Opinión
El rentismo social de Sevilla, crítica a Emvisesa

Desde el denominado “espectro parlamentario de la izquierda” se suele dar una reivindicación aparentemente fundamental respecto al problema de la vivienda, que es, el aumento del parque público de vivienda.

Esta medida, sin embargo, entraña varias incógnitas, como son, en manos de quién cae la gestión y si realmente se asegura con ella el acceso al derecho a la vivienda de las personas que, por diversas circunstancias, se han quedado fuera de este implacable mercado de vivienda. En la práctica, una y otra vez esta supuesta solución acaba reduciéndose a medidas estéticas grandilocuentes que buscan aumentar el rango de actuación de una serie de empresas públicas, las cuales, mediante un concurso más o menos opaco, se benefician de una serie de rentas aseguradas. 

La supuesta “Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda” no es más que la puerta de entrada a todo un entramado de viviendas que  funciona como un garantizador de rentas para la empresa que haya podido acceder al concurso

En el caso que nos ocupa en Sevilla, que es Emvisesa, se da un caso paradigmático. La supuesta “Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda” no es más que la puerta de entrada a todo un entramado de viviendas que más que asegurar, como dice su lema, un acceso a la vivienda, funciona como un garantizador de rentas para la empresa que haya podido acceder al concurso. 

¿De qué manera se materializa este mecanismo? Resulta realmente paradójico que este tipo de empresas imponga un tope mínimo de ingresos al alquiler de vivienda pública, si es el derecho a la vivienda lo que se quiere garantizar. Más que velar porque ningún ciudadano se encuentre en situación de calle, este tipo de restricciones solo buscan asegurar la posibilidad de pago del inquilino de cara al acceso a sus pisos, haciendo que los sectores de la clase trabajadora más precarizados jamás puedan acceder a lo que se llama alquiler social, o peor, al alquiler para familias en riesgo de exclusión. Casi sobran las palabras, por otro lado, cuando miramos a la modalidad de compra; los precios de las recientes promociones de vivienda pública hablan por sí solos: el derecho a la vivienda pública en Sevilla se vende por 360.000€ en la Cruz del Campo. No estamos hablando, por lo tanto, de una perversión de la empresa pública, sino del sentido propio de existencia de la misma: la perpetuación de un sistema que nunca planteó desvincular una sola vivienda de las dinámicas del mercado capitalista. 

Por otro lado, y más allá del precio, quien opta a este tipo de alquileres se enfrenta a un tedioso proceso burocrático, que es complejo para todo el mundo, pero lo es especialmente para una gran parte de la población migrante que no es contemplada en ninguno de los requisitos, lo que parece dar a entender, que no es objeto del supuesto derecho a la vivienda, siempre en boca de nuestras queridas instituciones. Estas limitaciones burocráticas, sumadas a las listas interminables de solicitantes por la imposibilidad creciente de poder pagar un alquiler que no para de subir, hace tan difícil el acceso a una vivienda pública como a una no regulada. 

No dudamos en señalar el papel de Emvisesa como uno de los grandes tenedores de Sevilla con responsabilidad directa sobre el encarecimiento y expulsión vecinal que se dan en la ciudad.

A estas alturas, y debido al elevado precio que ya tiene el alquiler, una limitación superior del mismo sería algo así como poner cinta americana a una grieta de dos metros en una viga maestra. Además, al ser cedidas las competencias de declaración de zonas tensionadas a los ayuntamientos, es improbable que la clase trabajadora sevillana esté cerca de disfrutar de ese tipo de medidas.  

Desde la Asamblea de Vivienda de Sevilla no dudamos en señalar, por tanto, el papel de Emvisesa como uno de los grandes tenedores de la ciudad con responsabilidad directa sobre los procesos de encarecimiento y expulsión vecinal que se dan en la ciudad. Con ello, queda implícito nuestro aborrecimiento por todas esas falsas promesas de solución a través de la construcción de vivienda pública, especialmente tras décadas de desmantelamiento de la misma.

Asimismo apelamos al criticismo respecto a nuestras propias reivindicaciones como vecinas, y abogamos por repensar soluciones colectivas al problema de la vivienda que se sustenten en nuestras necesidades reales, sobre las que podamos tener agencia y que ataquen a la raíz del problema, que es el propio sistema capitalista.  

El problema no es que falten viviendas, es que sobran especuladores.