Radios libres
El largo camino de la ley audiovisual andaluza

El 26 de septiembre de 2018, el Parlamento de Andalucía, de forma unánime —y en medio de rumores cada vez más recurrentes sobre su posible disolución para una convocatoria anticipada de elecciones—, ha aprobado una ley audiovisual que establece medidas orientadas a la alfabetización digital, que incluye también medidas de fomento de los medios comunitarios y reconoce a los existentes, siendo la primera comunidad autónoma que se dota de un marco regulatorio de esta amplitud.

Finalmente, más de cinco años después las organizaciones sociales han conseguido impulsar la aprobación de una ley que regula los medios de comunicación comunitarios y de proximidad. La persistencia de medios de comunicación comunitarios y organizaciones del sector han sido un factor clave para que la ley audiovisual andaluza se apruebe.

La Ley Audiovisual de Andalucía cubre aspectos insuficientemente desarrollados por la legislación estatal básica, en vigor desde 2010. Sobre todo en lo relativo a la ampliación de los derechos de los usuarios, la protección de los menores, la participación de la ciudadanía o la regulación de ámbitos del sector hasta ahora sin reconocimiento normativo, como es el caso del servicio público audiovisual que prestan universidades y centros docentes.

Las implicaciones que puede tener la aplicación de esta norma son relevantes y de un alcance amplio, ya que afecta a la defensa del servicio de radiotelevisión público, el reforzamiento de la gestión y la externalización del servicio, el reconocimiento y regulación de las emisoras comunitarias sin ánimo de lucro y un aumento en la transparencia de los servicios de comunicación audiovisual privado de carácter comercial.

Idas y venidas

La aprobación de la Ley Audiovisual andaluza ha sido accidentada desde que su tramitación comenzara en 2013. La mayor dificultad ha sido la inclusión de un proceso participativo, que se plasmó en la Declaración de Córdoba hace cinco años, un foro de organizaciones y un borrador de bases para ley.

En marzo de 2014 se avanzó asimismo en el documento de propuestas elaborado para la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual de Andalucía. Aquel documento se marcaba el objetivo de colocar “a Andalucía en la vanguardia de la libertad de expresión y de la comunicación entendida como un derecho básico para la profundización en la democracia al tiempo que compatible con la generación de empleo y desarrollo del sector”.

Ha sido un proceso largo y con un alto grado de participación por entidades representativas del tercer sector de la comunicación. No obstante, el anteproyecto de ley recortó bastante las propuestas, lo que motivó que la mayor parte de dichas entidades presentasen alegaciones entre 2015 y 2017. Más adelante, las organizaciones sociales presionaron a través de un comunicado, en que denunciaban la no inclusión de 140 enmiendas presentadas, en abril de este mismo año.

Con 400 alegaciones realizadas, la unanimidad de la cámara andaluza en la votación realizada ayer es una muestra del gran consenso social y profesional que ha alcanzado el proyecto de normativa. Entre las entidades que han realizado aportaciones desde el inicio del proceso a este nuevo marco legal se encuentran la Red de Medios Comunitarios (REMC), la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía (EMA-RTV), el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía y el Sindicato de Periodistas de Andalucía.