Renta básica
La pobreza sin salida del Ingreso Mínimo Vital

Hace un año, el 15 de junio de 2020, miles de personas en el país se disponían por fin a completar online el formulario que les permitiría acceder al Ingreso Mínimo Vital, la última medida prevista por el gobierno para que nadie se quedase atrás.  Sin embargo, en lugar de una salida a una situación límite, lo que la mayoría se encontró fue un laberinto burocrático.

Un año después, aún no se ha avanzado en la tramitación de la ley, cuyo desbloqueo —tras infinitas prórrogas— se anunció a principios de mes. Un debate que se estima necesario para discutir las enmiendas destinadas a mejorar una propuesta que se ha quedado muy lejos de su objetivo, e incorporarlas a la ley definitiva.

Parece que ha pasado un siglo desde el 29 de mayo de 2020, cuando se aprobó el decreto-ley del IMV. Por aquel entonces se llegaba al final de un férreo confinamiento, un parón de la economía en el que muchas personas, fuera del mercado laboral, en las afueras de la estabilidad de un contrato, se habían quedado sin sustento. Durante semanas el debate se había  había centrado en torno a esta medida, llamada a completar el escudo social.

Mientras la derecha gritaba #paguita!, el Gobierno defendía la trascendencia de lo que consideraba un momento histórico: se iba a acabar con la pobreza severa en el Estado, llegar allá donde no llegaban las rentas autonómicas, facilitar los trámites

Mientras la derecha gritaba #paguita!, el Gobierno defendía la trascendencia de lo que consideraba un momento histórico: se iba a acabar con la pobreza severa en el Estado, llegar allá donde no llegaban las rentas autonómicas, facilitar los trámites, hacerlas compatibles con el trabajo, introducir medidas que apoyasen en el acceso a la vivienda. 850.000 familias, compuestas por 2,3 millones de personas, iban a contar con este subsidio.

Algunas de estas personas ya subsistían a duras penas antes de que la crisis sanitaria irrumpiese arrasando con sus pocas vías de ingresos —según el informe del Estado de la Pobreza de 2020, a finales de 2019 ya había un cuarto de la población en riesgo de exclusión social—, otras descendieron de la precariedad al hoyo de la miseria como consecuencia del encierro. Todas ellas estaban pendientes de un recurso que iba tomando forma, variando de cuantía y de presupuesto desde que se empezara a hablar de él ya en marzo.

Un año después, son muchos quienes siguen pendientes del IMV: intentan descifrar las cartas que les llegan denegándosela, inquieren a la pantalla del ordenador cuándo cambiará el Estado de su solicitud, aguardan una comunicación que les explique cómo se ha decidido la cuantía recibida, una cifra que en tantos casos es mucho menor que la esperada.

Ingreso mínimo vital: la burocratización de la esperanza

Sarah Babiker Susana Albarrán Méndez

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Ingreso mínimo vital: la burocratización de la esperanza

Sarah Babiker ,  Susana Albarrán Méndez

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Más de dos meses después de que se aprobara el ingreso mínimo vital, miles de personas siguen pendientes de que su expediente avance y puedan recibir cuanto antes el subsidio.

 El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración defendía el 17 de mayo pasado un balance que consideraba positivo: 260.000 ayudas concedidas. 75.000 de estas ayudas fueron concedidas de oficio para familias que cobraban la prestación por hijo a cargo, ya desaparecida. Un número difícil de precisar proviene de rentas mínimas autonómicas que han pasado a convertirse en IMV. Por otro lado, las entidades denuncian que muchas de las cuantías son muy inferiores a las que se anunciaron en su momento.

La crisis sanitaria se había traducido en una gran sacudida económica y social. Pero el IMV formaba parte del pacto de gobierno y era una exigencia de la Unión Europea

Decepción, frustración, fiasco, son palabras repetidas entre dos colectivos: el de quienes han intentado percibirlo y el de quienes les acompañan en su pugna por acceder a un derecho social, que a pesar de las grandes proclamas de hace un año, aún les resulta esquivo. Unos y otros comparten una sensación: la de llevar un año de lo mismo, obteniendo cada vez menos eco.

“Un drama”

“El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha tramitado más del 81% de las 1,32 millones de solicitudes recibidas en nueve meses, con casi 280.000 prestaciones aprobadas”, con esa escueta primera frase empieza la mencionada nota del Ministerio. La oración, que habla de éxito en cuanto al avance de la gestión de las solicitudes —en los primeros meses de implementación se activaron las alarmas por la lentitud en la que estas eran tramitadas—, trae consigo un gran fracaso, el de cientos de miles de IMV que han sido denegados.

A finales de abril el colectivo Renta Mínima de Inserción (RMI): Tu Derecho, que viene fiscalizando la aplicación de la medida, señalaba cómo el objetivo fundamental de esta, luchar contra la pobreza severa en el país, estaba lejos de cumplirse: “Los expedientes aprobados después de nueve meses de aplicación de la norma solo cubren al 13% de las personas en pobreza severa (565.000 de un total de 4,3 millones). Por tanto, casi nueve de cada diez personas en extrema pobreza no perciben el IMV”, sentenciaban.

Los datos contrastan con el discurso del Gobierno hace solo un año, que presentaba la medida como histórica. Los tiempos se prestaban a la hipérbole, el país atravesaba una situación inédita, la crisis sanitaria se había traducido en una gran sacudida económica y social. Pero el IMV precedía a estos tiempos acelerados: formaba parte del pacto de gobierno y era una exigencia de la Unión Europea.

En el ejecutivo, cuenta Ángel Parreño, vicepresidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, se debatían entre acelerar su implementación para cubrir las necesidades sobrevenidas en ese momento o estudiar su diseño con más tranquilidad, pensando otras soluciones de urgencia mientras tanto.

“La decisión final es ponerlo en marcha, pero no adaptan a las circunstancias de la pandemia ese diseño, y esos polvos trajeron estos lodos”. La observación la hace un año después, en un clima muy distinto al de aquel mayo de 2020, cuando el sector de los servicios sociales acogía con entusiasmo una medida largamente esperada. “El desarrollo del IMV no ha respondido a esas expectativas y ha nacido con una serie de problemas administrativos y burocráticos”.

Lo de no adaptarse a los tiempos se puede resumir en dos brochazos: el primero, los datos que se toman como referencia son los del año anterior. Para sorpresa de tantos, en los primeros meses queda fuera de cómputo lo acaecido durante el 2020. No solo, lo que se cobrará será la diferencia entre lo que se ingresaba en el precovídico 2019 y el umbral marcado por la medida, que se fija en 461 euros. En segundo lugar, a los solicitantes les recibirá un muro burocrático: complicados formularios telemáticos en un momento en el que la no presencialidad dificulta el acceso a orientación e información, y dificulta la entrega de la documentación requerida.

“La cabeza pensante que haya puesto esto en marcha yo creo que o lo ha puesto adrede para que la gente no lo pueda echar o vive en despachos totalmente desconectados de dónde vive la gente y cuáles son los destinatarios de esta medida”

Un “entramado burocrático”, como lo define Lola Contreras, presidenta de la organización andaluza Barrios Ignorados. Una falencia que hermana a esta nueva ayuda con las rentas autonómicas que venía a superar: “Son una carrera de obstáculos que expulsan a las familias que son destinatarias y que cumplen todos los requisitos para poder echarla”. Hastiada de ver de nuevo a las mismas personas castigadas por la administración, la activista plantea dos hipótesis: “La cabeza pensante que haya puesto esto en marcha yo creo que o lo ha puesto adrede para que la gente no lo pueda echar o vive en despachos totalmente desconectados de dónde vive la gente y cuáles son los destinatarios de esta medida”.

En este sentido, la trabajadora social Esther Rodríguez, cofundadora de pedirayudas.com, plataforma que surge para atajar esa distancia entre el diseño de la medida y la gente a la que va dirigida, considera que en parte, este desconocimiento de los colectivos destinatarios se hubiese subsanado si se hubiese contado con “la perspectiva de los profesionales de primera línea”.

En Barcelona, el economista Lluís Torrens, director de Innovación Social del Ayuntamiento de Barcelona, recuerda que en una reunión la gente de Caritas les dijo que habían obtenido cinco respuestas positivas de 250 solicitudes. También que la fundación del Casal del Raval dels Infants hablaba de unas seis solicitudes de 160. “Un drama”, resume categórico este integrante de la Red Renta Básica. 

Un drama que son miles: Hontanares Arranz, de la mencionada RMI: Tu Derecho, guarda en su memoria reciente decenas de casos diversos, causísticas variadas, pluriformes, que caben en su registro personal de profesional comprometida pero no en los estrechos márgenes burocráticos de la administración. Tiene un ejemplo para cada despropósito. Pero hay sobre todo algo que desbarajusta la existencia de las personas: la espera y la incertidumbre.

La dificultad del proceso ha llevado a muchas personas solicitantes a acercarse a entidades y colectivos junto a los que desbrozar la maraña burocrática

Si en un principio la administración se comprometió a resolver con agilidad las solicitudes, en otoño, ante el temor de que las ayudas fuesen denegadas por silencio administrativo, se amplió el plazo a los seis meses. Flaco favor a quienes esperaban ingresos con urgencia. Aún con los seis meses superados, Arranz explica que la manga es ancha y que los técnicos “tranquilizan” a las personas explicándoles que antes o después se resolverán sus expedientes. “Les dicen por teléfono que el silencio en esta ocasión no importa, ¿cómo no va a importar si el silencio se reguló en la ley de procedimiento administrativo justo para evitar que la gente no tuviera que estar indefinidamente en espera”.

La incertidumbre, de hecho, cobra muchas formas. Cuando finalmente te llega la carta, detalla la cuantía que corresponde. Donde falta el detalle es en explicar de dónde sale el cálculo. Hay una opción peor, la más común según las estadísticas del Ministerio: que la ayuda sea denegada. “Cuando aparecen las causas de denegación son tan escuetas que no sabes qué tiene eso que ver contigo, con tu situación; tienes que imaginarlo”, lamenta Arranz.

La dificultad del proceso ha llevado a muchas personas solicitantes a acercarse a entidades y colectivos junto a los que desbrozar la maraña burocrática. Para Rodríguez ha sido gracias a “los propios ciudadanos mediante los grupos en redes sociales, ONG, sindicatos y plataformas ciudadanas, donde se ha compartido la información de forma simplificada, que se ha podido ayudar así a realizar el trámite a personas afectadas por la brecha digital”.

La comunicación, sin embargo, no ha fluido para todos los lados: “El Ministerio ha tenido una actitud de no interlocución”, comenta Parreño, que aunque celebra que en su momento el Ejecutivo fuera permeable ante el tercer sector, considera incorrecto no haber dado centralidad a los servicios sociales públicos: “Las entidades pueden colaborar, pueden apoyar, pero esto es una cuestión de responsabilidad pública”.

Exclusiones de forma y de facto

El Ingreso Mínimo Vital arranca ya con una exclusión de base que cuestiona el objetivo enunciado de apoyar a las personas más vulnerables. Lo hace dejando fuera a quienes están en peor situación: las personas migrantes en situación irregular. Así se establece desde un principio, sin que los esfuerzos de varias entidades del tercer sector y de colectivos migrantes como el movimiento #RegularizaciónYa consigan transformar esta determinación.

También se decide, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de las rentas mínimas, excluir a los menores de 23 años como beneficiarios. El uso del empadronamiento como vector a través del que se tramita la ayuda pone a las personas sin hogar en particular, pero también a quienes se ven aquejados por inestabilidad residencial —algo muy común entre las personas empobrecidas—, en los márgenes.

Algunas de las modificaciones introducidas durante el año intentan subsanar estos límites. En febrero llega un cambio relevante: los servicios sociales podrán acreditar diversas situaciones, desde cambios en el padrón, como la situación de pobreza sobrevenida. “La modificación de febrero establece en qué supuestos tiene los servicios sociales que facilitar”, explica la veterana trabajadora social Berta Lago.

Con el alto porcentaje de denegación, y una media de 448 euros al mes, por solicitud, a Escrivá se le podrán afear muchas cosas, pero no su alta capacidad de ahorro

La cuestión es que introduce una nueva complicación burocrática: pide que se extiendan certificados, algo que los trabajadores sociales por ley no pueden hacer.  Los cambios encomiendan a los servicios sociales labores de fiscalización sobre la situación de las personas, dejándoles en un rol de “gestores de prestaciones” que no les corresponde, explica Lago. “No es de recibo que el señor Escrivá haga las cosas sin haberlo explorado bien y saber cómo se podía hacer de una manera que no perjudicara a las personas”.

900 colectivos piden que los migrantes en situación irregular tengan acceso al Ingreso Mínimo Vital

Redacción El Salto

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900 colectivos piden que los migrantes en situación irregular tengan acceso al Ingreso Mínimo Vital

Redacción El Salto

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Ya son 900 colectivos los que se han adherido a la campaña #RegularizaciónYa, que además ha incorporado entre sus demandas la del ingreso mínimo vital para las personas migrantes en situación irregular. El miércoles EH Bildu, la CUP y Compromís se manifestaron a favor de un proceso amplio de regularización ante la emergencia sanitaria y económica.

 Cuando se habla de Ingreso Mínimo Vital, es difícil no hablar del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. José Luis Escrivá es el principal artífice de esta medida y, para muchos, un elemento central para abordar este desaguisado. “Lo suyo es un caso de soberbia intelectual. Escribió un informe el año anterior sobre ingreso mínimo vital. Dijo: la propuesta que han hecho los sindicatos es una propuesta que está mal y yo voy a arreglar esto con menos dinero”. Torrens se refiere a la ILP presentada en 2016 por UGT y CC OO en la que se proponía un IMV con un coste de 7.500 millones.

En su informe Escrivá estimó que con 5.500 “lo podía hacer mucho mejor”. Las cifras fueron bajando hasta llegar a 3.000, “menos de la mitad y en medio de la crisis más grave que hay en el país de hace 40 años o más”, lamenta Torrens. La ejecución del presupuesto habla de cifras mucho menores. Con el alto porcentaje de denegación, y una media de 448 euros al mes, por solicitud (estimando que, como dice la nota de prensa, las unidades de convivencia cuentan con un promedio de 2,42 miembros), a Escrivá se le podrán afear muchas cosas, pero no su alta capacidad de ahorro.

El pecado de ser pobres

Del otro lado del ahorro, personas que siguen siendo pobres. “Cuando estás en una situación insostenible, cuando no tienes para llegar a fin de mes, cuando no puedes llenar la nevera ni dar a tus hijos los mínimos requisitos para una escolaridad normalizada y te anuncian que va a haber una ayuda que va a contemplar tu realidad, digamos que la esperanza se dispara y esa esperanza rota defraudada, que es lo que ha pasado, implica un sufrimiento añadido al que ya tiene las personas por su situación de años”, explica Parreño.

La mayoría de las denegaciones están motivadas por superar el mínimo, un mínimo que incumple la Carta Social Europea. “Han decidido que un pobre en España es una persona que cobra menos de 461 euros; en Barcelona ya te digo yo que con 460 euros, para empezar, casi no puedes pagar ni una habitación. Estaba claro que esto no era para salir de la pobreza”, lamenta Torrens.

Y no se trata solo del umbral, los cálculos de la administración se hacen por debajo de ese umbral mínimo al contabilizar otros ingresos, a veces pasados, a veces nimios, a veces inexistentes. Juan Viera, del colectivo extremeño Campamentos Dignidad, tiene muy presentes estos límites:  “Hoy precisamente estábamos en Mérida en una pequeña reunión, y hemos hablado del IMV: de gente que cobra 100 euros, 80 euros... Un compañero que tenemos aquí está cobrando 200 euros”. Para este activista hay una ideología que subyace a que, en un momento de movilización de recursos económicos millonarios para capear la crisis, se escatime tanto en recursos para afrontar la pobreza: “Escrivá me parece a mí que piensa en otras cosas. Esta gente mira a los pobres de una manera distinta, los pobres aguantan todo y pueden sobrevivir con menos. La clase dominante considera que las clases trabajadoras necesitan menos para vivir que ellos”.

“Escrivá me parece a mí que piensa en otras cosas. Esta gente mira a los pobres de una manera distinta. La clase dominante considera que las clases trabajadoras necesitan menos para vivir que ellos”, dice Viera

Menos recursos para vivir en sus cuentas corrientes, pero también carestía de recursos entre los profesionales que atienden a estos colectivos y que han puesto el grito en el cielo cuando se les ha encomendado la misión de gestionar lo que es una prestación de la Seguridad Social. La Asociación de directoras y gerentes denunciaba, junto a otras organizaciones del sector, su malestar: “Entendíamos que se tenía que gestionar por parte de la seguridad social y que no caería de nuevo sobre la competencia de los servicios sociales, que ya estaban debilitadas por los recortes de la crisis anterior”, apunta Parreño, quien alerta de que la atención primaria de Servicios Sociales está infradotada y al borde del colapso.

Otra amenaza se ciñe sobre quienes cobran esta ayuda: los cambios pueden amenazar su continuidad. Es algo que constata Arranz demasiado a menudo: la gente no está enterada de que tiene que informar a la administración de todas sus vicisitudes vitales. Los cambios son una parte fundamental de la existencia de quienes no tienen un contrato fijo, ni un domicilio estable, ni la posibilidad de planificar su futuro.

La activista teme que, si la gestión del IMV ya está colapsada sin contar con esos cambios, la introducción de los mismos va a suponer una complicación ulterior cuyos costos recaen una vez más sobre las mismas personas, obligándolas por ejemplo a devolver importes indebidamente cobrados. “Y esto viene con la estigmatización de que tú has cobrado incorrectamente algo. Cuando hay un titular del tipo ‘piden devoluciones a nosecuántos perceptores de IMV’, ¿la gente qué va a pensar?, que la gente ha estafado, no va a pensar que la administración va desfasada; todo es bastante oscuro”.

Para Lago, el problema tiene que ver con que se les exige a las personas pobres más garantías que a los demás. “En este país se acepta la declaración responsable de personas que tienen una situación muy desahogada, cuando después te enteras que muchos de ellos tienen actuaciones discutibles, y luego los pobres parece que por definición no puede aceptarse una declaración responsable”, lamenta, recordando que este tipo de documento es válido y lo acepta la UE, otra cosa es que la administración se resista.

De trasfondo, cunde el malestar ante la percepción de que las personas vulnerables y la obligación del Estado de combatir las situaciones de exclusión y pobreza, tiende desde hace meses a desplazarse a un segundo o tercer plano: “Si esto hubiese ocurrido con las vacunas... Acuérdate, la primera semana que no cumplimos el plazo esto era un drama; ‘se va a hundir el país, es un desastre’, decían. Pues así estamos: llevamos un año con el IMV que no llega a la gente”, constata Torrens.

La pinza autonómica

No todas las Comunidades Autónomas actúan del mismo modo, algunas, como Madrid, exigen a las personas tramitar primero la IMV para optar a la renta mínima. Esto añade kilómetros en forma de meses de espera al laberinto burocrático. Un laberinto al que se enfrentan muchas de las personas de los “Barrios Ignorados” andaluces: “la situación de muchas familias es auténticamente desesperante, no pueden acceder al IMV, se lo han denegado por problemas burocráticos y ahora tienen que iniciar otra vez el trámite en la Junta de Andalucía que está tardando unos ocho o nueve meses en resolver expedientes, las familias están en una situación caótica, están abandonadas totalmente”, se escandaliza Contreras.

Para Viera, todo es un suma y sigue: “Ha salido una nota de la Junta de Extremadura diciendo que han concedido más de 8.000 IMV, dicen que la media son de unos 380 euros de medio por hogar: con eso no puede vivir una familia”. Poco dinero, mucha demora, y demasiadas exigencias: “lo que hacen es el control de los pobres: tienes que ir a hacer unos cursos de aprendizaje de ordenador, de orientación para saber buscar trabajo, de monitor, de asistencia a personas mayores, si no cumples eso, como te controlan te quitan la renta mínima. La cuestión burocrática para los pobres es impresionante, es una montaña que a veces cuesta mucho trabajo subir. Un castigo”.

¿Qué pasa con el presupuesto que las comunidades autónomas están ahorrando con la introducción del IMV? Parreño alerta contra la tentación de trasladarlo a otras partidas ajenas a la inclusión: “que no se lo lleven a otras políticas pensando que bueno, como ya me paga la seguridad social,  este dinero puede pasar, pues yo qué sé, a hacer la reforma agraria: Todo el dinero debería ir dedicado a reforzar los servicios sociales básicos”.

Ingreso mínimo vital: del ruido burocrático al silencio administrativo

Sarah Babiker

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Ingreso mínimo vital: del ruido burocrático al silencio administrativo

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A tres meses de que se comenzaran a presentar las solicitudes, la lentitud de la tramitación y la incertidumbre ante el silencio de la administración, ha obligado al gobierno a anunciar algunas medidas. Las entidades insisten en la necesidad de simplificar los procesos y reclutar el personal necesario para procesar todas las solicitudes pendientes.

 En Catalunya algo tienen avanzado en ese sentido: el Parlament aprobó un acuerdo con el voto de los partidos en el gobierno por el que los ahorros de la Generalitat con la entrada del IMV se usarán para mejorar, en cobertura o cuantía, la Renta Garantizada: una de las mejoras consistiría también en facilitar la compatibilidad con los ingresos laborales. Lluís Torrens apunta a que tanto la RG como el IMV fallan a ese respecto, a pesar de lo que se apuntó en un inicio, ambas ayudas no incentivan la empleabilidad al restar los ingresos provenientes del trabajo de la cuantía concedida.

Para quienes trabajan del lado de quienes rellenan formularios, de quienes esperan, de quienes cada vez tienen menos fuerza para buscarse la vida, esta gestión del IMV tiene un coste político claro

La cuestión de la compatibilidad con el trabajo, o las ayudas a la vivienda, —que se barajan en Catalunya y ya existen en la renta de garantía de ingresos vasca— eran algunos de los avances que se prometían dentro del marco del IMV el año pasado. Sin embargo, sin la ley tramitada y con el reglamento en suspenso, nadie parece saber muy bien cuándo (y cuánto de) esto podría concretarse. A Torrens le entra cierto vértigo haciendo paralelismo con los dos años que tardó la Generalitat en reglamentar la RG desde la aprobación de la ley.

Para quienes trabajan del lado de quienes rellenan formularios, de quienes esperan, de quienes cada vez tienen menos fuerza para buscarse la vida, esta gestión del IMV tiene un coste político claro. Piensa Arranz que no hay más que tirar de los hilos de ese abandono para entender por qué las personas más desfavorecidas, víctimas privilegiadas de las políticas neoliberales de la derecha, no evitan su avance en las urnas. “Si ustedes estuvieran en esta situación, ¿qué pensarían del Gobierno, de la administración, de los políticos”, interpela.

En Campamentos Dignidad debaten mucho sobre qué hacer frente a las cuestiones que atraviesan y dificultan su existencia: empleo, derechos sociales, vivienda, sanidad. Algunos de sus integrantes acudieron a Madrid el pasado 15 de Mayo para participar en la Asamblea de Marea Básica, (cuyo colectivo madrileño forma parte de RMI Tu Derecho): El IMV estuvo en el centro del debate. ¿Cómo pasar a la acción?, se preguntaban. Ya hicieron una primera intervención,  una acampada ante el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social en la noche del 31 de mayo al 1 de junio, coincidiendo  con la aprobación del IMV. 10 años después del 15M consideran necesario, en palabras de Viera: “retomar la movilización en la calle”.

Lo de la renta básica universal

La Marea Básica trae entre sus reivindicaciones una muy sencilla: que el mejor modo de luchar contra la pobreza es establecer una renta básica universal. No están solos, las voces a favor de esta medida cada vez son más diversas. “Si nos permitieran diseñar una renta mínima, el camino que elegiríamos sería similar al de una renta básica universal, como alguna de las propuestas que ya están lanzando plataformas ciudadanas o los propios colegios de Trabajo Social”, apunta en este sentido Esther Rodríguez. En su caso, la simplificación burocrática y la suficiencia serían elementos centrales, para el diseño de una renta mínima. Esta trabajadora social también piensa que una renta básica posibilitará la lucha por mejores condiciones laborales. 

Arranz cree que, pese a la potencialidad de la propuesta, hay algo que aleja de la discusión sobre la renta básica a las capas más desfavorecidas: la insistencia en que no se trata de una medida para pobres. “Es bastante humillante, cuando tú vives de rentas ‘de pobres’, es como que te dicen que no entres en este debate porque no es para tí. Yo creo que la renta básica es una renta para todos pero especialmente para la gente más empobrecida”. Por ello esta activista considera que la cuestión de la suficiencia es crucial. 

Teoría y práctica de la renta básica universal en Europa: hacia el millón de firmas

Sarah Babiker

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Teoría y práctica de la renta básica universal en Europa: hacia el millón de firmas

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A dos meses de que arrancara la Iniciativa Ciudadana Europea por la renta básica, activistas reflexionan sobre el empuje que está teniendo la propuesta.

Frente a la confusión que hubo hace un año cuando medios extranjeros llegaron a publicar que en España se había aprobado una renta básica, como rememora Lago, integrante del observatorio de Renta Básica ATTAC, quienes defendían esta medida, se esforzaban en aclarar que el IMV distaba por mucho de su propuesta. “Aunque nunca imaginamos que iba  a ser tan restrictiva. Luego han ido modificando cosas, que no hay decreto que haya tenido más modificaciones”, destaca. Mejoras que no se materializan y que tienen un efecto: subrayar una y otra vez los límites de la condicionalidad, reflexiona Torrens: “En Catalunya las entidades del sector lo tienen clarísimo, todas las potentes, ahora todas defienden la renta básica universal, han sido testigos de dos fracasos de las rentas condicionadas en tres años. La catalana y después la estatal”.

La escasa sorpresa y la constatación de que sus recelos hacia el IMV no solo eran fundados sino que se han visto trascendidos no da ninguna satisfacción a los críticos: el sufrimiento que genera este estado de las cosas arrasa cotidianamente la vida de muchas personas. Un escenario que durante el confinamiento del año pasado La Red Renta Básica y la Marea Básica intentaron evitar conjuntamente presentando una propuesta: la activación de una renta básica de emergencia. La misma hubiese permitido facilitar un ingreso a todas las personas que manifestasen necesitarlo, con una fiscalización posterior a través de la declaración de la renta. 

Para Torrens esta propuesta no se queda en el ámbito de lo deseable, algo parecido se ha concretado, defiende, en los Estados Unidos de Biden: “la gente iba y decía: yo necesito el dinero. ¿A quién se lo decía?, a la agencia tributaria americana. La agencia tributaria te avanza el dinero y luego lo declaras en la declaración de renta”. El economista se entusiasma con una medida que, dice, beneficiará a un 90% de la sociedad estadounidense. “este sería un sistema mucho más sencillo, incondicional, sería un paso hacia una renta básica”.