Navarra
María Lacunza: la primera abogada navarra, represaliada por el franquismo

María Lacunza Ezcurra, nacida en Iruñea el 29 de septiembre de 1900, fue la primera mujer en colegiarse como abogada en Nafarroa y en Gipuzkoa, además de trabajar como funcionaria en la reforma agraria de la Segunda República. Precisamente en ese puesto sufrió, al final de la guerra civil, un proceso de depuración absolutamente injusto, condicionado por su cercanía al reformismo social de la época, que la dejó fuera de la vida laboral por el resto de su vida.

Curiosamente, el nombre de María Lacunza ha pasado a un silencioso segundo plano entre las pioneras del Derecho en España. Creemos que la depuración que intentó borrarla del espacio público logró, efectivamente, el olvido de su valiosa trayectoria vital y profesional. Una próxima publicación dirigida por Amaia Álvarez, profesora del Área de Historia del Derecho y de las Instituciones de la UPNA, pretende recoger su figura junto con la de otros abogados y abogadas represaliados por el franquismo en Nafarroa.

En el 125 aniversario de su nacimiento, esbozamos una síntesis de su interesante vida y explicamos el proceso por el que intentaron eliminarla de la historia.

La vida de María Lacunza

María Lacunza, nacida en el año 1900, fue la hija menor de una familia de orígenes humildes, procedente del Valle de Yerri y emigrada a Iruñea en busca de mayor prosperidad. Justamente en sus años de formación, el reformismo educativo y un creciente movimiento feminista habían allanado el camino hacia la educación femenina, junto al auge del principio de igualdad entre ambos sexos, por fin recogido en leyes fundamentales como la Constitución de Weimar en 1919. Así, María realiza los estudios de Bachillerato en el Instituto General y Técnico de Navarra, y tras estos, cursará estudios en Derecho, primero en la Universidad de Zaragoza y, desde el segundo año, en la Universidad Central de Madrid, siendo una de las pocas mujeres alumnas.

Durante su tiempo en Madrid, María Lacunza se alojaría en la Residencia de Señoritas, una institución clave fundada por la pedagoga María de Maeztu y relacionada con la famosa Institución Libre de Enseñanza, que perseguía facilitar el alojamiento en Madrid a las mujeres jóvenes de distintos territorios que acudieran a la universidad. Un espacio vivo, en el cual se impartían todo tipo de charlas formativas y actividades, que ha sido a menudo señalado como un lugar fundamental en la historia del feminismo español, y donde compartió su tiempo con otras mujeres célebres de su tiempo, como la abogada, pedagoga y sufragista pamplonesa Matilde Huici.

Licenciada en Derecho en 1927, María Lacunza se convertirá en la primera mujer colegiada en Iruñea y en Donostia (justo antes de la quizás más famosa Clara Campoamor). Durante varios años, se desempeñará como abogada en los tribunales de estas ciudades. En ocasiones, resulta difícil imaginar el desafío que la intervención de las primeras mujeres abogadas pudo suponer para la mentalidad de su tiempo. Los casos como el de María Lacunza son celebrados y aborrecidos a partes iguales en la prensa del momento. Un momento en la luz (KEN, 2019), La biografía de María Lacunza escrita por Luis Garbayo Erviti, recoge las crónicas que, con un lenguaje caricaturesco y misógino, realizaron periódicos como el Diario de Navarra y La Voz de Navarra: “una nota nueva y bella a la vez” se había sentido en los juicios, una “voz sutil y femenina que sonaba más a suavidades de madrigal que a conceptos jurídicos”, “la grácil figura de la señorita Lacunza” envuelta “en la severa toga profesional”…

Con figuras reformistas de la República como Victoria Kent participa en la comisión dedicada al estudio del cooperativismo para la reforma agraria que viajará por Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, Francia, Alemania y Dinamarca.

Desde 1931, María Lacunza perseguirá un nuevo camino. Consta su interés por el estudio de problemas sociales de su tiempo, como el régimen de los reformatorios de menores (para cuyo estudio intentó lograr una beca de viaje a Nueva York), y la cuestión de la reforma de la propiedad de la tierra. Precisamente, en este segundo ámbito destacaría la labor de Lacunza: en 1932, a partir de su relación con figuras reformistas de la República como Victoria Kent y Santiago Valiente Oroquieta, es elegida para formar parte de una comisión dedicada al estudio de la reforma agraria que viajará por Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, Francia, Alemania y Dinamarca para estudiar el cooperativismo agrario.

Quizás impulsada por este nuevo interés, María pasó a formar parte del recientemente creado Instituto de la Reforma Agraria (IRA) en 1932. Esta fue una institución impulsada por el gobierno republicano para llevar a cabo la reforma de la propiedad de la tierra, con la intención de resolver la situación de concentración de la propiedad agraria, el paro estructural y la miseria que sufría gran parte de la población campesina del sur de España, y de responder así al anhelo de muchos campesinos y campesinas movilizados a favor del nuevo régimen republicano. María, justamente, trabajará en los Servicios Social-Agrarios. Tras varios años como interina y auxiliar, logra superar en 1936 una oposición para plaza de administrativa en el IRA, quedando en los primeros puestos, apenas dos días antes de que el Ejército de África se levante en armas contra la República.

Frente al tópico conservador habitualmente extendido, que demoniza la reforma agraria republicana como un experimento casi bolchevique, los primeros años de la reforma fueron verdaderamente moderados y cautelosos. Es justamente tras el fallido golpe de Estado y el inicio de la guerra cuando los acontecimientos se aceleran. Muchos terratenientes han apoyado al bando fascista, y el campesinado demanda una intervención radical sobre sus propiedades, cuando no ocupan las tierras directamente, sin esperar a la actuación del IRA. Los años de María Lacunza como funcionaria son, por tanto, los más complejos de la historia del experimento agrario republicano.

Su depuración política

María Lacunza se trasladará a Valencia junto al gobierno republicano. Allí es donde se casará con Víctor Herrera y tendrá a su hijo Víctor Jorge, en el transcurso de la guerra. No es de extrañar que, con la caída de Valencia en 1939, el IRA sea una de las “bestias negras” que el franquismo quiere arrancar de raíz. A la eliminación del Instituto acompañará una auténtica contrarreforma agraria, de retórica falangista aparentemente revolucionaria, que devolvió a los terratenientes todas sus propiedades. Y una dura depuración funcionarial. En 1940, María Lacunza recibirá el aviso de la apertura de un expediente contra ella.

La depuración de funcionarios públicos de la dictadura franquista se caracterizó por una apariencia de legalidad, pero lo que perseguía eran conductas, pensamientos y acusaciones vagas

La depuración de funcionarios públicos llevada a cabo bajo la dictadura franquista se caracterizó por una apariencia de legalidad irreal. Lo que se perseguía no era una mala actuación administrativa, sino conductas, pensamientos, acusaciones vagas. Ni siquiera tras la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 existió posibilidad de apelación ni proceso garantista, pues lo probado en defensa podía carecer de valor para el juez militar instructor. Por todo ello, cabe ubicarla entre las sutiles formas represivas del llamado derecho penal del enemigo, animado por la venganza política y la delación personal.

María Lacunza sufrió, como muchos otros y otras, un proceso de depuración que no tuvo en cuenta que, como funcionaria, cumplía con la legalidad vigente bajo la Constitución de 1931. La acusación partía de sus contactos con “elementos marxistas”, por los cuales “se enteraba de todo cuanto se acordaba” en “las asambleas del Frente Popular”. La acusación de afinidades políticas careció de pruebas que la sostuvieran, y la defensa de María Lacunza, señalando que nunca había militado ni simpatizado con partido ninguno, no la salvó de una dura sanción.

Fueron sus contactos con el mundo reformista republicano los que motivaron su defenestración, así como su papel de mujer pionera en la abogacía y la administración pública

Podemos considerar que fueron sus contactos con el mundo reformista republicano los que motivaron su defenestración, así como el hecho de ser conocida por su papel de mujer pionera en la abogacía y la administración pública. A finales de 1940, le fue comunicada su inhabilitación y traslado forzoso a Sevilla. María Lacunza no lo acatará, solicitando la renuncia a su plaza funcionarial, de la que sería finalmente cesada. A partir de aquel momento, no volvió a desempeñar ningún trabajo profesional que se conozca, dedicándose al cuidado de su familia.

La depuración de María Lacunza es paradigmática, pues truncó su vida profesional como una de las primeras mujeres abogadas de España. En un contexto de represión y profundo temor como el de la posguerra española, podemos imaginar las razones detrás de su decisión, pero no hay que olvidar el factor de género: la pena de traslado forzoso, de por sí muy estigmatizadora, ponía a las mujeres casadas en una endiablada decisión. Mujeres como Lacunza tuvieron que elegir entre abandonar sus deberes maritales y familiares, con el enorme oprobio social que eso podía suponer entonces, o dejar de lado el puesto público que habían ganado con esfuerzo y contra todas las inercias de su tiempo histórico.

Por un sesgo androcéntrico en los análisis históricos, incluidos los estudios sobre la represión franquista, muchas pioneras y luchadoras por la libertad terminaron donde la dictadura franquista quería a las mujeres: en el hogar y en el silencio

Historias como esta pasaron a un segundo plano, y tras el fin de la dictadura, no fueron puestas en valor. Pesa ahí un sesgo androcéntrico en muchos análisis históricos, incluidos los estudios sobre la represión franquista. Muchas pioneras y luchadoras por la libertad terminaron en el lugar en el que, paradójicamente, la dictadura franquista quería a las mujeres: en el hogar y en el silencio. Esta represión de género prolonga sus efectos hasta la actualidad: la postergación de las mujeres en tanto que sujetos de la historia nos induce a considerarlas desprovistas de ideología o de móviles sociales y políticos, al contrario que sus pares varones, sin atribuir a sus acciones la debida significación. María Lacunza no fue una espectadora pasiva de su tiempo, una víctima inane y silenciosa del franquismo: fue purgada por sus afinidades sociales y sus decisiones vitales, que fueron también políticas.

María Lacunza falleció en Valencia, el 9 de mayo de 1984, sin el debido reconocimiento a su figura. Contaba su familia, en la citada biografía de Luis Garbayo Erviti, que guardó su banda de abogada durante el resto de su vida. En el 125 aniversario de su nacimiento, queremos que su memoria tenga la relevancia que nunca debió perder.