Sevilla
Los corralones de Castellar, un bastión de barrio frente a la especulación del turismo en Sevilla

Lorine la flamenca, Toto el electricista, Antonio el de la cerveza artesana, Pepe el vendedor de El Jueves, Rafael el pintor, Francisco el restaurador… Así recuerda Estefi, una de las últimas habitantes de los corralones de la sevillana calle Castellar, en un artículo de El Topo, a sus vecinas y vecinos que ya no están, debido a las paulatinas salidas y expulsiones… Los recuerda acompañados de sus oficios, en una suerte de reivindicación de lo que siempre fue este espacio industrial de baja productividad: hogar de artesanas y artesanos que desarrollaban su vida y sus tareas en un crisol de convivencia y sinergia gremial.

20 años han pasado desde que la PACA (Plataforma de Artesanas del Casco Antiguo), surgiera como primera respuesta colectiva para la protección de estos espacios, que datan de 1950, bajo la propiedad de los Hermanos Mauri, siendo en un inicio el epicentro del arte sacro en Sevilla, nutrido por talleres de carpintería, doradores, orfebrería, herrería… En 2006, coincidiendo con el cambio de propiedad, que pasa a la familia Márquez Betanzos, propietaria de Garajes Santa Inés SL, las movilizaciones de la PACA consiguieron paralizar el cambio de calificación del suelo del PGOU de aquel año, que se encontraba en proceso de redacción, y preveía realizar un cambio de “zona productiva” a “equipamiento y vivienda”, facilitando de esta forma que la nueva propiedad pudiera expulsar al colectivo de artesanos y usuarias de los corralones. Finalmente, el poder del movimiento organizado, llevó a que la Gerencia de Urbanismo hiciera una “rectificación a medias”, recuerda la Asamblea Salvemos los Corralones, para quedar calificados como “servicios avanzados”.

La empresa Arenas de Bellida SL ha firmado un acuerdo de compraventa de los corralones que incluye la recalificación del suelo por parte del Ayuntamiento y echar a los inquilinos.

En la actualidad, Arenas de la Bellida SL, cuyo propietario es Alfredo González Quintero, que participa en otras empresas, muchas de ellas turísticas, como De luxe Punta Umbría SL o Lyncis Real Estate SL, impulsora del aeropuerto de Huelva, entre otras, es la compañía que ha firmado un acuerdo de compraventa con la familia Martínez Betanzos (actual propietaria) con las siguientes condiciones: la recalificación del suelo por parte del Ayuntamiento de Sevilla para poder construir y echar a los inquilinos e inquilinas en el plazo de tres años. Hecho esto, la empresa compraría por 12 millones de euros el histórico corralón. Dicho acuerdo cumple, teóricamente, este mes de junio, según los datos que maneja la asamblea. La primera medida ha sido contratar a una empresa desokupa para violentar e ir expulsando a las vecinas. Un colegio con más de 200 familias también se encuentra afectado por esta trama de especulación inmobiliaria.

Donde ya no suena la música

En los albores del nuevo siglo, recuerda Maca sus primeras vivencias en los Corralones de Castellar como alumna de percusión africana y amiga. Hoy no puede decir lo mismo, pues es una de las afectadas por la fuerza especuladora instaurada en los espacios artesanales.. Esta artista multidisciplinar, que arrendó su local como lugar de estudio y ensayo, el 21 de octubre de 2022, fue expulsada el 7 de mayo de 2026 tras meses de hostigamiento y violencia impune. “Ese local era mi sueño y finalmente se convirtió en una auténtica pesadilla por las tácticas de coacción y maltrato de la propiedad”, lamenta.

Los inicios los recuerda tranquilos en relación con los propietarios. “La única condición que puse para alquilar el espacio fue que estuviera libre de humedades por una cuestión de salubridad y por evitar daños en los instrumentos”, relata Maca con la voz de quien lleva meses cargando el peso de las injusticias. Los primeros dos años transcurrieron con normalidad, pero fue a raíz de las lluvias de los últimos inviernos cuando comienzan las filtraciones de agua y con ellas, el mutismo y el ninguneo de la propiedad. “En invierno del 2025 la situación se vuelve preocupante y seguían dándonos largas a las peticiones de reparación de los techos, hasta que terminaron por decirnos que si no queríamos estar allí, que nos fuéramos, y que debido a que había ‘okupas’ en la azotea, no podían acceder para arreglarlos”, relata la artista que sigue sin dar crédito a las inventivas de la propiedad.

El verano de 2025, aparece en el edificio la empresa Desokupa García, contratada por la propiedad, pero no fue hasta enero de 2026 cuando comienzan las amenazas y la violencia por parte de unos de sus miembros, tras uno de los habituales encuentros musicales que Maca organizaba en su local. “Nosotros teníamos nuestro contrato y este tipo llegó preguntándome si tenía permiso para hacer ese evento”, situando Maca éste como el primer desencuentro donde se le advirtió que llamarían a la policía. A raíz de esto, el 23 de enero de 2026, la propiedad decide poner una cerradura extra en la puerta de la calle, que daba acceso a la zona donde estaba el local de la percusionista. “A mí nadie me lo notificó, fue mi vecina Estefi quien me envió un video avisándome, porque creía que estaban cambiando la cerradura de la puerta de acceso de la calle a los locales”, recuerda. Maca le pidió explicaciones a la propietaria y aprovechó para pedirle una copia de la nueva cerradura, a lo que ésta le contestó con una negativa y alegando que “lo hacía por seguridad”.

“La violencia no se acaba porque tienen un objetivo: vaciar de vecinas y negocios el edificio para hacer efectiva la venta del inmueble por 12 millones. A día de hoy, las vecinas de Castellar siguen con controles de acceso, sin las llaves de su portal y hasta sin agua y sin luz.”, explican desde la Asamblea por la Vivienda de Sevilla.

Intentó dialogar y entrar en razón con la propiedad, ya que estaban incumpliendo el contrato, pero no pude ser y tuvo que denunciar. En aquella llamada, la propietaria le dijo que para acceder –“no importaba la hora que fuera”–, tendría que llamar al desokupa encargado de la seguridad o a ella misma. “Y precisamente esa noche me dejé el teléfono dentro del local y tras volver de poner la denuncia, sobre la una de la madrugada, me encontré la cerradura echada, por lo que tuve que llamar a la propietaria que comenzó a chillarme, hasta que finalmente contactó con su empleado y me abrió”, rememora Maca, destacando que este fue “el principio del fin”.

Un día del mes de marzo fue especialmente violento, cuando organizaron un taller antiacoso en la zona donde vive Estefi. “Los desokupas nos impidieron la entrada a la casa de nuestra propia vecina y rozando el surrealismo, comenzaron a llamar a la propiedad, quienes me advirtieron a través de su contratado, con llamar a la policía si intentaba entrar a esa zona”, explica la afectada. Llegaron hasta cuatro patrullas de policía y, aunque pudieron seguir adelante con el taller, a la salida del mismo, Maca se encontró con el propietario y el desokupa en actitud agresiva, bajo amenazas de que se tenía que ir en una semana. “¡En mi casa hay normas!”, gritaba echándose encima de ella. Todo paró cuando empezó a grabar y este dijo más calmado: “Te irás cuanto te llegue el burofax”.

Mientras Maca seguía pagando “religiosamente” su alquiler, la situación se tornaba asfixiante. “Pusieron a un vigilante en la puerta donde vive Estefi, y cada vez que quería entrar a mi local, tenía que pedirle a gente chunga que me abriera a altas horas de la madrugada”, cuenta. Provocaciones, incomodidad, control, acoso continuado… Hasta el 1 de mayo, cuando la percusionista invitó a sus amistades a una comida popular en su local. “Llamaron a la policía y llegaron unas cuantas lecheras, bajo la mentira de que éramos un grupo de okupas que queríamos reventar los locales y, por otro lado, el propietario afirmando que yo era la única persona con contrato allí, cuando realmente éramos cinco locales con contrato escrito”, explica con la voz de la incredulidad todavía latente. “Le enseñé a la policía mi contrato y el local por dentro. Todas salimos pacíficamente ante la mirada de puñal del propietario. Finalmente uno de los policías me dijo que estaba en pleno derecho de usar mi local a la hora que quisiera e invitar a quien quisiera”, afirma Maca con determinación. Lo que no esperaban es que horas más tarde, sobre las seis, a su vecina de local, una bailaora flamenca, los desokupas le prohibieron la entrada. “La policía volvió a personarse y le comunicaron que tendría que hablar con la propiedad, ya que estos no querían que accediera y como policía no podían hacer nada”, recuerda.

El 2 de mayo, Maca, su vecina y un abogado se personaron en la puerta de los corralones, donde ya no tenían acceso porque metieron un trompo en la cerradura. Llamaron a los desokupas para que les abrieran y poder recuperar sus pertenencias, que se encontraban secuestradas, a lo que se negaron. Seguidamente, las tres se presentaron en el juzgado de guardia para pedir medidas cautelares. En esos días, Maca había recogido un aviso de burofax, con fecha de 24 de abril, en el que la propiedad le informaba de la rescisión del contrato. “En el comunicado aparecía que teníamos hasta el 21 de junio para estar en el local, yo intenté cerrar el ciclo con dignidad y coherencia tras cuatro años allí, pero fue sin éxito, ya que no nos permitieron entrar en el local a recoger nuestros instrumentos, que son nuestro medio de vida” Únicamente les dieron la vía del chantaje: “Firmar un papel obligadas en la que renunciábamos al contrato, donde se incumplía la fecha acordada”. El 7 de mayo las citaron en los Corralones y hasta que no firmaron no pudieron acceder con las furgonetas para desalojar. “Esa fue nuestra sentencia de salida y seguimos sin respuesta de la justicia”, concluye Maca, que ha podido dejar sus instrumentos en un espacio cedido por una batucada de mujeres.

Donde la vida permanece

Estefi lleva desde 2014 en diferentes espacios de los Corralones y desde hace 4 años en La Feni, antigua Trompeta Verde. Explica, entre fluorescentes obras de arte, que solo quedan dos artesanos allí. “Joaquín, el segundo tornero más antiguo de Sevilla y yo, además de los locales de flamenco”. En octubre de 2025, tuvo que trasladar su taller de pintura a otro lugar para poder impartir sus clases con tranquilidad, ya que la situación con desokupa se estaba haciendo insostenible.

Recuerda Estefi que en abril de 2025, llegaron 15 hombres vestidos de negro soldando puertas y la gente que vivía allí no pudo recoger sus enseres ni sus animales. “Fue la primera vez que tuve dolencias intestinales serios”, apunta esta artista, que pasados unos meses, el 26 de agosto, cuando volvía del médico, sintió que la estaban vigilando y en el momento de abrir el portal le pegaron un golpe. “No me impidió entrar, pero ese momento terminó con un forcejeo con el desokupa que se llevó la puerta y la llegada de la policía”, explica, y asegura haber estado tres meses sin la puerta de abajo. “El desokupa le dijo a la policía que estaban de revisión de la puerta y lo que realmente ocurría es que no tenían llave de abajo, que daba a la zona común, y necesitaban acceso, ya que es una de las estrategias típicas de este tipo de empresas: ganar territorio de las zonas comunes”, matiza esta vecina, que cuenta con un contrato verbal con la propiedad y todos sus pagos al día.

A partir de ahí, comienzan las amenazas públicas, la destrucción progresiva del espacio, y la degradación motivada por la misma propiedad. Pintadas, quemados con mecheros, escombros tirados… En el número 48, se mantienen Luis y La Feni, gracias a la organización y el apoyo renovado de la Asamblea Salvemos los Corralones. “Con el invierno empiezan los atascos, las goteras y somos nosotras mismas quienes gestionamos y reparamos el espacio”, cuenta Estefi, quien recuerda que ese era uno de los principios básicos de La Ermandá Induhttriá, surgida en 2019, al calor del movimiento cultural de aquellos tiempos en los corralones, que buscaba tejer redes, fomentar la integración social y proteger el patrimonio de este lugar histórico y pintoresco del centro histórico de la ciudad.

Estefi, vecina, sueña con los Corralones como un espacio “referente donde otra gestión de la vida sea posible, donde el barrio realmente puede llegar a conseguir transmutar este estado de violencia y reivindicar el espacio para lo que verdaderamente es”

Tras el endurecimiento de las intervenciones de los desokupa, a partir de enero de 2026, comienza la permanencia en el espacio para que siempre haya alguien dentro. “Continúan martilleando, rumoreando por las zonas comunes para amilanarnos, pero con todo, vimos que la militancia y la organización se acrecentó, y nos sentíamos más acompañadas”, expresa orgullosa la artista, que sitúa el 14 de mayo como el día en el que uno de los más violentos, la empezó a golpear dentro del portal con una silla, cuando intentaba abrirle la puerta a una amiga a la que no le estaban permitiendo el acceso. También vinieron los cortes de luz. “Hasta 12 días hemos estado así, con las vecinas subiendo ventiladores en los días de calor”, cuenta Estefi, reconociendo que su miedo reside en que vayan a por los que se quedan dentro de la casa cuando ella no está, a la que actualmente, en una situación límite, se accede por una escalera pirata de cuerda.

“Personalmente me da terror pensar que hemos comenzado a normalizar esta rutina, y aunque hemos avanzando en lo legal, con el primer evento antirrepresivo, y mucha gente que nos está apoyando, tenemos que plantearnos la generación de espacios donde las personas que estén de permanencia, asistidas por el apoyo de fuera, den lugar a nuevos movimientos y creaciones que nos permitan gestionar política, estructural y emocionalmente esta situación”, expresa esta activista de los corralones, que asegura con una sonrisa, que hoy es quien es, “gracias a estos patios y a lo que aquí ocurría”. Y no conforme, invita a soñar los corralones como “un referente donde otra gestión de la vida sea posible, donde el barrio realmente puede llegar a conseguir transmutar este estado de violencia y reivindicar el espacio para lo que verdaderamente es”.

Donde continúa la lucha

Sobre los plazos que se desprenden de la nota simple del registro de la propiedad, se advierte que, antes de junio de este año, todo el mundo tendría que estar fuera para que se ejecutase la obra, además de tener que pasar por la Gerencia de Urbanismo para su recalificación. Pero el tiempo apremia y parece que han debido de dar mayor margen, mientras los colectivos por la vivienda están pendientes a cualquier cambio en dicho procedimiento.

Desde el Sindicato de Inquilinas advierten que “estos espacios han estado completamente abandonados y no valorados por las instituciones: desde el Ayuntamiento de Sevilla hasta la Junta de Andalucía, que podría haberse movido para declararlo como Patrimonio. En los últimos 20 años, entre 2003 y 2006, cuando se debatió el anterior plan general de Sevilla, ya hubo un movimiento de la PACA. Consiguieron que el espacio se quedara para uso industrial de baja intensidad, pero los años posteriores no han hecho nada, ni PP ni PSOE.”. En ese sentido, observan cómo “esta propiedad altamente especulativa, solo extrayendo rentas sin ninguna inversión, dejando que se vaya deteriorando el edificio, quiere pegar el pelotazo de los 12 millones de euros. Ahora está en el tejado de Urbanismo que eso ocurra o no ocurra”. Y se teme desde el Sindicato, que Urbanismo acceda: “El tema será cómo, ya que existen unas normativas de patrimonio que tienen que observar”.

Para el sindicato, el camino a seguir sería el de cumplir la ley, lo que dice el plan general: “En ese edificio tiene que mantenerse el uso residencial de vivienda y educativo, en lo que se conoce como la casa tapón (el contacto entre la calle y el espacio interior), 15 viviendas, de las cuales un 30% son públicas, el colegio, y en la parte posterior, están los espacios artesanales en la planta baja y un espacio abierto y libre, que se prevé como contemplación de la trasera del Palacio de las Dueñas, un entorno BIC, muy necesario ya que en el centro histórico hay una gran escasez de espacios abiertos”.

La fórmula la asemejan a la que tuvo el Ayuntamiento de Sevilla con la Casa del Pumarejo: “Expropiar ese espacio, adquirirlo y cederlo a un colectivo como puede ser la asamblea de los corralones o una extendida con más artesanos, artistas, gente del colegio representada, que gestione el espacio”, aprecian.

“En la lucha por los Corralones se expresa nuestro rechazo al modelo de ciudad museo diseñada para el lucro, a través del turismo que está expulsando la vida vecinal de los barrios del centro”, señala la Asamblea Anarquista de Sevilla.

La Asamblea por la Vivienda de Sevilla señala primeramente la incesante violencia contra las inquilinas y usuarias del espacio. “No se acaba porque tienen un objetivo claro: vaciar de vecinas y negocios el edificio para poder hacer efectiva la venta del inmueble por 12 millones. A día de hoy, las vecinas de Castellar siguen con controles de acceso, sin las llaves de su portal y algunos días, hasta sin agua y sin luz.” Sin embargo, quieren mirar en positivo, “la solidaridad de tantas personas y tantos colectivos que han estado participando en la lucha, pasando noches enteras en la calle, llevando comida cuando las vecinas no tenían luz…. Es algo que da mucho calor y muchas ganas de seguir luchando juntas. Por eso sostienen que, “en este proyecto de lucha colectiva, tenemos claro que la vida del barrio, y de las ciudades en definitiva, no se puede quedar en manos de especuladores que buscan enriquecerse llevándose por delante el tejido social”.

Un escenario plausible para la asamblea sería “un espacio donde el uso se cede a los intereses del barrio, donde puedan volver los oficios y la artesanía, la cultura y la participación de las personas que se quieran acercar. Y, por supuesto, debe ser un lugar donde se respeten los lugares de vivienda de las personas que lo siguen habitando, que son las que más violencia siguen sufriendo a día de hoy”.

La Asamblea Anarquista de Sevilla también es parte activa frente al conflicto de los corralones, que lo catalogan como “uno de los más calientes en la ciudad de los últimos años”. Para ellas no es de extrañar, pues “en la lucha por los Corralones se expresa nuestro rechazo al modelo de ciudad museo diseñada para el lucro, a través del turismo que está expulsando la vida vecinal de los barrios del centro”.

Identificando claros protagonistas y connivencias. “Unas pocas familias adineradas se reparten entre ellas la propiedad de calles enteras. Tienen carta blanca para desahuciar, especular, reprimir y agredir con la complicidad de policía e instituciones. Los partidos políticos representados en el ayuntamiento, unos descaradamente, otros con más sutileza, fomentan un urbanismo al servicio del rentismo y la turistificación”. En este contexto, avisan de “no caer en la trampa de confiar en ellos a la hora de resolver ni el problema de la vivienda ni la falta de espacios para crear comunidad.” Asimismo, coinciden con el resto de colectivos, en la preocupación de “normalizar la presencia de estos matones en la calle, aunque actualmente no queden espacios okupados en los Corralones, pero la campaña de criminalización de la okupación ha hecho su efecto”, lamentan.

Así las cosas, Sevilla Anarquista se dirige hacia una senda compartida: “Si los Corralones aún resisten es gracias a la enorme solidaridad y dedicación del movimiento nacido en su defensa. Históricamente, los Corralones y el barrio del que forman parte siempre han sido un espacio para la vida colectiva autoorganizada”, por ello es indiscutible la lucha “si se quiere que, en el futuro, sigan dando cobijo al tejido comunitario de la ciudad, siempre al margen de la mercantilización, con arte, apoyo mutuo, y autonomía”.

Donde todavía se estudia

Las que hablan a continuación son algunas familias del Colegio Calderón de la Barca, concertado y conformado por una cooperativa de profesores, con más de 60 años de historia, que se encuentra dentro del edificio de la calle Castellar. Ha sido imposible contactar con la dirección del centro y la asociación de familias de alumnos (AFA).

“Me parece intolerable que un cole tenga que convivir con unos matones que se dedican a echar a gente de sus casas y a artesanas de sus lugares de trabajo”, comenta uno de los padres del colegio afectado.

Este grupo de madres y padres, a título personal e independiente, se sienten preocupados por la situación de violencia impune existente en los aledaños del colegio de sus hijas e hijos y sorprendidas, además, por la falta de información y protocolo al respecto por parte de la dirección y de la AFA, sin dejar atrás la problemática del modelo de ciudad y barrio que está imponiéndose, sin ningún tipo de resistencia unitaria por parte quienes integramos el colegio. “Me parece intolerable que un cole tenga que convivir con unos matones que se dedican a echar a gente de sus casas y a artesanas de sus lugares de trabajo”, comenta uno de los padres. A lo que otra madre asegura que han visto a uno de los desokupa, sentado en la misma calle, con una extensible, catalogada como arma ilegal. Todas lamentan que la mayoría de familias no quieran movilizarse ante esta situación, sienten impotencia ante tanto “conformismo e individualismo del sálvese quien pueda”.

Desde la dirección del colegio se envió un comunicado a las familias, al que El Salto Andalucía ha tenido acceso, donde llaman a la calma e informan de la elevada subida de alquiler con cada cambio de propietario, que está llevando a una situación cada vez más insostenible económicamente, pero que en aras de la continuidad del proyecto educativo, y tras un “largo y delicado proceso de diálogo con el Área de Urbanismo del Ayuntamiento”, prosigue el texto, “cuentan con un compromiso firme para la adjudicación de un solar en la zona”. Sin olvidar un apunte de solidaridad con los espacios y talleres colindantes en este comunicado, la posición del centro educativo muestra la desvinculación con este movimiento vecinal, para intentar salvar su proyecto de forma unilateral por las vías institucionales pertinentes.

Otra madre insiste preocupada en que “la posición de la mayoría de las familias del cole sea la de que esto es algo que está pasando en el resto de la ciudad y no sientan motivo alguno para protestar”. Aunque también consciente de que “el centro se encuentra en una posición muy compleja, donde intentan disociar su situación con la de los corralones, entiendo que por la responsabilidad que tienen con el futuro de muchas familias”, puntualiza. Sin embargo, este grupo de familias críticas, que piensan y reivindican que este problema es “una cuestión colectiva”, sostienen que, “al individualizarlo desde el colegio, se pierde mucha fuerza, pues sin la unión de un cole con 200 familias detrás, nuestra lucha queda muy marginal”, comentan.

Incluso una de estas madres, a la salida del colegio, se encontró con una chavala que estaba repartiendo panfletos informativos sobre los corralones e inmediatamente, “apareció uno de estos ultras y la agredió fuertemente delante de las familias. Muchas intervinimos, pero el tipo siguió gritando”, relata. En ese momento, el colegio decidió que no salieran las criaturas hasta 15 minutos después. “Este tipo, que muchas veces iba ‘pasado’, al pedirle que se callara porque iban a salir los chicos y las chicas, me reprendió: si te gustan tanto estos okupas, llévatelos a tu casa”, recuerda de aquel momento. Cuando llegó la policía, prosigue el relato, “empezó a gritarnos diciendo que habían amenazado de muerte a su hijo con unas pintadas”. Algo que también inquieta a estas familias, el hecho de que la familia que gestiona esta empresa de desokupa, tenga matriculado a su chiquillo en el propio colegio y lo usen también como estrategia”.

“Como madre, me crea desasosiego y malestar, no solo por mi hija sino por mí como vecina. Empiezo a dudar de los valores que se viven en un espacio así, donde no se está condenando la violencia tan manifiesta que está ocurriendo en nuestro propio espacio compartido. Creo que hay miedo a posicionarse por lo que dirá el ayuntamiento. Ya pasó hace cinco años lo del desalojo y todos se movilizaron, –recuerda una de las madres –, pero esta vez se ha asumido que nos vamos a tener que ir y se ha optado por un perfil bajo… Si el cole pide calma y nosotros calma. Pero como madre, me genera mucha frustración, ya que me cuesta mucho separar la parte concreta de lo general, que significa el modelo de ciudad impuesto”, arguye a las puertas de unas matriculaciones, que estas familias no saben cómo gestionar como consecuencia de la situación.

Donde se fabricaban sombreros

La Fábrica de Sombreros, ubicada en la calle Heliotropo, perpendicular con Castellar, se fundó en 1885 por Fernández y Roche, y estuvo en funcionamiento hasta el año 2003, cuando la compró el grupo inmobiliario TEMPA, que la mantuvo en estado de abandono hasta el 2008. Ese año fue ocupada por vecinas y movimientos sociales, dándole a este espacio un carácter social y cultural durante un año. Ya en 2009, la inmobiliaria quebró y los Márquez Betanzos, propietarios de los Corralones de Castellar y Garajes Santa Inés se hicieron con la Fábrica de Sombreros en 2011, con el fin de explotar el espacio como parking y otros usos. Contrataron a una empresa también de su propiedad Inmobaños Constructores SL, para realizar una obra en 2013, que resultó ser ilegal y por la que recibieron una multa de 133.000 euros. Una cifra que asciende a 160.000 euros, si sumamos las acumuladas por Garajes Santa Inés con un total de 27.000 euros, también propiedad de los Martínez Betanzos.

Cinco años después, aparece en escena T11, un proyecto cooperativo de carpinteros, que inició su andadura en 2013 en los corralones de la calle Tejares en Triana. En 2018 entran a la Fábrica de Sombreros con un contrato por 10 años, ya que el complejo se encontraba en muy mal estado y asumieron gran parte de la rehabilitación de las dos naves que arrendaron. En total, 600 metros cuadrados y dos espacios: una carpintería y un espacio de trabajo limpio con aulas y otros servicios. “Actualmente somos 50 personas trabajando aquí, 15 carpinteras y carpinteros, y 7 socios principales”, informa uno de sus portavoces.

Lo que se inició como un proyecto de rehabilitación y recuperación de un espacio histórico para darle un uso de beneficiario al barrio, se da de bruces con la realidad especuladora y el desinterés de las administraciones. “Llevamos varios meses pidiendo al Ayuntamiento que se siente con nosotros, puesto que en 2028 termina nuestro contrato y la propiedad nos ha dicho que no nos va a renovar, pero se muestran reticentes a ver las posibilidades que tendrían para ofrecernos, entre los muchos espacios públicos que disponen, donde podríamos encajar y qué tipo de servicios podríamos ofrecer que fueran útiles para la ciudadanía.”, expone uno de sus miembros.

Desde T11 tienen un vínculo muy fuerte con los corralones, con independencia de estar situados en frente, cuentan con los mismos propietarios. “Nos hemos sentado los diferentes colectivos que integramos el espacio con el objetivo de pensar y trabajar en común, tanto en relación a las autoridades como con la propiedad, pero ni con una ni con otra hemos conseguido mucho avance”, lamentan. Con este contexto, por momentos paradójico, aseguran estar en “una situación un tanto precaria derivada de la presión inmobiliaria motivada por la turistificación y la gentrificación, que sigue empujándonos hacia afuera, mientras por otro lado nos ponen como ejemplo”.

De la Universidad de Sevilla se acercan cada dos por tres para conocer nuestros proyectos, salimos en diversos documentales sobre el área creativa que asiste al área norte del barrio de San Julián y estamos con proyectos europeos. Reconocimientos y éxitos de un proyecto que tiene una vida sólida de dos años, pero más allá, no saben qué pasará. Desde T11 temen verse abocados, de nuevo, “a una solución temporal dura de traslado o si finalmente acabará con el proyecto en ese medio plazo”.