Madrid
Sientan en el banquillo a los acusados por el desalojo extrajudicial del Centro Social Transfeminista La Pluma
La mañana de este viernes 20 de noviembre se lleva a cabo el juicio oral contra los autores del desalojo del Centro Social Transfeminista (CSOT) La Pluma por los delitos de amenazas, lesiones, y ejecución arbitraria. Como acusados asistirán la representante legal de la empresa ZZ Inmobiliari Próxima S.L., misma que está vinculada al grupo Alma Corp y a los propietarios de la cadena de peluquerías Marco Aldany, así como integrantes de la empresa de desalojos extrajudiciales, Desokupa.
El desalojo se ejecutó de forma arbitraria y sin orden judicial el 25 de junio de 2018 cuando varias personas ajenas al espacio, ubicado en calle Barbieri, 5, en el barrio de Chueca, irrumpieron violentamente agrediendo e insultando con gritos homófobos a las personas que se encontraban en su interior. Las la perseverancia de las personas agredidas, que fueron absueltas en firme del delito de usurpación en 2020, ha conseguido sentar en el banquillo a los responsables patronales y a los ejecutores del desalojo extrajudicial. El juicio se desarrolla esta mañana en los Juzgados de lo Penal de Madrid de la calle Julián Camarillo.
Precisamente la apertura de La Pluma tuvo la intención de confrontar el proceso de gentrificación y turistificación que ya sufría la zona –que se ha intensificado desde entonces– y ha derivado en la expulsión de las vecinas del barrio, de los colectivos vulnerable que históricamente han habitado el centro de Madrid. Con la implantación del nuevo centro social se denunció “la asimilación del movimiento LGTBIQ+ por parte del denominado 'capitalismo rosa' y el evento comercial MADO”, apuntan las personas que fueron agredidas en el desalojo, quienes reivindicaban “una Chueca combativa, anticapitalista y acogedora para las disidencias corporales, sexuales y de género”.
Los hechos
La recuperación del edificio no había durado ni 24 horas cuando sucedió el desalojo por sorpresa. De acuerdo a los testimonios de esa mañana del lunes 25 de junio, el grupo de extraños entró “sin identificación policial y forzó el acceso al inmueble utilizando una retroexcavadora, cizallas, barras de metal y puntales”, describen. Agregan que la irrupción se hizo entre gritos e insultos homófobos como “¡maricones de mierda, os vamos a matar a palos!” y “os vamos a reventar”, y que durante la misma no hubo ninguna notificación ni autorización judicial, decir que se produjo al margen de cualquier procedimiento legal establecido. De la intervención ilegal de las seis personas que estaban en el edificio tres resultaron lesionadas y tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios.
Los violentos hechos no amedrentaron a las personas que sufrieron el desalojo y con el atestado policial inicial y los partes médicos de lesiones, interpusieron una denuncia penal contra la propiedad y la empresa de desokupación
Después de la agresión, agentes policiales que acudieron al lugar e identificaron a las personas agredidas, sin embargo la empresa propietaria no presentó denuncia judicial de urgencia en el momento del desalojo, lo que para las agredidas significaría que “la propiedad evitó la vía judicial previa por ser consciente de la ilegalidad cometida al recurrir a vías de hecho extrajudiciales”.
Los violentos hechos no amedrentaron a las personas que sufrieron el desalojo y con el atestado policial inicial y los partes médicos de lesiones, interpusieron una denuncia penal contra los administradores de la sociedad propietaria y contra los ejecutores. Posteriormente, la propiedad impulsó una querella por usurpación contra seis de las personas identificadas. En octubre de 2020, el juzgado dictó la absolución firme de todas estas personas.
Trascendencia del caso contra las empresas de desokupación extrajucial
Los delitos que se imputan por el desalojo son: realización arbitraria del propio derecho (tomarse la justicia por su mano mediante vías de hecho), un delito de amenazas y tres de lesiones leves. Tanto las personas que resultaron agredidas en el desalojo de La Pluma —representadas por la abogada Naomi Abad Velasco—, como la Fiscalía de delitos de odio, solicitan penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión, indemnizaciones por lesiones y órdenes de alejamiento.
El presente juicio es de trascendental importancia ya que puede sentar jurisprudencia contra las empresas que bajo, el engañoso concepto de “mediación”, ejecutan desalojos y desahucios de forma arbitraria y violenta, y que son contratadas por grandes tenedores e inmobiliarias para evitar judicializar los casos y que el inquilinato se defienda en los tribunales. Estas empresas de “desokupación” han proliferación en los últimos años y han sido motivo de decenas de denuncias.
Además, el avance de esta causa penal ha mostrado que el uso de la violencia “no sale gratis”, sostienen las demandantes, ya que ha podido generar un precedente disuasorio que ha podido influir directamente en que intervenciones posteriores como la de la sede de La Ingobernable en la calle Cruz —también propiedad de los mismos empresarios— y que “no pudieran reproducir impunemente estas tácticas de matonismo”, reiteran.
Las demandantes sostienen que la resistencia mantenida durante estos años “ha fortalecido las redes de apoyo mutuo y que la dignidad colectiva puede frenar el abuso de poder de los grandes patrimonios”
Para las demandantes que han padecido años de procedimientos y dilaciones procesales, la celebración de este juicio oral constituye una victoria del movimiento social y las disidencias organizadas frente al acoso especulativo. Sostienen que la resistencia mantenida durante estos años ante la represión “ha fortalecido las redes de apoyo mutuo y que la dignidad colectiva puede frenar el abuso de poder de los grandes patrimonios”.
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