Política
El Congreso tumba los dos decretos de vivienda y deja la legislatura al borde del fin

No hubo sorpresas y sí pretextos por parte de Junts. Los dos decretos de vivienda provocados por el caso Maricarmen han decaído hoy en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. Con un discurso desangelado, alejado de la arrogancia que ha demostrado en otras ocasiones, la portavoz de los exconvergentes, Míriam Nogueras, ha desarrollado los vagos argumentos con que su partido ha envuelto el ‘no’ al primer decreto sobre vivienda. 

Cuando no es fácil nadar a contracorriente de lo que dice el conjunto de la opinión pública, una solución al alcance de la mano es utilizar el abstruso lenguaje de la seguridad jurídica y la equidistancia entre los extremos. Es lo que ha hecho Nogueras, que ha querido mostrar un perfil a varios años luz de su propio estilo: “Cuando la política queda atrapada por el titular, populismo y los extremos, la política deja de ser útil”, ha defendido. Ni un tímido aplauso de los suyos, que sabían que lo de hoy no iba de defender una posición política, sino de poner un clavo en el ataúd de la legislatura. 

El posible adelanto electoral no obedece tanto al shock por la caída de los textos sino a la apertura de un momento propicio para Sánchez

Tras más de cuatro horas de debate, el batacazo del Gobierno provocado por Junts ha sido recogido por el propio presidente, Pedro Sánchez, en una intervención desde la tribuna con aroma a precampaña. Especialmente, por la mención a 2011, “esta vez la culpa no la tendrá la troika”, ha dicho, en un guiño a la caída de José Luis Rodríguez Zapatero. Si la culpa no la tiene la troika, ha colegido él mismo, recaerá en quienes han votado que ‘no’ a unos decretos de mínimos que no son los que pedía la multitud movilizada por la vivienda, pero que han trasladado al Congreso los ecos de un cambio de ciclo político. 

En las afueras del Congreso, varios cientos de personas trataban de empujar un resultado distinto del que ya estaba cantado

“No es el día” de hablar de elecciones anticipadas, ha declarado el equipo del presidente, que horas antes había filtrado que la posibilidad de volver a las urnas este año (legalmente no es posible que sean convocadas antes del 29 de noviembre) es real después del intento fallido de aprobación de los decretos. En cualquier caso, el posible adelanto electoral no obedece tanto al shock por la caída de los textos sino a la apertura de un momento propicio para Sánchez. 

Porque de lo que trataba el debate de hoy, pese al envoltorio y la pompa habitual de los procedimientos y los discursos, era de clases. Por mucho que los discursos de la derecha hayan hablado el lenguaje tecnoburocrático de inseguridad jurídica o del miedo de los pequeños propietarios, la cuestión es sencilla: ricos contra pobres, propietarios contra inquilinos, las personas que curran sin saber qué será de ellos a un año vista —esto es, el proletariado— contra el capital. Y el lenguaje de las proletarias y las inquilinas no lo han hablado hoy los grupos del Congreso, sino las decenas de miles de personas que se han movilizado por la vivienda en esta semana y media. En las afueras del Congreso, como en aquel 2011 en el que se dio inicio al Gobierno de Mariano Rajoy, varios cientos de personas trataban de empujar un resultado distinto del que ya estaba cantado. Mañana serán muchas más las que salgan en una movilización que reclama una huelga general en el corto plazo que, posiblemente, solo pueda atajar un adelanto electoral.

Olor a lucha de clases por la mañana 

La noche del 1 de octubre despejaba la incógnita sobre el sentido del voto de los de Carles Puigdemont, una incógnita que no lo era cuando se aprobaron los decretos, que contaban en principio con el apoyo del grupo catalán. Así lo ha explicado Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, que durante la defensa del primer decreto relataba las concesiones pactadas con Junts. En un discurso poco memorable, Rodríguez ha defendido un texto que ha contado con el apoyo de la mayor parte de grupos (que no de votos) del hemiciclo.

No ha sido el caso del segundo de los decretos, que ha defendido el ministro Pablo Bustinduy. Condenado casi al nacer, se trataba del decreto que incluye una vía a la conversión de los alquileres en indefinidos, la medida exigida por el Sindicato de Inquilinas, primera impulsora de la acampada de la Puerta del Sol y artífice de las cuatro demandas en que se sintetizó la lista de reclamaciones.

Pablo Bustinduy: “El derecho a la vivienda se va a abrir paso por encima de los intereses de la oligarquía rentista”

El titular de Derechos Sociales ha situado el alquiler como “una transferencia de renta de las clases trabajadoras a los propietarios” y ha enmarcado el debate en los términos clásicos de la lucha de clases. “Quizá consigan hoy también tumbar estas medidas”, ha declarado, pero “el derecho a la vivienda se va a abrir paso por encima de los intereses de la oligarquía rentista”.

En una línea similar, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Gabriel Rufián ha sido el más crítico con Junts, a quien ha acusado de defender los intereses de apenas un 1% de los catalanes: “¿Por qué este primer decreto hace 48 horas era el decreto de Junts, iban presumiendo de ello, y ahora votan en contra? ¿Quién ha llamado a quién?”, ha preguntado Rufián, que ha resaltado las informaciones sobre los vínculos de los exconvergentes con fondos del sector inmobiliario.

En el contexto de una legislatura extraña, que comenzó con la Ley de Amnistía y termina con la crisis de Ceuta, la cuestión de la vivienda ha devuelto a primer plano las condiciones materiales de la vida de la mayoría social del país. Por eso, y no por la brillantez del debate parlamentario, la votación de hoy ha generado varios focos de expectación. Primero, saber si la derecha tiene capacidad de volver a dirigir la opinión pública, perdida desde hace una semana y media. Segundo, saber si el fracaso de los decretos, pero la asunción del marco de la vivienda, impulsan a Pedro Sánchez para convocar unas elecciones más propicias si en ella aparece el contenido social y la política material.

Sobre si la derecha tiene respuestas a este nuevo marco político, la respuesta ha cambiado de una intervención a otra. En la primera intervención, Juan Bravo ha zozobrado en un discurso lleno de viejas y fallidas recetas, inútiles ante la crisis de vivienda salvo para el sector rentista al que representa el PP. En la segunda, el ex de Unión del Pueblo Navarro Sergio Sayas ha devuelto el discurso a los cauces en los que su nuevo partido prepara las elecciones: fake news, bulos y saunas. En el caso de la extrema derecha, lo más reseñable es que sus dos interlocutores, tanto el token obrerista Carlos Hernández Quero, como el señorito asturiano José M. Figaredo han culpado de la crisis de vivienda a las personas migrantes, señalando la rara encrucijada que determinará las próximas elecciones: más racismo o nuevas medidas para el acceso a la vivienda. Las fantasías de un gran reemplazo que no tiene lugar frente a la realidad de una clase abandonada hoy de nuevo por sus representantes políticos en el altar de los grandes fondos de inversión. Un enfrentamiento que, al contrario que los decretos, nunca decae completamente.