Infancia migrante
El interés superior del menor, máxima a cumplir en el traslado de menores sin arraigo familiar desde Canarias

La primera semana de traslado de menores migrantes no acompañados de Canarias a la Península ha resultado algo accidentada. El lunes pasado iniciaba el desplazamiento acordado de los primeros diez de los más de 800 menores no acompañados solicitantes de asilo que deben partir desde las Islas Canarias, como parte del cumplimiento del auto del Tribunal Supremo (TS) que obliga a la administración central a hacerse cargo, a raíz de una reclamación del Ejecutivo canario.

Este es solo uno de los dos procesos que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en marcha para cumplir con la debida atención a estos jóvenes, a la par de descongestionar el sobrecupo que actualmente tiene el archipiélago, con hasta 5.000 menores migrantes, en espacios que solo tienen una capacidad para unas 2.000 personas.

Los diez jóvenes, que ha trascendido son de origen maliense y que rondan los 17 años, han sido derivados a Asturias como demandantes de asilo y protección internacional y el procedimiento está en manos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y de Migraciones. La frecuencia de las derivaciones, en principio los lunes y viernes, son parte de los acuerdos resultado de las reuniones semanales que están teniendo lugar entre las administraciones central y canaria, y que no han estado exentas de tensión.

Este mismo martes la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, se mostraba molesta al saber que el traslado previsto para este viernes de un segundo grupo de 15 chicos, había sido suspendido por el Ministerio debido a “causas administrativas”, sin embargo este organismo anunciaba el pasado jueves que el desplazamiento se realizará a lo largo del fin de semana, sin dar más detalles.

La administración canaria se quejaba de que “el Estado no tiene claras las plazas ni los lugares a donde van a ser trasladados los menores” y que al ritmo de salida de entre 10 y 15 jóvenes, este proceso podría tardar un año. Sin embargo, el ministerio que dirige Elma Saiz aseguraba en una nota de prensa este jueves que, de 942 jóvenes “ya han salido del sistema de acogida de menores del Gobierno Canario un total de 240”, ya sea por derivaciones a recursos de titularidad estatal o bien por ser mayores de edad e integrarse en el Sistema de Acogida y Protección Internacional del Estado. Dice así, “estar cumpliendo rigurosamente con el plan de trabajo y el calendario acordado” como una cuestión prioritaria.

El sistema de protección de Canarias sobresaturado

Si hacemos un repaso histórico, en 2004 el número total de menores llegados por vía marítima a Canarias no superó los 200. Dos años más tarde, cuando numerosos cayucos alcanzaron tierras canarias, no se superó los 1.000 migrantes menores edad. En años más recientes y debido al cambio de rutas por las dificultades de migrar con seguridad además del recrudecimiento de las políticas europeas internas y la externalización de fronteras a terceros países, en la actualidad los menores sin protección familiar suponen el 20% de las llegadas a las islas.

El archipiélago canario acoge a 5.080 menores migrantes no acompañados, de los que 1.050 han solicitado protección internacional. En las islas se pasó de tener 39 centros de acogida de menores sin arraigo familiar, en agosto de 2023, a más de 80

Según datos del Ejecutivo canario, el archipiélago acoge a 5.080 menores migrantes no acompañados, de los que 1.050 han solicitado protección internacional. Sandra Rodríguez admitía a los medios de comunicación que en las islas se pasó de tener 39 centros de acogida de menores sin arraigo familiar, en agosto de 2023, a más de 80 actualmente y que son gestionados en su mayoría por ONG o fundaciones.

Diversos informes y testimonios hacen referencia a que muchas de las instalaciones no ofrecen espacios adecuados para estancias de larga duración y puede haber hacinamiento y escasez de personal formado para atender a la infancia. Algunos, incluso, son cuarteles militares que de manera improvisada se adecuan para la acogida. En situaciones de emergencia se han llegado a desplegar carpas temporales, como sucedió en Lanzarote, hace un año, con el fin de evitar el hacinamiento en los centros ya completos. A su vez, Rodríguez ha reconocido las dificultades del Gobierno central de crear 1.200 plazas que le urge el Supremo pero le achaca al Ministerio de Inclusión haberse llevado cinco meses hasta iniciar los traslados.

Un proceso complejo que necesita todas las garantías

Mientras el ejecutivo canario apremia a la administración central para acelerar el desplazamiento de adolescentes hacia la Península, organizaciones del sector que trabajan con infancia justifican o al menos coinciden en que el proceso no puede acelerarse sin garantizar, de manera integral, el bienestar de los menores migrantes no acompañados o sin arraigo familiar.

En el marco jurídico vigente, en el que prima el interés superior del menor, cualquier niño o niña que esté solo y no tenga arraigo familiar próximo tiene que pasar al sistema de protección, porque es un niño en desamparo. En su auto, el Supremo ha primado que estos niños como demandantes de asilo, por tanto, deben canalizarse por la vía de la protección internacional y entrar, así, al sistema de acogida español.

Desde organizaciones que trabajan con infancia consideran esta medida como extraordinaria y que bien trabajada puede funcionar. Sin embargo, ven necesario el especializar a este sistema de acogida humanitaria desde una visión de infancia, que actualmente no tiene. Es decir, son centros donde hay personas mayores, y la ley también prohíbe que menores estén con mayores de edad, por un tema de posible desprotección. En todo caso, ven positiva esta medida ya que también existe una directiva europea que indica la posibilidad de que demandantes de asilo a partir de los 16 años puedan ir a los sistemas de acogida de protección internacional.

Desde diversos ámbitos de la atención a menores reconocen que el traslado de estos jóvenes es un procedimiento muy complejo porque requiere de la implicación coordinada entre diversas administraciones y las entidades sociales colaboradoras, que en este caso deben estar especializadas en infancia. La atención de un menor de edad implica responsabilizarse desde tramitar su documentación del NIE, su tarjeta sanitaria, hasta su escolarización. Además la ley exige un acompañamiento las 24 horas y muchos centros no la tienen. Por tanto, todo ese sistema debe adecuarse a esas necesidades. Es justamente lo que el Supremo obliga a hacer al Gobierno español ahora.

En el caso de los chicos que han sido trasladados a Asturias, permanecen en un centro gestionado por la ONG Accem, que trabaja con temas de infancia, migración y gestiona otros centros de menores no acompañados, como el de Alcalá de Henares.

Los menores extranjeros no acompañados tiene una especial característica, y es que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia de guarda y tutela, no el Estado

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que los menores extranjeros no acompañados tiene una situación particular, y es que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia de guarda y tutela, no el Estado. Hoy por hoy, no hay nada establecido en el marco legal, por lo tanto el Ministerio de Inclusión no puede tener la tutela. En estos casos se realizan acuerdos voluntarios entre comunidades. De esta manera es como se ha resuelto el traslado de estos jóvenes hacia la Península, concediendo la guarda a la comunidad autónoma que les reciba mientras que Canarias mantendrá la tutela. En la práctica, los muchachos no pasan al sistema de protección de Asturias sino que pasan a la ONG que gestiona la guarda, bajo la tutela de Canarias, y en coordinación y supervisión de la Fiscalía asturiana para que vigile que todo vaya bien.

La orden del Supremo también incluye que ambos gobiernos, el central y el de Canarias, le remitan un informe quincenal sobre la situación de los alrededor de 1.000 menores migrantes solicitantes de asilo que debe acoger el Estado en su red de protección internacional. En una providencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo les impone esta obligación para conocer “los avances producidos en ejecución de lo acordado” por el alto tribunal y después del acuerdo alcanzado entre ambas administraciones.

Por todo ello es que al Ministerio de Inclusión le está resultando más complicado encontrar centros de protección internacional que estén adecuados a las necesidades de la infancia además de la complejidad en la coordinación con todos los sistemas involucrados para que los niños puedan trasladarse a estas entidades.

La propagación de discursos de odio

Una de las cuestiones que más preocupa a las entidades que trabajan con infancia es la reproducción de los discursos racistas y contra la infancia migrante que vienen reproduciéndose desde hace años. Estos discursos discriminatorios, muchas veces generados desde instancias políticas como pueden ser administraciones locales o autonómicas o desde los propios representantes de partidos políticos y ayuntamientos, han llegado influir en la percepción que la sociedad española tiene de la migración. Esa cuestión ha llegado a tener su reflejo en el barómetro del CIS. En septiembre del año pasado, por primera vez en la historia, fue la preocupación número uno, a la vez que revelaba que la cuestión migratoria “afecta” solo un 13,7% en el día a día de los encuestados.

Según el “Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España” (2024), los delitos de odio por racismo y xenofobia fueron los más numerosos y representan el 41,13%, a pesar de que hayan descendido un 6% respecto al año anterior del total del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. En algunas ocasiones esos discursos han generado bulos con los que grupos de extrema derecha organizan “cacerías” o convocan actos de provocación al querer concentrarse afuera de centros de menores, mismos que acogen a todo tipo de infancia, sin importar su nacionalidad.

Desde el Ministerio defienden no hacer públicos tanto los protocolos como el destino de los menores migrantes “con el fin de preservar su intimidad y ofrecerles el máximo nivel de protección posible”

De esto también el Gobierno ha querido tomar nota y la ministra Elma Saiz ha defendido no hacer públicos tanto los protocolos como el destino de los menores migrantes “con el fin de preservar su intimidad y ofrecerles el máximo nivel de protección posible”. Esto finalmente no se pudo cumplir con los primeros chavales trasladados el lunes pasado por una filtración. Por ello, la ministra tuvo que salir a declarar que hubo que retirar una pancarta con simbología nazi que pedía su expulsión de los menores. Así, ha insistido en su exhortación a los dirigentes de comunidades autónomas, a las administraciones y entidades involucradas en el traslado de menores, que cumplan con ello “en aras de proteger a estos niños en la mayor medida posible para evitar que sean objeto de persecución”.

Dos procesos casi paralelos

Resulta importante insistir que la actuación que el Ministerio de Inclusión está llevando a cabo desde esta semana, en acuerdo con el ejecutivo de Canarias, es la respuesta al auto impuesto por el TS al Gobierno estatal, como se ha mencionado, con respecto a los menores que se acogen a la protección internacional.

El auto del TS del pasado 25 de marzo ordenaba al Gobierno español a trasladar a la Península a estos menores en un plazo de diez días. Como se pasó el plazo y no se tomaron medidas, a principios de junio, el TS volvió a dar un toque de atención al Gobierno después de una visita a Canarias el 29 de mayo.

En la última semana de agosto iniciará otro proceso de traslado de menores no acompañados a la Península que parte del Real Decreto-ley 2/2025 del 18 de marzo, aprobado por el Congreso y en el que quedaban aprobadas “las medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias”. Con ello se establece un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de España, permitirá el traslado de unos 4.400 menores migrantes.

Este real decreto se basa en un modelo aprobado en 2022 en la Conferencia Sectorial de Infancia (del Ministerio de Juventud de Infancia), con las comunidades autónomas para trasladar a niños y niñas de forma voluntaria. En ese marco se han realizado traslados durante estos años, por ejemplo desde Ceuta pero no ha sucedido con todos los casos de Canarias o Melilla.

El reparto, que a partir de este nuevo decreto sería vinculante y no voluntario por parte de las comunidades, queda recogido en un nuevo artículo 35 de la Ley de Extranjería, se hará con base en diferentes criterios, como el número total de población, la renta y el desempleo medio, el sistema de plazas, la insularidad o el compromiso de acogida durante los últimos años, pero su puesta en marcha y gestión estará a cargo del Ministerio de Juventud e Infancia, de Sira Rego.