Antigitanismo
Antigitanismo en Andalucía: un verano de odio

“En España antes no existía la ley de violencia de género, los matrimonios gays y se podía fumar en los centros de salud. Lo único vigente es el odio hacia el Pueblo Gitano, el antigitanismo”, comentan desde el colectivo feminista romaní Shukaripen. El asesinato de un guardia de seguridad en Peal de Becerro (Jaén) dejó durante el mes de julio imágenes de una violencia extrema: destrozos, quema de viviendas y el exilio de las familias romanies del pueblo, que actualmente siguen sin poder volver a sus casas ante el temor de más episodios de violencia.

En Íllora, un pueblo de 10.000 habitantes situado en Granada, se están produciendo desde el pasado 15 de agosto situaciones similares a raíz de un enfrentamiento que acabó con la vida de Juan, un joven del municipio. Una manifestación, en principio pacifica, al día siguiente del asesinato acabó en ataques y actos violentos iguales a los producidos semanas antes en Peal de Becerro. Los vecinos destrozaron las viviendas de familiares del presunto asesino al grito de “¡queremos que se vayan del pueblo! ¡Destierro!”.

El alcalde de la localidad, Antonio José Salazar Pérez, declaraba públicamente en torno a esta petición su voluntad de hacerla realidad, ya que según opina “Íllora es un pueblo tranquilo, de gente buena, y no podemos permitir que estas personas estén por ahí campando a sus anchas”. La pena de destierro se prohibió en el Estado español en 1995 por “atentar contra los derechos humanos fundamentales”. El Salto ha intentado contactar con el alcalde de Íllora, sin respuesta, para averiguar si una semana después de esas declaraciones sigue con la decisión de buscar vías similares a este castigo obsoleto. La Sociedad Gitana Española han denunciado a José Salazar por “incitación al odio” tras esas declaraciones. Actualmente, las personas romanís y los familiares del presunto agresor se encuentran fuera del que era su pueblo debido al destrozo cometido en sus casas por sus vecinos.

Es común en casos en los que el acto violento ha sido cometido por una persona de etnia gitana que el peso de la venganza caiga sobre el resto de su familia y en general hacia cualquier persona gitana. Según comenta Susana Muñoz Trave, del colectivo Shukaripen, “cuando un crimen lo comete una persona de la etnia mayoritaria, en este caso los payos, se personaliza, pero si lo comete alguien de la etnia que está en minoría se colectiviza”.

Desde distintos colectivos gitanos han denunciado el silencio de instituciones y partidos políticos ante estos hechos: “A día de hoy no hay detenidos por ninguno de los actos vandálicos que constituyen un delito de odio, las redes son un hervidero de comentarios antigitanos, los vecinos se siguen organizando y despotricando, los gitanos siguen vagando sin rumbo, negándoseles la entrada a pueblos aledaños como Loja o Puerta del Segura y los políticos sin pronunciarse”, comentan desde Shukaripen.

El 23 de agosto, el representante de la familia del presunto agresor junto a distintas asociaciones romaníes se presentaron en la Subdelegación de Gobierno de Granada para pedir la investigación y la repulsa pública de estos actos racistas.

Un odio histórico

En Andalucía vive la mitad de la población gitana de todo el Estado español, unas 300.000 personas. La convivencia entre payos y gitanos vertebra una historia común compartida como andaluces. Sin embargo, también es una de las regiones donde más agresiones gitanófobas se han producido a lo largo de la historia. “Acabo de comenzar un nuevo trabajo y me estaba planteando si quitarme o no la bandera del pueblo gitano del brazo por miedo”, sostiene Susana Muñoz.

Desde la Pragmática de los Reyes Católicos en 1499 que expulsaba al pueblo gitano de las tierras de Castilla, pasando por los pogromos de los años 80 en las localidades de Martos y Torredonjimeno, hasta los vividos en este verano, son cientos de años de violencias que se encuentran no solo en actos vandálicos, sino en el día a día de gran parte de las personas que habitan Andalucía. Un desprecio justificado muchas veces por los propios intelectuales de la comunidad, como el caso del escritor Manuel Barrios, considerado padre de la narrativa contemporánea andaluza y gran defensor de la historia y la cultura del pueblo andaluz, que en su libro Proceso Al Gitanismo sostenía la tesis de que “la expulsión del pueblo gitano nunca sucedió”.