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Atalaya Mining adquiere a Sacyr el megaproyecto minero que amenaza el suroeste de Badajoz

Malas noticias para todo el suroeste de Badajoz y, en concreto, para la comarca de Olivenza. Así opina en su último comunicado la Plataforma Ciudadana Alconchel Sin Minas acerca del movimiento por el cual, y a través de la venta de su “empresa pantalla” Río Narcea Nickel, Sacyr traspasa todos sus permisos mineros a Atalaya Mining (Riotinto), que adquiere así el 51% de la participación y, con ello, todo el megaproyecto del suroeste de Badajoz, un plan de explotación minera de gigantescas dimensiones enmascarado en diversas iniciativas que habrían sido  intencionadamente fraccionadas para eludir los aspectos más proteccionistas de la legislación.

El 49% restante queda en manos de los actuales dueños de la mina de Aguablanca, el grupo mercantil Phi4tech, en el que, como denunció en su día Ecologistas en Acción, Íñigo Resusta, uno de los promotores, resulta ser “un conocido bróker de bolsa implicado en varios delitos de estafa”, estando conectados además varios de sus representantes al holding Graphenano, que ocasionó en su día deudas y daños económicos importantes en Granada, Murcia o Zamora. Los mismos actores son, además, los promotores de la todavía hipotética fábrica de celdas para baterías de Badajoz, estrechamente vinculada al proyecto de mina de litio de Cañaveral, conformando un entramado de interrelaciones comerciales y empresariales con protagonistas reiteradamente concurrentes.

Exigen que no se prorrogue el permiso ambiental para reabrir la mina de Aguablanca

Redacción El Salto Extremadura

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Extractivismo en Extremadura Exigen que no se prorrogue el permiso ambiental para reabrir la mina de Aguablanca

Redacción El Salto Extremadura

Además de defectos de forma legal y jurídicamente insalvables, denuncian que uno de los promotores es un conocido bróker de bolsa implicado en varios delitos de estafa.

Cabe recordar que la reapertura de Aguablanca, además, se encuentra pendiente de la nueva y polémica Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que, por no haber visto publicado su anuncio en el BOE en tiempo y forma, fue paralizada gracias a las alegaciones de Ecologistas en Acción y diversas plataformas, entre ellas Alconchel sin mina.

Vienen a por todas: el Proyecto Ossa Morena

Las declaraciones de Alberto Lavandeira, directivo de Atalaya Mining, la empresa que toma el relevo a Sacyr, confirmarían las sospechas de la oposición a la apertura de las minas. Atendiendo a las intenciones públicamente expresadas por Lavandeira sobre lo que no sería sino un megaproyecto de 20 permisos mineros, estas anuncian, en palabras de Alconchel Sin Minas, “la posible repetición del desastre medioambiental de Riotinto sobre 1.114 kilómetros cuadrados, la práctica totalidad del suroeste de Badajoz”.

Todos estos permisos conforman el denominado “Proyecto Ossa Morena” (POM) como es nombrado por la actual empresa titular, y sobre cuyos parámetros ya trabajaba anteriormente Sacyr. La Plataforma Alconchel Sin Minas viene denunciando este plan de extracción a gran escala desde hace más de dos años, cuando se tuvo conocimiento de la primera solicitud de explotación en Alconchel, Táliga y Olivenza. Desde Olivenza hasta Monesterio, más de 30 términos municipales resultan afectados, entre los que destacan también Higuera de Vargas, Jerez de Los Caballeros, Valle de Santa Ana, Fuentes de León, Nogales, Burguillos del Cerro, etc. La clave de la controversia relativa al tamaño de lo proyectado es que la normativa europea obliga a declarar de inicio las amplitudes totales de los proyectos, aspecto que, sostienen los opositores al plan extractivista, “vulnera la multinacional con objeto de solicitar declaraciones ambientales fraccionadas, siendo esto más fácil de conseguir”.

Las declaraciones de Alberto Lavandeira, directivo de Atalaya Mining, [...] anuncian, en palabras de Alconchel Sin Minas, “la posible repetición del desastre medioambiental de Riotinto sobre 1.114 km2, la práctica totalidad del suroeste de Badajoz”

Desde la administración regional, en comparecencia pública el 16 de julio de 2020, el Director General de Industria y Minas, Samuel Ruiz Fernández, negó la propia existencia del Proyecto Ossa Morena (POM), ese mismo que ahora la minera compradora anuncia continuar “llevando a cabo programas de exploración agresivos de una manera eficiente en cuanto a costos y tiempo” (Alberto Lavandeira). Ya desde 2019 la plataforma viene publicando abundantes pruebas en este sentido, y la connivencia de la Administración estaría resultando clave para la consecución de los objetivos especulativos de esta y otras mineras. Como se declaró desde la Junta de Extremadura, estarían primando los principios de “estabilidad legal, bajos impuestos y tasas, importantes ayudas e incentivos, gobierno regional proactivo e involucrado en el desarrollo del sector minero”.

El megaproyecto OMA, en zonas protegidas por Red Natura

Existe otro megaproyecto denominado OMA (Antiforme Olivenza-Monesterio) o Flanco Sur. En él se pretende comenzar por el polémico permiso de explotación de Alconchel, Táliga y Olivenza, situado sobre zonas protegidas por la Red Natura Sierra de Alor y Monte Longo, y contra el que la Plataforma y grupos ecologistas vienen luchando.

También declaró Alberto Lavandeira que “se dará prioridad para avanzar en el proyecto de cobre, oro y hierro de Alconchel”. Pareció obviar el hecho de que dicho proyecto tiene su expediente ambiental archivado en la Junta de Extremadura por falta de documentación, y que numerosas irregularidades en su tramitación están siendo denunciadas. Destacan entre ellas motivos similares a los que se dan en los permisos anulados de la mina de litio de Cáceres, ya que las normas urbanísticas de los municipios afectados, en particular Olivenza, Alconchel y Táliga, protegen especialmente las zonas declaradas como Red Natura 2000, lo que técnicamente veta las posibilidades extractivas en la zona.

Poderosos intereses tras el litio de Cañaveral, en Cáceres

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La Ley del Suelo, en el artículo 67.6, considera usos prohibidos los que estén catalogados así por las normas municipales, por ser incompatibles con la conservación de sus características medioambientales. En el caso del proyecto planteado en Alconchel, el planeamiento vigente protege de forma especial la zona donde se pretenden hacer las minas, pues se encuentra dentro de la Zona de Especial Protección de Serranías, donde se marcan como premisas de protección la prohibición de introducir cualquier elemento que altere la fisonomía original de la zona, además del mantenimiento de la vegetación autóctona y las perspectivas visuales, y la imposibilidad absoluta de construir.

Varias denuncias en el SEPRONA por la realización de pozos y sondeos ilegales realizados en el periodo de investigación confirman las intenciones de la minera en relación a su consumo de agua, que podría alcanzar los 7 millones de litros/día según estimaciones extraídas de los datos del proyecto inicial. Además, los dos puntos de vertidos de aguas de contacto y contaminadas, como demuestran los planos (arroyo de San Roque y arroyo del Gollizo), llegarán por gravedad al río Alqueva.

Alberto Lavandeira, es de subrayar, no despierta ningún tipo de confianza en el entorno ambientalista, habida cuenta de su gestión con los vertidos en la Mina de Touro y en sus anteriores aventuras empresariales con “Río Narcea Gold Mines” en Asturias, comunidad autónoma que dejó de concederles permisos mineros

Alberto Lavandeira, es de subrayar, no despierta ningún tipo de confianza en el entorno ambientalista, habida cuenta de su gestión con los vertidos en la Mina de Touro y en sus anteriores aventuras empresariales con “Río Narcea Gold Mines” en Asturias, comunidad autónoma que dejó de concederles permisos mineros.

Destacan también las pretensiones de ampliación de las gigantescas cortas proyectadas inicialmente y de la apertura de otras nuevas sobre la finca y Sierra de Pallares en Táliga. Y son relevantes porque todos estos terrenos, objetivos de la multinacional adquirente, resultan ser, o bien suelo de Protección Ambiental (LIC Sierra de Alor y Montelongo de la Red Natura 2000), o suelo de Protección Estructural agrícola según el planeamiento de la localidad, donde la actividad extractiva está expresamente prohibida.

De la comunicación de la empresa Atalaya y los datos obtenidos por la Plataforma, consultando en los organismos competentes de acuerdo con la observación sobre el terreno, Alconchel Sin Minas afirma tener constancia de la realización de labores de prospección extractivas con pozos de sondeo en esta zona de la sierra de Pallares, para los que no existen licencias por parte del Ayuntamiento de Táliga, como confirman fuentes de su administración municipal.

De no haberse solicitado estos permisos, que en cualquier caso deberían ser denegados, debido a que dicha actividad está prohibida en los terrenos del municipio (idénticamente al caso del Ayuntamiento de Cáceres con la mina de Valdeflores), la Plataforma entiende que se estarían cometiendo “presuntamente irregularidades en el procedimiento, y por eso hemos presentado las denuncias correspondientes, para su investigación”.

Concluye Alconchel Sin Minas señalando que, “queremos hacer un llamamiento a todas las administraciones locales implicadas, y a los propietarios de las fincas que pueden ser objeto de los sondeos en estas zonas protegidas, para que lo tengan en cuenta, y den a conocer la situación, si se produce, tanto a su Ayuntamiento, como a esta asociación, que lo único que pretende es defender los derechos de todos, y evitar que nuestro paisaje protegido por ley, se convierta en un nuevo paisaje marciano como el de la zona de Río Tinto, destruyendo nuestras formas de ganarnos la vida de manera tradicional y cuidando del medio que nos rodea como han hecho nuestros antepasados de forma magistral”.