Pueblo gitano
Las vecinas se rebelan contra el laberinto del empadronamiento en Linares

Articuladas en torno al colectivo Opre Roma Project, personas gitanas, muchas de ellas residentes en el barrio de los Arrayanes, una zona abandonada institucionalmente en Linares (Jaén), reclaman su derecho a empadronarse.
Barrio Arrayanes en Linares, Jaén
Concentración para reclamar el Padrón, 15 de mayo, Linares.
21 may 2023 08:00

El pasado lunes 15 de mayo, decenas de personas se concentraron frente al ayuntamiento de Linares (Jaén) para reclamar ser empadronadas. Con esta acción visibilizaban años de espera a que la administración municipal cumpla con su deber de empadronarles. Entre las personas afectadas, hay quienes llevan más de 10 años viviendo en la ciudad, y no consiguen acceder al padrón.

La movilización del lunes ponía ante el Ayuntamiento —gobernado por el partido socialista prácticamente desde 1999, salvo tres años (2019-2022) en los tuvo un alcalde de Ciudadanos— y en los focos de los medios una realidad que cientos de vecinos y vecinas de Linares llevan sufriendo desde hace demasiado tiempo. Muchos y muchas de estas ciudadanas, además, provienen de Arrayanes, un barrio que lleva tiempo protestando por el abandono en el que vive sumido. Fue en este barrio en el sur de la ciudad, donde se armó, semanas antes de la protesta, la organización que está sirviendo de paraguas a esta denuncia pública.

“Vinieron a visitar el barrio algunos activistas gitanos y levantamos un proyecto llamado, Opre Roma Project, que quiere decir, crear poder gitano”, explica Ángeles Contreras (a quien llaman la Mongui), que estuvo entre quienes participaron de la movilización del lunes, aunque ella personalmente no esté afectada. “Como gitana, la verdad es que me duele ver a mi gente en esta situación. No sólo vamos a luchar por el padrón, sino que también porque nos quiten las ratas, la cucarachas. Que nos pongas cubos para la basura para poder vivir como ciudadanos”, explica esta activista que considera la dificultad para acceder al padrón como una más de las trabas con las que se encuentran las personas que viven en el barrio, muchas de ellas gitanas. “Nos tienen en unas condiciones de pena. Los niños no pueden jugar tranquilos por tanta suciedad y ratas. Y sobre el padrón: es algo a lo que todo el mundo tiene derecho”.

“En el Ayuntamiento le dicen a la gente que no cumplen los requisitos. Pero mi pregunta es, qué requisitos si hay gente que tiene la luz, el agua y paga comunidad y ni con eso la empadronan”

La falta de empadronamiento también afecta particularmente a los niños, en concreto les dificulta acceder a la educación o tener una tarjeta sanitaria. Padres y madres se desesperan entregando documentos para acceder al padrón, pero, denuncia Contreras, el Ayuntamiento o no toma los papeles, o los toma y después les deniega el padrón, o no les contesta nunca más. “Dicen que no cumplen los requisitos. Pero mi pregunta es, qué requisitos si hay gente que tiene la luz, el agua y paga comunidad y ni con eso la empadronan”.

Lo primero que hace la abogada Dana García, es recordar que el empadronamiento es una obligación de la administración local. Esta letrada acompaña al movimiento Opre Roma en la lucha por el acceso al padrón. Ella estaba también el lunes, en algo que fue más que una protesta: decenas de vecinas y vecinos entregaron sus formularios de empadronamiento. Obtuvieron por parte del equipo del alcalde Javier Perales el compromiso de ser empadronadas en tres meses.

García, y las personas afectadas desconfían, la letrada de hecho se sorprende ante la prerrogativa que se adjudica el Ayuntamiento “se ha inventado tres requisitos que no aparecen en la ley para empadronar a la gente: un informe de servicios sociales, un informe de la Policía Municipal que atestigüe que esas personas viven en esa vivienda y luego un contrato de suministro de agua, de luz, de lo que sea”. Y hay quienes, cumpliendo todos estos requisitos, siguen sin ser empadronados.

García apunta que, mientras a veces los adultos guardan un empadronamiento anterior, las principales personas afectadas son los niños que han nacido en las actuales residencias y que no están empadronados en ningún sitio. A la dificultad para matricularse en el colegio o recibir atención en un centro de salud, se añade que cuando estos menores alcanzan los 14 años deben contar con un DNI ya por ley. Y para tener un DNI, necesitan acreditar un domicilio. A la abogada le sigue sorprendiendo que algo que es un derecho, que poco a poco se ha ido conquistando en tantos lugares, en Linares haya devenido semejante quebradero de cabeza.

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“Llevo diez años luchando por el padrón y nada de nada. Me han cogido los papeles varias veces. Pero luego me mandan una denegación en carta o ni siquiera me responden”, explica Encarni. Esta mujer que lleva más de una década viviendo en un piso en el centro, cuenta que la última vez que fue a presentar los papeles estaba muy segura. El propio equipo del Defensor del Pueblo, le apoyaba. Tras escucharla atentamente, dos integrantes de la oficina del Defensor que estuvo de visita en Linares, y que ya conocían un problema que viene de largo, le redactaron una reclamación, le pusieron un sello, y poco después Encarni fue al ayuntamiento con la queja y sus documentos. Entregó el formulario de empadronamiento con cierta esperanza. Pero cuando preguntó cuánto tiempo tardaría la gestión el funcionario le reclamó que adjuntase el contrato de alquiler o la escritura de la vivienda. “Le dije no, mira, yo he estado hablando con estas mujeres y me han dicho que esto no es necesario. Es tan simple como que traer un recibo de luz, agua o internet que verifique que estás en esta vivienda y si no que manden un policía local a casa”.

No funcionó, cuando volvió días después se lo habían denegado de nuevo. La razón: no haber entregado el contrato de alquiler o las escrituras. Encarni no viene de una situación fácil: tienes tres niños. La mayor está por cumplir 14 años. Emerge al cuestión del DNI. Pero sin empadronamiento se dificulta todo, el acceso a derechos, el cumplimiento de obligaciones, algo que acaba culpabilizando a padres y madres.

“La gente que no está empadronada tiene que escolarizar a su niño en la otra punta de Linares”, explica Contreras sobre la situación en los Arrayanes “cuando aquí a dos pasos tenemos dos colegios y no pueden llevarlos ahí. Tampoco tienen derecho a asistir al centro médico. Entonces, al no llevarlo al colegio y no tener centro médico, las asistentas sociales se echan encima de las familias”.

Y es que al final, apunta García, algunas cosas se atenúan cuando desde los centros de salud y educativos levantan la mano y atienden a niños y niñas, a pesar de no estar empadronados. Pero este abrir la mano, puede aligerar la situación pero no soluciona el problema: no tener un centro de salud asignado complica el seguimiento de los menores, el padrón, por otro lado, es necesario para acceder a ayudas sociales. También, el hecho de no sacar el DNI, como le pasa a Encarni con su hija, puede suponer sanciones para los progenitores.

Seguir reclamando

Pero el que está incurriendo en una ilegalidad, recuerda la abogada, es el Ayuntamiento, no solo por no garantizar este derecho a las vecinas y vecinos, si no porque tiene también la obligación de reflejar cuantas personas residen en el municipio, datos que se centralizan en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Precisamente es este órgano, explica García, el que en resoluciones de 2015 y de 2020, flexibiliza los requisitos para acceder al padrón. “En la última resolución, que es además del 29 de abril del 2020, justo en confinamiento, aparece específicamente que cualquier documento que justifique que esa persona vive en la vivienda, es prueba suficiente y te tienen que empadronar automáticamente”.

Sin embargo, cuando el pasado lunes las personas afectadas entregaron sus solicitudes ese empadronamiento no se dio automáticamente, lo que se les prometió fue agilizar el proceso, dando tres meses de plazo. Esos tres meses, argumenta García, es el plazo legal para los trámites administrativos. Una vez se pasa ese tiempo, se considera silencio positivo, por ello, hasta ahora, “la táctica era no coger la documentación de primeras, o cogerla entre comillas, pero no darte el justificante de que la han cogido, y así no abren el trámite”, explica la abogada las razones por las que es tan común la falta de respuesta.

“Yo creo que nos están dando largas. Pero nosotros no nos vamos a rendir. Porque es un derecho que nos pertenece. Vamos a seguir luchando por eso y porque limpien el barrio”

García cree que la movilización colectiva para el empadronamiento puede hacer que el Ayuntamiento empiece a empadronar a algunas personas, sin retirar los requisitos que plantea. ¿Qué hay de fondo tras esta negativa a empadronar? La abogada sospecha que existe cierta línea de estigmatización de las personas que ocupan viviendas —aunque recuerda que este no es el caso de muchísima gente—, y también del pueblo gitano, que supone la gran mayoría de las personas residentes en los Arrayanes. “Aquí mucha gente dice que hay un nivel de racismo muy grande, obviamente estructural, pero también institucional, por parte del Ayuntamiento”.

De momento, el Defensor del Pueblo Andaluz y su homónimo estatal, junto al propio Ayuntamiento, ya han recibido quejas y denuncias por parte de las personas afectadas. García, además, ha mandado dos requerimientos al INE. Si después de todo esto las cartas que reciben las personas afectadas son de denegación del empadronamiento, García propone estudiar las motivaciones y recurrir a los juzgados si es necesario.

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Por su parte Contreras, considera que tres meses son demasiados para este trámite. “Yo creo que nos están dando largas. Pero nosotros no nos vamos a rendir. Porque es un derecho que nos pertenece. Vamos a seguir luchando por eso y porque limpien el barrio”. A esta activista le da aliento el hecho de que algunas cosas ya han conseguido, como que les limpien un campo sito en el barrio. “Poco a poco vamos a ir consiguiendo cosas. Los vecinos se sienten orgullosos de decir que si nos unimos podemos lograr que nos hagan caso, vamos a insistir hasta que seamos escuchados, apunta.

Encarni considera que esta no es una lucha de reconocimiento del pueblo gitano, que solo buscan lo que es un derecho, algo que, según han estado mirando, es posible en muchas otras ciudades tras la entrega de un documento que acredite la residencia. “Exigimos nuestro derecho como personas, como seres humanos, yo veo que no nos tratan igual que a los demás”. Sin embargo Encarni se siente esperanzada, pues para ella, es la primera vez que ve a vecinas y vecinos de Linares plantarse contra el ayuntamiento, después de que muchos se acercan a las dos décadas fuera del padrón.

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