Málaga
Inquilinos de Málaga denuncian que “el casero público desahucia”

La situación de la vivienda en Málaga, como en el resto de Andalucía, ha traspasado los límites históricos. De hecho, el territorio se encuentra a la cabeza en lanzamientos por impago de alquiler en toda la comunidad, con más de 900 al año según los datos del Consejo General del Poder Judicial. De estos desahucios, 244 se tratan de casas con titularidad pública.

“Estoy desesperada por saber dónde voy a vivir con mis tres hijos. El día a día es un sufrimiento, tengo insomnio y ataques de ansiedad”, explica Sanae, que lleva siete años esperando una vivienda pública para mujeres victimas de violencia de género sin respuesta de las instituciones

Es el caso de una familia del barrio de Lagunillas que el Instituto Municipal de Vivienda (IMV) pretendía desahuciar y que se paralizó el pasado mayo. “El casero público desahucia y deja menores en la calle”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas malagueño y añaden que “IMV y AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) hacen una gestión nefasta de las viviendas destinadas a personas afectadas por el problema de la vivienda y la precariedad”. 

Sana lleva siete años esperando en un sorteo de viviendas para mujeres que han sido víctimas de violencia de género. El próximo diciembre, tras la decisión de un juez, tendrá que abandonar la casa con la que habita con sus tres hijos menores, que pertenece a su agresor. “Estoy desesperada por saber dónde voy a vivir con mis tres hijos. El día a día es un sufrimiento, tengo insomnio y ataques de ansiedad”, expone. Esta vecina malagueña añade que lleva años pidiendo a las administraciones que le ayuden a encontrar una alternativa habitacional: “Me he recorrido toda Málaga buscando soluciones y el IMV no me da ninguna”.

Desde la plataforma Un Techo por Derecho insisten en que estos desahucios de instituciones públicas afectan especialmente a mujeres con familias monomarentales y un recorrido de violencia machista a las espaldas. “Las instituciones están perpetuando la violencia del patriarcado”, expone Rosa Galindo, portavoz del colectivo. Galindo insiste en que “no debería haber viviendas públicas vacías” ante una situación de “crisis habitacional que más bien es una crisis humanitaria”.

“Las propias administraciones públicas dicen que tienen interés en cambiar la situación, pero en el día a día dista mucho de esas palabras”, explica Curro Machuca desde el Sindicato de Inquilinas. El sindicato insiste en que tanto IMV como AVRA están realizando “una gestión opaca y arbitraria” y “forman parte del problema de la vivienda”, ya que ambas instituciones se están comportando igual “que los especuladores y rentistas”.  La organización apunta además que la propia gestión de las viviendas del IMV se ha externalizado a una empresa privada.