Migración
Los antecedentes penales, la piedra con la que choca la regularización de migrantes

Durante la pandemia de COVID-19, miles de personas extranjeras se encontraban en situación administrativa irregular mientras trabajaban sin garantías en sectores como el cuidado de personas, la agricultura, servicios de limpieza o reparto, sin ningún tipo de derecho laboral ni reconocimiento institucional. Así surgió el movimiento Regularización Ya, que ha venido impulsando la regularización extraordinaria de muchas de esas personas. Ahora, y gracias a este trabajo y a un acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos, al menos 500.000 extranjeros podrán regularizar su situación en España.

Tras el bloqueo de la iniciativa legislativa popular promovido por Regularización Ya, el Ejecutivo finalmente ha sacado adelante esta regularización con doble efecto: por un lado, ofrecer una salida a las personas solicitantes de protección internacional; y por otro, abrir una vía provisional a las personas extranjeras que ya vivían en España, pero seguían en un limbo administrativo.

El riesgo de quedar (de nuevo) fuera del sistema

Esta reforma extraordinaria reconoce la realidad social actual del país, donde era insostenible seguir manteniendo de manera indefinida y en la marginalidad administrativa a una parte de la población. Sin embargo, la regularización extraordinaria tiene un requisito que, según advierten abogados expertos, reproduce una exclusión ya presente en la actual Ley de Extranjería. Se trata de la exigencia de no tener antecedentes penales, tanto en España como en los países de previa residencia en los cinco años anteriores a la entrada en el país.

“No hay un problema con las personas extranjeras, ni con la regularización, ni con la delincuencia. Lo que hay es una narrativa de supremacía que permite que estas personas vivan escachadas”

“Para poder acceder a esta regularización, hay que ser impoluto administrativamente hablando”, cuenta a El Salto Loueila Mint El Mamy, abogada experta en extranjería. Entre los requisitos generales se encuentran no figurar como rechazable, no tener prohibición de entrada, no suponer una amenaza para la seguridad o la salud pública y, especialmente, “la ausencia absoluta de antecedentes penales, tanto en el país en el que reside como en el país que inmediatamente haya estado residiendo, siendo delitos que puedan ser computables conforme al ordenamiento jurídico español”, indica.

La abogada subraya que, más allá del cumplimiento formal de la norma, la medida tiene un impacto social positivo: “Hay personas que celebran esta medida porque tienen a empleados extranjeros que quieren trabajar y se han visto limitadas por los años, los plazos y las esperas. Entonces, de alguna manera, con esta medida triunfa todo el Estado de derecho”. Aun así, también alerta sobre la dureza de la normativa para los que cometan cualquier hecho delictivo: “No solo tienes que ser un ser de luz, sino también acreditarlo documentalmente [...] No te pueden constar antecedentes policiales ni penales aquí en España, no te pueden constar antecedentes penales ni policiales en tu país de origen, porque se consideran hechos desfavorables”.  Loueila Mint El Mamy cuestiona el discurso que justifica estas exigencias: “No hay un problema con las personas extranjeras, ni con la regularización, ni con la delincuencia. Lo que hay es una narrativa de supremacía que permite que estas personas vivan escachadas [asfixiadas, en el español de Canarias]”.

En la práctica, explica, cualquier condena penal excluye del proceso: “Quienes tengan antecedentes penales no van a poder acceder a esta regularización y tendrán que esperar a que se cancelen conforme al Código Penal”. Incluso faltas comunes podrán impedir durante años la obtención de una autorización de residencia: “Un fallo que un español puede cometer y que le permite seguir con su vida, para una persona extranjera supone quedar fuera del sistema. Por eso digo que la normativa extranjera es súper estricta, súper restrictiva de derechos”, insiste. Aunque reconoce que la regularización extraordinaria puede reducir la explotación laboral y sacar a muchas personas de la exclusión administrativa, señala que sigue siendo una medida temporal: “La vida de la gente no es excepcional, y las personas extranjeras tampoco deberían serlo. La regularización no debería ser una excepción, sino la regla. Hace falta una normativa de extranjería flexible, accesible desde el minuto uno”.

Una clandestinidad administrativa que puede resultar contraproducente

Negar un permiso de residencia por la tenencia de antecedentes penales, no solo perjudica a la persona que lo solicita, sino que, según el abogado especialista en extranjería y portavoz de Extranjeristas en Red Paco Solans, resulta contraproducente desde un punto de vista institucional. Explica a El Salto que, excluir a estas personas de los procesos de regularización las empuja a una clandestinidad administrativa que dificulta su localización. Solans cuestiona la lógica del requisito de carecer de antecedentes penales y la califica como una “pulsión xenófoba” que divide entre “migrantes buenos y malos”: “Desde un punto de vista operativo no es muy lógico, pero lo cierto es que está en la ley”, afirma. 

Uno de los principales problemas, advierte, son los antecedentes por delitos leves, muy frecuentes desde que las antiguas faltas pasaron a ser antecedentes penales. Solans apunta a que el borrador del reglamento podría intentar corregir algunos de estos excesos, pero reconoce los límites legales de la regularización extraordinaria: “No se puede conceder un permiso de residencia a quien tenga un antecedente penal vivo. Está en la ley y los reglamentos no pueden saltársela”. En especial, señala los casos de personas condenadas como supuestos patrones de patera, muchas veces con pruebas débiles: “Antes bastaba con que alguien dijera ‘ese llevaba el timón’ y le caía una condena por trata. Gente que ha pasado por prisión injustamente y que ahora, encima, no va a poder aprovechar una oportunidad como esta”.

Mantener la exclusión responde más a una lógica demagógica que a criterios de reinserción o seguridad

Para el abogado, la conclusión es clara: “Con la ley que tenemos, esta regularización es lo mejor que se puede hacer. Incluir a personas con antecedentes penales sería incumplir la ley”. Pero eso no cierra el debate. Al contrario, lo abre: “La ley de extranjería debería ser reformada y suavizada en este terreno”. Mantener la exclusión, insiste, responde más a una lógica demagógica que a criterios de reinserción o seguridad: “Ese bulo de que los inmigrantes vienen a delinquir es falso. La mayoría no tiene antecedentes y muchos de los antecedentes policiales vienen de controles étnicos, no de una conflictividad real”.

El peso de la ley no es igual para todos. Para una persona en situación administrativa irregular en España, un delito cometido en un contexto de necesidad —como un pequeño robo para sobrevivir— puede tener consecuencias mucho más duras que para el resto de la población: no solo una condena penal, sino también la exclusión automática de la regularización extraordinaria. La exigencia de carecer de antecedentes penales refuerza un sistema que penaliza de forma desproporcionada a personas con determinados perfiles raciales y sociales, algo que se refleja tanto en la Ley de Extranjería como en el propio proceso de regularización.

Desde esta perspectiva, el debate no debería limitarse a si una persona con antecedentes puede o no regularizar su situación, sino a cómo el sistema produce esos antecedentes y a quién se los produce. “Se castiga la supervivencia y luego se utiliza esa condena para cerrar cualquier vía de inclusión”, resume en una conversación con El Salto el abogado y miembro del Secretariado de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias Daniel Arencibia, quien insiste en la necesidad de introducir el enfoque de la reinserción social en las políticas migratorias. “Ignorar a un colectivo no es una solución. Algo hay que hacer con esas personas, porque dejarlas en la marginalidad sólo agrava el problema”.

Arencibia también reconoce que incluir a personas con antecedentes penales en una regularización extraordinaria chocaría con la actual Ley de Extranjería, pero plantea alternativas políticas que permitan salir de ese bloqueo. “No hablo de regularizar sin más, sino de crear alternativas específicas para personas con antecedentes”, explica. Entre las propuestas, menciona itinerarios de reinserción basados en trabajo comunitario, colaboración con organizaciones sociales o sistemas progresivos de acceso a derechos: “Si alguien no vuelve a delinquir, si demuestra integración, debería poder ir redimiendo su situación. De lo contrario, lo único que hacemos es empujarle de nuevo a la clandestinidad”.