Memoria histórica
El Gobierno extremeño presenta un decálogo para derogar la Ley de memoria histórica y democrática

En la sesión plenaria celebrada ayer 15 de enero en la Asamblea de Mérida, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, presidido por María Guardiola, presentó los motivos por los que se dispone a derogar la Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura.

Respondiendo a una pregunta formulada desde el grupo socialista por María Piedad Álvarez Cortés, en referencia a unas declaraciones realizadas por el Consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista Morán, en las que este calificaba a dicha ley como “merecedora de una modificación”, este último contestó exponiendo diezmotivos, que resumió como “conocidos por todos, que hacen alusión a la historia, a la dignidad de todos, a la superación de bandos, al derribo de muros y a acabar con el falseamiento de la verdad”.

La ARMHEX manifiesta su rechazo a la propuesta de VOX Extremadura de acabar con la Ley de Memoria Histórica

Chema Álvarez Rodríguez

Memoria histórica

En defensa de la memoria histórica La ARMHEX manifiesta su rechazo a la propuesta de VOX Extremadura de acabar con la Ley de Memoria Histórica

Chema Álvarez Rodríguez

El pasado viernes, 22 de noviembre, el grupo parlamentario de VOX presentó en la Asamblea de Extremadura una Propuesta de Ley de Concordia cuya intención es derogar la Ley de Memoria histórica vigente en la comunidad desde 2019.

El consejero no hizo mención en ningún momento a la condición impuesta por su socio de gobierno, VOX, de derogar esta ley para lograr su apoyo en la aprobación de los presupuestos, extremo este difícil de separar de las afirmaciones realizadas hace apenas unos meses por diversos miembros del Gobierno extremeño, entre los que destaca la propia María Guardiola, manifestando que la cuestión de la memoria histórica “no estaba sobre la mesa”.

El consejero no hizo mención en ningún momento a la condición impuesta por su socio de gobierno, VOX, de derogar esta ley para lograr su apoyo en la aprobación de los presupuestos

En su relato sobre los motivos de este golpe de timón por parte del Gobierno del Partido Popular, Abel Bautista desarrolló un decálogo cuyo argumentario coincide con la llamada teoría de la equidistancia o de la equiparación en cuestión de memoria histórica. Tras afirmar que la actual ley “es una apropiación del pasado al más puro estilo franquista”, el consejero cuestionó el carácter democrático tanto del régimen constitucional de la Segunda República, que consideró “idealizado”, como del período constitucional del actual gobierno de Pedro Sánchez. Habló de “dos Españas enfrentadas” y de que “todos fueron culpables” durante la República y la Guerra Civil, omitiendo el hecho, según colectivos memorialistas extremeños, de que, “como ya se ha señalado desde la historiografía, una democracia nunca es culpable de un golpe de Estado y un gobierno democrático nunca es un bando”.

Entre los motivos para acabar con una ley que ha dado amparo a cientos de familiares de víctimas, Abel Bautista señaló, en opinión de las asociaciones memorialistas “diversos argumentos del historicismo revisionista, ya repudiados desde el lado serio de quienes cultivan esta disciplina. Habla de represión ideológica y religiosa, sin mencionar las acciones llevadas a cabo por los sectores derechistas y la oligarquía del momento para destruir el régimen democrático, así como da a entender que la Guerra Civil comenzó con un golpe de Estado perpetrado por las izquierdas en 1934, un argumento cada vez más utilizado por falsos historiadores que buscan fama y éxito fácil”.

Con la derogación de esta ley y la aprobación de otra nueva, inspirada por VOX y públicamente contestada por las asociaciones memorialistas de Extremadura, el consejero afirmó buscar “la reparación de las víctimas y que se pueda seguir cerrando heridas”. Sin embargo, como señalan desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura “a día de hoy ni el Partido Popular de Extremadura ni el gobierno de María Guardiola, en sociedad con VOX, han preguntado a las familias de las víctimas ni a las asociaciones que les representan, arrogándose la capacidad de establecer medidas que, más bien por el contrario, han sido rechazadas reiterada y públicamente por estas familias y asociaciones”.