Opinión
Crueldad institucional en el desalojo de Aranzadi

A las 6:30 de la mañana del lunes 13, con apenas seis grados y bajo la lluvia persistente de abril, más de sesenta personas fueron expulsadas del único refugio que les protegía del frío y de la intemperie. No fue un operativo de emergencia destinado a proteger la seguridad y la salubridad de quienes allí se alojaban, como se ha afirmado. El desalojo de Aranzadi fue ejecutado por el Ayuntamiento de Iruñea de la mano de EH Bildu, a través de su concejal de Urbanismo, Joxe Abaurrea. Y con el apoyo de la coalición Contigo-Zurekin, cuyo único concejal, responsable de Acción Social, Txema Mauleón, no puede eludir su responsabilidad directa en lo sucedido.

Lo ocurrido en la vuelta de Aranzadi no es solo un episodio administrativo más. Es una fotografía muy nítida de una política que ya ha perdido el pulso humano y su propia razón de ser. ¿De qué sirve ostentar el poder si se emplea para ejecutar las mismas políticas que la derecha?

La intervención sin que conste una autorización judicial, va más allá de ser políticamente indecente. Jurídicamente también es muy difícil de justificar

Durante al menos los últimos tres años, el antiguo convento de las Agustinas de San Pedro, de titularidad municipal y en estado de abandono prolongado; ha sido el hogar de facto de centenares de personas en situación de exclusión y sinhogarismo. Allí tenían refugio, desarrollaban su vida privada, guardaban sus pertenencias y conservaban toda la documentación, esencial para poder acceder al proceso de regularización. Aranzadi era, en términos constitucionales, su morada.

La desocupación de un espacio así, sin consentimiento previo y sin que conste una autorización, va más allá de ser políticamente indecente. Es difícil de justificar jurídicamente. El pasado lunes el convento de monjas se desmanteló por la fuerza. Sin mostrar resolución judicial. Según las declaraciones públicas del propio concejal de Urbanismo: “actuaron de oficio”.

Aunque se viniera advirtiendo del mismo, el desalojo del edificio de Iruñea se llevó a cabo de una forma sorpresiva. De madrugada, sin aviso y, según relatan algunos afectados, mediante indicaciones confusas que no tuvieron en consideración el desconocimiento del idioma de muchos de ellos. Tanto es así, que algunos se marcharon del lugar creyendo que se trataba de un desalojo provisional de un par de días, para realizar labores de adecentamiento. Otros, ni siquiera se encontraban allí en el momento de los hechos.

La mayoría de los moradores, a excepción de quienes disponían de maletas, no tuvo la opción de recoger sus pertenencias: documentos identificativos, enseres básicos, tarjetas móviles, fotos, etc. Un collage de objetos íntimos, que no han podido recuperar todavía. A excepción de 18 chavales a los que, previa identificación (y con el riesgo de represalias que entraña), se les autorizó la entrada al día siguiente.

No hubo ninguna emergencia, fue una expulsión

Yo misma fui testigo presencial. Vi a los numerosos agentes de la Policía Municipal, blindado el acceso al recinto durante toda la tarde, aquel lunes fatal. Cuando la calma reinó en la zona, vi a numerosos agentes impidiendo a un joven entrar para recuperar sus mantas. No se olvida, aquella petición desesperada ni el frío creciente que se apreciaba con la caída del sol.

“Por favor, están ahí mismo”. El muchacho señalaba su bulto de harapos, tan cerca, al otro lado de la valla. Yo miraba aquellas mantas, en medio de un solar abandonado a la fuerza esa mañana. “Déjennos entrar y salir con ustedes, bajo mi responsabilidad”, le dije a uno de los uniformados que tenía cerca. “Obedecemos órdenes, llame usted al 092”, fue su única respuesta robótica. 

Todavía me abruma recordar el trato vejatorio que recibí por parte del inspector jefe 293 de la Policía Municipal. Ante la llamada de una ciudadana en busca de solución, amenazó con ordenar mi detención a sus compañeros, allí presentes. Lo dijo justo antes de colgarme, con un más explicación que un “vuelva usted a llamar mañana”.

La gravedad del macrodesalojo de Aranzadi es, fundamentalmente, de carácter social, ético y humano. Pero también posee un marcado carácter jurídico. Las posibles implicaciones legales que orbitan alrededor de este caso son, cuanto menos, inquietantes.

Desahuciar un espacio que es el único lugar de refugio para las personas que lo habitan y que desarrollan su vida más íntima entre sus paredes; implica una flagrante vulneración de derechos fundamentales. Por ejemplo, el de la tutela judicial efectiva. También el de la inviolabilidad del domicilio, que, según amplia doctrina del Tribunal Constitucional, no está exclusivamente ligado al derecho de propiedad.

Son vidas, atravesadas por el frío, la exclusión, la incertidumbre y el desarraigo. Personas, lejos de su tierra de origen, que luchan para poder regularizar su situación

Aparentemente, el 13 de abril no hubo procedimientos ni juez. Fue una actuación administrativa que ejecutó la fuerza policial, amparada en una decisión arbitraria ordenada por parte de autoridades políticas. La pregunta inevitable es: ¿en qué momento se ha decidido que los más vulnerables pueden quedarse fuera del amparo de la ley?

Cuando la política social se pliega al orden

Sí, señoras y señores, ilustres autoridades de esta ciudad. Aunque se haya asumido con absoluta pasividad displicente que, tras el calor que contienen los muros de nuestros hogares, existen personas viviendo en la calle: Todas ellas tienen derechos. Y dignidad, que no solo debe ser respetada, sino que ha de ordenar todas y cada una de sus actuaciones y decisiones políticas.

Una persona jamás será ilegal. Por muy distópicas que se pongan las leyes fronterizas. Esas personas que han sido desalojadas sin alternativa habitacional de Aranzadi, no son un número y un expediente. Son vidas quebradas por el frío, la exclusión, la incertidumbre y el desarraigo. Personas lejos de su tierra de origen, que luchan por lograr un padrón para poder regularizar su situación.

La política social no puede reducirse a gestionar la pobreza expulsándola de la vista

La odisea de “los papeles”. Es la vía casi única para acceder a derechos básicos que en nuestros cuerpos no se cuestionan nunca. Sin embargo, estas personas se encuentran con una nueva agresión por parte de las autoridades. Por si haber denegado en los últimos años cerca de 500 solicitudes de empadronamiento, según los cálculos de la asociación Apoyo Mutuo, no fuera suficiente; ahora se les arrebata incluso ese precario refugio. Esas cuatro paredes, donde muchos perdieron la documentación imprescindible para solicitar su regularización. Justo en el momento en que se abre la posibilidad de hacerlo.

Públicamente, se afirma que todas estas personas han sido realojadas. Lo cierto es que solo a una mínima parte se les ha ofrecido alternativa habitacional. Durante tres días, ya concluidos. ¿Y al cuarto día qué? ¿Dónde duermen esta noche? ¿Quién asume la responsabilidad de su supervivencia hoy? ¿Y pasado mañana? El silencio institucional ante estas preguntas es tan estruendoso como violento.

Más doloroso, si cabe, es constatar que esta actuación se produce bajo un Ayuntamiento que se reivindica como progresista. Con el objeto de destinar el inmueble, mediante la cesión de 50 años, al Grupo Vitalia para la construcción y gestión de un centro de rehabilitación que ni siquiera cuenta con una licencia de obra. Una vez más, estamos ante un modelo de “gestión público-privada” que prioriza la transferencia de recursos y espacios públicos a manos privadas. Como ya se ha visto en otros territorios y puertas giratorias.

Oro parece, política social no es

La política social no puede reducirse a gestionar la pobreza expulsándola de la vista. El interés público exige algo más profundo: reconocer la dignidad de todas las personas y actuar en consecuencia. Eso implica regularizar a todas las personas que son desalojadas. Habilitar de forma urgente recursos de alojamiento, alimentación e higiene para quienes han sido condenados a la calle. Además, es imprescindible intervenir en el mercado de la vivienda, para garantizar que el acceso efectivo a un hogar digno esté por encima de cualquier lógica especulativa capitalista. Y también derogar un marco de extranjería que condena a miles de personas a la irregularidad y les niega, de facto, derechos fundamentales.

La crueldad institucional que enmarca el desalojo de Aranzadi, no puede normalizarse, olvidarse ni quedar impune. Exige responsabilidades políticas claras y depuradas. Exige explicaciones públicas transparentes. Y, sobre todo, exige dar un volantazo y un cambio inmediato de rumbo. 

Este sábado 18 de abril, a las 12:00 hs, os esperamos en la plaza Recoletas de Iruñea. Mientras la burguesía duerme tranquila, parte de la clase obrera apenas puede pegar ojo pero aún sueña. Porque, mientras queden personas que pernoctan en la calle, no hay que dejar dormir a los de arriba.