PNV
Iñigo Urkullu adjudicó medio millón a una empresa cuyo representante fue condenado por prevaricación y fraude

Apenas lo sentimos, pero el verano pasado ocurrieron grandes seísmos en el liderazgo del PNV que enfrentaron a su presidente, Andoni Ortuzar, con el hombre a las amarras del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu. Comenzaron a finales de junio de 2023, cuando Ortuzar concedió una entrevista al periodista Xabier Lapitz publicada en la revista Hermes, de la Fundación Sabino Arana. En relación a los malos resultados electorales, afirmaba que si de él dependiera, dejaría la presidencia del Euzkadi Buru Batzar (EBB) “para mover banquillo”. Apenas unos días después, en una filtración publicada por El Independiente, Ortuzar iba más lejos y abogaba por un “cambio generacional” al frente del partido. Meses más tarde, en diciembre, tras filtrarse en El Correo la intención del PNV de no proponer como candidato a lehendakari a Iñigo Urkullu, el propio Ortuzar declaró que “la pulsión del cambio generacional” se decidió en verano y que Urkullu había estado “al tanto de todo”. 

El movimiento de Ortuzar a la interna del partido contrastaba con los llevados a cabo por Iñigo Urkullu para remarcar su carácter de líder institucional, así como su peso al frente del Ejecutivo, con los cuales esperaba preservar la confianza del PNV para continuar en Lehendakaritza cuatro años más. Durante aquella época, Urkullu estaba preparando un viaje a Japón, país considerado “prioritario” en la estrategia de internacionalización, en palabras del contrato, “para reforzar relaciones institucionales, culturales y comerciales”.

El contratista de la administración pública vasca “es un operador económico cuyo representante legal ha sido condenado” el día 3 de abril de 2019 “mediante sentencia firme por el delito de prevaricación administrativa en concurso con el delito de fraude”.

El viaje se enmarcaba en la semana de Euskadi Basque Country 2023 celebrada en Tokio a mediados de octubre de 2023. Para dicho fin, Lehendakaritza había licitado en enero de este año la contratación de una “secretaría técnica para la asistencia en la organización y ejecución de la producción” del citado evento. El contrato fue finalmente adjudicado a una empresa vinculada a un caso de corrupción, Intermedio Montajes. Se trataba, además, del mayor contrato de servicios adjudicado por Presidencia del Gobierno Vasco en los últimos meses, con un gasto de 430.760 euros.

Meses antes, la administración pública vasca había recibido de manos de una competidora documentación sobre una sentencia relacionada con un caso de corrupción en Alicante que mencionaba a la empresa que recibió el contrato donde se condenaba al responsable legal de Intermedio Montajes por prevaricación y fraude. En concreto, se señalaba que este contratista de la administración pública vasca “es un operador económico cuyo representante legal ha sido condenado” el día 3 de abril de 2019 “mediante sentencia firme por el delito de prevaricación administrativa en concurso con el delito de fraude”.

Si bien la sentencia del juzgado de Orihuela no decretaba la prohibición de contratar a esta empresa, el artículo 436 del código penal establece un periodo de entre 2 y 7 años de prohibición cuando se incurre en un delito como el que había cometido el representante legal de Intermedio Montajes. Pese a todo, preguntado por EH Bildu, el Gobierno Vasco respondió que “no entra a valorar”, “sino que se limita a cumplir estrictamente” con la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC). Como respuesta a la queja de la firma que competía con Intermedio Montajes, la OARC afirmó que la prohibición de contratar se extinguió el 1 de abril de 2022. Intermedio Montajes había presentado su oferta a la licitación de Lehendakaritza en noviembre de 2022.

El fallido plano de los Juegos Olímpicos

La agenda institucional del Lehendakari Iñigo Urkullu en la que se enmarca esta contratación se encuentra también conectada con una red de firmas amigas ligadas al partido que gestionan este tipo de viajes. Concretamente, este se vincula a un fallido plan para impulsar la presencia del Gobierno Vasco en los Juegos Olímpicos celebrados en Tokio en 2020. El plan, tumbado por la pandemia, había sido encargado a través de un contrato menor de 7.000 euros a Simple Comunication, empresa administrada por un exjefe de campaña del PNV y antiguo edil basauritarra, Urtzi Arriaga.

Meses antes, Lehendakaritza le había adjudicado otros 17.800 euros para el “estudio de posibilidades de elaboración de una serie de acciones promocionales de Euskadi Basque Country en Japón”. La idea era ir dándose a conocer en dicho país. Para ello, otra empresa de Urtzi Arriaga, Basquetronomy, recibió 4.961 euros por gestionar la inserción publicitaria en una publicación japonesa. Este contrato se adjudicó a dedo por el Departamento de Gobernanza de la Diputación Foral de Bizkaia, también durante el año 2020.

Después vino el lote grande, la “planificación y compra de espacios publicitarios para la difusión de la campaña Euskadi Basque Country en Japón”, contratada por Lehendakaritza por 300.000 euros repartidos en dos contratos. En este caso, la adjudicataria de ambos contratos resultó ser Mediasal, fundada por cargos del consejo editorial del diario jeltzale Deia.

Así, el coste de los contratos de Lehendakaritza para el viaje a Japón ascendió a un millón de euros, un gasto repartido en externalizaciones adjudicadas a empresarios afines y a una empresa vinculada a la corrupción. Ahora bien, a esta cuantía debería añadírsele, además, algunas otras partidas que no se han hecho públicas más que a partir de petición de información parlamentaria. De un lado, el coste máximo anual de mantenimiento de la oficina de Japón se estima en 156.390 euros y el del personal de Japón llega a a los 255.000 euros. Con estas cuantías, que no tienen en cuenta las diversas actividades celebradas durante todo el año en Pekin, la totalidad estaría más cerca del millón de euros.

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