Caso Zapatero: la izquierda contiene la respiración y PP-Vox tironean por una moción de censura

La imputación del expresidente deja en shock a los socialistas y en estado de alerta por el huracán que podría desatar si se encuentran evidencias sólidas. El factor geopolítico exterior y la reacción de los aliados. Feijóo y Abascal chocan en la táctica pero no en el fondo.
Premios El Pais 2011 - 4 Zapatero
José Luis Rodriguez Zapatero y Juan Luis Cebrián en los premios Ortega y Gasset en 2011. David F. Sabadell

Cautela y miedo. Entre los dirigentes socialistas por estas horas los atraviesa una sensación de película repetida pero recargada con el impacto emocional propio de una figura que pude ser tachada de alma mater del PSOE del último cuarto de siglo. José Luis Rodríguez Zapatero está acusado de delitos cometidos fuera de cualquier cargo público pero presuntamente aprovechándose de ellos y de su rol. Las acusaciones y las pruebas son menos duras que las que existen contra Abalos y Santos Cerdán. Pero ellos no gravitan en la misma órbita que ZP.

Tras el batacazo de Andalucía con el peor resultado de la historia autonómica, el PSOE no acababa de recuperarse cuando 48 horas después llegó la imputación. El miércoles, último día de sesión de la semana del Congreso, los rostros de ministros y diputados daban cuenta de la gravedad de los hechos. Era imposible que el tema no protagonizara las preguntas y los corrillos, con el PP, Vox y los medios de derecha en éxtasis.

Para ser algo cercano a un faro moral y un tótem por la mayoría de la militancia socialista, la defensa que se ha hecho de Zapatero no ha sido tan enfática. El propio presidente del Gobierno ha dejado la palabra “apoyo” como tercer ítem y varios dirigentes de la formación que conversaron con El Salto han llamado a la cautela y, sugestivo, ninguno puso las manos en el fuego por el exdiputado leonés.

Las dudas sobre el accionar de Zapatero son generalizadas y algunas personas de peso empiezas a permitirse expresar su disonancia con la labor de facilitador y lobista del expresidente

Una de las personas de más confianza de Sánchez y de histórica militancia socialista admitía en voz baja que el juez Calama Teixeira “no es Peinado”, en alusión al magistrado que con mucha polémica tiene a cargo la investigación de Begoña Gómez. También recalcaba que el auto tenía rigor judicial pero que “no hay pruebas directas” sino “conversaciones de terceros”.

La equiparación con el famoso auto contra Cerdán, exnúmero 3 del PSOE, que se dio a conocer hace once meses y era fulminante contra él, es imposible, señalaba el mismo alto cargo, porque la investigación sobre Zapatero es embrionaria. “No defiendo a nadie, el que meta la mano en la lata, que lo pague caro”, concluyó la conversación ante una decena de personas.

Otra diputada que forma parte de la Ejecutiva pidió “tiempo” y llamó a “esperar”, porque los tiempos de los medios de comunicación, desesperados por titulares, “no tienen nada de que ver con los de la Justicia”. “Zapatero siempre ha dado explicaciones”, añadía. Sin emoción, sin vehemencia, mucha prudencia.

Uno de los secretarios orgánicos socialistas ponía el énfasis en la embestida político-mediático-judicial de los últimos años, recalcando que cada segundo trimestre del año el volcán de las derechas estalla. “Hasta hace poco decían que era el brazo y luego la cabeza (en alusión a lo que representaban Cerdán y Abalos) y ahora hablan de corazón. Les falta el tiro en la nuca”, decía con sarcasmo. De Zapatero, poca defensa.


Respetando siempre el derecho inalienable a la defensa y presunción de inocencia, llama mucho la atención que los dirigentes socialistas delante de micrófono y fuera de él no defiendan emocionalmente a Zapatero ni expresen más certeza por su inocencia. No sería raro ya que personas de mucho peso como la exvicepresidenta María Jesús Montero dijo hace un año y medio que ponía “las manos en el fuego” por su jefe de gabinete y por Cerdán.

Pero esta vez no hay contundencia, sino distancia. Las dudas sobre el accionar de Zapatero son generalizadas y algunas personas de peso empiezas a permitirse expresar su disonancia con la labor de facilitador y lobista del expresidente y por haber involucrado a una empresa de sus hijas. “Para una persona de izquierda parece raro”, se escuchaba este miércoles.

A pesar de algunos titulares, es imposible creer que ninguno de los socios vaya a empujar por la ventana al Gobierno de Sánchez por este caso, salvo que haya pruebas que conecten a ministros en funciones o financiación ilegal. Lo ha dicho EH Bildu y ERC. Podemos, socio más renuente, tampoco está por la labor, Uno de sus referentes recordaba además que todos los hechos investigados sucedieron cuando Ione Belarra e Irene Montero estaban en el Consejo de Ministros: “Mejor ser prudentes”.

El PNV está jugando a ser un poco más difícil, su portavoz dijo que se trataban de acusaciones “graves y preocupantes” y dejan trascender que esperan a la declaración de Zapatero del 2 de junio. Pero es inverosímil pensar que apoyarían una moción de censura con PP y Vox por el simple hecho que con el PSOE cogobiernan Euskadi, Navarra (con su filial Geroa Bai), decenas de municipios y las poderosas tres diputaciones vascas.

“¿Cómo no va a querer Trump colaborar para cargarse a Zapatero y a Sánchez?”, explica un dirigente de indudable militancia de izquierdas

La duda siempre ronda a Junts, en pésima relación con el Gobierno hace ya meses. Cada pleno es una cascada de críticas, intercaladas a veces con palabras de profundo menosprecio. Pero Carles Puigdemont todavía no ha podido regresar al Estado español y según publicaba días pasados el periodista Ernesto Ekaizer citando fuentes de Estrasburgo, el retraso en la sentencia del TJUE hará que el TC decida la situación del president cesado después del verano. Es muy difícil creer que Junts apoye una moción de censura sin esto resuelto.

Ferraz aspira a seguir en funciones, a pesar de la bajísima actividad legislativas y sin presentar presupuestos generales. Hay un nuevo incentivo a perdurar a pesar de la tormenta: Feijóo le regala gobiernos de coalición con la extrema derecha en tres comunidades autónomas y un cuarto posible en Andalucía. Hay un año para que empiecen a poderse retratar las políticas reaccionarias que, esperan, movilice al progresismo en las urnas. Un 23-J recargado.


Sin embargo, hay un consenso generalizado entre todos los partidos progresistas en que si mientras avanza lo de Zapatero se encuentran pruebas fehacientes, el huracán adverso que vendrá hará quedar lo del caso Errejón como un paseo en el parque. La desmoralización y desmovilización que podría provocar seria electoralmente catastrófico. “Vendrían ocho años de gobierno de derechas, mínimo”, reflexionaba un dirigente de partido aliado al Gobierno.

También, a diferencia de otros casos, crece la creencia de que existen intereses de entidades muy poderosas que quieren un jaque mate contra Sánchez. Tres fuentes diferentes, y de distinta extracción política, comentaron en las últimas horas a El Salto esta hipótesis a partir de comentarios informales. Básicamente, piden mirar a la geopolítica y al framework de Washington-Caracas-Beijing.

Tras la toma del poder de facto de la Casa Blanca en Venezuela, toda la información que provenga del empresariado chavista, se comenta, puede ser utilizada en favor de los intereses norteamericanos. No hace falta recalcar que entre esos intereses está llevar al gobierno de España a una política exterior más cercana a la de Alemania y otros países: atlantismo casi acrítico y subordinación en la disputa con China.

“El hombre del gobierno chino en España era Zapatero, y es uno de los ideólogos del acercamiento de Sánchez con Beijing. Y ha sido el gran facilitador con cubanos y venezolanos. ¿Cómo no va a querer Trump colaborar para cargarse a Zapatero y a Sánchez?”, explica un dirigente de indudable militancia de izquierdas, actual diputado y conocedor del mundo político latinoamericano.

El primer político que ha dicho públicamente algo relacionado con esta hipótesis es el líder del PCE, Enrique Santiago, quien este jueves ha afirmado estar seguro que Washington ha dado información a la Justicia española sobre Zapatero por su interés de provocar una crisis en el Gobierno y así “dar un escarmiento”.

Moción, sí o no

“No vamos a pedir la pelota nosotros ahora, conviene esperar, que van a pasar más cosas”, comenta a El Salto un importante dirigente de Génova, preguntado por los reclamos de Vox por la presentación de una moción de censura.

Desde el entorno de Feijóo responden algo similar: “No vamos a llevar el foco a la derecha ni vamos a hablar más de esto. Que Vox hable si quiere, ellos siempre quieren ser los que más”. Desde el mismo miércoles por la mañana, en el atril, varios diputados de Vox hacían referencia al pedido de una moción contra Sánchez.

Génova sabe que algo así podría funcionar como balón de oxígeno para el líder del PSOE si no se gana, y además, llevaría a las urnas a los ciudadanos con un resultado en el que el PP no ganaría muchos diputados pero Vox posiblemente los duplicaría. Los ‘populares’ prefieren esperar a que se siga profundizando la ralentización del crecimiento de Vox, ya demostrada en Castilla y León y en Andalucía. Solo ellos y el PSOE cuentan con los votos por sí solos para presentar la moción, que requiere la firma de 35 diputados.

Además, Junts no podría votar a favor con Puigdemont fuera de Catalunya y seguramente se ausentaría del hemiciclo, como ya lo ha hecho en otras oportunidades.

También son buenos días para recordar que a pesar de las críticas, ni PP ni Vox han mostrado entusiasmo por aprobar el proyecto 121/000046 registrado en el Congreso bajo el titulo de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. Es decir, la regulación del lobby.

La Comisión Europea ya ha advertido hace tiempo que a su miembro español le hace falta aprobar una iniciativa que regule esto. En 2021 se presentó un proyecto, que luego perdió trámite parlamentario, y el año pasado volvió el Gobierno a intentarlo (además está entre las medidas prometidas a Bruselas a cambio de los fondos Next Generation).


Si bien el actual proyecto no habría castigado las operaciones de lobby de Zapatero (salvo que se le añadan enmiendas para ello), sí otorgaría más claridad en el difuso limbo que hay en la limitación de las relaciones entre dirigentes políticos, funcionarios de alto rango del Estado, y grupos de interés.

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