Madrid
Referéndum en la Complutense para medir el rechazo estudiantil al nuevo Plan Económico Financiero de Ayuso

La comunidad universitaria organizada pretende mostrar en las próximas semanas su disconformidad con el recién aprobado Plan Económico y Financiero de Isabel Díaz Ayuso. En la UCM ya han dado los primeros pasos para evidenciar el descontento social latente dentro y fuera del claustro respecto a un modelo que muchos han tildado de “engañoso” e incluso austericida por sus “recortes brutales”: El próximo jueves 16 de abril se celebrará en este centro un referéndum popular consultivo sobre el acuerdo: la idea es que el mayor número posible de personas declare mediante su voto su conformidad o no con el pacto que afecta a las seis universidades públicas de la región (la Complutense, Politécnica, Alcalá, Carlos III, Autónoma Rey Juan Carlos).

A la jornada de votaciones, que concluirá a las 18.00 horas, se sumará una cascada de acciones, asambleas y movilizaciones que irán transcurriendo a lo largo de la semana en las distintas facultades. Todo ello culminará, según lo anunciado, en una gran manifestación el 19 de abril “en la que todos los sectores de la educación pública nos unimos y movilizamos para defendernos frente a los recortes, la infrafinanciación estructural y el proceso de privatización de la educación con especial crudeza durante los últimos años”, aseguran los organizadores.

“La pregunta de las papeletas será si están de acuerdo con suspender el plan de ajuste para acabar con los recortes presupuestarios. Creemos que plantearlo desde un referéndum es muy significativo...": Eva Adra, de UCM en Lucha

En conversación con El Salto, Eva Aladro, catedrática y miembro de UCM en Lucha, explica que la votación tendrá lugar tanto de forma presencial como a través de internet para poder votar telemáticamente, aunque habrá hasta una docena de urnas distribuidas por distintas localizaciones de Ciudad Universitaria. “Hemos dispuesto de una web con un dominio propio para que se pueda votar online. La pregunta de las papeletas será 'si están de acuerdo con suspender el plan de ajuste para acabar con los recortes presupuestarios'. Creemos que plantearlo desde un referéndum es muy significativo porque simboliza que podemos decidir qué universidad queremos a través de nuestro voto”, alega.

La Plataforma UCM por la Pública, que se ha encargado de gestionar toda la logística de la consulta popular, ha hecho público estos últimos días un informe donde presentan las principales vías de conflicto con el plan plurianual de Ayuso. Éste contempla una inversión de 14.800 millones de euros desde 2026 hasta 2031, que pese a lo grandilocuente de la cifra supone pasar de destinar el 0,4% del PIB regional al 0,45%. Una diferencia ínfima, más aún teniendo en cuenta que Madrid es una de las comunidades con mayor renta per cápita del Estado español. La Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, obliga a alcanzar el 1%, como ya ocurre en otras comunidades autónomas.

Además, de esos 14800 millones de euros, solo 1280 millones se corresponden con fondos adicionales. “Dentro de esa cifra tan abultada la CAM está incluyendo las transferencias corrientes a las universidades que realiza cada año, la recaudación de las matrículas (3340 millones de euros) y otros fondos que las universidades obtienen por su cuenta (2500 millones)”, aseguran en el estudio. En un comunicado infieren que el plan “no solo asfixia las cuentas universitarias, obligándolas al déficit, sino que traslada la carga del sistema a las familias trabajadoras ya que el 25% del presupuesto de las universidades depende de precios públicos de matrícula, que figuran entre los más caros del Estado”.

“En gasto por alumno, la Comunidad de Madrid debe a cada estudiante 1.050 euros por matrícula pagada. Entre el 20 y el 25% de los presupuestos de las universidades proviene de las tasas académicas...”

Por tanto, inciden, aunque la financiación pública aumenta en términos absolutos, en términos relativos al crecimiento esperado de la economía esto supone un estancamiento cronificado a lo largo de los próximos cinco años. En ese periodo, según el estudio, la Comunidad de Madrid debería haber inyectado 1.150 millones más solo para cubrir las nóminas de los docentes, el equivalente a todas las trasferencias corrientes de la Comunidad a las seis universidades públicas sólo durante el año 2025. “En gasto por alumno, la Comunidad de Madrid debe a cada estudiante 1.050 euros por matrícula pagada. Entre el 20 y el 25% de los presupuestos de las universidades proviene de las tasas académicas y precios públicos, existiendo un copago encubierto de los estudios universitarios”, destacan desde la plataforma.

Una estocada contra la investigación científica

Otra de las preocupaciones centrales de los docentes y estudiantes que motiva la celebración del referéndum y posterior manifestación reside en la depauperación de la enseñanza a través de la eliminación de grupos de investigación. El PEF incluye fuertes reducciones de financiación a los grupos dedicados a investigar, con una reducción del 35% del presupuesto para los departamentos y la supresión de suscripciones a revistas científicas, licencias de bases de datos y software, indican.

Mario Rísquez, profesor de Economía en la UCM, apunta a cambios que ya se están manifestando desde hace tiempo en las aulas y que vienen a agravarse si no se revierte el modelo económico vigente: Las Jubilaciones sin reposición, un aumento del encargo docente por encima de la capacidad efectiva -lo que implica la realización de horas extra- o la reducción de los salarios a investigadores predoctorales, son algunos de los estragos que ya se están sintiendo en los campus. “Se nos quitan las herramientas de trabajo mientras se nos obliga a trabajar más”, sostiene.

La LOSU, tal y como recuerdan desde UCM por la Pública, en su artículo 56.3 define la financiación estructural basal como aquella que debe ser suficiente para cubrir, entre otras cuestiones esenciales, la investigación estructural e inversiones de sostenibilidad medioambiental. También determina que “las administraciones públicas dotarán de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia financiera que permita cumplir con los objetivos que establece la ley”. Otro requisito que se incumple de facto en la Comunidad de Madrid, donde los centros académicos cuentan con una falta palpable de recursos de todo tipo para satisfacer las necesidades cotidianas.

Si el pasado mes de enero la Asociación de Trabajadoras Precarias de la Investigación en la Comunidad de Madrid – DigniMad- rechazaba la suspensión de las Ayudas predoctorales de la Comunidad de Madrid para la convocatoria de 2025 -que dejan a 250 personas sin empleo y un recorte de 29 millones de euros a la investigación pública, ahora la situación es incluso más acuciante si cabe: En la Facultad de economía, la propuesta del Vicerrector de Ordenación Académica es cerrar 43 grupos que supondrían un ahorro de 2.580 horas. En la facultad de Ciencias Políticas y Sociología y en la de Antropología, proponen la suspensión temporal o cierre directo de decenas de grupos, como el Departamento de Antropología Social y Psicología Social, el de Economía Aplicada, Ciencia Política o el de Historia, Teorías y Geografía Políticas.

Un plan de financiación firmado “de espaldas a la comunidad universitaria”

Aunque la cronificación de la precariedad, que hace que el centro siga dependiendo de un préstamo para subsistir a duras penas, es el eje vertebrador de las protestas, otra cuestión central en el referéndum es la opacidad de las negociaciones sobre el plan. Desde el primer momento la comunidad universitaria ha sido especialmente crítica con Joaquín Goyache, rector de la UCM, así como con la nueva consejera de educación Mercedes Zarzalejo, quien a su juicio “ha intentado colarnos por la puerta trasera lo que su antecesor (el cesado Emilio Viciana) no pudo aprobar ni con mayoría absoluta en la Asamblea”.

El acuerdo fue firmado por los rectorados, conniventes con el Ejecutivo regional, a espaldas de la plataforma, el mismo día que se iban a reunir con las asambleas por las universidades. No ha habido, explican, ni publicidad de los procesos negociación con actores como los sindicatos. “Todo se hace en conversaciones entre el equipo rectoral con las direcciones de los departamentos, y estas luego bajan al conjunto de sus equipos de personal docente e investigador”, comentan.

“A lo largo de este proceso nadie nos ha llamado ni preguntado cómo afrontamos este problema, creemos que la mejor forma de suspender este plan de ajustes y revertir esta situación es expresando claramente en las urnas...”: Mariu Ruiz, docente integrante de Plataforma UCM x la Pública

Cuando se firmó el acuerdo, los actores firmantes se negaron a hacerlo público o mostrarlo a las plataformas universitarias. Esa voz que en todo momento se negó a los docentes y estudiantes en lucha es la que pretende ahora hacerse visible a través de las urnas: “A lo largo de todo este proceso nadie nos ha llamado ni nadie nos ha preguntado cómo afrontamos este problema, así que creemos que la mejor forma de suspender este plan de ajustes y revertir esta situación es expresando claramente en las urnas qué quieren las trabajadoras y estudiantes de la Complutense”, asegura Mariu Ruiz, docente de la Plataforma UCM x la Pública. Si las previsiones de las organizadoras no fallan, un amplio sector de la universidad manifestará pronto su firme rechazo al plan financiero y abogará por su suspensión inmediata.

Aunque movilizaciones de los últimos meses lograron frenar la publicación de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), UCM por la Pública denuncia que el plan de financiación activa mecanismos que ya sugería el borrador de la misma: entre ellos destaca el control económico de las universidades mediante los objetivos de financiación y la puesta de los bienes públicos al servicio de intereses privados.

Eso sí, gracias a que no llegó a materializarse finalmente, el referéndum está previsto que transcurra sin medidas de censura, ya que la LESUC, conocida como la “mordaza universitaria”, contemplaba multas de hasta 100.000 euros por “manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus”. La paralización llegó tras una fructífera huelga de dos días el pasado mes de noviembre en todas las universidades públicas madrileñas bajo el lema “no habrá paz para quien nos asfixia”. “Gracias a que hemos parado la LESUC podemos hacer este referéndum, porque no creemos que se den acciones represivas. Por lo tanto, las luchas tienen sus efectos”, vaticina Ruiz.