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Migración
Amnistía Internacional lleva a las víctimas de la masacre de Melilla ante la cumbre hispano-marroquí
La cita ha sido a las 11 de la mañana del miércoles 1 de febrero, en la Moncloa y también ante la embajada de Marruecos. Activistas de Amnistía Internacional han situado varias siluetas en ambas localizaciones, en ellas, los nombres de las personas que murieron en la masacre de Melilla el pasado 24 de junio. La organización quería así interpelar a los mandatarios de ambos lados del Estrecho de Gibraltar, y recordarles que deben rendir cuentas por lo sucedido en la frontera aquel día del verano pasado en el que al menos 37 personas murieron como resultado de la acción e inacción de las fuerzas de seguridad de ambos países. En el acto en Moncloa han estado presentes una veintena de activistas, el directo de la organización, Esteban Beltrán y la investigadora y coautora del informe de AI sobre lo sucedido en Melilla, Virginia Álvarez, han leído un comunicado durante la acción.
“Esta cumbre de altísimo nivel, donde estarán no solo Pedro Sánchez si no también Mohamed VI y una amplia representación ministerial de ambas partes, es un momento adecuado para exigir que aborden en su agenda cuestiones muy preocupantes en materia de derechos humanos”, en conversación con El Salto, Carlos Escaño, director de campañas de la organización, concreta que quieren poner el foco en la frontera entre ambos países, un contexto de vulneración de derechos que se retrotrae a más de 15 años, recuerda, cuando ya en 2005 hubo varias víctimas mortales entre quienes intentaban cruzar la frontera en Melilla. Escaño recuerda asimismo, los hechos de Tarajal en 2014, acaecidos en la frontera ceutí y de los que el próximo día 6 de febrero se cumplirá un año más, sin que haya habido una rendición de cuentas. Como tampoco lo ha habido, recuerda, por las muertes en la frontera melillense el pasado verano.
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Desde la organización consideran “que la mayor tragedia que hemos visto en los últimos años en la frontera”, tiene que marcar un punto de inflexión. “Con las imágenes terribles que hemos visto, la sociedad civil tiene que exigir que esto cambie, exigir verdad justicia y reparación para todas las víctimas”, apunta Escaño, quien lamenta que justo antes de las Navidades, en unos días festivos y de encuentros familiares, la Fiscalía general comunicara el archivo de las investigaciones.
Pocos días antes, el 13 de diciembre, Amnistía Internacional había presentado su informe, en el que recopilaba información en terreno, hablando también con las víctimas. Una de las principales peticiones de su documento, señala Escaño, es que hubiera una investigación. “A día de hoy no sabemos cuántas personas fallecieron, hay muchas personas desaparecidas a parte de las 480 devoluciones en caliente que constató la Defensoría del Pueblo”, explica Escaño, quien llama la atención sobre la perpetuación de esta práctica.
“Llevamos muchos años pidiendo que el gobierno cumpla con el derecho internacional que prohíbe las devoluciones en caliente, práctica que imposibilita que una persona refugiada, que huye de un conflicto pueda solicitar asilo”
“Llevamos también muchos años pidiendo que el gobierno cumpla con el derecho internacional que prohíbe las devoluciones en caliente, práctica que imposibilita que una persona refugiada, que huye de un conflicto, pueda solicitar asilo”, el miembro de Amnistía Internacional destaca que el estado español está obligado a abolir esta forma de actuar, y que este, no solo infringe el marco de derechos internacional sino que incorporó en su propia legislación nacional normativas que agravan este incumplimiento: “La Ley Mordaza pretende legalizar esta práctica. Ahora por fin se está trabando en su reforma, después de ocho años reclamando que se modifique esta ley eliminado un artículo que es cruel, inhumano e ilegal según los estándares de los derechos humanos”.
Con esta acción frente a la sede del ejecutivo español y frente a la representación diplomática marroquí en el país, AI quiere reclamar un cambio total en las relaciones entre España y Marruecos que implique la introducción de los derechos humanos en la agenda bilateral, y que “se tomen medidas concretas para que hechos como los de Melilla no vuelvan a suceder”, apunta Escaño, evocando las imágenes de cuerpos amontonados, o las pruebas de omisión de socorro a las personas heridas que allí se hallaban, impidiendo la policía española el acceso de la Cruz Roja. “Todo esto pudo contribuir a que hubiera más muertes”. El uso del material antidisturbios en la valla ha sido señalado también como una de las circunstancias que pudo agravar las consecuencias para las víctimas. “Reclamamos que haya protocolos transparentes y públicos respecto al uso de este material”, detalla Escaño.
Así, AI tendría tres peticiones principales sobre las que quiere llamar la atención con sus acciones: que se garantice la rendición de cuentas por lo sucedido, acabar con las devoluciones en caliente, eliminando el articulado relativo en la ley mordaza, y que los derechos humanos integren los pactos y acuerdos bilaterales entre ambos estados.
Para que España deje de vulnerar el derecho internacional debería habilitar vías legales para que las personas puedan solicitar asilo, algo que no se está dando, quedando la única opción de saltar la valla o cruzar a nado, como ya concluyó el propio informe de Fiscalía, o el relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo y xenofobia de Naciones Unidas en una reciente visita, recuerda Escaño.
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Desde AI y otras entidades se plantea que si los estados implicados insisten en esquivar la investigación y la rendición de cuentas “tendremos que recurrir a mecanismos europeos para que se haga justicia”. El responsable de campañas de la organización invita a imaginar que un hecho así hubiera sucedido en otro lugar, con otros sujetos, “entre turistas en Barcelona, por ejemplo, ¿podríamos imaginar que esto no se investigara?”. En el informe presentado por AI en diciembre, de hecho, se hacía un énfasis importante en el racismo institucional como marco de la masacre. Algo que corrobora el relator especial de racismo y xenofobia. “Tragedias como esta suceden con personas negras de origen subsahariano, esto no quiere decir que personas de origen magrebí no sufran discriminación y violencia, pero en todos los hechos de estos últimos 15 años con muertes, las víctimas son negras”; señala Escaño.
Frente a esta invisibilización de las víctimas, en AI han querido recordar sus nombres y ponerlos frente a frente con los dirigentes de los estados responsables de su final. “A veces nos pasa que hablamos de cifras. Pero cada una de ellas tiene su nombre su apellido. Conocerlos nos ayuda a empatizar”. Es, apunta Escaño, el caso con las historias de vida de las personas ucranianas que han sido acogidas en España, y que aparecieron porfusamente en los medios. Sin embargo, para las personas de origen subsahariano no hay historias de vida sino narrativas que hablan de “saltavallas” y de delincuencia, un doble rasero, considera, que ya va siendo hora de revertir.