Opinión
La universidad pública vasca en la cuerda floja: ¿defensa real o competencias como excusa?

La reciente ofensiva del Gobierno Vasco y del Rectorado contra el decreto estatal que busca poner coto a la creación indiscriminada de universidades privadas es más que una disputa territorial.
UPV/EHU 1
Biblioteca de la Euskal Herriko Unibertsitatea en el Campus de Leioa.

Secretario de Organización de CCOO en la EHU

29 may 2025 05:01

Este pasado 27 de mayo se han cumplido cuatro meses desde que Joxerramon Bengoetxea, nuevo Rector de la UPV/EHU, tomó posesión de su cargo. Tras una campaña electoral excepcionalmente mediática, no exenta de cierta dosis de fango, oportunismo y polémicas, podemos comenzar a vislumbrar, a través de los hechos, la dirección tomada por el nuevo rectorado.

Este artículo se inspira en un extenso comunicado enviado a la comunidad universitaria el pasado 22 de mayo en el que se reflexionaba sobre el actual rumbo de la UPV/EHU. Consideramos ahora necesario, por su interés social, hacer extensiva esta reflexión al conjunto de la sociedad vasca.

La reciente ofensiva del Gobierno Vasco y del Rectorado de la UPV/EHU contra el decreto estatal que busca poner coto a la creación indiscriminada de universidades privadas, esgrimiendo una supuesta “invasión de competencias”, es mucho más que una disputa territorial.

Desde CCOO en la UPV/EHU, vemos con profunda preocupación cómo esta postura amenaza con debilitar aún más a nuestra ya tensionada universidad pública, abriendo la puerta a un modelo donde la calidad y el servicio público podrían quedar supeditados a intereses menos confesables. No es una inquietud nueva, sino la constatación de una deriva que, como ya apuntábamos en un análisis anterior, necesita ser analizada y confrontada.

Euskadi ya cuenta con un 30,9% del alumnado de grado en universidades privadas y es alarmante que, siendo privadas 3 de sus 4 universidades, lidere este ranking

El panorama estatal, según el informe “La financiación de la Educación Universitaria en España” elaborado por la propia Confederación Sindical de CCOO, es desolador: mientras desde 1998 no se ha creado ni una sola universidad pública, han brotado 27 privadas, que ya acaparan el 45% del alumnado total. La pública ha perdido casi un 20% de su alumnado, mientras la privada se dispara un 368%.

Euskadi, por su parte, ya cuenta con un 30,9% del alumnado de grado en universidades privadas y un alarmante 75% de sus universidades siendo privadas (3 de 4), lidera este ranking. Este no es un fenómeno casual, sino el resultado de una infrafinanciación crónica de lo público que allana el camino a la desigualdad.

Resulta cuanto menos paradójico que, ante este escenario, la principal reacción del Rector Bengoetxea y del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, que recordamos fue rector de la UPV/EHU del 2004 al 2009, sea oponerse a una regulación estatál estricta.

En una reunión bilateral con CCOO el pasado marzo, el Rectorado compartía nuestra preocupación por la proliferación de universidades privadas con ánimo de lucro y reconocía la insuficiente financiación de la UPV/EHU

¿Cómo se casa esta visión con el rechazo frontal a una herramienta que podría proteger a todas las públicas? La Conferencia de Rectores (CRUE) –de la que forma parte nuestro Rector– sí ve con buenos ojos la búsqueda de mayor rigor. ¿Por qué en Euskadi la “invasión de competencias” pesa más que la defensa coordinada de la calidad?

La “alternativa” vasca, un sistema de “certificados” o “estrellitas” anunciado por Pérez Iglesias, y que presumiblemente sería gestionado por Unibasq (la agencia de evaluación vasca que niega aún hoy a personal de la UPV/EHU derechos reconocidos por el Tribunal Supremo que, sin embargo, sí reconoce la estatal, ANECA, desde 2021), no hace sino aumentar nuestra inquietud. Un modelo de “calidad a la carta” es, en la práctica, una vía para la laxitud. En lugar de mínimos rigurosos, tendríamos categorías que podrían legitimar la mediocridad. Curiosamente, esta es una iniciativa que el propio Rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha recibido con “buenos ojos”.

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Resulta también pertinente recordar hoy el polémico nacimiento de EUNEIZ, donde el “paraguas vasco” sirvió para sortear exigencias estatales, no para proteger a la pública. ¿No sería más útil que nuestro Rector dedicara sus esfuerzos a asegurar la financiación que la UPV/EHU necesita en lugar de avalar estas propuestas?

Se apela con frecuencia al Sistema Universitario Vasco (SUV), donde nuestra única pública convive con tres privadas. Pero la UPV/EHU, que atiende a más del doble de alumnado que las tres privadas juntas, no puede ser diluida. Cuando el Rector promociona el SUV en foros internacionales, ¿está defendiendo a la UPV/EHU o al “ecosistema” en su conjunto, donde las privadas pueden florecer con menos cortapisas?

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) es clara: el 1% del PIB es para la universidad pública. Cualquier intento de repartirlo es inaceptable. Además de esta financiación básica, CCOO es, de momento, la única voz en recordar que la LOSU también prevé financiación adicional por singularidades como es la lingüística, una vía que la UPV/EHU debe exigir y sobre la cual Bengoetxea no ha hecho mención alguna en su programa electoral, ni tampoco en sus declaraciones tras su encuentro con el Lehendakari Pradales.

Mientras se debate sobre modelos y competencias, el corazón de nuestra universidad pública, el Personal Docente e Investigador cobra retribuciones base inferiores a las del profesorado de etapas educativas anteriores

Y mientras se debate sobre modelos y competencias, el corazón de nuestra universidad pública, su personal sigue esperando. El Personal Docente e Investigador (PDI) cobra retribuciones base inferiores a las del profesorado de etapas educativas anteriores, una injusticia que CCOO ha denunciado con una propuesta salarial concreta.

El Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios (PTGAS) sufre también comparativamente salarios más bajos que en otras administraciones vascas y sigue a la espera de la carrera horizontal y un teletrabajo adaptado a la legalidad vigente, mientras que la UPV/EHU acumula denuncias por incumplimientos en prevención de riesgos o discriminación por enfermedad.

La retórica de “atraer y retener talento PDI” suena hueca cuando se ignoran los obstáculos a la promoción o cuando el propio Consejero de Universidades desatiende la petición de CCOO Euskadi de reunirse para buscar soluciones al personal investigador María Zambrano, por ejemplo, y dialogar sobre el modelo de universidad pública que queremos.

Esta desatención del personal propio contrasta con la visita a la Sorbona en París del Rector Bengoetxea, donde en vez de cumplir con el rol de Rector de la UPV/EHU, más bien hizo de embajador del SUV en su conjunto para atraer al personal investigador de los EEUU que huye de las leyes de Trump.

Desde CCOO hacemos un llamamiento al Rectorado y al Gobierno Vasco para que defiendan la universidad pública, su financiación justa y la dignificación de quienes la hacen posible

A esto se suma la alarmante reducción del PDI funcionario, donde la UPV/EHU incumple la LOSU y se sitúa como la segunda universidad pública con menor porcentaje de PDI funcionario del Estado, con una proyección del 28% para finales de 2025, lo cual pone en evidencia una senda hacia la laboralización que podría estar poniendo en riesgo la estabilidad y la independencia académica.

Aquí entra en juego, de nuevo, Unibasq, que establece unos requisitos para la acreditación del PDI por la vía laboral sustancialmente más relajados y atractivos que los exigidos por ANECA para la vía funcionarial.

Desde CCOO en la UPV/EHU, reiteramos nuestra disposición al diálogo, pero exigimos coherencia. Hacemos un llamamiento al Rectorado y al Gobierno Vasco para que sus acciones se alineen con una defensa inequívoca de la universidad pública, su financiación justa y la dignificación de quienes la hacen posible.

La UPV/EHU merece un rumbo público claro, no una estrategia que, bajo la excusa competencial, pueda acabar beneficiando intereses privados y debilitando nuestro mayor activo educativo. Seguiremos defendiéndolo.

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