Pobreza
Policía y pobreza en Euskal Herria: la fractura social se cose a golpes

Los datos están ahí, para quien quiera verlos. De hecho, no es que estén ahí, escondidos, encriptados o inalcanzables, sino que conforman un océano de información a la vista de cualquiera, con formato de estudios, estadísticas, informes, anuarios, reportajes o tesis doctorales. El contrato social estalló en 2008, aunque la fractura haya que situarla en la larga onda (jalonada por sucesivas crisis de acumulación capitalista) que se inicia a mediados de los años setenta.

La miseria ya está aquí

En la Comunidad Autónoma Vasca, a pesar de las elevadas tasas de integración social (56,5%) la desigualdad ha crecido de forma muy relevante. Según el informe anual de Caritas sobre «Exclusión y desarrollo social» relativo a Euskadi, las situaciones de exclusión severa alcanzan ya a 199.000 personas: una de cada diez. Dentro de este grupo preocupa especialmente la situación de la población categorizada como «sociedad expulsada», que corresponde a la exclusión social severa más extrema y que ha pasado de afectar a 20.000 personas en 2018 a más de 100.000 en 2021. Para ellas, la punta de lanza de las clases peligrosas, no hay futuro. El Estado tiene claro, además, que la modalidad del garrote será implacable y aleccionadora.

Según el informe anual de Caritas sobre «Exclusión y desarrollo social» relativo a Euskadi, las situaciones de exclusión severa alcanzan ya a 199.000 personas: una de cada diez.

Un peldaño por encima, y siempre según este estudio, las personas en situación de «simple» exclusión social representan el 16,3% de la población, aproximadamente 1 de cada 6 habitantes. Son 360.000 individuos con problemas de empleo y de ingresos, es decir, con su capacidad de consumo muy mermada y con dificultades para ejercer sus derechos de ciudadanía. Se trata, por tanto, de sectores con restricciones estructurales a la hora de acceder a la legalidad, a la educación, a la salud o a la vivienda.

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La política neoliberal de las élites vascas no trata únicamente de gobernar a los integrados, sino que debe, al mismo tiempo, apuntalar un régimen que organice las fronteras en los márgenes.

La suma de los segmentos no es marginal. Es una cuarta parte de la población para la cual, en líneas generales, el ascensor social se ha cancelado. En todos los escalones de la exclusión, desde los pisos tutelados de menores a las cárceles, pasando por los albergues asistenciales, los comedores sociales o los entornos urbanos degradados, los índices de patologías mentales son muy superiores a la media.

Bizkaia lidera la exclusión

En el territorio foral que vivió la pujanza económica, desde que Bilbao se estableciera como villa comercial hasta el desarrollo minero e industrial del área metropolitana, es hoy donde más se concentran los olvidados del país, con un número de personas sin hogar que se ha disparado en la última década. Ahora hay 1.947 ciudadanos que pernoctan en albergues, en pisos de entidades sociales o, directamente, en la calle. Son 808 más que en 2012, según lo publicado por el Instituto Vasco de Estadística. El perfil mayoritario también ha cambiado: ahora son mayoritariamente hombres extranjeros de entre 18 y 44 años, solteros, con estudios secundarios y en paro. De hecho, destaca el Eustat, mientras hace diez años la pérdida del empleo era la principal razón para acabar en la exclusión social (la del 25%), en 2022 lo es pertenecer a la emigración (siendo el 47,3% del total).

Navarra se acerca

Según el último informe Foessa en Navarra (de 2018), el número de personas en exclusión social en la Comunidad Foral era de 103.000, el 16% de la población. Desde el 2013 a 2018, la exclusión social se redujo en un 9,6%, mientras que en el conjunto del Estado la caída fue del 27,8%: la bonanza de la recuperación impactó con menor intensidad en el territorio puesto que las cifras de exclusión eran previamente más moderadas. En cuanto a la exclusión social severa, había 38.000 personas en esa situación en Navarra en 2018.

Crisis alimentaria

Durante 2021, los bancos de alimentos de la Comunidad Autónoma Vasca repartieron comida a un máximo de 31.000 personas, un 24 % más que el año anterior pero, ahora mismo, afrontan una renovación crucial para seguir operando. A finales de 2021, y tal y como se recoge en las últimas memorias de los tres organismos, casi 70.000 personas dependían de ayudas de emergencia social. Una cifra que, con total probabilidad habrá aumentado a lo largo de 2022: ya hay datos de que la inflación está reduciendo el número de donaciones y el alza de los precios está acabando con los remanentes. Tampoco ayuda el encarecimiento de la cesta de la compra en más de un 20% en los últimos seis meses, como reconocía recientemente a Hordago el presidente del Banco de Alimentos de Bizkaia, Luis Crovetto.

A finales de 2021, y tal y como se recoge en las últimas memorias de la CAV, casi 70.000 personas dependían de ayudas de emergencia social.

El problema es especialmente grave en Álava, donde el Banco de Alimentos de atiende a 1.450 familias, que alcanzan el total de 5.000 personas atendidas. Los problemas económicos y la falta de donaciones está llevando al límite la red de apoyo en este último trimestre de 2022. Sus responsables han denunciado la subida de precios en la cesta de compra y, llegados a esta situación, su vicepresidente, Daniel Muñoz, hizo un llamamiento a las instituciones «para que aumenten su aportación, porque vamos a garantizar el menú que se ha llevado a lo largo del año para el último trimestre, pero nos va a llevar a que el superávit se quede a prácticamente a cero, lo cual va a generar un serio problema de cara a 2023. Para el mes de agosto ya se agotaron todos los bonos y hasta diciembre estamos funcionando con dinero en efectivo». Más adelante, y durante la misma comparecencia, recalcó que «en ningún caso se va a tocar los menús de los 200 usuarios menores, entre bebés, lactantes y niños, que son prioritarios para nosotros». A fecha de hoy, es decir, a finales de 2022, los menores son, de momento, las únicas personas de la exclusión social con acceso garantizado a una comida digna. El resto de personas particularmente vulnerables y pertenecientes al último vagón de las clases subalternas (mayores, personas con enfermedades mentales, familias monomarentales, inmigrantes) ya no lo tienen. Hoy es el futuro.

El problema es especialmente grave en Álava, donde el Banco de Alimentos de atiende a 1.450 familias, que alcanzan el total de 5.000 personas atendidas.

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