Ocupación israelí
Protestas, boicot y flotilla: a las puertas de una “disrupción masiva” para acabar con el genocidio

La movilización que obligó a anular la última y más importante etapa de La Vuelta Ciclista este 14 de septiembre ha dado la vuelta al mundo en titulares. El Jerusalem Post citaba al empresario español David Hatchwell Altaras, presidente de la Fundación Hispano-Judía, para criticar al Gobierno español por avivar las protestas contra el genocidio.

El empresario acusaba al “corrupto gobierno de Sánchez” de “politizar” la Vuelta Ciclista y utilizar a Israel de “cortina de humo” para ocultar sus “múltiples escándalos”. Hatchwell es amigo personal del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y durante un tiempo fue uno de sus principales donantes. Entre sus amistades también se cuentan los más altos cargos del PP de la capital y la Comunidad de Madrid, que han seguido un discurso similar.

Es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “La kale borroka que ha alentado [Sánchez] ha hecho correr a familias y niños”. La presidenta de la Comunidad acusa a Sánchez de “utilizar la situación para cambiar las portadas y los mensajes en las tertulias”. El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, acusaba este 15 de septiembre a Sánchez de utilizar el sufrimiento de la población en Gaza como “excusa para cubrir sus carencias políticas” y advertía que “lo peor está por llegar”. Según defiende, el presidente del Gobierno “va a hacer cosas que no somos capaces ni de imaginar".

Una de las principales demandas de las movilizaciones de la Vuelta fue la aprobación urgente del Real Decreto Ley de embargo de armas a Israel. Y no de cualquier texto, sino una ley que asegure que no habrá excepciones ni lagunas

La prensa deportiva, encabezada por el francés L’Equipe, hacía hincapié en el hecho “inédito”, “histórico” y “sin precedentes” de unas movilizaciones que consiguieron detener la carrera casi 60 kilómetros antes de la meta y dejaron sin podio final a los ganadores, que improvisaron una foto en un aparcamiento.

Los medios internacionales generalistas coinciden en señalar las palabras de apoyo del presidente español a las movilizaciones. “Lo que pasó ayer en Madrid debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo”, dijo Sánchez este lunes en una reunión interparlamentaria del Partido Socialista. “Las organizaciones deportivas internacionales deberían plantearse que Israel siga participando en sus actos, ¿por qué se expulsó a Rusia y a ellos no? Nuestra posición es clara y rotunda, la comparte gran parte de la ciudadanía, vote lo que vote”, señaló.

Las palabras de apoyo y las acusaciones de complicidad con las protestas contrastan con las imágenes de las cargas policiales y la decena de manifestantes heridos por bastones policiales y balas de goma, según señala Defender a Quién Defiende. Las palabras de Sánchez no solo chocan con el “uso desproporcionado de la fuerza” que denuncia esta plataforma de derechos humanos, sino también con la falta de concreción de las nueve medidas anunciadas el pasado 8 de septiembre.

En las movilizaciones de la Vuelta Ciclista, una de las principales demandas fue la aprobación urgente del Real Decreto Ley de embargo de armas a Israel. Y no de cualquier texto, sino una ley que asegure que no habrá excepciones ni lagunas, que sirva para anular los 46 contratos activos actualmente y contemple la compraventa, el tránsito en todas sus variantes y el doble uso, el comercio de aquellos productos que se utilizan para actividades civiles y militares. “Exigimos su aprobación el martes. Y con el contenido a la altura del momento”, dicen desde la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop).

Todo parecía indicar que el texto del RDL sería aprobado, en efecto, en el Consejo de Ministros de este 16 de septiembre, pero no ha sido así. El Gobierno ha pedido más tiempo para afinar un redactado que se ha negociado a espaldas de la sociedad civil y prevé aprobarlo en la reunión de gabinete del 23 de septiembre. Poco se sabe sobre cómo será el texto final.

Lo que sí se sabe es que las medidas anunciadas por el Gobierno pasaron su primera prueba este fin de semana y el resultado fue un suspenso. El viernes 12 de septiembre, el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) de Murcia hizo público que un nuevo barco de la empresa israelí ICL se prestaba a desembarcar en el puerto de Cartagena (Murcia) en los siguientes días. Si el Gobierno pretendía ser coherente con las medidas anunciadas, subrayaron, debía impedir su atraque. Esta empresa, además de colaborar con el genocidio a través de sus filiales, extrae minerales de la cuenca norte del Mar Muerto, en la Cisjordania ocupada. La quinta medida anunciada por el Gobierno prohíbe “la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados”, una redacción ambigua que, en función de su interpretación, puede limitar su aplicación a unas pocas empresas de poca facturación y dejar impunes a las más grandes, como ICL.

El barco Trans Tind atracó finalmente en Cartagena el 14 de septiembre. El Gobierno alega que el buque transporta fertilizantes, sin tener en cuenta de dónde han sido extraídos y cuál es la contribución de la empresa a los intereses de Israel en Gaza y en los territorios ocupados. En la tarde del 15 de septiembre, la Rescop reaccionó con decepción ante el anuncio de que el Gobierno inmovilizaba al Trans Tind para verificar la naturaleza agrícola de su cargamento: “Lo relevante no es si la carga se va a usar para fertilizantes, sino si la mercancía proveniente de Israel forma parte del comercio con la empresa israelí ICL, que se beneficia de la ocupación militar de Palestina”. 

Para la Rescop, el Gobierno español debe frenar de “manera inmediata todo comercio con Israel, más si cabe cuando proviene de la explotación de recursos en territorios ocupados de Palestina como es el caso de la empresa israelí ICL”. Esta plataforma demanda que en el próximo Consejo de Ministros clarifique esta cuestión y también que tome las medidas para sancionar a las empresas que están haciendo negocios en los territorios ocupados y facilitando la colonización, como el gigante vasco CAF. De las nueve medidas anunciadas, ninguna impide que las empresas españolas colaboren con la ocupación, con la violación de los derechos humanos o, incluso, con el genocidio.

Las movilizaciones de la Vuelta Ciclista han marcado un hito en la lucha del movimiento de solidaridad con Palestina, pero todo indica que la presión va a ir en aumento. El movimiento BDS realizó a principios de mes un llamamiento “con carácter de vida o muerte” para “cortar con la complicidad en el genocidio” en la Franja de Gaza.

Las movilizaciones de la Vuelta Ciclista han marcado un hito en la lucha del movimiento de solidaridad con Palestina, pero todo indica que la presión va a ir en aumento

Desde esta plataforma, que agrupa a más de 500 colectivos, llaman a intensificar “la presión y las acciones disruptivas de BDS contra el Estado español, las corporaciones y las instituciones” hasta llegar a una “disrupción masiva” en las últimas semanas de septiembre, coincidiendo con la Asamblea General de la ONU, donde varios países se han comprometido a reconocer al Estado palestino, aunque algunos de ellos, como Reino Unido, Bélgica o Australia, condicionan la medida a la liberación de todos los prisioneros israelíes en manos de Hamás.

Todo indica que la cumbre de la ONU coincidirá en tiempo con otro hito histórico: la aproximación a la costa de Gaza de la Global Sumud Flotilla, la misión naval de solidaridad más grande de la historia, con 34 barcos y unas 600 personas. Este domingo, se sumaron 18 embarcaciones y más se sumarán en los próximos días desde Italia y Grecia. “Si tocan a la flotilla, paramos todo”, ha sido el mensaje que se ha escuchando tanto en las recientes movilizaciones como en discursos de diversos sindicatos combativos desde Génova a Madrid.

Mientras, la presión internacional contra Israel continúa por otros frentes: este 15 de septiembre, siete personas eran detenidas en Montreal (Canadá) por manifestaciones contra el grupo ciclista israelí y el presidente de RTVE, José Pablo López, anunció que someterá a votación este 16 de septiembre la retirada de España de Eurovisión si Israel acude al festival, tal como ya han hecho Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia. Unas horas antes, el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se había mostrado partidario de tomar esta decisión en un mensaje en su cuenta de Bluesky.  

“Hay en estos momentos dos corrientes de movilización social en España. La que encarna Vox, como partido piloto. Y la que ha acompañado a la Vuelta a España, plasmada ayer en Madrid. Las dos corrientes son profundas. Todo ello puede conducir a unas elecciones generales inéditas”, señalaba el analista Enric Juliana en redes sociales.