Personas refugiadas
Agilizar los trámites, seguir negando el refugio

22 páginas con una lista de números de NIE. Una plantilla en tres columnas, a la izquierda el número de documento de una persona que ha solicitado asilo, a la derecha la resolución de su petición. En la gran mayoría de los casos la palabra es “Denegada”, solo en algunos figura otro concepto “R H. ART. 37B”. Es decir: Residencia por Razones Humanitarias.

El pasado 15 de enero el Boletín Oficial del Estado publicaba una nueva lista de notificación masiva para solicitantes de asilo a quienes no habrían podido notificar de otra manera. No era la primera vez, esta práctica que arrancara en el último trimestre del 2020 ya ha dejado largos listados —con una periodicidad prácticamente quincenal— donde se exponen estas resoluciones. La inestabilidad residencial de personas que en algunas ocasiones llevan hasta dos años esperando, dificulta que las notificaciones les lleguen al domicilio. Pero estar pendiente del BOE y buscar periódicamente entre sus grises publicaciones tampoco parece la manera más fácil de mantenerse al corriente de la propia suerte.

Las notificaciones masivas coinciden con la agilización en la tramitación de los expedientes. Sin embargo, esta aceleración, con la alta proporción de denegaciones que trae aparejada, no está siendo una buena noticia para quienes aguardaban información sobre sus casos. La inmensa mayoría de ellos verá trastocada su existencia, cuando quizás ya trabajaban y estaban cada vez más asentados en el país. Habrá quienes si se enteren con el margen temporal necesario —dos meses— para recurrir la denegación.

Así comunica @interiorgob denegaciones masivas de protección internacional y asilo.
Son 22 páginas y sólo 2 meses para recurrirlas, acceder al expediente y a una cita en Extranjería.
Una carrera de fondo en la que lxs solicitantes no tienen ninguna chance.#RegularizacionYa
Hilo pic.twitter.com/k36jQqZCnF

— #RegularizacionYa Cuenta Oficial (@RegularizacionY) January 17, 2021

En una de esas largas listas Dayana encontró su nombre a principios de enero. Llevaba dos años esperando la resolución de su expediente. Hondureña, Dayana forma parte de los miles de compatriotas que han solicitado protección internacional en el Estado español en los últimos años, situando al pequeño país centroamericano en el tercer lugar en cuanto a solicitudes de asilo. En el 2019, según datos de Ministerio de Interior, fueron 6.803 las peticiones de protección internacional de ciudadanos hondureños. Encabezando el ranking se encontraban las venezolanas y venezolanos, un total de 40.886, mientras quienes provenían de Colombia, sumaban 29.410 solicitudes, quedando en segundo lugar. A Honduras le siguen otros dos países centroamericanos: Nicaragua y el Salvador.

A Dayana, como a tantos otros centroamericanos, lo que la empujó fuera de su país fue la violencia, en este caso de las maras. “Nos arrebataron una casa que era de la familia y nos amenazaron”, cuenta. Su hermano fue el primero en partir hacia EEUU, ella entonces no tenía dinero. Cuando los delincuentes requirieron las escrituras de la casa todo se aceleró. “Los papeles de la casa los tenía mi otro hermano aquí en España, temimos que nos pudieran hacer algo, así que me convencieron para venir aquí”. Primero viajó ella, hizo la solicitud de asilo y a los meses, mientras esperaba su resolución, trajo a su marido e hijos. Dos años después la resolución es negativa y ella y su familia se encuentran en situación irregular.

“Estamos ante denegaciones aceleradas que han prescindido de garantías procesales establecidas por las directivas europeas, como la preceptiva realización de una entrevista de instrucción”

“Estamos ante denegaciones aceleradas que han prescindido de garantías procesales establecidas por las directivas europeas, como la preceptiva realización de una entrevista de instrucción”, denuncia Adilia de las Mercedes, presidenta de la Asociación Mujeres de Guatemala (AMG), quien señala además el contexto pandémico —en el que encontrar empleo no es una tarea fácil— como un agravante en la vulnerabilidad de las personas y familias ante la resolución desfavorable de sus casos, familias que, recuerda, “tampoco se pueden plantear el retorno a sus países precisamente por el impacto del Covid-19”.

Dayana conoce a otra mujer hondureña, que tras la resolución negativa, en vista de que no encontraba trabajo y se le agotaban los ahorros, tuvo que volver. Ella no quiere, los motivos por los que abandonó su país no han cambiado. “Y yo no estoy sola. Sea como sea, mis hijos van a tener una mejor vida aquí”.

La resolución de 31.000 solicitudes de asilo mandaría a la irregularidad a miles de personas

Pablo 'Pampa' Sainz

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La resolución de 31.000 solicitudes de asilo mandaría a la irregularidad a miles de personas

Pablo 'Pampa' Sainz

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Las organizaciones que trabajan en el apoyo y acogida a las personas solicitantes de asilo sospechan de la velocidad con la que se estarían analizando miles de expedientes. Si, como sucedió en 2019, solo el 5% de estas resoluciones son positivas, una gran mayoría se quedará fuera del sistema de protección. 

En su último informe anual, presentado en junio de 2020, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) cifraba en 118.264 las solicitudes de asilo presentadas en 2019, un número que duplicaba los totales del año anterior. Sin embargo, fueron solo 60.198 expedientes los resueltos, incluyendo aquellos expedientes atrasados de otros años. Las resoluciones en un 95% desfavorables, con un porcentaje de concesión seis veces menor al europeo, que da respuesta positiva en un 30% de los casos de protección internacional.

Una gran parte del incremento en la petición de asilo se debe a las solicitudes de las personas venezolanas. Con un altísimo porcentaje de denegación, las personas procedentes de este país pueden acogerse en gran medida a las mencionadas razones humanitarias, una rúbrica que pertenece al ámbito de migración, y que ha de entenderse en un marco político. Para De las Mercedes esta circunstancia es interesante pues demuestra que, con voluntad política, una regularización masiva sí es posible.  

La instrucción 

La burocracia puede ser muy cruel de diversas formas, puede ser cruel por lenta, por mantenerte durante meses en vilo, haciendo vida en un país sin saber si tu solicitud será aceptada, pendiente de una resolución que puede facilitarte el camino o truncarlo. O puede hacer lo contrario, entregarse a la eficacia y operar como máquina, dirimiendo sin remilgos expedientes llenos de números para desatascar el atasco. Y es que el sistema de refugio y asilo, lo llevan denunciando años las organizaciones, está muy atascado.

Cuando se solicita asilo, se recibe un volante blanco, un documento al que tienen acceso (en teoría) todas aquellas personas que demanden protección internacional en España. Ese documento viene aparejado a la fase 1, y dota de una serie de derechos y ayudas. En torno a los seis meses, se pasaba a la fase 2, el volante blanco era sustituido por la tarjeta roja, que entre otras cosas, daba acceso a iniciar un vida autónoma con ayudas para la vivienda. Esta segunda fase duraba 12 meses. 

“Teniendo en cuenta todas las solicitudes que llegan de Venezuela, Siria o tantos otros países y que empezaron en los últimos cuatro años, el tiempo de seis meses, que en principio debía coincidir con la resolución del expediente, se ha desvirtuado al 100%”, explica Tania Vilkhova, responsable de Acción Social de la Red Acoge. Así, las personas han pasado a segunda fase sin tener aún la resolución. El principal cambio es que esta transición supone pasar de hacer uso, en caso de necesitarlo, de centros, a acceder a ayudas al alquiler que permitan empezar un camino de manera autónoma. Un camino amenazado por una resolución desfavorable tardía que te obligue a dejar la casa y te prive de documentación.

El Gobierno publicó una instrucción, el pasado 4 de enero, por la que las personas no pasarían a fase dos a los seis meses, si no cuando su petición de asilo sea contestada favorablemente

Para evitar estas situaciones, el Gobierno publicó una instrucción, el pasado 4 de enero, por la que las personas no pasarían a fase dos a los seis meses, si no cuando su petición de asilo sea contestada favorablemente. “Las personas que entren a partir del 1 de enero van a estar en los centros de acogida que gestionamos desde las entidades, con acceso a diferentes actividades, determinados servicios públicos, —padrón, tarjeta sanitaria…—pero a los seis meses no podrán pasar a segunda fase y a una vivienda autónoma si no contestan a su solicitud de manera favorable”, resume Vilkhova.

Para Nerea*, una trabajadora con diez años de experiencia en el ámbito del refugio, la instrucción a priori tiene sentido. “Llega un momento que el sistema de asilo, por los acuerdos que hay con Venezuela, acaba saturado”. Los ciudadanos de ese país normalmente ven denegada su solicitud, pero mientras se tramitan sus expedientes, afirma la trabajadora, “copan el sistema”.  

De las Mercedes, sin embargo, sospecha de las intenciones del Gobierno, al que acusa de utilizar como justificación el objetivo de tramitar los expedientes en seis meses, como establece la Ley de Asilo. “Esto sería muy conveniente si la instrucción de los expedientes cumpliera con todas las garantías que establece la ley: adecuada formación de policía y funcionariado, preceptiva realización de entrevistas de instrucción, trato diferenciado en el caso de perfiles vulnerables”, valora, añadiendo a su vez la necesidad de un aumento en el personal y sobretodo, la urgencia porque se reglamente la Ley.  

¿Qué le pasará a la gente cuya denegación la expulse del sistema de acogida? Que pasarán a depender de los Servicios Sociales. Nerea advierte que el cambio, por desbloquear el sistema de acogida puede acabar saturando los ya saturados Servicios Sociales “se va a dejar a mucha gente en la calle”, sentencia. Para esta trabajadora, la instrucción corre en paralelo con otra agenda del gobierno, la de apostar por los grandes centros de acogida, más baratos, en donde se puede controlar mejor a la población, apunta. Se tratan también de escalas, donde es más difícil una atención individualizada y con garantías de quienes solicitan asilo. 

Refugiados al raso mientras las administraciones se pasan la pelota

Fabiola Barranco

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Refugiados al raso mientras las administraciones se pasan la pelota

Fabiola Barranco

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Las administraciones estatal y madrileña se rifan la responsabilidad sobre las personas solicitantes de asilo, que quedan abocadas a dormir en la calle o a recurrir a redes ciudadanas de apoyo.

Patricia llegó a España en 2018. No le expulsó de Honduras una amenaza por concretar sino un terrible acto de violencia: su hijo murió asesinado con 18 años. Quienes se lo llevaron a él y a otro compañero lucían uniformes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal hondureña. Estuvo dos años esperando su resolución que llegó cuando, ya en fase dos, vivía junto a su hija en un piso alquilado con el apoyo de Cruz Roja. Se acabó tener techo, una tarjeta que le preservaba de la persecución, y el derecho a trabajar. No llegó a recurrir porque no tenía dinero para organizar y hacer copias de toda la documentación solicitada. En realidad, tanto Patricia, como la abogada de CEAR que siguió su caso, quedaron muy sorprendidas por la denegación. “Decían que Honduras era una democracia que contaba con fuerzas de seguridad que podían protegerme”, se escandaliza.

Demoras y falta de garantías

“Están agilizando los expedientes, sí, pero nos preocupa el alto porcentaje de denegaciones, que no se esté haciendo una evaluación exhaustiva de forma individualizada para cumplir con los estándares internacionales y garantizar realmente el derecho de protección internacional, porque tampoco es que haya habido más recursos invertidos”, apunta Paloma García responsable de Incidencia Política de la Red Acoge. Las consecuencias de una denegación son graves: en 15 días has de estar fuera del sistema.

Mucha celeridad cuando el proceso, del lado de la persona solicitante, es a veces un largo calvario: un ejemplo, cuando Dayana quiso renovar su petición de asilo le pasaron varias cosas. La cita la tenía para marzo del 2020, no hay que explicar por qué tuvo que aplazarse. Con el Estado de alarma la validez del documento se prorrogaba nueve meses. Si no le ha llegado la notificación a su casa, es porque el Ministerio ya no sabía dónde vivía. No fue por no intentar comunicarlo, ella misma se dirigió con su padrón a comisaría para certificar el cambio de domicilio. No pasa nada, le dijeron, lo harás en tu cita de renovación. Pero no tenía cita.

Tampoco fue porque no lo intentara: ante la imposibilidad de sacar un turno pagó a dos personas distintas para que le facilitasen el trámite. Esto tampoco sirvió. Al final fue a través de CEAR que le dieron uno. Para febrero de 2021. Dos meses después de tener su solicitud denegada. “Voy a ir de todas formas para ver qué se puede hacer”, dice sin mucha esperanza.

“La renovación de la solicitud de asilo, eso es un problema, porque está generando un tapón. Es muy difícil conseguir una cita y hay gente en los locutorios que con varios ordenadores a la vez las consigue y luego las vende”

Para Nerea, esta carestía de citas es uno de los principales problemas que debe de afrontar el sistema de acogida. La situación es desesperante para muchas y genera todo un negocio paralelo. “La renovación de la solicitud de asilo, eso es un problema, porque está generando un tapón. Solo se activa de 9 a 10 de la mañana, es muy difícil conseguir una cita y hay gente en los locutorios que con varios ordenadores a la vez las consigue y luego las vende a entre 50 y 150€”. Wallapop, explica esta trabajadora, es otro espacio de compraventa. De las Mercedes cree que estas trabas administrativas constituyen una muy relevante vulneración de los derechos de las personas extranjeras, es decir, un claro fenómeno de discriminación.

El Gobierno ante el refugio

Cuando el Gobierno empezó sus andanzas en enero de 2020 lo hizo sobre la base de un acuerdo de coalición que incluía declaraciones de intenciones respecto a la Protección internacional. En la agenda pública permanecían las imágenes de personas haciendo largas colas para solicitar asilo, obteniendo citas en dilatadísimos plazos, o durmiendo en las calles por falta de recursos.

Así, PSOE y Unidas Podemos se comprometían a modificar “el sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de Protección Internacional, adaptándolo a la normativa europea y a la nueva realidad del país para hacerlo más eficiente y solidario” y a elaborar una “Nueva Ley de Asilo que se adapte a los nuevos retos de la movilidad global y que tenga en cuenta las nuevas realidades sociales”.

Desde Red Acoge reconocen que este primer año de gobierno de coalición ha sido muy complicado, marcado por el cierre de fronteras y por el parón administrativo. “Sí que se han activado determinadas medidas a corto plazo, como se ha hecho en otros ámbitos, para intentar paliar, o intentar poner un parche para que las cosas no fuesen a peor, pero no ha habido tiempo para abordar los problemas de fondo”, valora García. Muchas de esas cuestiones quedaban recogidas en un informe que diversas organizaciones sociales, incluyendo a la propia Red, hicieron de cara al Examen Periódico Universal sobre el sistema de protección internacional. En el documento, se incluyen recomendaciones específicas. El gobierno contestó de forma positiva y será examinado dentro de cuatro años.

“Ha habido resoluciones interesantes por parte del Tribunal Supremo afirmando que se puede pedir asilo en las embajadas en el exterior, pero eso también hay que facilitarlo en la frontera y el aeropuerto, ahí hay una serie de garantías que no se están cumpliendo”

Pero cuatro años son muchos y hay cosas muy urgentes, enumera García. Lo primero, afrontar el colapso del sistema y garantizar el acceso al sistema de Protección: “que no haya devoluciones ni en frontera ni en el aeropuerto y que cuando las personas llegan tengan realmente posibilidad de pedir asilo con todas las garantías, que tengan intérpretes, que pase el tiempo necesario”. La experta advierte de los muchos obstáculos que las personas han de afrontar para pedir protección. “Sin embargo, ha habido resoluciones interesantes por parte del Tribunal Supremo afirmando que se puede pedir asilo en las embajadas en el exterior, pero eso también hay que facilitarlo en la frontera y el aeropuerto, ahí hay una serie de garantías que no se están cumpliendo”.

Desde la misma organización, Vilkhova considera que es necesario un cambio de concepto, que casos de violencia como los que expulsaron a Dayana y Patricia de su país deberían de considerarse. “La convención de Ginebra está bastante anticuada y no se ajusta realmente a las necesidades del 2021, me refiero por ejemplo a los refugiado climáticos, los motivos tienen que actualizarse, además no pueden ser tan cerrados”.

De las Mercedes no tiene mucha fe en este gobierno, ni en los anteriores. Para ella, la gestión de la protección internacional en este 2020 muestra sus objetivos reales: agilizar a toda costa la denegación de expedientes. De hecho, en el año que recién acaba, las resoluciones positivas supusieron aún menos del 5% que venía siendo la media. “Este Gobierno está en la línea de los gobiernos en España de los últimos 20 años, de empeoramiento paulatino de las condiciones, tanto de acogida como procedimentales. O dicho de otro modo, de vulneración de los Derechos Humanos de las personas refugiadas”, sentencia.