Opinión
El no acuerdo y la segregación escolar

Transcurridos seis meses desde que el consejero de educación, Jokin Bildarratz, anunciara que durante este curso tendríamos un “acuerdo educativo” que serviría de base para la elaboración de una nueva ley educativa, hemos conocido, por fin, el texto definitivo. Aunque se han recogido algunas concreciones para hacer frente a la segregación escolar, estas resultan absolutamente insuficientes. Se trata de un texto lleno de florituras, que dice más por sus silencios y entre líneas que por su contenido real. 

Probablemente la mayor novedad haya sido el hecho de que, por fin, se ha reconocido por parte de las instituciones la existencia de la segregación escolar. Pero hasta ahí. Porque a partir de esa mención, nos encontramos ante un texto vacío de contenidos, que sí marca una dirección más que evidente: la privatización del sistema educativo. Esta dirección choca de bruces con las contadas medidas que se proponen y las que ya están en vigor para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Probablemente la mayor novedad haya sido el hecho de que, por fin, se ha reconocido por parte de las instituciones la existencia de la segregación escolar. Pero hasta ahí

Cabe recordar que se dejará de lado la Ley de Escuela Pública Vasca, una ley con luces y sombras, con apartados que no han sido desarrollados pero que trajo consigo un avance de la escuela pública muy significativo: en su evolución de tres décadas, se ha convertido en el referente como elemento cohesionador. Durante este tiempo ha garantizado el derecho de todo el alumnado al conocimiento, a la igualdad de oportunidades, a la euskaldunización y la participación de las familias en los proyectos educativos de los centros. La escuela pública ha sabido adaptarse al aumento de la diversidad social y las comunidades de estas escuelas han asumido el tremendo reto de compaginar la diversidad con el éxito académico de su alumnado. Pero es igual de cierto que durante la última década los recortes del PSE de Isabel Celaá junto con las políticas liberales y privatizadoras del PNV han llevado a muchas escuelas públicas a una situación realmente complicada.

En esta situación, en lugar de reformular o desarrollar una ley propia para la escuela pública vasca, la mayoría parlamentaria ha optado por avanzar hacia una Ley Vasca de Educación, que deja a la deriva competitiva a la escuela pública, obligando a nuestro servicio público a jugar con normas de mercado de oferta-demanda, en eso que los políticos neoliberales han denominado “servicio de educación”. Rolf Lüders, quien fuera ministro de estado de Pinochet, afirmó que “cuando entregas a los privados la provisión de los servicios, introduces la competencia y lo haces más eficiente”. En Chile la segregación escolar siempre ha sido muy elevada, hasta el punto de que en 2011 Chile llegó a ser el país de la OCDE con mayor segregación socio económica a nivel escolar.

No somos Chile, país que en 2011 llegó a ser el país de la OCDE con mayor segregación socio económica a nivel escolar, pero los datos nos dicen que no estamos lejos 

Y en esas estamos en la CAV. No somos Chile, pero los datos nos dicen que no estamos lejos. Los grupos políticos han optado por cronificar un sistema dual, público-privado. Pero es que, además, nos encontramos en un punto de inflexión vital para el futuro de nuestro país. Ante la enorme bajada de nacimientos, el Gobierno debe tomar decisiones: qué escuelas y bajo qué criterio salvar. Hablar de un “servicio educativo vasco” sin decir nada más allá de que todos los centros que cumplan determinadas condiciones serán parte de este, es no decir nada, es dejar el sistema educativo bajo las leyes del mercado. Esta situación traería consigo un aumento de la privatización del sistema y de la segregación escolar. Si la decisión de evitar la sobreoferta está acordada, ¿qué centros va a dejar caer el gobierno?

Los grupos políticos han optado por cronificar un sistema dual, público-privado

Cabría entender que, en aras al “acuerdo” se haya acuñado el término “servicio vasco de educación”. Pero este acuerdo debería ir acompañado de una apuesta clara por situar la escuela pública en el centro del sistema, en el centro de la planificación educativa, y no al albur de lo que Lüders denominaba “competencia”. No es suficiente con plantear medidas paliativas para la escuela pública, ni tibias propuestas contra la segregación escolar, si no se complementan con políticas encaminadas a convertir la escuela pública en hegemónica. Hablaba al principio de significativos vacíos en el “acuerdo”. El principal está en el apartado de planificación. Un apartado clave, determinante, que han decidido dejar en blanco. Ante una bajada tan importante de la natalidad, este apartado hubiese requerido de un desarrollo mínimo que marcase una dirección. ¿Seguirán dejando el sistema educativo bajo la deriva competitiva o se apostará, de una vez por todas, por una planificación que garantice, ante todo, la cohesión social?  En este sentido, el decreto de planificación en vigor desde el 2009, además de afirmar que no debe haber sobreoferta, establece también que “en aquellas zonas o municipios en los que se constate un crecimiento significativo de población, si éste supone un aumento de las necesidades de escolarización, se garantizará la existencia de plazas públicas.” ¿Por qué no se mantiene el mismo principio (el de priorizar la escuela pública) ante la bajada de la natalidad? Por tanto, el retroceso en el contenido del “acuerdo” respecto a la norma en vigor es evidente. Cabe recordar que aunque el decreto de planificación de puestos escolares priorizase la escuela pública, el PNV ha llevado a cabo durante la última década una sobreoferta de plazas escolares mediante aulas concertadas, como quedó demostrado en el informe “la educación no está en venta” presentado por el sindicato Steilas.  

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El reto del acuerdo residía en hacer partícipes de este, sobre todo, a esos agentes y plataformas que durante la última década han denunciado la segregación escolar. Esas plataformas formadas mayoritariamente por madres que veían las injusticias que se cometían con sus hijas e hijos ante sus ojos y levantaron la voz en Ordizia, Oyon, Gasteiz, Amurrio, y muchos otros pueblos. Pero se han visto abandonadas otra vez, tachadas de maximalistas, acusadas de aspirar a máximos ante el “acuerdo”, de estar situadas en negros y blancos. Debemos recordar dónde surgieron las principales propuestas para hacer frente a la segregación cuando la mayoría de los firmantes del actual acuerdo, o aquellos que lo aplauden, contemporizaban o, simplemente, negaban la segregación; fueron ellas, Maite, Maider, Ainhoa, Samira, Marta, Eli, Maribel y muchas otras…las que hicieron propuestas y participaron en foros buscando acuerdos y consensos. Por tanto, mientras estas madres no se sientan parte del acuerdo educativo, estaremos hablando un no-acuerdo.

Proteger la escuela pública ante la bajada de la natalidad mediante una planificación que priorice la cohesión social, abordar de forma decidida la problemática derivada de la privatización del 0-3, habilitar en cada circunscripción y/o zona escolar oficinas de matriculación que sean las únicas instancias para la matriculación (y no solo de acompañamiento), el respeto al marco de la negociación colectiva y establecer un mínimo de horas de euskera dependiendo del entorno para garantizar el derecho de todo el alumnado a ser bilingüe, hubiese sido, probablemente, suficiente para incluir a toda esa parte de la sociedad que ha quedado fuera del no-acuerdo.