Medio ambiente
El bufete del exdirector de Ihobe defiende a la gestora de Zaldibar frente al Gobierno Vasco

La defensa de Verter Recycling 2002 S.L., la empresa que gestionaba el vertedero de Zaldibar cuando se derrumbó el 6 de febrero de 2020 y sepultó a los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, está en manos de una socia de Ekoiure, el despacho bilbaíno que dirige Xabier Caño, exdirector general de Ihobe y exasesor jurídico de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. El mismo bufete acumula contratos con el Gobierno Vasco y con la Diputación Foral de Bizkaia, es decir, con las dos administraciones que reclaman a la empresa la factura de la restauración del vertedero.

Así consta en la última sentencia del caso, dictada el 31 de marzo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y consultada por esta revista en el buscador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El encabezamiento identifica a la parte demandante –Verter Recycling 2002, S.L.– representada “por la letrada Dª. Sofía García Arana“. En la web de Ekoiure la abogada figura, con los apellidos invertidos, como Sofía Arana García, ”socio & abogado“, especializada en derecho ambiental, urbanismo y contratación pública, y coordinadora de la Comisión de Sostenibilidad del Colegio de Abogados de Bizkaia.

La sentencia, votada el 17 de febrero y notificada en abril, rechaza el recurso con el que Verter Recycling pretendía anular la resolución que en enero de 2021 firmó la entonces consejera Arantxa Tapia y que declaró el ”carácter significativo“ de los daños ambientales provocados por el derrumbe. Los tres miembros del tribunal confirman esa calificación a partir de los excesos medidos de mercurio, amonio y arsénico, entre otros contaminantes.

Enfrente, secundando la tesis del Gobierno Vasco, comparecieron como codemandadas la Diputación de Bizkaia –a través de Interbiak, titular de la autopista afectada– y el Ayuntamiento de Zaldibar. El fallo, adelantado por El Diario, no es firme: cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

El bufete que dirige el exdirector general de Ihobe ha facturado 106.000 euros al Gobierno Vasco; ahora una de sus socias defiende a la empresa que le debe casi 29 millones

Según la API oficial de contratación pública de Euskadi, Ekoiureplus S.L.L. (CIF B95691259) suma 20 contratos públicos adjudicados desde 2017 por 298.908 euros con IVA. Cuatro los firmó el Gobierno Vasco por 79.257 euros, todos ellos asistencias jurídicas en materia ambiental: la simplificación de procedimientos en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (21.599 euros, 2017), el análisis de fiscalidad municipal para reducir gases de efecto invernadero (21.720 euros, 2017) y la valoración de las alegaciones al anteproyecto de la Ley de Cambio Climático vasca (17.848 euros en 2018 y 18.090 en 2019).

Otros dos contratos, por 26.802 euros, los adjudicó directamente Ihobe en 2021, ya con Caño fuera de la sociedad pública. La Diputación Foral de Bizkaia, cuya sociedad Interbiak es parte en el pleito, aparece con seis expedientes –uno de ellos con dos registros– por 74.995 euros entre 2019 y 2023, en conceptos genéricos de ”estudios y trabajos técnicos“ y ”reuniones, conferencias y cursos“. El resto son encargos municipales y de la asociación de municipios Eudel.

De Ihobe a Sader, y de Sader al bufete

Caño fue asesor jurídico del Departamento de Medio Ambiente entre 2005 y 2006 y director general de Ihobe entre 2006 y 2009. Al salir de la sociedad pública pasó al grupo privado Agaleus, propietario de Sader y Profersa, del que llegó a ser consejero delegado. Ese recorrido ya ha pasado por los tribunales: en 2023 este medio contó que el TSJPV reabrió y estimó una denuncia por conflicto de intereses en Ihobe que el Gobierno Vasco había desestimado, en un caso que afectaba a Caño por ser vocal del consejo de administración de Ihobe y, a la vez, administrador mancomunado de la empresa adjudicataria.

También fue el rostro público de la fallida planta de Sader en Ortuella, contra la que se organizó la plataforma vecinal “Sader Ez”, y en mayo de 2024 el Gobierno Vasco ordenó el cierre cautelar de la planta de Profersa en Zorrotza tras dos incidentes en 15 días. Según El Diario, Caño dejó el cargo de consejero delegado del área ambiental de Agaleus en septiembre de 2025 y se reincorporó a Ekoiure, donde figura como socio director.

Verter Recycling se disolvió en septiembre de 2021, dos meses antes de que el Gobierno Vasco le pasara la factura de la restauración del vertedero

El despacho se constituyó el 22 de junio de 2012 con domicilio en la calle Ercilla de Bilbao. En los anuncios del Registro Mercantil, Caño aparece como consejero, presidente y apoderado en la constitución de la sociedad y como apoderado hasta 2018; en marzo de 2022 sus cargos fueron revocados al pasar la empresa a administrador único, puesto que ocupa su hermano, Joseba Kepa Caño, también abogado del bufete.

La factura sigue sin pagarse

Lo que se dirime detrás del “carácter significativo” de los daños es dinero público. En noviembre de 2021, el Gobierno Vasco reclamó a Verter Recycling 28,73 millones de euros con IVA por la prevención, evitación y reparación de los daños ambientales, un gasto que adelantó la Administración y que el Ejecutivo advirtió que tendrían que pagar “de su propio bolsillo” los gestores y administradores de la sociedad si esta desaparecía. La empresa se había disuelto dos meses antes, en septiembre de 2021, y a finales de 2023 seguía negándose a pagar, como publicó Hordago-El Salto.

La instrucción penal por delito ambiental, que afecta a los responsables del vertedero y a tres técnicos del Departamento de Medio Ambiente, sigue abierta en un juzgado de Durango.

La contratación de abogados con trayectoria en el aparato institucional no es nueva en este caso. En enero de 2023 este medio informó de que el propio Ayuntamiento de Zaldibar contrató al abogado de cabecera del PNV para defenderse frente a Verter Recycling.

Hasta la agencia que llevó la comunicación de la empresa del vertedero de Zaldibar tras su derrumbe, Consejeros del Norte, había sido contratada por el Gobierno Vasco para mejorar la imagen del fracking y elaborar el Perfil Ambiental de Euskadi.