Sevilla
18 personas se enfrentan a un total de 77 años de cárcel por defender el derecho a la vivienda en Sevilla

77 años de prisión, en penas que van desde 3 años y seis meses hasta 5 años y medio de prisión; esta es la pena a la que se podrían enfrentar un total de 18 activistas en la ciudad de Sevilla por el caso de la okupación de un edificio en el barrio de la Macarena en 2018. El proyecto habitacional, con el nombre Corrala Dignidad, era un espacio de vivienda para personas en situación de calle.

Siete años después y tras un aplazamiento en junio de 2024, este próximo lunes 17 y martes 18 de febrero comenzará el juicio contra las 18 personas en los Juzgados de la Buhaira, con posibilidad de que se amplíe a más jornadas.

Durante el desalojo del edificio la policía realizó seis arrestos y 18 identificaciones, y desplegaron una violencia extrema contra los activistas. Según explicaba a El Salto Diario, en un reportaje que explica el caso, el abogado de la causa, Luis de Santos, “Para justificar la violencia de la actuación de los agentes, la policía engordó el atestado, criminalizando a las personas que estaban dentro y a las que estaban fuera, con penas de hasta cinco años de prisión y 21.000 euros”. Dos de las personas detenidas estuvieron más de 50 días en prisión provisional, según explicaba De Santos, “la prisión provisional es una medida que se utiliza normalmente para situaciones en las que ha existido mucha violencia, no era el caso, fue para desalentar acciones similares en Sevilla”.

Entre las personas que se sentarán en el banquillo el próximo lunes se encuentran activistas y personas en situación de calle marginalizadas y vulnerabilizadas por las instituciones. La acusación los ha denunciado por intento de usurpación violenta, delitos de daños, atentado contra los agentes de la autoridad, lesiones y desórdenes públicos.

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Desde la Asamblea de Vivienda de Sevilla, Carmen Gutierrez expone que es un caso “sin precedentes en Sevilla” y llama a que “la represión no pueda parar la organización y la militancia“. La experta en vivienda de la Universidad de Sevilla, Angela Lara, expone que “estamos en una escasez de vivienda” y apunta que la causa es “el desvío de la vivienda de su función social”. Una problemática que, según Lara, no ha hecho más que empeorar desde 2018.

Según el sindicato CGT Andalucía, en Sevilla “hay más de 50.000 viviendas vacías”. Los últimos datos del Consejo del Poder Judicial al respecto vuelven a poner a Andalucía a la cabeza de los desahucios dentro del Estado español y, dentro del territorio, Sevilla es una de las provincias donde más se concentran.

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Aurora Báez Boza

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18 personas fueron detenidas y enviadas a prisión provisional en Sevilla en 2018 por la ocupación de viviendas para personas en situación de calle tras un desalojo mediado por la violencia policial. En julio se celebra el juicio contra los imputados.

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Desde la APDHA piden la absolución de las personas acusadas y explican que “las desmesuradas penas de prisión que se están solicitando demuestran que el principal objetivo de este proceso judicial es la criminalización de la legítima protesta social” y reiteran que “ninguna de las personas que van a ser juzgadas ejerció ningún tipo de violencia ni ocasionó daños a ningún bien o propiedad, pública o privada”.

En todo el Estado español han surgido movilizaciones y muestras de apoyo a los activistas que se enfrentan la próxima semana a un juicio que decidirá su destino. El próximo lunes 18 de febrero, a las 9 de la mañana, se ha convocado una concentración frente al juzgado para mostrar apoyo a los activistas.