Residencias de mayores
Tres años sin saber qué pasó en las residencias de mayores madrileñas

Coincidiendo con el tercer aniversario oficial de cuando el covid llegó a las residencias, la Plataforma Verdad y Justicia y la asociación Marea de Residencias convocan a la ciudadanía a un acto de arranque de una campaña para pedir que se investigue lo que ocurrió durante los meses de marzo a junio en las residencias madrileñas. “Tras tres años, desde el 8 de marzo de 2020 que se cerraran a las visitas las residencias, seguimos sin que haya una investigación de lo que ocurrió”, explica Carmen Martín, portavoz de Marea de Residencias, que recuerda que gran parte de las 7.291 muertes que se registraron fueron sin la asistencia médica que necesitaban los mayores o dependientes. “Queremos saber qué pasó”, insiste, y recuerda que “te llamaban para decirte que estaba todo bien y a las pocas horas te decían que tu familiar estaba muerto o que la única atención médica que iba a recibir era la sedación”.

Esa falta de información, admiten los familiares, les impide cerrar el duelo. Como un “bálsamo” para ellos se define parte de lo que este jueves 2 de marzo realizarán frente a la Asamblea de Madrid. No es un lugar casual, es el sitio donde pusieron sus esperanzas para recibir la información de qué pasó durante los últimos días de vida de sus seres queridos. La propuesta era abrir una comisión de investigación que, con el segundo mandato de Isabel Díaz Ayuso, se vio truncada, al cerrarla el Partido Popular con la ayuda de Vox. Lo mismo ha pasado después, cuando la petición de PSOE, Más Madrid y Podemos ha sido rechazada por los dos partidos de derecha.

“La única esperanza que hay es un cambio de gobierno. Mientras estén el PP y Vox, no saldrá a la luz”

Portazo en la asamblea y en los tribunales

El profesional sanitario y actual secretario de Atención a la Dependencia del PSOE de Madrid, José Ignacio Gómez Chamorro, presidió esta comisión de investigación cerrada de forma prematura. Ahora, exdiputado en la Asamblea, es un fuerte defensor de la plataforma que reivindica saber la verdad. Preguntado si todavía es posible que se abra una investigación sobre los protocolos de exclusión en la Asamblea, responde de forma contundente: “La única esperanza que hay es un cambio de gobierno. Mientras estén el PP y Vox, no saldrá a la luz. El primero interesado en que no se investigue es el PP, pero Vox paga favores a costa de ocultar la realidad de lo que pasó en las residencias”.

“Ellos quieren dejar pasar el tiempo para que nos olvidemos y eso no puede pasar”, explican desde Marea de Residencias y advierten que “volverá a pasar lo mismo, ya sea en otra pandemia o en otro sector”. “Excluirán al sector que consideren, ya sean mayores, con enfermedades crónicas, como cáncer, sida o con adicciones. Lo que ellos quieran hacer. Hay que investigarlo y juzgar a los responsables”, concluye Martín.

Pese a que las puertas de los tribunales se han cerrado en numerosas ocasiones para las víctimas de la gestión de la pandemia en las residencias, los familiares no pierden la confianza. “Tenemos muchas esperanzas en el día 23 de marzo, cuando comparecerán Alberto Reyero y Carlos Mur —el exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno Ayuso en ese momento y el firmante del llamado ‘protocolo de la vergüenza’— como testigos en el juzgado de Instrucción de Madrid”, indica Carmen Martín. Para los familiares, se trata de dos personas clave que, además, tienen incluso más información que las trabajadoras de residencias o los propios familiares. Solo tienen un miedo: que la huelga de secretarios judiciales alargue aún más este proceso, que no ha costado poco que ocurra.

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El ex consejero de Políticas Sociales de Cs denuncia que gestionó la tragedia en las residencias madrileñas en soledad y sin la necesaria ayuda del equipo de Ayuso, entre frialdad e indiferencia. Recompone aquellos días en el libro 'Morirán de forma indigna'.

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Una comisión civil para investigar

Los familiares han visto cómo se cerraban casos en la instrucción, tribunales donde no sabían cómo gestionar la causa o jueces que no hacían nada ante la incomparecencia de testigos o investigados. “Es un goteo que no satisface a los familiares, ya que siguen pasando cosas como el otro día en Parla, donde no se presentaron los fiscales en un juicio. Esto humilla a los familiares y nos debería hacer sufrir a toda la sociedad”, opina Gómez Chamorro.

Los familiares han visto cómo se cerraban casos en la instrucción, tribunales donde no sabían cómo gestionar la causa o jueces que no hacían nada ante la incomparecencia de testigos

“No tiene sentido que un consejero de Políticas Sociales como Reyero luche por pedir que los ancianos pudieran ir a los hospitales o, en caso contrario, que fueran medicalizadas las residencias y que no pase nada. Él lo denuncia y no pasa nada en la justicia”, explica Carmen Martín, que se pregunta que si todo lo que ha contado Reyero es mentira por qué el PP o Ayuso no se querellan con él. O contra Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras con sendos informes al respecto. “Solo quieren que el tiempo pase para taparlo, pero no lo vamos a consentir”, advierten.

Por eso, una de las grandes esperanzas para las más de siete mil familias afectadas de forma directa y muchos más ciudadanos y ciudadanas que apoyan esta reivindicación es hacer una comisión civil. La plataforma Verdad y Justicia ya anunció está intención, emulando otras como las comisiones por los crímenes franquistas, y pretende anunciar más pasos en este sentido en el acto de este jueves. Además, mujeres y hombres como Mercedes, que perdió a su padre en una residencia madrileña, protagonizarán una performance sobre lo ocurrido esos días y que será escenificado gracias a los testimonios de las auxiliares de estos centros. Se leerá, después, un manifiesto con los próximos actos, apoyados por figuras relevantes de la sociedad civil, judicatura, periodistas, etc. “Estamos muy agradecidas por el apoyo”, reconoce emocionada Carmen Martín.

El objetivo: que no vuelva a pasar

Además de saber qué pasó esos meses de 2020, las asociaciones de familiares y residentes luchan para que algo así no pueda pasar. “Si nadie dice que los protocolos excluyentes no son ilegales, pueden volver a aplicarlos”, asegura la representante de Marea de Residencias, que advierte que solo con reparación judicial habrá reparación moral. Aunque sin respuesta, desde El Salto se ha preguntado a la Comunidad de Madrid qué herramientas o servicios han puesto a disposición de las residencias, tanto públicas, como concertadas o privadas, para que algo así no pueda volver a ocurrir.

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Mientras que en las 25 residencias totalmente públicas hubo una mortalidad del 7,4%, en las 18 de gestión externalizada la cifra escala hasta el 21,9% según un nuevo estudio publicado en la revista internacional Epidemiología.

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“La única buena noticia sería que la Comunidad de Madrid se hubiera preocupado de las residencias, que hubiera cambiado el modelo de gestión o que hubiera rechazado la comida low cost que se da en muchas residencias, pero no ha ocurrido. No hay esperanza de que el PP pueda arreglar este problema”, opina el representante socialista. “Nosotros —continúa— seguiremos con Verdad y Justicia, con Marea de Residencias, con Más Madrid, Podemos y el PSM para saber qué ha pasado. Sin chascarrillos de algún diputado o diputada del PP que salga ridiculizando lo que ha ocurrido en las residencias hace tres años”.