a título individual.