Represión
La Fiscalía pide varios años de cárcel a siete trabajadores tres años después de la huelga del metal en Cádiz

La huelga del gremio del metal que durante nueve días en noviembre de 2021 sacó a cientos de trabajadores gaditanos a la calle con el objetivo de conseguir un convenio justo y derechos laborales sigue trayendo consecuencias legales a la actualidad.

Durante la mañana del jueves 19 de septiembre serán juzgados, en la Audiencia provincial de Cádiz, siete trabajadores que participaron en las acciones de protesta serán juzgados por los delitos de “desorden público” y “atentado contra la autoridad” por los que la Fiscalía pide 3 años de cárcel. El texto jurídico elaborado por la Fiscalía, a pesar de no detallar daños personales o materiales, sostiene que los trabajadores lanzaron “botellas, piedras y otros elementos peligrosos a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.

La primera vista judicial del caso estaba prevista para el pasado 12 de marzo; sin embargo, no llegó a celebrarse al considerar que se trataba de competencias de la Audiencia Provincial y no del Juzgado en el que pensaba celebrarse. Pedro Castillo, abogado de los trabajadores sostiene sobre el caso que “no deberían haber sido encausados” y que se trata de siete trabajadores del gremio del metal “que estaban ejerciendo un derecho constitucional” con el objetivo de tener “acceso a un trabajo digno”.

Desde la Coordinadora de Trabajadores del Metal creen que las penas que exige la Fiscalía se trata de un ejercicio de “represión a la clase trabajadora para que no se movilice y dar el mensaje de que si lo hace puede tener cárcel”. Por ello han convocado una concentración frente al juzgado para mostrar el apoyo a los trabajadores que se enfrentan al juicio.

Una vecina condenada por la huelga del metal

La Huelga del metal de 2021 en Cádiz dejaron la imagen insólita de una tanqueta mandada por el Ministerio de Interior, encabezado por Grande-Marlaska, patrullando por las calles del barrio Río San Pedro, en Puerto Real, para intentar sofocar las protestas obreras, a las que también se había unido el vecindario de la zona.

El pasado abril el juzgado de lo penal de Cádiz condenaba a Raquel Rodríguez, una vecina de Puerto Real, por delitos de injurias y relevación de delitos por lo que tendrá que pagar una sanción económica de 5.000 euros más el pago de las tasas de los procesos judiciales.

Rodríguez se hizo viral por su aparición en RTVE denunciando en directo la represión policial que estaba viviendo su barrio llamando “sicarios” a los agentes. “Me sentencian cuando toda España sabe y ha visto quiénes eran los que atentaban contra quienes, la policía y los mandatarios mandaron a militarizar un barrio obrero”, sostuvo Rodríguez a El Salto tras conocer la sentencia.