Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)
El SAT asume la responsabilidad civil por la “expropiación de alimentos” en Mercadona ante la reanudación del juicio

Casi ocho años después de la acción simbólica que integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) protagonizaron en el verano de 2012 para señalar ante la opinión pública la situación “de emergencia” que padecían muchas familias de Andalucía, una veintena de integrantes de esta organización enfrentan penas de un año y seis meses de cárcel y 14.000 euros de fianza acusadas de robo con violencia en un supermercado de Mercadona en la localidad sevillana de Écija. El sindicato ha reconocido la responsabilidad civil en estos hechos para no agravar la situación procesal de algunos imputados.

La Fiscalía y Mercadona piden un total de 32 años de prisión y 14.000 euros de fianza para los 20 imputados que el 7 de agosto de 2012 fueron identificados por su participación en una “expropiación de alimentos” ante periodistas y medios de comunicación con la que el SAT pretendía evidenciar la situación de emergencia que, a su juicio, padecían muchas familias trabajadoras de Andalucía. Juan Manuel Sánchez Gordillo, histórico líder jornalero y alcalde de Marinaleda (Sevilla) desde 1979, fue absuelto por estos hechos en enero de 2014 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al no existir indicios de su participación material en los hechos.

El Juzgado de la Penal número 2 de Sevilla reanuda este 12 de febrero el juicio, tras el aplazamiento dictaminado en septiembre 2019, y desde el SAT han convocado movilizaciones en todas las provincias andaluzas este sábado, 1 de febrero, para reclamar a la cadena de supermercados Mercadona que retire la denuncia. La defensa reclama la absolución de las personas encausadas y rechaza el robo con violencia. La participación en piquetes informativos durante las huelgas, la ocupación de tierras, o la expropiación de alimentos y material escolar como reclamos de esta organización para llamar la atención sobre diferentes problemáticas en Andalucía desde su fundación ha supuesto la apertura de infinidad de causas judiciales a sus integrantes.

Así lo reconoce el secretario general del SAT, Óscar Reina: “Hay compañeros con causas abiertas y tristemente esto puede acarrear que vuelvan a prisión o que acabemos en prisión”, lamenta. El propio Reina es uno de los veinte que la Justicia pretende sentar en el banquillo de los acusados, entre los que se encuentran otros activistas como Andrés Bódalo, que salió de la cárcel hace poco, y Francisco Molero, de 30 años, único condenado por su participación en la acción 'Rodea el Congreso', en Madrid, en 2013, que se encuentra en estos momentos en prisión en Málaga.

El sindicalista del SAT Francisco Molero entra en la cárcel de Archidona por las protestas de Rodea el Congreso

Ter García

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Represión

El sindicalista del SAT Francisco Molero entra en la cárcel de Archidona por las protestas de Rodea el Congreso

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Desde el SAT anuncian que presentarán una querella por prevaricación contra el Tribunal Constitucional. Molero ha sido condenado a cinco años de cárcel por atentado a la autoridad y lesiones, además de al pago de una multa de 16.000 euros.

Una acción idéntica a la que se juzga en febrero protagonizaron desde el sindicato en un centro comercial de Carrefour en Arcos de la Frontera (Cádiz), que no fue denunciada por la multinacional. “De Carrefour retiramos 12 carros de comida el mismo día, a unos cien euros por cada uno de ellos, que entregamos a los servicios sociales de tres ayuntamientos de la provincia de Cádiz, y explicamos a la cadena que nuestra intención no era otra que señalar los problemas de verdadera necesidad que estaban padeciendo en esos momentos unas 400.000 familias andaluzas”, reconoce el histórico líder de los jornaleros y ex diputado de Podemos en el Congreso, Diego Cañamero, a El Salto Andalucía. “Estos supermercados se escogieron al azar por estar situados en dos comarcas de las más pobres de Andalucía como son la Sierra Sur de Sevilla y la Sierra de Cádiz”, insiste Cañamero, “no porque el SAT tenga nada en contra de ellos”, subraya.

Responsabilidad civil e indemnizaciones

Con el objetivo de no agravar la situación procesal de algunos integrantes encausados en este procedimiento, el SAT ha asumido la responsabilidad civil por la “expropiación de alimentos” en Écija que entregaron a colectivos con necesidades. Fuentes de la defensa aseguran a El Salto Andalucía que ya han ingresado 1.400 euros en concepto de los bienes sustraídos de la superficie comercial de Mercadona, además de una indemnización para tres trabajadoras que presentaron parte de lesiones tras esta acción, ascendiendo a un total de 2.629 euros el concepto de responsabilidad civil satisfecho. Una muestra, aseguran, de la “buena disposición” de la organización, que esperan tenga reflejo si se llega a dictar sentencia.

Diego Cañamero: “Esto era una acción simbólica delante de los medios de comunicación para que se avergonzase nuestro Gobierno de la realidad económica que soportaba buena parte del pueblo andaluz”

“No nos duele reconocer y pagar por los alimentos del Mercadona, unos mil euros en suma, y tampoco vamos a perjudicar a los intereses de los trabajadores, lo que no vamos a reconocer es un robo con violencia que no se produjo”, insiste Diego Cañamero entre muestras de indignación. “Cuando se roba se oculta uno y lo hace por detrás, como algunos grandes empresarios o los políticos corruptos de este país, pero esto era una acción simbólica delante de los medios de comunicación para que se avergonzase nuestro Gobierno de la realidad económica que soportaba buena parte del pueblo andaluz”, abunda el líder jornalero.

La acción del SAT coincidió en el verano de 2012 con máximos históricos de la prima de riesgo y con el rescate a la banca española durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La Comisión Europea concedió un crédito por valor de hasta 100.000 millones de euros para sanear el sistema financiero español a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un rescate que se anunció eludiendo la palabra con el eufemismo de la concesión de “un préstamo en condiciones muy ventajosas”, en palabras del exministro Luis de Guindos.

“A Mercadona y al Ministerio del Interior esta acción les dolió especialmente en el contexto en el que se produjo, y por ello pidieron desde un primer momento la cabeza de Juan Manuel Sánchez Gordillo y de Diego Cañamero, y mantienen la presión y el chantaje hasta el final para tratar de presentarnos como culpables ante la opinión pública”, apuntan desde el SAT.

El Banco de España cifró en noviembre de 2019 en 65.725 millones de euros el coste de este rescate a 15 entidades bancarias llevado a cabo entre los años 2008 y 2012, de los cuales el Estado ha logrado recuperar apenas 5.150 millones por reembolsos y venta de acciones de entidades nacionalizadas. “Las expropiaciones de alimentos y las marchas Andalucía en Pie generaron una onda expansiva que fortalecieron todas las luchas”, recuerdan desde el SAT “y desembocaron en las Marchas de la Dignidad que el 22 de marzo de 2014 llevaron a Madrid a más de un millón y medio de personas de todos los pueblos del Estado exigiendo el fin de las políticas que hacían pagar la crisis a quienes no la habíamos generado”.

RECHAZAN EL ROBO CON VIOLENCIA Y SE DECLARAN “INSUMISOS JUDICIALES"

El secretario nacional de áreas y sectores del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Néstor Salvador, imputado también en el juicio de Mercadona, ha salido en defensa de sus compañeros. “Lo que buscan con este juicio no es resarcir ningún daño porque no lo hubo, y porque unos carros de compra que se retiraron simbólicamente no suponen un costo para una empresa que gana millones de euros cada año, lo que nos piden es que agachemos la cabeza”, sostiene ante El Salto Andalucía. “Al asumir la responsabilidad civil se ha resarcido sobradamente el importe de esta acción”, explica Salvador, “por eso la petición de un año y seis meses de cárcel para cada imputado, unos 32 años de cárcel en suma, responden al ánimo de escarmentar a esta organización”.

El sindicato sostiene que parte de los acusados no han recibido aún la notificación de la reanudación del juicio, una situación que aseguran se repitió en septiembre de 2019, y en otro juicio que les puso en la diana en el verano del año pasado: el de la ocupación de la finca La Jarilla. Esta ocupación tuvo lugar durante tres días en noviembre de 2008. “En una década de procedimiento judicial no realizaron correctamente las notificaciones a los imputados”, motivo por el que numerosos encausados no se presentaron ante el juez. En este caso la Fiscalía de Sevilla retiró finalmente la acusación que pesaba contra 34 integrantes del Sindicato, para quiénes pedían 23 meses de cárcel por coacciones y daños en la ocupación de la finca La Jarilla. Al retirar los cargos la única acusación, la sentencia del juzgado penal 4 de Sevilla absolvió a todas las personas encausadas.

Desde el SAT reconocen que están manteniendo contactos con la Fiscalía bajo la posibilidad de un acuerdo entre las partes que evite la celebración del juicio

Marcando distancias, en esa línea insisten ahora y reconocen que están manteniendo contactos con la Fiscalía estudiando la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes que evite la celebración del juicio. “En toda Europa se han realizado de forma simbólica acciones de expropiar alimentos de primera necesidad y con este juicio a unos hechos que tuvieron lugar en los años más duros de la crisis buscan una cabeza de turco y que reconozcamos nuestra culpabilidad, pero nosotros no somos ladrones, somos activistas señalando la situación que sufrían en Andalucía muchas familias”, exponen desde la dirección.