Operación Chamartín
Ábalos y Carmena ponen otro ladrillo de la Operación Chamartín pese a las protestas vecinales

Esta mañana a las 11, cuando aún no se sabía que el Ministerio de Fomento —a través de su nuevo titular—el socialista José Luis Ábalos iba a dar luz verde a la Operación Chamartín —rebautizada como Madrid Nuevo Norte—, frente a la sede de ese ministerio una pequeña concentración de carácter testimonial llevó a cabo una protesta bajo el lema “Chamartín no se vende”.

En la reunión institucional participaban, además del ministro del ramo la alcaldesa, Manuela Carmena —recién llegada de Nueva York donde, junto con Ada Colau defendió en la ONU que “o priorizamos la vida o permitimos la especulación”—, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo y la presidente de ADIF, Isabel Pardo. 

El acto de rechazo a la operación fue convocado por Ecologistas en Acción, la FRAVM, la Plataforma Zona Norte y trece asociaciones vecinales del área afectada por la Operación Chamartín. Al hacerse público en el día de ayer la celebración de la reunión, estos colectivos se propusieron ratificar su cuestionamiento a dicha operación, por considerarla un pelotazo financiero-urbanístico, lesivo a los intereses de la mayoría de los habitantes de la ciudad.

Exigen que se redefina el proyecto. Y que para ello se tengan en cuenta las opiniones de los vecinos del área afectada, que cuestionan los coeficientes de edificabilidad previstos y las profusión de torres y oficinas de lujo, “queremos otra Operación Chamartín, otro desarrollo urbanístico completamente diferente a este”, afirmaron.

Muy críticos con la alcaldesa y con José Manuel Calvo, concejal de Urbanismo, “se han doblegado totalmente a los intereses del proyecto de Partido Popular y de DCN, la promotora”, afirmaron. Entre sus argumentos, enfatizan “hay que tener en cuenta que el 82% del terreno es de propiedad pública, entonces lo que debe primar son los intereses generales y no los de DCN, que está formada mayoritariamente por una entidad financiera que es el BBVA”.

Aprovecharon para informar que ayer iniciaron una campaña exigiendo que se haga pública toda la documentación que se viene firmando “desde hace 25 años, incluyendo el convenio, la adjudicación, es bastante probable que esté fuera de la legalidad y por eso no los dan a conocer”.

Hemos venido a decirle a @ManuelaCarmena y a @abalosmeco que no vamos a permitir que el suelo público sirva para el @bbva especule.#ChamartinSocial#ChamartinVerdeySinTorrespic.twitter.com/XvontVTSzt

— Plataforma Zona Norte (@PlataformaZN) 19 de julio de 2018

Para solventar su exigencia apelan a la nueva legislación sobre transparencia, “reclamamos que se haga una auditoría, que se someta a escrutinio público y que si hay ilegalidades —como sospechamos— que se reinicie y redefina el proyecto”. Y agregan que, “más allá de su posible ilegalidad, la operación tal como está concebida no es aceptable desde el punto de vista de su sostenibilidad urbanística, ecológica y de movilidad”.

Destacaron “en 2016 este ayuntamiento rechazó el proyecto que ahora acepta y está defendiendo, entonces no entendemos esta contradicción. Y nos sorprende que en pleno verano se pretenda aprobar la operación, siendo que las consultas ambientales están en información pública, lo que amplifica la opacidad del proceso y la falta de participación ciudadana; las mesas de consulta que constituyó el Área de Urbanismo del ayuntamiento han sido una tomadura de pelo, se ha dejado de lado todo criterio que no sea el de los promotores de la operación”, zanjó Nines Nieto, de Ecologistas en Acción.

Preguntados cuál sería su actitud en caso de que –como sucedió- el ministro Ábalos diese su conformidad a la operación: “Esto recién empieza, este proyecto hace aguas por todos lados, queda todo el proceso de información pública y, en caso de que se apruebe definitivamente, queda la vía legal, por supuesto”, remataron.

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