Temporeros
El Ayuntamiento de Lepe amenaza con expulsar a las temporeras de los asentamientos

Las temporeras que se encuentran asentadas en Lepe llevan desde principios de septiembre denunciando el acoso que sufren por parte del Ayuntamiento para que abandonen sus chabolas. Las vecinas denuncian la actitud y las amenazas de los vigilantes del consistorio, que han llegado a arrancar puertas de las chabolas y llamar de un modo agresivo en horas de descanso. El asentamiento de la zona del cementerio en Lepe alberga actualmente 20 chabolas en la que habitan algunas personas desde hace 18 años, y según la asociación La Carpa esta expulsión afectaría a más de 50 temporeras. En los últimos años, este núcleo de infraviviendas ha sufrido varios incendios que han llevado incluso a la muerte de uno de sus habitantes en abril de 2022.

El viernes 9 de septiembre, las vecinas afectadas junto a asociaciones de Derechos Humanos como La Carpa,  Mujeres 24 horas y el medio La Mar de Onuba, denunciaron los hechos ante la Guardia Civil y el Defensor del Pueblo. A pesar de la situación de vulnerabilidad institucional en la que se encuentran estas vecinas, se han organizado para señalar la actitud del Ayuntamiento. “Se están uniendo cada vez más personas a la denuncia, están perdiendo el miedo y están firmando con su NIE a pesar de no tener papeles”, comenta Alfonso Romera, de la asociación La Carpa.

La creación del cuerpo de vigilancia por parte del Ayuntamiento de Lepe se encuentra enmarcada dentro de El Protocolo para la Erradicación de Asentamientos aprobado por la Junta de Andalucía el pasado julio en las localidades de Lepe y Moguer. A pesar de que, sobre el papel, el protocolo pretenda erradicar estos asentamientos y dar soluciones a las más de 600 personas en situación de infravivienda que se encuentran en la localidad, los técnicos municipales que se están acercando a los asentamientos para exigir que se marchen “no han aportado ningún tipo de documento (resolución judicial, orden municipal, etc.), que autorice o ponga fecha a demoliciones o desalojo de este asentamiento”, según CGT Andalucía. Esta organización expone que la medida “en absoluto soluciona la situación de estas personas y, además, pone de manifiesto la verdadera intención de la derecha institucional, que no es otra que la expulsión de estos seres humanos de la localidad”.

El Protocolo para la Erradicación de Asentamientos recoge que “las partes firmantes acuerdan colaborar en el fomento de la construcción y adecuación de espacios que sustituyan los asentamientos irregulares con el fin de promover, en una primera fase, nuevos albergues y soluciones residenciales destinadas a las personas temporeras”.

En el caso de Lepe, el proyecto incluye la rehabilitación del edificio del antiguo matadero con una capacidad para albergar a 150 personas, así como la creación de nuevas alternativas habitacionales. Sin embargo, los proyectos aún no se han iniciado. Ante la denuncia de las vecinas y las asociaciones de derechos humanos, el alcalde de Lepe, Juan Manuel González, ha comunicado a la Defensoría del Pueblo andaluz, que “no va a echar a nadie sin dar una alternativa habitacional”. La carta enviada al Defensor del Pueblo por parte de las personas afectadas expresa que “el Ayuntamiento de Lepe no nos ofrece alternativas, quiere efectuar el desahucio sin proporcionar ninguna solución de vivienda”.

Años de racismo institucional

Issa Diallo es uno de los jornaleros afectados, lleva más de dos años y medio en Lepe en los que ha sentido el racismo de la sociedad. “No quiero ni sentarme en un bar, la gente de Lepe no nos quiere aquí, solo nos quiere para trabajar”, lamenta. Tanto en Lepe como en otros campos de Huelva y Almería, los vecinos autóctonos de la localidad mercantilizan con la vulnerabilidad de estas trabajadoras, “la gente de Lepe vende empadronamientos por 400 o 500 euros”, comenta Diallo.

No es la primera vez que las temporeras de Lepe se movilizan ante el racismo y el abandono institucional. Desde 2020, varios incendios han acabado con parte de los asentamientos, lo que ha llevado a que decenas de trabajadoras que llegan para la temporada de frutos rojos se quedarán en la calle en febrero de 2022. En esos días, el presidente de la Asociación de Malienses en Lepe, Lamine Diakite, comentaba que “no se puede parar la construcción de chabolas si no hay alternativa”.