País Vasco
El fraude de los comedores escolares alcanzaría los 80 millones

Siete empresas dedicadas al catering escolar obtuvieron entre 70 y 80 millones de euros en sus beneficios a través de un sobrecoste pactado del precio final, según el cálculo realizado por Elkarrekin Podemos con los datos facilitados por la Agencia Vasca de la Competencia y el Departamento de Educación del Gobierno vasco.

El pasado año, el Tribunal de Superior de Justicia del País Vasco condenó a estas empresas al pago de una multa de 7,3 millones de euros por pactar el precio de los menús escolares entre 2003 y 2015. Pero la sentencia no estableció el sobrecoste, ni tampoco lo realizó a posteriori y de motu proprio el Gobierno vasco. La falta de actuación de Educación no solo se prolongó durante más de una década de precios pactados, tal y como recoge la sentencia, sino que continúa hasta ahora, según ha denunciado Elkarrekin Podemos en un demoledor informe presentado hoy en rueda de prensa y en la comisión parlamentaria de investigación de los comedores escolares.

En la comisión, que previsiblemente se iba a cerrar hoy, EH Bildu ha propuesto posponer las votaciones, con el apoyo de Elkarrekin y un inesperado giro del PP, para evitar un cierre sin apenas incidencia política. PNV y PSE habían propuesto unas conclusiones light, a juicio de Elkarrekin Podemos, que hubieran salido adelante con el apoyo o abstención del PP. El cambio a última hora del PP deja la puerta abierta a unas conclusiones contundentes.

El sobrecoste de los menús escolares lo pagaron en su mayoría las familias: entre 42 y 48 millones. Mientras que de las arcas públicas del Gobierno vasco, Podemos establece que salieron entre 28 y 34 millones. Ello supone que las empresas encarecieron el servicio de comedor escolar —menú y servicio de monitores— entre un 8,4 y 10,6% sobre el precio total.

Elkarrekin Podemos considera que el departamento “no ha dado respuesta a la resolución del Parlamento de marzo de 2016”, en la que se solicitaba al Gobierno que estudiara si se había producido daño patrimonial en las arcas públicas. Por el contrario, Educación “permitió o propició la desaparición de las cocinas, a pesar de que el servicio de catering en caliente incrementa sustancialmente el coste unitario del menú entre un 30 y 40% del precio, no proporciona una mayor seguridad alimentaria y dificulta la entrada de nuevas empresas al proceso de licitación”.

El grupo ha propuesto un modelo de comedores escolares en el que prime el servicio público, a través de comedores que se autogestionen, y servicios consensuados, supervisados y transparentes, de los cuales el Departamento de Educación debería asumir el coste del personal (lo que supone el 55% del precio del comedor) y las familias paguen solo la comida. Asimismo, también propone que se incrementen las becas.

Asociaciones de madres y padres de todo el País Vasco llevan años reivindicando la necesidad de volver a la cocina propia en la escuela, o al menos que haya un catering libremente elegido por cada centro escolar.