Opinión
¿Solo merecemos migrar si somos útiles?
Profesora Ayudante Doctora e investigadora. Departamento de Investigación y Psicología en Educación. Universidad Complutense de Madrid.
“Que vengan, pero a trabajar”. Pocas frases resumen tan bien una idea que atraviesa buena parte del debate sobre inmigración: las personas migrantes son bienvenidas siempre que resulten útiles. La preocupación por el empleo, la vivienda o los servicios públicos merece respuestas serias. Sin embargo, cuando la aceptación de alguien depende exclusivamente de su contribución económica surge una pregunta incómoda: ¿desde cuándo la productividad determina quién merece formar parte de una sociedad?
Lo paradójico es que esta misma lógica aparece incluso en algunos argumentos favorables a la inmigración. Recordamos que las personas migrantes trabajan, pagan impuestos, contribuyen a financiar las pensiones y sostienen sectores económicos esenciales. Son aportaciones importantes, pero convertirlas en la principal justificación de su presencia implica aceptar que el reconocimiento depende de lo que producen. ¿Y qué sucede con quienes no pueden trabajar, con los niños, las personas mayores o quienes necesitan protección? ¿Deben demostrar también que resultarán rentables?
La investigación sobre el Estado del bienestar lleva décadas estudiando cómo decidimos quién merece recibir apoyo. Wim van Oorschot (2000) contribuyó al desarrollo del concepto de deservingness, que puede traducirse como “percepción de merecimiento”. Este enfoque identifica cinco criterios que condicionan nuestros juicios: la responsabilidad atribuida a una persona sobre su situación, su actitud, la reciprocidad, la identificación con el grupo y el grado de necesidad. Posteriormente, De Coninck y Matthijs (2020) analizaron las preferencias de aceptación de personas migrantes en Bélgica, Francia, Países Bajos y Suecia. Sus resultados mostraron que la actitud, la reciprocidad y la identidad influían en esos juicios y que su importancia variaba entre países y periodos históricos.
La contribución económica ocupa un lugar destacado en ese proceso. Magni (2024), mediante experimentos realizados en Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia, encontró que una trayectoria laboral prolongada reduce las diferencias en el apoyo al acceso a prestaciones sociales entre personas nacionales e inmigrantes, aunque no las elimina. Incluso después de haber trabajado durante años, la condición de inmigrante sigue influyendo en el reconocimiento recibido. La utilidad económica funciona así como una prueba de merecimiento que no consigue borrar completamente la frontera entre quienes son considerados parte de la comunidad y quienes continúan teniendo que demostrarlo.
Esa exigencia también puede trasladarse a las propias instituciones. Hoggan-Kloubert y Hoggan (2022), a partir de entrevistas con profesionales que trabajaban con personas migrantes en Alemania, identificaron una tensión entre orientar su formación hacia las necesidades inmediatas del mercado laboral y acompañarlas en la construcción de sus propios proyectos de vida. Aprender una lengua y conseguir empleo son objetivos fundamentales, pero una persona también necesita autonomía para decidir qué quiere estudiar, dónde desea trabajar y cómo imagina su futuro. Cuando la integración se limita a cubrir vacantes laborales, las aspiraciones individuales quedan subordinadas a las necesidades productivas del país receptor.
La diversidad de situaciones refleja una realidad que difícilmente puede reducirse a la búsqueda de un contrato de trabajo
Pero la movilidad humana no nació para responder a las necesidades del mercado laboral. Las personas migran para reencontrarse con sus familias, estudiar, construir un futuro diferente o escapar de circunstancias que amenazan sus vidas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2026), España recibió en 2025 aproximadamente 460.000 nuevos inmigrantes de larga duración o permanentes, una clasificación que incluye determinados cambios administrativos y movimientos de libre circulación. El 44 % correspondía a migración familiar, el 24 % a libre movilidad, el 8 % a migración laboral y el 5 % a migración humanitaria. La diversidad de situaciones refleja una realidad que difícilmente puede reducirse a la búsqueda de un contrato de trabajo.
En muchos casos, además, desplazarse significa buscar protección. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2026), a finales de 2025 había aproximadamente 117,8 millones de personas desplazadas forzosamente por conflictos, persecuciones, violencia y violaciones de derechos humanos, entre otras causas. Muchas de ellas permanecían dentro de sus propios países. A estas circunstancias se añaden las transformaciones ambientales. El Banco Mundial (2021) estimó que, bajo determinados escenarios climáticos y de desarrollo, hasta 216 millones de personas podrían desplazarse internamente en seis regiones del planeta antes de 2050. Se trata de una proyección cuyo alcance depende de las medidas adoptadas para reducir las emisiones y fortalecer las condiciones de vida en los territorios afectados.
Ante esta realidad, una de las respuestas más habituales consiste en defender que las personas deberían poder vivir dignamente en sus países de origen. Es un objetivo importante. Sin embargo, las dificultades económicas, políticas y ambientales de muchos territorios no pueden comprenderse exclusivamente a partir de sus circunstancias internas. Las oportunidades de desarrollo también están condicionadas por relaciones históricas y económicas que trascienden las fronteras nacionales. Entre ellas, el colonialismo dejó vínculos institucionales, lingüísticos y comerciales que todavía influyen en determinadas rutas migratorias.
Kosack y Sargent (2025), al estudiar los movimientos migratorios africanos hacia Europa entre 1960 y 2000, encontraron que una mayor duración de las relaciones coloniales estaba asociada con una mayor probabilidad de migrar hacia la antigua potencia colonizadora. Por su parte, Adamson y Thiollet (2025) analizaron cómo distintos sistemas coloniales combinaron la extracción económica con formas jerarquizadas de regulación de la movilidad y diferenciación jurídica. La historia colonial continúa formando parte de las relaciones que conectan países de origen y destino, de sus vínculos económicos y de las oportunidades de desplazamiento de sus poblaciones.
Estas desigualdades también se manifiestan en el funcionamiento actual de la economía mundial. Hickel et al. (2022), en una investigación publicada en Global Environmental Change, estimaron que en 2015 el Norte global recibió del Sur una transferencia neta equivalente a 12.000 millones de toneladas de materias primas y 188 millones de años-persona de trabajo incorporados en el comercio internacional. El estudio, basado en modelos de huellas de recursos y trabajo, documenta cómo determinadas cadenas comerciales permiten que los beneficios de la producción y el consumo se distribuyan de manera desigual entre las economías.
Algo semejante ocurre con las consecuencias ambientales del consumo. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2024) documentó que los países de ingresos altos utilizan aproximadamente seis veces más recursos materiales por habitante y generan diez veces más impactos climáticos que los países de ingresos bajos. Parte de los costes ambientales de la producción se concentra en territorios donde se extraen materias primas o se fabrican bienes destinados a mercados internacionales. Así, mientras unas economías se benefician del acceso a recursos y productos, otras soportan una parte importante de las consecuencias de su extracción y transformación.
La responsabilidad internacional adquiere otra dimensión cuando se examina el comercio de armas. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Estados Unidos concentró el 42 % del volumen mundial de exportaciones de armamento pesado entre 2021 y 2025. España también figuró entre los diez principales exportadores, con el 2,3 % del volumen mundial, y destinó el 43 % de sus transferencias registradas a países de Oriente Medio (George et al., 2026). Las exportaciones responden a circunstancias militares diferentes y no todas tienen la misma relación con los conflictos. Pero estas cifras evidencian la participación de las grandes potencias en decisiones internacionales que afectan a la circulación de armamento y a las condiciones de seguridad de distintas regiones.
Resulta difícil debatir las consecuencias de la migración ignorando las relaciones económicas y políticas que también forman parte de sus causas
Por eso, cuando se propone mejorar las condiciones de vida en los países de origen, la discusión también debe incluir las relaciones comerciales, los impactos ambientales y las decisiones geopolíticas de los países más poderosos. Los gobiernos nacionales tienen responsabilidades fundamentales sobre el bienestar de sus poblaciones, pero las oportunidades de desarrollo y seguridad se construyen dentro de un sistema internacional profundamente interdependiente. Resulta difícil debatir las consecuencias de la migración ignorando las relaciones económicas y políticas que también forman parte de sus causas.
Reconocer estas responsabilidades no significa desconocer los desafíos de los países receptores. La vivienda, la sanidad, la educación y los servicios públicos requieren financiación y planificación. Ahora bien, los efectos económicos de la inmigración son más complejos que la imagen de una población que únicamente consume recursos. La OCDE (2021), en un análisis de 25 países durante el periodo 2006-2018, encontró que las personas inmigrantes aportaban más en impuestos y cotizaciones que el gasto público individualizado destinado a su protección social, salud y educación. Cuando se incorporaban todas las partidas presupuestarias, el balance fiscal variaba entre países y se situaba, en la mayoría de los casos, entre el -1 % y el +1 % del PIB. La edad, la participación laboral y las características del sistema fiscal explicaban buena parte de esas diferencias.
También es importante distinguir de quién hablamos cuando utilizamos la palabra “inmigrantes”. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2026), a 1 de octubre de 2026 residían en España 10.433.091 personas nacidas en el extranjero y 7.518.237 con nacionalidad extranjera. Son categorías diferentes: muchas personas nacidas fuera de España han adquirido la nacionalidad española y tener nacionalidad extranjera tampoco equivale a encontrarse en situación administrativa irregular. Sin embargo, estas realidades aparecen frecuentemente mezcladas en el debate político y social, alimentando percepciones que no siempre se corresponden con las estadísticas oficiales.
A la complejidad demográfica y económica se suma la distribución de responsabilidades entre países. Durante años, el Reglamento de Dublín III estableció qué Estado miembro de la Unión Europea debía examinar una solicitud de protección internacional. Entre sus criterios figuraban los vínculos familiares, determinados permisos de residencia o visados y, en ciertas circunstancias, la entrada irregular a través de un Estado miembro. Este sistema podía atribuir responsabilidades especialmente importantes a los países situados en las fronteras exteriores de la Unión, como España, Italia o Grecia.
La reforma europea introducida mediante el Reglamento (UE) 2024/1351, aplicable con carácter general desde el 12 de junio de 2026, incorporó mecanismos de solidaridad obligatoria aunque flexible entre Estados miembros. Estos pueden contribuir mediante reubicaciones, aportaciones financieras y otras medidas de apoyo. La protección internacional sigue sometida a procedimientos jurídicos específicos, pero el nuevo marco reconoce la necesidad de compartir determinadas responsabilidades. Cuando se afirma que un país no puede asumir en solitario la acogida, la cooperación europea constituye una parte fundamental de la respuesta.
En España, el debate sobre la regularización también refleja la distancia que puede existir entre la presencia efectiva de una persona en la sociedad y su reconocimiento administrativo. El 9 de abril de 2024, el Congreso de los Diputados aprobó, con 310 votos a favor y 33 en contra, la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria. Aquella decisión permitió iniciar su tramitación parlamentaria, aunque no supuso la aprobación definitiva de la medida (Congreso de los Diputados, 2024). Posteriormente, el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, estableció vías extraordinarias de autorización de residencia para personas que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y cumplían determinados requisitos laborales, familiares o de vulnerabilidad.
Sin embargo, regularizar la situación administrativa no hace desaparecer todas las barreras. Bruno e Iborra Cuéllar (2026a), en una investigación cualitativa publicada en Human Arenas, analizaron experiencias de personas migrantes y profesionales en España e identificaron obstáculos institucionales, lingüísticos y simbólicos que dificultaban la participación ciudadana. Entre las experiencias recogidas aparecieron contradicciones burocráticas, dificultades de acceso a servicios financieros, ausencia de interpretación profesional en determinados contextos y situaciones de trato institucional discriminatorio. Los testimonios mostraron cómo el reconocimiento formal de derechos puede coexistir con obstáculos cotidianos para ejercerlos.
Estas dificultades también se manifiestan en el ámbito educativo. Bruno e Iborra Cuéllar (2026c) identificaron, mediante entrevistas cualitativas sobre experiencias educativas en España, situaciones de rechazo, invisibilidad, condescendencia docente, insuficiente apoyo institucional y segregación escolar. En otra investigación publicada en Culture and Organization, los mismos autores utilizaron la investigación poética para profundizar en las experiencias emocionales de estudiantes migrantes. Los testimonios reflejaron sentimientos de invisibilidad, prejuicios culturales y experiencias de segregación, junto con formas de resistencia y búsqueda de reconocimiento (Bruno & Iborra Cuéllar, 2026b). La inclusión también depende de las relaciones sociales y de las oportunidades que ofrecen las instituciones.
La convivencia no consiste en exigir que quienes llegan se adapten a una comunidad que permanece inmutable. Las sociedades cambian a través de las personas que las integran
Y es precisamente aquí donde la discusión sobre la utilidad económica adquiere una dimensión todavía más profunda. Una persona puede trabajar, pagar impuestos, aprender la lengua y cumplir todos los requisitos legales y aun así encontrar obstáculos para ser reconocida como integrante de la sociedad. La pertenencia no depende únicamente de lo que cada individuo hace, sino también de las condiciones que encuentra y del reconocimiento que recibe. Las fronteras, por tanto, no son solo líneas que separan territorios. También pueden manifestarse en las instituciones, en las relaciones escolares y en las expectativas sobre quién debe demostrar continuamente que merece estar aquí.
Hoggan-Kloubert y Hoggan (2022) defienden que la integración debe favorecer la autonomía y la participación de las personas migrantes, pero también implicar procesos de aprendizaje y transformación de las sociedades receptoras. La convivencia no consiste en exigir que quienes llegan se adapten a una comunidad que permanece inmutable. Las sociedades cambian a través de las personas que las integran, de sus relaciones y de las oportunidades que construyen colectivamente.
Las políticas migratorias necesitan planificación, recursos y responsabilidades compartidas. Pero hay una contradicción que atraviesa el debate y que rara vez ocupa el lugar que merece: vivimos en un mundo donde las mercancías, los capitales, las materias primas y las armas circulan entre continentes mientras las personas encuentran fronteras cada vez más difíciles de cruzar. Las economías más prósperas participan en relaciones internacionales que influyen en las condiciones de vida de otros territorios, pero cuando alguien abandona esos lugares, demasiadas veces se le exige demostrar qué beneficio aportará al país que lo recibe.
Así, discutimos cuánto cuestan las personas migrantes, cuánto producen y cuántos impuestos pagan mientras dejamos en segundo plano las circunstancias que condicionan sus desplazamientos y las responsabilidades que compartimos. Y cuando finalmente llegan, ni siquiera trabajar, aprender la lengua o cumplir los requisitos administrativos garantiza que sean reconocidas como parte de la sociedad. La frontera puede desaparecer del pasaporte y seguir presente en las instituciones, en las relaciones cotidianas y en la mirada de quienes deciden quién pertenece y quién debe continuar demostrando que merece estar aquí.
¿Solo merecemos migrar cuando somos útiles? Tal vez esta pregunta revele mucho más sobre nuestras sociedades que sobre las personas que migran. Porque cuando la dignidad se supedita a la productividad y la pertenencia se convierte en una recompensa que hay que ganarse, dejamos de preguntarnos cómo convivir para empezar a decidir quién merece ser reconocido.Y una sociedad que solo acepta a las personas cuando las necesita no está construyendo integración: está poniendo precio a la dignidad humana.
Ceuta
Ceuta como crisis de salud mental: “Romper a la gente física y mentalmente es una estrategia para que se vaya”
Migración
El futuro no cuenta con las personas africanas o, ¿por qué migran?
Migración
Europa sella su pacto migratorio más punitivo
Ceuta
El racismo asalta Ceuta: agresiones a menores, gas pimienta y ataques contra vecinos
Los artículos de opinión no reflejan necesariamente la visión del medio.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!