Terrorismo de Estado
Bahía de Pasaia: un crimen de Estado bajo investigación 39 años después

“Tres policías se acercaron a menos de un metro de mis compañeros. Les preguntaron los nombres, les dijeron ‘vais a morir’, y abrieron fuego”. La escena que describe Joseba Merino sucedió el 22 de marzo de 1984 en Bahía de Pasaia, a unos 7 kilómetros de Donostia. Ese día, efectivos policiales hicieron una emboscada a un grupo de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Dispararon y mataron a dos de ellos, después ejecutaron a dos más disparándoles a bocajarro. Solo quedó vivo Joseba Merino, único testigo de los hechos, que denunció el asesinato de sus compañeros, pero, año tras año, la investigación judicial caía una y otra vez en el archivo. Durante 39 años, detrás del uniforme, quedó el anonimato, como cantaba Barricada. 

El próximo 28 de marzo, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha ordenado a siete agentes de la Policía Nacional a comparecer en una rueda de reconocimiento ante Merino. Si son reconocidos como los agentes que participaron en la operación de Pasaia, serán investigados en la causa penal que desde hace décadas impulsan, como acusación particular, los familiares de las víctimas y, como acusación popular, el Ayuntamiento de Azpeitia, localidad de donde eran dos de los asesinados. Joseba Merino, único superviviente, es el principal testigo. Lleva desde 1986 declarando ante los juzgados y solicitando que se investigue qué pasó ese día. Como respuesta, un archivo tras otro bajo el argumento de que no se puede identificar a los agentes de policía.

Fue al poco tiempo de que comenzara la guerra sucia contra ETA, con los GAL creados tan solo un año antes y con ocho asesinatos y el secuestro de Segundo Marey a sus espaldas. Unos años en los que la vida valía muy poco. Un mes antes, el 23 de febrero de 1984, los Comandos Autónomos Anticapitalistas mataron, en su casa, a Enrique Casas, secretario de organización del PSE-PSOE y secretario general del partido en Gipuzkoa, a quien los Comandos culpaban, junto a  Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE en Vizcaya, José Barrionuevo, Rafael Vera, Txiqui Benegas, Julián Sancristóbal y Ramón Jáuregui de organizar la guerra sucia contra grupos independentistas, una acusación que Damborenea confirmó durante su comparecencia ante el Tribunal Supremo durante el juicio por el secuestro de Segundo Marey.

Un tal señor X

Diego Díaz

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Análisis

Análisis Un tal señor X

Diego Díaz

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Durante los dos primeros gobiernos de Felipe González un grupo armado parapolicial, los GAL, asesinó a 27 personas, muchas de ellas sin ninguna relación con ETA ni el independentismo vasco.

22 de marzo de 1984

El 22 de marzo, los miembros del Comando Autónomo Joseba Merino, Pedro Mari Isart, Dionisio Aizpurua ‘Kurro’, Rafael Delas ‘Txapas’ y José María Izula ‘Pelu’ fueron a la bahía de Pasaia para intentar pasar la muga. “Llegamos y, de lejos, a unos 50 metros, se veía todo normal; vimos que Rosa estaba en el lugar habitual haciendo las señales con la linterna y nos dirigimos tranquilamente hacia allí”, explica Joseba Merino en declaraciones recogidas en el libro Emboscada en Pasaia (Virus, 2008), en el que se detalla todo lo ocurrido ese día. La presencia de Rosa en el lugar era la señal de que todo iba bien, pero no era así. Rosa Jimeno había sido detenida dos días antes por agentes de Policía, que la torturaron hasta que les dio información del día y lugar de la cita, después de que los agentes le aseguraran que solo iban a detener a sus compañeros. Poniendo una pistola en la nuca, la obligaron a contactar con Kurro, su pareja y concertar la cita, y hasta allí la llevaron los agentes atada.

“Oí ‘alto, policía’, y empezaron a disparar cientos de tiros”, recuerda Joseba Merino

“Nosotros llegamos a la bocana, la entrada del puerto, donde estaba esperando Rosa Jimeno. Yo llevaba la embarcación. En primer lugar desembarcaron Pelitxo y Kurro. Y en tercer lugar iba a desembarcar yo, pero antes cogí a mi perra Beltza. La segunda vez que dije ‘Kurro, coge a Beltza’’ se escuchó un disparo. Oí ‘alto, policía’, y empezaron a disparar cientos de tiros”, recuerda Joseba Merino a El Salto. Hubo un disparo inicial, que sirvió de señal al resto de agentes para que barrieron la zona a balazos. 

Agentes de la Policía Nacional, unos 20 según calcula Merino, les habían hecho una emboscada. No para detenerles, sino para matarles. “Se encontraban en el lugar agazapados. Yo, por instinto, solté a la perra y me tiré al agua por babor. Cuando salí a la superficie todavía seguían disparando, estaba todo iluminado”. La versión oficial de la policía afirmaba que fue un tiroteo iniciado por los miembros del comando. Para ello, usaron la declaración de dos testigos, una pareja de novios que estaba en el lugar y a los que tuvieron detenidos, esposados, con el pecho contra el suelo. 

–Los utilizaron para justificar su actuación de cara a la opinión pública, para afirmar que ellos se habían visto obligados a disparar. ¿Cómo los utilizaron? De la siguiente forma: cuando a esta pareja la llevan al juzgado y les preguntan si escucharon “alto, policía”, ellos dicen que sí, pero ellos son testigos auditivos, no visuales. La pareja dijo que oyó “alto, policía” y que enseguida hubo disparos. Y la versión de la policía fue que, al “alto, policía”, disparamos nosotros, lo que no es cierto. 
–La policía dijo que sus disparos fueron en respuesta a los vuestros, pero todos los disparos que se oyeron realmente fueron de los policías.
–Efectivamente.

En cuanto acabaron los disparos, Merino vio cómo de la orilla de enfrente llegaban dos embarcaciones del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil. “Nos encontraron en seguida, nos obligaron a subir a las rocas”. Cuando Merino subió a las rocas vio a Kurro con las manos en la cabeza. Estaba ileso. Rosa no estaba, la habían subido a un lugar apartado. Los agentes siguieron buscando al resto. Cuando encontraron a Txapas, que en el momento de la emboscada estaba detrás de Merino, le hicieron subir también a las rocas. “Estábamos Txapas, Kurro y yo por este orden, con las manos en la cabeza y desarmados”, continúa Merino. Los policías siguieron buscando a los miembros del comando que faltaban, Peritxo y Pelu, pero ya estaban muertos, al igual que la perra de Merino. 

“Estaban a menos de un metro, les dijeron ‘vais a morir’ y abrieron fuego, punto. Fue como en las imágenes de la guerra de Yugoslavia. No hubo más historia”

Los agentes se dirigieron a Merino y a sus dos compañeros. “Nos preguntaron los nombres, empezaron por mí. Les dije que era José Luis Merino, uno de ellos me dijo ‘tú eres el Coronel’; le contesté que no, que era Yosua. Estaban muy nerviosos, y, con insultos y amenazas, me dijeron que me separara unos metros”. Continuaron con Txapas y Kurro. “Estaban a menos de un metro, les dijeron ‘vais a morir’ y abrieron fuego, punto. Fue como en las imágenes de la guerra de Yugoslavia. No hubo más historia”. El informe realizado días más tarde por el médico forense Paco Etxebarría contó hasta 113 orificios de bala y de postas repartidos entre los cuerpos sin vida de los cuatro miembros de los comandos asesinados.

Ya el día siguiente de los hechos, un testigo desmintió la versión policial de lo que había ocurrido en bahía de Pasaia, según un artículo publicado el 23 de marzo de 1984 por El País. Por entonces, Merino estaba detenido, a espera de juicio por la ekintza de Enrique Casas. Merino está convencido de que, si no le mataron también a él ese día, fue porque era una de las personas identificadas en la ekintza de Casas y querían sacarle información sobre dónde podía estar escondido un comando que había escapado el día anterior.

–¿Te torturaron tras tu detención?
–Claro. 
–¿Y lo denunciaste?
–Denuncié que me torturaron, pero, si ahora es inútil, en aquella época más, se limpiaban el culo con la denuncia.

Llegó el año 86 y con él el juicio de Merino, que fue condenado a 53 años de cárcel por el asesinato de Enrique Casas. La persona identificada como autor material de la muerte de Casas, Pablo Pego Gude, alias ‘Antxon el Grande’, resultó muerto en un enfrentamiento con la Guardia Civil en agosto de ese año. A Jimeno también la habían condenado.

Fue el momento en el que Merino declaró en sede judicial sobre lo que pasó el 22 de marzo de 1984 en Pasaia, desde la cárcel de Meco. En su declaración, ratificada una y otra vez en los siguientes años, detalló que los agentes dispararon con subfusiles Ingram y Uzi, y otro con una escopeta, y que iban con la cara descubierta. Eran los mismos que después le torturaron en comisaría cuando fue detenido. “Pero el juzgado archivó, nadie hizo nada”, lamenta. 

Pasaron más de diez años hasta que, según explica Merino, llegó el abogado Santiago González y le propuso “mover el tema”. “Me volvieron a tomar declaración desde la cárcel de Santoña, y después desde Donostia, a finales de 1999, y de nuevo en 2001, y desde entonces palos en las ruedas, un boicot constante, ningún interés por investigar, cada vez que Santi pedía una diligencia, pasaba mucho tiempo y después la rechazaban, y archivaban la investigación, y recurríamos, y la volvían a abrir…”. En 2001 fue también el año en el que los familiares de las víctimas de Pasaia y el Ayuntamiento de Azpitia se personaron como acusación particular y popular en la causa, que instruía el Juzgado de Instrucción número 2 de Donosti, que archivó una y otra vez la causa por no encontrarse “autor conocido”. También la archivó la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, y el Tribunal Constitucional también rechazó que se reabriera la investigación, en 2017, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 2018.

Pero sí que había forma de identificar a esos policías, y de hecho había caído en las manos de Merino años antes, en 1986. “En mis manos y en las de todo el mundo que comprara la revista”, apunta Merino. 

Identificaciones en papel couché

Octubre de 1986. ETA mata al gobernador militar de Gipuzkoa, Rafael Garrido Gil, a su esposa y a uno de sus hijos poniendo una bomba en su coche, en Donosti. La televisión y las publicaciones impresas publican reportajes sobre el atentado, con imágenes del suceso. “Cuando vi las imágenes me dije ‘leches, pero mira quiénes están aquí”. Merino explica que en las imágenes  del suceso aparecían varios de los policías que participaron en la emboscada y fusilamientos de bahía de Pasaia. Se lo comentó a Santiago González, el nuevo abogado que retomó el caso en 2001, poco antes de que Merino saliera de la cárcel tras 17 años y medio, y acordaron que, cuando la investigación de la masacre de bahía de Pasaia se archivara definitivamente –“porque dábamos por hecho que se acabaría archivando definitivamente, que no iban a investigar”, puntualiza– hicieran públicas las imágenes al menos para señalar socialmente a los agentes de policía que habían masacrado al comando.

“Hubo unas diligencias en el juzgado en 2002, fueron citados varios policías, el juez les preguntó sobre los sucesos de Pasaia y ellos, pues nada, con toda su cara dijeron que ellos no sabían nada, que no estaban, que al detenido ese día se lo pasaron otros compañeros, y que ellos ni saben ni vieron ni nada. Y la juez, pues no hizo nada, lo archivó y ya”, recuerda Merino. “En el 2007 hubo otra comparecencia de policías y fue más de lo mismo: ‘Ni sé, ni me acuerdo, ni nada’. Y volvieron a archivar”, añade.

“Todos los policías que salen en las fotos participaron en la emboscada, y uno de ellos es el que participó en los fusilamientos”

Siguieron solicitando, una y otra vez, que se reabriera la investigación. Ya llevaban 22 años de batalla judicial, y en 2020 lo volvieron a archivar. Parecía que iba a ser ya el archivo definitivo, ya habían pasado por el Constitucional, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y no había servido para nada, por lo que se dijeron que era el momento de hacer públicas las imágenes, “al menos para que la opinión pública sepa”, añade Merino. “Todos los policías que salen en las fotos participaron en la emboscada, y uno de ellos es el que participó en los fusilamientos”, añade.

“Yo no creía ni creo en la justicia española, nunca creí que lo fuera a investigar ni castigar. Otra cosa es que puede que haya, que lo hay, jueces y juezas que son honrados, decentes, que buscan la verdad, con posibilidades muy limitadas de poder hacer su trabajo correctamente”, afirma Merino poniendo por ejemplo a la juez que instruyó el caso Tomás Linaza. No fue la esperanza en la justicia lo que hizo que Merino enviara al juzgado las imágenes de esa revista de octubre de 1986 antes de hacerlas públicas. Fue una “simple formalidad”, apunta.

“Creímos que nos iban a decir ‘nos es imposible identificar a estas personas que ustedes señalan en las fotografías y en los vídeos’, y, a continuación, ya seríamos libres de presentarlo ante la opinión pública, pero cuál ha sido nuestra sorpresa que la juez ha pedido la identificación de estos policías. Y no solo eso, sino que también han aceptado que haya unas ruedas de reconocimiento de algunos de ellos, de los que salen en las fotografías”, señala Merino.

–¿Qué esperas que pase tras la rueda de reconocimiento del próximo 28 de marzo?
–Aunque se haya llegado a este punto, no quiere decir que esto vaya a ir más lejos, porque nosotros conocemos cómo funciona la llamada justicia: la juez no tiene posibilidad de saber si los policías que vengan ahora a la rueda de reconocimiento sean los de las fotografías, ni la juez ni mucho menos nosotros, pueden mandar a otros agentes. Yo con esto a lo más que aspiro es a mantener viva la memoria de estos crímenes, y que la gente haga preguntas y sepa, y ayudar a que se recuerde lo que ocurrió, la impunidad con la que aquí se fusila, porque hablan de privación de derechos humanos en otros sitios y resulta que aquí pues la clase o la casta política, me da igual unos que otros, son cómplices de esto, como de las torturas como de mil cosas.
–¿Y si al final se consigue que esos policías sean juzgados y condenados?
–Eso es otra cosa: los policías son los ejecutores en este como en otros hechos similares. Son solamente el brazo ejecutor. Si los policías actuaron así es porque los mandos, siguiendo las indicaciones del jefe político de turno, han autorizado o indicado a actuar de esta forma. La sociedad no reacciona y acepta que haya crímenes de Estado en nombre de la democracia.