Medios comunitarios
La ley audiovisual andaluza se queda sin fuelle

La próxima Ley de Comunicación Audiovisual de Andalucía ha llegado al Parlamento andaluz tras cuatro años de espera y dejando en el camino buena parte de las propuestas presentadas por las organizaciones sociales. A pesar de reconocer que esta ley presenta algunos avances, desde la Red estatal de Medios Comunitarios (ReMC) afirman que responde más a los intereses de los grandes medios de comunicación que a “desarrollar normativamente el ejercicio del derecho a la comunicación audiovisual observando todos los factores necesarios, como la garantía y promoción del servicio público, la calidad en el empleo y los derechos laborales, y la pluralidad informativa, así como el acceso y la participación social en los medios audiovisuales”, según palabras de María Navarro Limón, coordinadora de Radiopolis Sevilla y presidenta de la ReMC hasta el pasado 13 de abril de 2018.

Tras las primeras tomas de contacto con diferentes agentes relacionados con la comunicación en un intento de ley participada por parte del Gobierno andaluz, estas organizaciones denuncian que la mayor parte de sus aportaciones han quedado prácticamente en nada. De las 150 propuestas presentadas por el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía (Foro ECC) —donde se agrupan hasta 40 entidades del tercer sector—, solo diez han sido incluidas en su totalidad y otras nueve parcialmente.

Las aportaciones principales propuestas por el Foro ECC iban dirigidas a la regulación del derecho de acceso de la ciudadanía a los medios públicos, la promoción y reconocimiento de los medios comunitarios, el fomento de la alfabetización mediática y el impulso de la participación ciudadana en el Consejo Audiovisual de Andalucía. Con respecto al derecho de acceso —ya reconocido en el Estatuto de Autonomía—, solo era necesaria su promoción, estableciendo un reglamento de derecho de acceso. En el apartado de medios comunitarios, el Foro apuesta por un servicio de comunicación comunitario que funcione como “instrumento de participación ciudadana independiente de los poderes públicos, dedicado a actividades de la sociedad civil y al interés público, y abierto a la participación plural de la comunidad a la que sirven en todas sus facetas: propiedad, gestión y elaboración de contenidos”, explican desde esta organización.

El foro proponía que un tercio de cada banda de emisión se destine a cada uno de los tres tipos de operadores previstos en la legislación: privados comerciales, medios públicos y medios comunitarios

Por otro lado, y de acuerdo a las recomendaciones de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, el foro proponía que un tercio de cada banda de emisión —sea cual sea su tecnología— se destine a cada uno de los tres tipos de operadores previstos en la legislación —privados comerciales, medios públicos y medios comunitarios—, siempre que haya demanda de cada tipo de servicio. También proponía marcar como objetivo que el 66% de la población de cada provincia tenga acceso a estos servicios comunitarios. Según estimaciones de la ReMC, en Andalucía hay más de 2.000 personas vinculadas a medios comunitarios y, según los datos de la Consejería de Presidencia, las iniciativas enmarcadas en este tipo de medios en la comunidad podrían ascender a unas 80.

Las aportaciones en el apartado de alfabetización mediática contemplan la inclusión de asignaturas en todos los niveles, tanto para el fomento de la actitud de crítica constructiva con los mensajes transmitidos por los medios de comunicación de masas e internet, como para la capacitación para la producción y difusión de mensajes en los medios, además de la realización de una campaña de alfabetización anual en los medios de comunicación.

Un pasito adelante, dos atrás. Las Primeras Jornadas de Medios de Comunicación Comunitarios y Ciudadanos y Universidad, celebradas en la Facultad de Comunicación de Sevilla en 2014, fueron el escenario en el que se expresaron gran parte de las demandas de cara a esta nueva ley, en boca de Alejandro Blanco, portavoz del FAECC. En la clausura de las jornadas, el entonces director general de Comunicación Social de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, David J. García Ostos, prometió que todo lo que había escuchado en boca de Blanco “sería incluido en la futura ley, y que los medios comunitarios y ciudadanos no debían preocuparse”.

Cuatro años después, los medios comunitarios, sociales y sin ánimo de lucro siguen desamparados

Pero la realidad fue otra. Más de cuatro años después, y tras diferentes momentos en el proceso de presentación de propuestas y enmiendas por parte de los movimientos por el derecho a la comunicación —el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía, la Asociación de Emisoras Públicas y Ciudadanas (EMA RTV), el Sindicato de Periodistas de Andalucía, o la ReMC— los medios comunitarios, sociales y sin ánimo de lucro siguen desamparados.

El texto de la Ley de Comunicación Audiovisual de Andalucía, en estos momentos en trámite parlamentario, “no recoge ni un 20% de las propuestas que desde el foro se habían planteado”, indica Blanco.

Navarro Limón señala que la ONU ya ha advertido a España por no haber reglamentado de ninguna manera la existencia de los medios comunitarios. “Es vergonzoso que el Comité de Derechos Humanos de la ONU pida explicaciones por esto al Reino de España, la existencia de autorizaciones provisionales en la ley es fundamental para seguir trabajando”, afirma la expresidenta de la ReMC, que insiste en la importancia de garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación y la información por parte de la ciudadanía, lo que pasa por la alfabetización mediática en todos los niveles educativos, lo que necesita de partidas presupuestarias.

¿Apoyo a medios comunitarios?

Las comparecencias en la Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz durante la tramitación del proyecto de Ley Audiovisual han servido para ver qué agentes sociales apoyan abiertamente mejoras en favor de los medios comunitarios en Andalucía.

Aunque ninguna de la veintena de las ponentes se ha opuesto a una regulación más favorable y ambiciosa de las radios comunitarias y las televisiones sin ánimo de lucro, las organizaciones que han dedicado parte de sus intervenciones a defender los medios comunitarios de forma explícita han sido el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía, la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía (EMARTV), y el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), además de la Red estatal de Medios Comunitarios.

Las representantes de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU escucharon las distintas intervenciones y admitieron ser conscientes de que el texto se puede mejorar, sobre todo en cuanto a un sistema de concesión de autorizaciones o licencias provisionales que genere un registro de actividad y que sirva de herramienta para supervisar las programaciones y permita la capacidad jurídica pertinente para fortalecer el papel que los medios comunitarios juegan en la sociedad.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, abrió el debate afirmando que la Ley Audiovisual de Andalucía dota de “mayor respaldo legal” y medidas de fomento a los medios comunitarios, sin aclarar cómo será eso posible en la práctica si el texto actual no recoge ninguna nueva figura de reconocimiento para radios y televisiones gestionadas por la ciudadanía respecto a la normativa estatal de 2010. Jiménez Barrios apuntó que la ley andaluza creará un plan de impulso audiovisual, mediciones locales de audiencias para todos los tipos de operadores y un consejo de participación ciudadana audiovisual, con presencia de colectivos sociales, así como consejos locales en municipios con población superior a 20.000 habitantes.

La ponente de la ley por el PSOE, Olga Manzano, manifestó que “es una necesidad avanzar en la regulación de los medios comunitarios” y ha querido dejar claro que “la Junta de Andalucía apoya, pero llega hasta donde puede con sus competencias”. Palabras de excusa ante la desaparición a última hora de la figura de las autorizaciones provisionales o registro para radios y televisiones comunitarias, sociales o sin ánimo de lucro, del borrador del proyecto de ley. Una postura que la ReMC considera “excesivamente restrictiva y ante la que hay alternativas”. Manzano invitó al grupo Popular a que pida al Gobierno estatal que reglamente los medios comunitarios, tal y como le obliga la legislación desde 2012.

El parlamentario del PP Guillermo García de Longoria destacó que “la Ley Audiovisual de Andalucía tiene entre sus objetivos el aumento del empleo y del emprendimiento entre los jóvenes, la lucha contra las emisiones ilegales”, así como “impulsar una regulación de los medios del tercer sector”. Sin embargo, matizó que el texto presentado por el Gobierno andaluz “ha defraudado expectativas”. No obstante, también ha sido uno de los que ha mostrado su disposición para trabajar en la mejora de la ley con el objetivo de que esta reconozca derechos.

La intervención del parlamentario de Podemos José Romero fue, en su mayor parte, una dura crítica a la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010. Romero ha señalado que “la normativa estatal invade competencias autonómicas que Andalucía debería haber recurrido” y ha pedido que “la Ley andaluza recupere terreno, apostando por la gestión pública, la economía social de los medios y el reconocimiento y fortalecimiento de los medios comunitarios para compensar las privatizaciones”. Otras claves que Podemos ha defendido han sido el derecho de acceso de las asociaciones para que puedan generar sus contenidos en los medios públicos y el apoyo a sectores emergentes “de acuerdo a criterios de rentabilidad social”.

El ponente de Izquierda Unida, José Antonio Castro, manifestó que “la información es poder y que por eso pondrán en el frontispicio a lo público y, dentro de lo privado, a lo comunitario como claves fundamentales para esta ley”. De la misma manera, afirma que “esperan que haya capacidad de dialogar y que no se produzca un rodillo entre PSOE y Ciudadanos”. Castro señaló que la implicación de ReMC, Foro ECC y la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía ha sido “muy fuerte durante la elaboración previa del texto”, y lamenta que sus propuestas hayan quedado al margen del proyecto de ley.

Por el contrario, Isabel Albas, de Ciudadanos, fue la única que no dedicó ni una sola palabra en su intervención a los medios comunitarios. Albas argumentó que “la futura legislación europea obligará a cambiar la normativa audiovisual estatal y andaluza para adaptarse”. Las preocupaciones de su formación se centran en el pluralismo de los partidos políticos participantes en los medios de comunicación y en el Consejo Audiovisual de Andalucía. De la misma manera, que considera adecuado el régimen sancionador actual.

Con la redacción actual, es muy probable que lo único aplicable a los medios comunitarios andaluces sea el régimen sancionador 

¿Qué debe mejorarse? Entre las principales cuestiones a resolver en el texto se encuentra la recuperación de la figura de las autorizaciones provisionales para las radios comunitarias o alguna fórmula de efectos similares en cuanto a seguridad jurídica para poder evitar sanciones y así conseguir el amparo de la autoridad audiovisual ante interferencias de emisoras comerciales piratas y garantizando el acceso a las medidas de fomento que establece el proyecto de ley. Con la redacción actual, es muy probable que lo único aplicable a los medios comunitarios andaluces sea el régimen sancionador, ya que las medidas de fomento y el resto de conceptos clave se condicionan a la existencia de un título habilitante, aunque sea provisional, y que el proyecto de ley ha eliminado en el último momento.

La aplicación del derecho de acceso a los medios comunitarios —a pesar de ser una obligación constitucional para los medios de titularidad pública— es otra de las cuestiones a resolver. El derecho de acceso constitucional obliga a facilitar espacios de programación a grupos políticos y religiosos. Por contra, el proyecto de ley andaluz prohíbe el proselitismo político y religioso en los medios comunitarios, algo con lo que la ReMC y el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía están de acuerdo.

Además, el derecho de acceso recae exclusivamente en los medios no lucrativos, sin definir compensaciones económicas y de recursos que hagan viable la intensidad pretendida en el proyecto de ley andaluz. “Si no, es una carga más”, señalan desde la ReMC. “Esto incluso empeora la situación que tenemos los medios comunitarios”, añaden. “Dentro del apartado de sanciones, debería vigilarse más que los contenidos sean locales y se cumplan los términos de las licencias en radios privadas comerciales y en las públicas, que cuando se externalizan pierden contenido del territorio”, ha explicado Navarro a El Salto Andalucía.

Ella también ha destacado que esta ley podría sentar precedentes interesantes para los desarrollos legislativos de otras comunidades autónomas. Sin embargo, critica que “lo aprobado por el Consejo de Gobierno no cumple con los acuerdos alcanzados en la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual. Una Ley Audiovisual de Andalucía justa es la antesala para una mejor legislación estatal audiovisual, ya que la actual no cumple las recomendaciones audiovisuales de Unesco. Y, encima, lo poco bueno que tiene la ley estatal es incumplido vergonzosamente por el Gobierno de España”. 

Aspectos como reforzar los medios públicos, garantizar en la práctica el derecho de acceso en la radiotelevisión autonómica y las municipales, la participación ciudadana en la gestión de los medios públicos, la alfabetización mediática, el carácter vinculante del Consejo de Participación Ciudadana y la mejora de las condiciones de quienes trabajan en los medios son otros de los temas que interesan a la ReMC, al Foro ECC y al resto de organizaciones aliadas. El objetivo es que Andalucía haga un aporte que ayude a otras autonomías a mejorar su democracia audiovisual.

Tras la aprobación de la Ley de Comunicación Audiovisual de Catalunya en 2005, Andalucía será la segunda comunidad autónoma con una ley audiovisual que regule los medios comunitarios. Si se decide que el texto final de ley incluya las enmiendas y alegaciones realizadas, quizás podamos acabar con el complejo de las “3p” que Alejandro Blanco siempre menciona en sus intervenciones y así conseguir que los medios comunitarios dejen de ser considerados “pocos, pequeños y pobres”.