Medio ambiente
Fiscalía investiga a la firma vinculada a un ex alto cargo del Gobierno Vasco por hechos similares a Zaldibar

La instrucción judicial sobre el delito medioambiental que ha imputado a los responsables del vertedero de Zaldibar y a tres técnicos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco sigue abierta en un juzgado de Durango. La gestora del vertedero de Zaldibar, Verter Recycling, disuelta en septiembre de 2021, se niega a pagar los 27,8 millones de euros derivados del coste de las labores de restauración del vertedero, un gasto adelantado y asumido hasta el momento por el Gobierno Vasco. Mientras, un informe ha desvelado que los terrenos ocupados estaban perdiendo cada vez más estabilidad y existía un riesgo de nuevo derrumbe. 

Según los documentos a los que ha accedido Hordago-El Salto, la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa investiga a la empresa gestora de un vertedero clausurado en Irun por hechos que guardan varias similitudes con lo ocurrido en Zaldibar. En este momento, la denuncia de Fiscalía de Gipuzkoa ha derivado en la apertura de investigación, las Diligencias Previas 562/2022 del Juzgado de Instrucción número 3 de Irun, que determinará si existen delitos y se deben llevar a juicio.

De momento, como sucedió entonces el Zaldibar, en el caso del vertedero irunes “hay riesgo concurrente” de que “haya de ser el Gobierno Vasco quien se vea obligado a asumir directamente las tareas de aseguramiento del vertedero y/o restauración de los ecosistemas eventualmente afectados”. También se infieren otras razones que guardan similitudes a Zaldibar, como la existencia de puertas giratorias que hayan podido provocar alguna de las consecuencias que están siendo investigadas. Finalmente, entre los hechos investigados se mencionan unas lluvias torrenciales ocurridas en noviembre de 2016 que produjeron el desprendimiento de un talud en febrero del año siguiente. 

El anterior director técnico del vertedero investigado ha ostentado responsabilidades públicas sobre materia medioambiental en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y en IHOBE, la sociedad de gestión ambiental del Gobierno Vasco

Aunque no se conocen los nombres, el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Irun cita como investigados a tres personas, así como a la mercantil Vascontainer SA”, a quien requería una fianza por importe de 3.825.654 euros”. El juzgado también acordó proceder al embargo de bienes de su propiedad “en cantidad suficiente para responder de la suma que se reclama, en el supuesto de que no se prestare”. Antes de la apertura de esta investigación judicial, Vascontainer se declaró en concurso de acreedores en octubre de 2020, por lo que la Fiscalía entiende que, además, existe el “peligro” de que la empresa pase a estar “en situación de insolvencia”.

Respecto al segundo asunto, la investigación del juzgado de Irun desvela que el anterior Director Técnico del Vertedero de Vascontainer, Aitor Zulueta, “pasó a ocupar un puesto en el Gobierno Vasco” en diciembre de 2016. Precisamente en esa fecha fue nombrado Director de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco. También ha ostentado diversas responsabilidades públicas en materia de medioambiente. Fue director de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y secretario de sus órganos de gobernanza y vicepresidente de la sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno Vasco, IHOBE.

Durante esta legislatura también fue agraciado por el Gobierno Vasco con una autorización de puerta giratoria, un hecho criticado por la oposición política. Según informó el diario Gara, era un “profesional libre” antes de entrar en el Gobierno, y después transitó por tres firmas distintas. Zulueta siempre ha mantenido que fue “escrupuloso con el procedimiento” cuando tras su cese solicitó la autorización al Gobierno Vasco para valorar si existía o no alguna incompatibilidad al fichar por el sector privado.

El exdirector del vertedero que pudo cometer un delito que produzca daños materiales a la naturaleza, lesiones graves o muertes de personas aboga por la “colaboración público-privada” como “una gran solución” 

Desde agosto de 2023, ostenta un cargo de designación política como director del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Gasteiz, primer municipio que se ofreció para recoger los residuos del vertedero de Zaldibar. A este respecto, el modelo de gestión de Zulueta aboga por la “colaboración público-privada” como “una gran solución”.

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El salto de la Administración pública a la empresa privada en el sector energético llega a una treintena de casos. Entre los más destacados, el número 2 del PNV, varios extesoreros, dos exvicelehendakaris, un expresidente del Parlamento Vasco y otros tantos exconsejeros del Gobierno Vasco.

Insolvencia, delitos medioambientales y un desprendimiento

Entre los aspectos objeto de la investigación más importantes para la salud pública está el riesgo derivado de la no ejecución de las medidas de mantenimiento del vertedero a lo largo del tiempo, así como de la no ejecución de las medidas de sellado y clausura de este. Según indica la documentación judicial, ello “puede acarrear la producción de daños medioambientales por alteración de las condiciones de funcionamiento del vertedero, tales como las condiciones de cubrición del vertedero, extracción y quemado de gases, falta de mantenimiento y controles”.

Se alude también a los posibles efectos derivados de la falta de mantenimiento, señalando que “en caso de rotura y esparcimiento de la masa de residuo fuera de los límites del vaso de vertido puede generar una alteración del suelo y aguas subterráneas”.

Hasta el momento, las diligencias de la investigación practicadas presentan indicios de la posible perpetración de un delito de los contemplados en el art. 32 del Código Penal, que atañe a quienes, llevando a cabo una actividad de gestión de residuos, producen daños materiales a la naturaleza, lesiones graves o muerte a personas, y que a su vez puedan afectar de gravedad el equilibrio de los sistemas naturales.

Entre los hechos investigados se mencionan unas lluvias torrenciales ocurridas en noviembre de 2016 que produjeron el desprendimiento de un talud en febrero del año siguiente

Esta última acusación se agrava si además se tiene en cuenta el art. 325, donde se recogen comportamientos que lesionan el medioambiente, que atribuye una meyor penalidad al delito cuando del mismo se deriva un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, por lo que se castiga con pena de hasta 2 años de prisión y multa de 10 a 14 meses.

Las investigación también aprecia un delito, tipificado en el art. 259, por el que la empresa pretendería ofrecer una imagen falsa de la solvencia cuando no la tenía. El presunto delito lleva aparejado una pena de 1 a 4 años de prisión y una multa económica de 8 a 24 meses, a estimar en función de la determinación penal.

Durante el transcurso del caso, han comenzado a aflorar otros detalles que guardan estrecha relación con Zaldibar. De hecho, uno de los investigados alegó ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que la denuncia fiscal parte de la Resolución del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular que pone en conocimiento del Fiscal el expediente sancionador incoado y, añade, “pero omite que Vascontainer utilizó todos los medios para sellar el vertedero con una comunicación continua con el Gobierno Vasco que conocía todos los pormenores y los problemas financieros”.

Según la documentación recabada por Hordago-El Salto, una resolución fechada el 22 de enero de 2021 y firmada por la consejera Arantxa Tapia y el lehendakari Iñigo Urkullu, decretó el ingreso en la Tesorería General del País Vasco de un importe de 766.414,06 euros por parte de Vascontainer en el marco de un expediente sancionador interpuesto por el Gobierno Vasco contra la citada empresa “por presunta infracción grave”. 

Argia

El Gobierno vasco sabía que el vertedero de Zaldibar incumplía la normativa

Estitxu Eizagirre

Medio ambiente

El Gobierno vasco sabía que el vertedero de Zaldibar incumplía la normativa

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La revista Argia ha publicado esta investigación en la que, con la ayuda de un experto, cruzan los datos que publicó el Gobierno vasco sobre los vertidos en Zaldibar en 2018 con la autorización medioambiental vigente. Solo en 2018 acumularon 64.500 toneladas de residuos no autorizados.

El vertedero como trampolín para fichar por el Gobierno Vasco

Se conoce al exasesor técnico de la empresa investigada, Aitor Zulueta, porque llegó a ejercer de portavoz cuando se produjo la denuncia inicial de los grupos ecologistas locales contra el vertedero de Irun. La noticia apareció entonces en el canal de televisión Gipuzkoa Telebista Txingudi. No obstante, antes de trabajar para Vascontainer, Zulueta se formó en el sector de los residuos como jefe de proyectos de Geyser HPC, consultora ambiental contratada en 2018 por los responsables del vertedero de Zaldibar para realizar “un estudio de estabilidad”.

Antes de trabajar para Vascontainer, Zulueta se formó en el sector de los residuos como jefe de proyectos de Geyser HPC, consultora contratada por los responsables de Zaldibar para realizar “un estudio de estabilidad”

La propia Vascontainer, vinculada a la familia del exDiputado General de Gipuzkoa, Eli Galdós, había fichado en su día a Juan Etxeberria, luego director técnico del vertedero de Zaldibar, quien llegó a solicitar al Gobierno Vasco la autorización ambiental integrada para el vertedero de Irun. Este modus operandi de puertas giratorias también se observó en el caso del vertedero de Zaldibar, un proceder que el Gobierno Vasco quiso mantener oculto. Francisco Javier Sánchez, quien fuera secretario de la alcaldía de Eibar encabezada por Iñaki Arriola, más tarde consejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, compatibilizó esa labor con gestiones en el ayuntamiento de Zaldibar en favor de la empresa Verter Recycling.

La propia Vascontainer, vinculada a la familia del exDiputado General de Gipuzkoa había fichado en su día a Juan Etxeberria, luego director técnico del vertedero de Zaldibar, quien llegó a solicitar al Gobierno Vasco la autorización ambiental integrada para el vertedero

Además, los gestores del vertedero de Zaldibar llegaron a ser socios del entonces director de la Agencia Vasca del Agua, Ernesto Martínez Cabredo, y también habían compartido intereses societarios con la directora de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa, Mónica Pedreira. El hermano de esta última, Iván Pedreira, era entonces director de Administración Ambiental, y recientemente la Comisión de Ética lo ha amonestado por no informar de su pasado en una contratista de la administración pública.

¿Se repetirá la historia con diferentes protagonistas?