Minería
Cómo y por qué vuelve la amenaza de mina a cielo abierto en la comarca de Olivenza

Ante la pasividad connivente de diferentes Administraciones, Atalaya Minning PLC confirma el anunciado cierre en falso del proyecto extractivista y pone en marcha todos los recursos para materializarlo en el plazo más breve posible.
Protesta Olivenza en Mérida
Una de las protestas contra el extractivismo minero en Mérida. Fotografía: RRSS Plataforma Alconchel sin Mina.
26 ene 2023 07:00

Efectivamente, y como ya anunció en su día la Plataforma Alconchel sin Mina, el aparente cierre del proyecto de mina a cielo abierto en la comarca fue hecho en falso, aprovechándose los dos años transcurridos para asentar sobre el terreno lo ya realizado, maniobrar administrativamente a favor de la explotación y calmar las aguas de un agitado panorama político municipal, todo ello en una comarca que se plantea esencial, con sus votos, para la conformación de mayorías en la Diputación de Badajoz. De nuevo, las empresas mineras vuelven a la carga en medio de un completo oscurantismo institucional y con procedimientos que podrían adolecer de graves defectos de forma.

Encabeza en esta ocasión el megaproyecto extractivista Atalaya Minning PLC (con domicilio fiscal en Chipre), que adquirió los derechos mineros a Sacyr (dueña en su momento del 51%) y a Lithium Iberia (poseedora del 49%, además de ser la corporación que gestiona el complejo extractivista de litio proyectado en Cañaveral). La minera, nominal y fiscalmente chipriota, básicamente gestiona intereses y recursos de fondos de inversión procedentes, en este caso, de Australia o China, entre otros países. Como empresa pantalla (práctica habitual en este tipo de industria) fue utilizada Río Narcea Nickel S.A. (la titular del contrato de compraventa y, por tanto, poseedora de los derechos de explotación). Esta mercantil, tras varios cambios societarios, ha pasado a denominarse Atalaya Ossa Morena S.L., siendo su CEO Alberto Lavandeira, ya envuelto a su vez en el conflicto desatado desde principios de los 2000 en relación a los planes para abrir una mina de oro en Salave (Tapia de Casariego, en el Occidente asturiano) en calidad de presidente de Río Narcea Gold Mines. Esta compañía fundió el último lingote de oro extraído de sus minas de Belmonte y Salas (también en Asturias) el 20 de diciembre de 2006, cerrando la explotación el 29 del mismo mes. Con posterioridad, el mismo personaje reapareció liderando idénticos planes en 2017, pero esta vez en nombre de la aurífera canadiense Black Dragon y en la mencionada Tapia de Casariego.

Minería
Extractivismo Cierre en falso del proyecto de mina en Alconchel
A pesar del archivo del procedimiento, la resolución de la Junta de Extremadura mantiene vivo el proyecto de las minas de Alconchel, Táliga y Olivenza.

No enfrenta la comarca de Olivenza, esta vez, a un equipo de buscadores de fortuna a la caza de la mejor y más oportuna venta de derechos. Sacyr hace carreteras, no minas, y Lithium Iberia está absolutamente comprometida con el negocio del litio de Las Navas (Cañaveral, Cáceres), donde enfrenta no pocas resistencias, cuenta con un amplio respaldo del Ejecutivo extremeño y del que señala poder empezar a estar operativo en 2025. De hecho, técnicos consultados, que ponen en duda la auténtica rentabilidad del yacimiento de Alconchel, comentan que con la venta del mismo ambas empresas habrían hecho “el negocio del siglo”. Pero Atalaya Minning va en serio, a por todas, y por acción o por omisión con un amparo institucional difícil de entender sin seguir de cerca la compleja red de complicidades urdida en torno a la minería en Extremadura.

¿Que hay de nuevo para que se enciendan todas las luces rojas? Simple de explicar: Río Narcea (ahora Atalaya Minning PLC) hizo en su momento uso del recurso de alzada y este ha sido estimado, quedando sin efecto el archivo de hace dos años. Esto, en buena lógica, entra dentro de lo esperable. Lo que no es tan razonable es que, a pesar de haber insistido desde la oposición al proyecto en pedir información sobre el estado del recurso (incluso con una pregunta a la Junta de Extremadura en sede parlamentaria a cargo de Unidas por Extremadura), se haya negado (por las Administraciones pertinentes) una y otra vez que hubiera nada nuevo al respecto. Pero sí que lo había, y lo grave es que no ha sido comunicado a todas las partes litigantes. De hecho, la admisión del recurso de alzada (presentado en marzo de 2021) data de marzo de 2022 (¡transcurrido un año!), siendo oficial el 17 del citado mes. Al no haber sido puesto en conocimiento de todos los interesados, la oposición ha visto caducar su plazo de dos meses para interponer el subsiguiente Recurso Contencioso-Administrativo.

Atalaya Minning va en serio, a por todas, y por acción o por omisión con un amparo institucional difícil de entender sin seguir de cerca la compleja red de complicidades urdida en torno a la minería en Extremadura

Lo curioso del asunto es que, de acuerdo a sus propias declaraciones, ni la Junta parecía saber nada, ni la empresa, ni los propios ayuntamientos afectados. De hecho, en un pleno del Ayuntamiento de Alconchel, el gobierno municipal afirmó no conocer nada al respecto. Un pleno, recordemos, celebrado en noviembre de 2022, meses después de que, “con toda seguridad” según todas las fuentes, le fuera notificada la resolución.

Para terminar de complicar el asunto, la Dirección General de minas de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura ha permitido que, en contra de toda lógica, el proyecto no se retrotraiga a la fase inicial, pues la nueva compañía (Atalaya) va a presentar un proyecto distinto y debieran reiniciarse todos los trámites (también la Declaración de Impacto Ambiental, un escollo difícil de salvar en la comarca conociendo el brutal impacto de una mina a cielo abierto). Ha optado por señalar que lo que se había dado era una “paralización” del proceso (curiosa figura de desconocido encaje en la legislación de procedimiento administrativo) y que, por tanto, se reanudaba el procedimiento en el punto en el que había quedado cuando, en noviembre de 2020, se dio por archivado (aunque fuera en febrero de 2021 cuando apareció la resolución “por sorpresa” en el buzón del alcalde de Olivenza).

Medio ambiente
Denunciada ante Portugal la mina a cielo abierto proyectada en Olivenza

La Plataforma Ciudadana Alconchel Sin Mina denuncia ante el gobierno portugués el megaproyecto extractivo proyectado en la comarca de Olivenza. Manifiesta las graves afecciones medioambientales del mismo, que afectarían también al país vecino. 

En cierta medida, todo está en el terreno de lo esperable. Y es que la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad dictó resolución por la que daba por finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria del “Proyecto Minero Industrial Alconchel”, declarándose resuelto su procedimiento y ordenando su archivo alegando como causa la insuficiente documentación aportada por Río Narcea Nickel S.A. Es decir, no entraba en razones de fondo para pasar, en cambio, al terreno de lo administrativamente “subsanable”, simples defectos de forma. Era el subterfugio posible y ha sido utilizado. Acertó de pleno, en su momento, la Plataforma opuesta al proyecto cuando subrayó a El Salto Extremadura que “nos parece cuanto menos osada la afirmación del alcalde, Manuel José González Andrade”. Y es que el regidor oliventino afirmó, textualmente: “Se acabó el tema de la mina a cielo abierto de Alconchel”.

La admisión del recurso de alzada (presentado en marzo de 2021) data de marzo de 2022 (¡transcurrido un año!), siendo oficial el 17 del citado mes. Al no haber sido puesto en conocimiento de todos los interesados, la oposición ha visto caducar su plazo de dos meses para interponer el subsiguiente Recurso Contencioso-Administrativo

Fuera de consideración para la Junta y empresa (“tanto da”, apuntan desde la Plataforma Alconchel sin Mina) ―parece― quedan asuntos nada triviales desde el punto de vista, por ejemplo, urbanístico, ya que la proyectada mina carga exactamente con el mismo problema que la de litio de Valdeflores: se pretende excavar en suelo en el que es imposible hacerlo según las Normas Subsidiarias (Urbanísticas) de Alconchel. Y eso resulta ser así porque está señalada para la actividad un área donde, literalmente, “se prohíbe la introducción de cualquier elemento que altere la fisonomía original de la zona”, calificando a estos suelos como Suelo No Urbanizable Protegido de Especial Protección (“Sierras”). Ya la Junta de Extremadura otorgó en su momento permisos de investigación a sabiendas de que no era permitida, en ese momento, ninguna actividad de tipo extractivo, quedando en entredicho su papel en todo el proceso y la naturaleza de los intereses que, en última instancia, defiende.

Por otro lado, la situación en el consistorio de Alconchel es la previsible teniendo en cuenta que Óscar Díaz, su alcalde, se ha manifestado abiertamente a favor de la explotación a cielo abierto y es público y notorio su permanente contacto con Atalaya Minning. Su política ha sido de manga ancha con la minera y silencio y oscuridad frente a la oposición vecinal y ambientalista; todo ello, según relatan a este medio, en un clima de generación de abierta hostilidad hacia todas las personas que se manifiestan en contra de la mina.

La proyectada mina carga exactamente con el mismo problema que la de litio de Valdeflores: se pretende excavar en suelo en el que es imposible hacerlo según las Normas Subsidiarias (Urbanísticas) de Alconchel

No sería ajeno a las tensiones y temores en el municipio el hecho de que de las aproximadamente 60 empresas o autónomos localizados en la población, algunos de ellos resultarían ser, también, suministradores del propio Ayuntamiento y que también gran parte del trabajo temporal dependa o bien del mismo o de ayudas vinculadas a este. En el caso de Salvatierra de los Barros, que se unió masivamente contra el macrovertedero industrial a ubicar en su localidad, y con casi la misma población, podemos observar que hay el doble, tanto de autónomos como de empresarios, sin contar con agricultores y ganaderos. A menos dependencia, más movilización.

En cualquier caso, una mina, la de esa comarca, que en realidad forma parte de un complejo muchísimo más amplio y extenso llamado Ossa Morena (así, tal cual, se le caracteriza presentado a los inversores por más que, de nuevo, se fracture en “distintos” proyectos con una Administración mirando hacia otro lado) que abarcaría desde los límites de Huelva hasta Olivenza, y cuyo origen estaría, en parte, en un vuelo metalogénico del año 2010 que dio las pistas sobre los minerales a encontrar en tan vasto espacio. Según todos los indicios no son el objetivo de la multinacional minera (y de los fondos de inversión que van de su mano) ni el cobre ni el hierro, de baja rentabilidad en explotaciones de esa naturaleza, sino el oro, valor ahora en alza en el mercado minero (e inversor). Oro que necesita, para ser aislado, del empleo de materiales tan contaminantes como el cianuro. Y esa variable ambiental es del todo irrebatible en su certeza científica y en los riesgos que conlleva para los acuíferos.

La situación en el consistorio de Alconchel es la previsible teniendo en cuenta que Óscar Díaz, su alcalde, se ha manifestado abiertamente a favor de la explotación a cielo abierto y es público y notorio su permanente contacto con Atalaya Minning

Tras toda esta complicada, pero a la vez simple, trama de intereses institucionales y corporativos, fidelidades inconfesadas y subterfugios legales, está también presente el fin de los recursos explotados por la misma empresa en Río Tinto (cuya duración estimada se cifra en torno a los 10 años hasta su absoluto agotamiento, y donde ya se están usando incluso las escombreras), y que para mantener un ritmo de beneficio industrial requiere imperativamente de nuevos espacios de intervención.

Atalaya Minning PLC ha sido clara en sus intenciones inmediatas: tener el nuevo proyecto elaborado y presentado para antes de las próximas elecciones y, en el entretanto, seguir con todo tipo de sondeos y perforaciones para determinar la verdadera capacidad de carga extractiva de cada zona concreta. Con permisos o aprovechando los concedidos para ampliarlos en otras ubicaciones, porque ¿quién controla la diferencia entre los sondeos efectivamente realizados y los que tienen licencia municipal? Hasta la fecha, de los aproximadamente 80 extraoficialmente reconocidos, solo la mitad contaban con el pertinente permiso.

Persiste en el horizonte inmediato de la comarca la incertidumbre, los movimientos para cooptar voluntades, la obtención de permisos para los sondeos, las contorsiones administrativas... Un juego que, hasta ahora, solo ha arrojado sombra sobre su verdadera naturaleza y sobre los auténticos actores e intereses dispuestos sobre el tablero.

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