Una red clientelar de la fontanería del PSE factura 56 millones sin pasar por el Tribunal de Cuentas

Los cobran dos fundaciones constituidas en 2008 y las tres mercantiles que controlan. Ocho de cada diez euros proceden de Lanbide, cerca de 45 millones en subvenciones desde 2011, y de esas mismas entidades salieron los dos últimos directores generales del organismo y el actual viceconsejero de Empleo. Sus cuentas han sido objeto de auditorías municipales.

Dos fundaciones y tres sociedades mercantiles ligadas a la fontanería del Partido Socialista de Euskadi (PSE) han ingresado más de 56 millones de euros en subvenciones del Gobierno Vasco y contratos públicos con las administraciones públicas de Euskadi en los últimos quince años. La cuenta de subvenciones se desglosa en 6,4 millones de euros entre 2011 y 2014, otros 20,2 millones entre 2015 y 2021 y otros 19 millones entre 2022 y 2026, la mayor parte concedidas por Lanbide, a los que se añaden 10,8 millones en contratos públicos desde 2015. 

A la factura de la fontanería socialista se deben sumar los 2,4 millones que la Fundación Ramón Rubial, la fundación orgánica del partido, ha recibido del Gobierno Vasco entre 2000 y 2026. Estos datos proceden del registro de subvenciones del organismo público, de la plataforma pública de contratación, de las cuentas depositadas por las propias entidades y de respuestas oficiales al Parlamento Vasco, recabados por Hordago-El Salto y por la plataforma ciudadana gardena.eus. Ninguna de las instituciones consultadas por esta revista mediante una diligencia informativa ha querido hacer declaraciones.

La relación de la Fundación Ramón Rubial con el PSE es evidente desde su creación hace 26 años. Aunque desde al menos 2009 ya recibía subvenciones del Gobierno Vasco destinadas a fundaciones y asociaciones con “dependencia orgánica de partidos políticos”, no fue objeto de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas hasta el año 2017. Pero esa es tan solo la punta del iceberg del entramado de fundaciones de la fontanería del PSE, y además la más pequeña. Existen al menos otras dos fundaciones ligadas a los socialistas vascos que nunca han sido fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas y que llevan muchos años ingresando en su contabilidad decenas de millones de euros provenientes de subvenciones del Gobierno Vasco.

Por un lado se encuentra la Fundación Fondo Formación, constituida en 2008 bajo la presidencia del ya fallecido Mikel Unzalu, secretario general de Euskadiko Ezkerra entre 1984 y 1991 y fontanero del proceso de convergencia de EE en el PSE. Por otro lado opera la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral (FTSI), creada ese mismo año bajo el liderazgo de José Luis Corcuera, exministro de Interior del Gobierno de Felipe González absuelto en el “caso Fondos Reservados” de la fontanería del PSOE.

El PSE ejerce su control sobre el Servicio Vasco de Empleo –creado en diciembre de 2009 por impulso del Gobierno de Patxi López y convertido en organismo autónomo por la Ley 3/2011, cuando Euskadi asumió las competencias de empleo– para inyectar ingentes cantidades de dinero público a esta red de fundaciones. Los dos últimos directores generales de Lanbide habían trabajado antes para las entidades que el organismo subvenciona. El actual, el socialista Paco Pedraza, fue delegado en Gipuzkoa de Fondo Formación Euskadi SLL entre 2019 y 2021. Su predecesora, María Gloria Múgica (2020-2023), directora de Planificación e Innovación en el Empleo en el Gobierno de Patxi López, había sido gerente de Fondo Formación Euskadi entre 2002 y 2009.

Y quien ostenta el cargo en la actualidad de viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, trabajó como técnico en el Fondo de Promoción de Empleo-Zona Norte, la entidad a la que Fondo Formación Euskadi sustituyó en 2003. Además, tres de los cargos que han dirigido o tutelado el modelo público-privado de Lanbide proceden de la propia red que factura por la colaboración entre el Servicio Vasco de Empleo y entidades privadas.

Los dos últimos directores generales de Lanbide y el actual viceconsejero de Empleo habían trabajado antes para las entidades que el organismo subvenciona

Según datos oficiales recabados por Hordago-El Salto y la plataforma ciudadana gardena.eus, entre 2022 y 2026 el Gobierno Vasco ha inyectado nueve  millones de euros en subvenciones a Fondo Formación Euskadi SLL –una sociedad limitada laboral–, 2,2 millones  más a la Fundación Fondo Formación y otros 4,3 millones a la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral (FTSI), la absoluta mayoría provenientes de Lanbide.

A ello se añaden dos empresas privadas controladas por la fundación siderúrgica: Itsaslur Centro de Innovación Alimentaria SL, una empresa de inserción laboral, ha recibido entre 2022 y 2026 unos 1,5 millones euros, y Zu Mas Zaindu SL, otros 1,8 millones, la mayor parte concedidos también por Lanbide. Es decir, un total de 19 millones de euros. Como en otros entramados societarios, existen cinco razones sociales distintas para recibir dinero y dos instituciones a través de los que se canalizan: el Fondo Formación y la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral.

Si bien la parte más importante de sus ingresos proviene de subvenciones de Lanbide, la red también factura por contratos públicos. Fondo Formación acumula ya 193 contratos con las administraciones públicas de Euskadi desde 2015 y la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral suma otras 19 adjudicaciones. En total, 10,8 millones de euros en los últimos diez años. 

“Irregularidades” y “gastos sin justificar” en Muskiz

A principios de agosto pasado, el periodista David Olabarri publicó que una auditoría impulsada a instancia de EH Bildu en el Ayuntamiento de Muskiz ha detectado “irregularidades en ayudas” a una empresa de la red de fundaciones ligadas a cargos del PSE, hallando “gastos sin justificar” y planteando “dudas sobre los puestos de trabajo creados”. La actividad auditada es la que desarrolla Itsaslur Centro de Innovación Alimentaria, la mercantil bajo control de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral. El consistorio, gobernado por el PSE, llegó a concederle una subvención ad hoc de 500.000 euros.

Lejos de enfriarse, el trato ha sido de mimo. Según los datos recabados por esta revista, Itsaslur recibió en 2025 una ayuda de 47.992 euros concedida por el consejero de Economía, Trabajo y Empleo y vicelehendakari del Gobierno Vasco, el socialista Mikel Torres, a su vez secretario general del PSE en Bizkaia. La subvención estaba destinada a Itsaslur Capacita, un proyecto que llegó a visitar Eneko Andueza, secretario general del PSE y candidato a lehendakari en 2024.

La auditoría de Muskiz halló “gastos sin justificar” y “dudas sobre los puestos de trabajo creados” en la empresa de inserción a la que el consistorio socialista dio 500.000 euros

Muskiz es además uno de los municipios donde los dos troncos del entramado se cruzan. La otra rama, Fondo Formación Euskadi, es también un polémico cliente del consistorio. Su contrato de 125.000 euros fue objeto de un informe técnico en 2023 que señalaba incumplimientos “al no haberse realizado todas las actividades incluidas, además de las irregularidades en el desarrollo, tramitación de las facturas y entrega de la documentación preceptiva”.

El asunto se agrava teniendo en cuenta que el director de operaciones de Fondo Formación Euskadi, Mikel Colina, fue candidato del PSE a alcalde de Muskiz en las elecciones de 1999; era concejal en 2002 y poco después fichó como gerente de la empresa. Y el actual alcalde, Eduardo Briones, miembro de la Comisión Ejecutiva del PSE en Bizkaia, desfiló por el consejo de administración de Fondo Formación Euskadi, según publicó Deia en 2011.

20 millones más desde que el PNV dejó de preguntar

El jeltzale Josu Erkoreka falló en su predicción de que era tan difícil ver un cerdo volando como a Patxi López de lehendakari. Y lo cierto es que durante la etapa de Gobierno Vasco socialista (2009-2012) se dio un impulso definitivo a una red clientelar del PSE tejida allá donde el PNV no tuvo interés, ingenio o tiempo –el partido de Sabin Etxea ya tenía las suyas. Cual serpiente de verano, el entramado de fundaciones de la fontanería del PSE ha estado en el foco político de manera intermitente.

Mikel Unzalu tenía escaño en el Parlamento Vasco el año en que la Cámara preguntó por las subvenciones a la fundación del PSE que él presidía 

En 2011, el PNV, desalojado del Gobierno Vasco, se interesó en el Parlamento Vasco por 3,2 millones en subvenciones de Lanbide y varios millones más en contratos de ayuntamientos socialistas acumulados por la red clientelar del PSE durante la etapa de Patxi López como lehendakari. Mikel Unzalu, presidente de la fundación por la que se preguntaba, ocupaba un escaño en esa misma Cámara.

Aunque el asunto fue noticia en medios como Deia y Gananzia, tras retomar los acuerdos de gobierno con los socialistas en 2013 los jeltzales cubrieron el asunto con un manto de silencio y la red de los fontaneros del PSE siguió creciendo. Más tarde, en 2015, el PP preguntó en el Parlamento Vasco por las ayudas de Lanbide a una parte del entramado, concretamente a Fondo Formación Euskadi, obteniendo como respuesta que fueron 6.438.380 euros entre 2011 y 2014.

El silencio salió caro. Según datos oficiales recabados por esta revista, entre 2015 y 2021 Lanbide inyectó en subvenciones un total de 20,2 millones de euros a la red clientelar de los fontaneros del PSE: 18,5 millones de euros a Fondo Formación Euskadi y su fundación, y 1,7 a la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral y su mercantil Itsaslur.

Una fundación sin ánimo de lucro repartió 400.894 euros en dividendos en 2023 y otra declaró 934.613 euros de beneficio en 2025, con Lanbide como principal fuente de ingresos

Lo que sucede en Muskiz es una pequeña muestra del modus operandi del entramado de la fontanería del PSE. Respecto al modus vivendi, su propia contabilidad arroja cifras inauditas en el campo de las fundaciones, entidades sin ánimo de lucro que por ley no pueden repartir sus resultados.

En 2023, la Fundación Fondo Formación repartió dividendos por valor de 400.894 euros. En sus cuentas de 2025 destacan las subvenciones de Lanbide como principal fuente de ingresos. Por otra parte, el resultado del ejercicio 2025 de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral recogía que había superado los 934.613 euros de beneficio, y de sus cuentas del periodo 2022-2025 se deduce que las subvenciones de Lanbide son también su principal fuente de ingresos.

Barakaldo adjudica los mayores contratos con el PNV en la alcaldía

Aparte de ingresar subvenciones de Lanbide, esta red clientelar factura trabajos a las administraciones públicas de Euskadi, acumulando desde 2015 hasta 212 contratos por valor de 10,8 millones de euros. El ayuntamiento con los mayores contratos adjudicados es el de Barakaldo, con el PNV en la alcaldía desde 2015 tras un acuerdo de gobierno con los socialistas.

Antes, con el socialista Tontxu Rodríguez en la alcaldía entre 2003 y 2013 –secretario de Estado de Justicia entre 2021 y 2023–, el consistorio se comprometió a inyectar una subvención de 10.000 euros anuales a la FTSI y ya en 2005 adjudicó un contrato de 707.008 euros a Fondo Formación Euskadi. El también regidor socialista Alfonso García (2013-2015) alimentó con dinero público a la red del PSE, primero desde el consistorio y más tarde como director general de Empleo en la Diputación de Bizkaia.

En Portugalete los contratos del Programa Lanbide Colectivos Vulnerables se firmaron con Mikel Torres de alcalde, hoy vicelehendakari y consejero del que depende Lanbide

El entramado contrata asimismo con consistorios donde los jeltzales ostentan la alcaldía gracias a acuerdos de gobierno con los socialistas, como Donostia, con hasta una docena de contratos. Pero trabaja preferentemente con ayuntamientos gobernados por alcaldes del PSE: el de Gasteiz, con hasta 13 contratos, y el de Eibar, donde logró llevarse su cuarto mayor contrato. Otro ejemplo es Portugalete, a través de contratos municipales como el Programa Lanbide Colectivos Vulnerables, con Mikel Torres de alcalde entre 2008 y 2024. El ahora vicelehendakari fue asesor y amigo personal de Patxi López, en cuyo Gobierno fue alto cargo su esposa, Lara Cuevas.

Heredero del fondo para trabajadores de la construcción naval

La andadura de esta red de la fontanería del PSE comienza allá por 2003. Ese año, Fondo Formación Euskadi sustituyó al Fondo de Promoción de Empleo-Zona Norte, donde había trabajado como técnico el actual viceconsejero de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco, Alfonso Gurpegui, viceconsejero de Servicios Sociales con Patxi López.

El Fondo de Promoción de Empleo, constituido por el Gobierno de Felipe González en el marco de la reconversión industrial, había comenzado a liquidarse en el año 2000. Fue una iniciativa que pretendía paliar los efectos de la desindustrialización en sectores como aceros especiales, siderurgia, construcción naval y electrodomésticos de línea blanca. El impacto de la crisis industrial en Euskadi se hizo notar en históricas como Babcock y La Naval en la margen izquierda, precisamente en el principal nicho histórico de votos del PSE y donde el partido ha llegado a gobernar en hasta ocho consistorios.

En ese contexto, en 2003, fontaneros del PSE fundaron Fondo Formación Euskadi SLL. En 2008, con Patxi López llamando a las puertas de Lehendakaritza, montaron la Fundación Fondo Formación, que se convirtió en un importante cliente del Servicio Vasco de Empleo durante la etapa del Gobierno de López (2009-2012), por lo que tuvo que dar explicaciones el entonces director de Lanbide.

El cerebro del entramado remató su carrera como secretario de Trabajo y Empleo: el departamento del que depende Lanbide, principal financiador de sus propias fundaciones

El cerebro de esta parte del entramado había sido Mikel Unzalu, exmiembro de la Ejecutiva del PSE fallecido en 2021. Unzalu fue director del Fondo de Promoción de Empleo-Sector Construcción Naval, director de Fondo Formación Euskadi y gerente de la Fundación Fondo Formación, y remató su carrera como secretario de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco entre 2016 y 2020: es decir, en el departamento del que depende Lanbide, el principal financiador de sus propias fundaciones. Contó con la ayuda de Rosa Maiza, actualmente juntera del PSE en Gipuzkoa y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zumarraga, que ejerció en su momento de presidenta de Fondo Formación Euskadi SLL y de la Fundación Fondo Formación.

Varias responsables del entramado en torno a Fondo Formación Euskadi han estado vinculadas además a la Asociación para la Integración Social y Laboral Ekin Lanari, creada en 2004, a Eman Servicios Integrales, constituida en 2011, y a Konfia Servicios de Conciliación SL, montada en 2007. Esta última, presidida por Rosa Maiza hasta 2013, se liquidó en 2014 dejando colgadas a 40 trabajadoras. En su consejo figuró María Gloria Múgica, la directora general de Lanbide entre 2020 y 2023. Algunas exresponsables de esta parte del entramado son ahora representantes de la otra pata de la red clientelar, la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral.

El “principal fontanero” de Patxi López

El capital inicial de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral (FTSI) en 2008 provenía de 640.000 euros de la caja de los trabajadores, a los que se sumó un millón de euros de una aportación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ahora bajo el foco judicial por su relación con la fontanería del PSOE que mediaba con el PNV. La fundación constituyó Itsaslur Centro de Innovación Alimentaria en 2017 y, en 2022, puso en marcha Zu Mas Zaindu SL, que tiene como principal cliente al Ayuntamiento de Zumarraga, gobernado también por el PSE, y que llegó a contar con el apoyo del vicelehendakari Mikel Torres y de Lanbide.

El primer gerente de la FTSI, Manu Salinero, venía de ocupar el cargo de secretario general de Lehendakaritza cuando la encabezó Patxi López, de ahí que medios como El Correo lo presenten como el “principal fontanero” de aquella legislatura. Salinero dirige ahora una consultora contratada en 2021 por Navantia para tratar de blindarse ante los litigios por amianto: el mismo despacho al que EITB externalizó medio millón de euros para defenderse judicialmente de sus propios trabajadores y sindicatos.

Salinero está casado con la ya mencionada María Gloria Múgica, actualmente directora de la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento de Bizkaia, en cuya junta directiva figura Fondo Formación Euskadi, la firma de la que ella misma fue gerente. Un hijo del matrimonio es director de la sociedad pública foral Bizkaia Mikro. Una hermana de Múgica, hoy directora de Relaciones Laborales en la patronal Confederación Empresarial Vasca (Confebask), llegó a ser viceconsejera de Coordinación en la Lehendakaritza encabezada por Patxi López.

Debido a este carácter endogámico de las filas del PSE, el periodista Javier Vizcaíno denominó “Patxinia” al Gobierno de López. Y es que en esa etapa la esposa del lehendakari, Begoña Gil, era portavoz del partido en las Juntas de Bizkaia, y ahora dirige la Secretaría de Política Institucional de la Ejecutiva del PSE, mientras su hermano, Melchor Gil, ocupó el cargo de vicesecretario de los socialistas en Bizkaia hasta su cese tras protagonizar diversos affaires.

Exministros de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero

A la inauguración de la sede principal de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral (FTSI) en Barakaldo en 2008 acudió el monarca Juan Carlos I, y de hecho un abogado de la Casa Real, Miquel Roca, llegó a presidir la fundación. Con su creación en 2008, la fundación pretendía recoger el testigo del Fondo de Promoción de Empleo-Sector Siderúrgico Integral, liquidado finalmente en 2006. Ese fondo estuvo dirigido entre 1986 y 1987 por Tomás Valeriano Gómez –conocido como Valeriano Gómez–, precisamente primer presidente de la FTSI. Antes había sido secretario general de Empleo (2004-2006) y después fue ministro de Trabajo (2010-2011) con José Luis Rodríguez Zapatero, actualmente está siendo investigado por su rol como consultor. Enn su etapa de presidente del fondo, Gómez avaló la candidatura de Patxi López a lehendakari.

En 1994, Valeriano Gómez liquidó Promoción Social de Viviendas, el fracasado proyecto empresarial de UGT –el “caso PSV”–, un affaire de la fontanería sindical por el que resultaron perjudicadas 20.000 familias cuando el secretario general del sindicato era el baracaldés Nicolás Redondo, quien había militado con el padre de Patxi López. Ahora, Valeriano Gómez es asesor de A25 Abogados y Economistas, consultora dirigida hasta su fallecimiento el pasado mes de julio por el que fuera suegro de Teresa Ribera, en la actualidad vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva en la Comisión Europea, exministra del Gobierno de Pedro Sánchez y exsecretaria de Estado de Cambio Climático con Zapatero.

Entre los más conocidos que trabajaron en Fondo Formación Euskadi figura Eduardo Madina, exsecretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados

El Fondo de Promoción de Empleo-Sector Siderúrgico Integral fue creado coincidiendo con el declive definitivo de símbolos industriales como Altos Hornos de Vizcaya. Por ello, la operación para que la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral fuera el relevo de dicho fondo estuvo encabezada por un extrabajador de Altos Hornos de Vizcaya afiliado a UGT: José Luis Corcuera, aprendiz y después electricista en la factoría antes de convertirse en ministro de Interior y artífice de la “Ley de la patada en la puerta”. Corcuera ocupó la presidencia honorífica de la fundación desde su creación y al menos hasta 2019.

Corcuera fue afiliado de la Agrupación Socialista de Portugalete, como Patxi López, hasta el 22 de mayo de 2017, cuando se dio de baja por la victoria en las primarias del PSOE de Pedro Sánchez el día anterior. A aquellas primarias también se presentó como candidato a secretario general el “Patxismo”, así lo describió el periodista Xabier Lapitz. Aunque Patxi López no ganó, sí alcanzó la Secretaría de Política Federal del PSOE y ahora es portavoz del partido en el Congreso.

Nexo con el “caso FAFFE”

La Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral afirma haber atendido a 11.251 personas. Cuenta con dos centros en Gasteiz, tres en Bizkaia –Trapagaran, Bilbao y Barakaldo, donde desde 2017 dispone del edificio municipal de la antigua alhóndiga, cedido para 60 años– y otro en Errenteria. Publicita que está presente en 17 municipios de Euskadi y colabora con la Diputación de Bizkaia. Por su parte, Fondo Formación Euskadi presume de haber formado a más de 11.000 personas en sus 35 años de historia a través de “proyectos locales de cualificación y empleo, orientados a la inserción laboral de las personas en situación de desempleo desde la colaboración público-privada”. Cuenta con centros en Bilbao, Barakaldo, Trapagaran, Errenteria y Gasteiz, y colabora con las diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba.

Pero el ecosistema de fundaciones y mercantiles vinculado a personalidades del PSE, abonado con subvenciones de Lanbide y contratos públicos, cuenta con una importante ramificación en Andalucía, históricamente principal foco de corrupción en el PSOE desde el “caso Guerra” a la “trama de los ERE”. Jesús Manzorro, miembro del consejo de Fondo Formación Euskadi hasta 2018, es un empresario investigado en el “caso FAFFE”, un affaire de enchufismo, corrupción y malversación de ayudas públicas en el seno de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo por el que el juez mantiene investigadas a 21 personas. Manzorro creó la Agrupación de Interés Económico (AIE) Grupo Fondo Formación, cuyo CIF fue revocado en 2022. En esa AIE se integraron Fondo Formación Euskadi y la Fundación Gallega del Metal, liquidada en 2016 por supuestas irregularidades y dejando en el paro a 19 empleados.

La misma criatura –el fondo de la reconversión industrial– se replicó en tres comunidades y acabó liquidada por fraude de subvenciones en dos de ellas, con 109 despidos

El mismo Grupo Fondo Formación AIE agrupaba a la Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal de Asturias, liquidada en 2002 y dejando a 90 trabajadores en la calle por fraude de subvenciones y desvío de fondos de ayudas públicas a través de la Fundación del Metal de Asturias, heredera en Asturies del Fondo de Promoción de Empleo. Es decir, del mismo tronco del que salió el entramado vasco. Por este asunto fue condenada la antigua cúpula de UGT en Asturies, entre ellos Justo Rodríguez, secretario general del sindicato en Asturies hasta 2016 y antiguo miembro del patronato de la FTSI.

La lista de conexiones del PSE con este entramado de fundaciones es más extensa. La directora del Instituto Vasco de Consumo (Kontsumobide), la socialista Ana María Sánchez, había sido técnico en Fondo Formación Euskadi entre 2009 y 2013. María José Telleria, diputada de Cultura en la Diputación de Gipuzkoa, también fue técnica de empleo en la misma empresa.

Mikel Aitor Lamariano, exdelegado en Araba de Fondo Formación Euskadi, dirige en la actualidad el gabinete de prensa de la Subdelegación del Gobierno en Araba y es miembro del patronato de la Fundación Ramón Rubial, con lo que el circuito vuelve al punto de partida. Entre los más conocidos que trabajaron en Fondo Formación Euskadi figura Eduardo Madina, exsecretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, exsecretario general de Juventudes Socialistas de Euskadi, exmiembro de la ejecutiva del PSE y de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Salud Pública
La red empresarial vasca en la trama de mascarillas del “caso Koldo” rodea al cuñado de Patxi López
La investigación de la Guardia Civil remitida a la Fiscalía Anticorrupción menciona una sociedad de dos empresarios vascos relacionados con la fontanería del PNV en la que también tenía participaciones Hiriport.
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