Opinión
La externalización amenaza al modelo de reinserción en Euskadi

Tal vez, cuando pensamos en sanidad, justicia y educación, nos resulte complejo comprender la magnitud de estos conceptos, quizás por la manera en que los abordamos. Aunque estas áreas se estructuran desde arriba, con políticas diseñadas y negociadas por unas pocas personas, se implementan mediante el trabajo diario de muchas otras. Entre ellas, a menudo encontramos trabajadoras y trabajadores en situaciones laborales diversas, algunas de ellas invisibles, en contextos difíciles, desempeñando tareas complejas y poco reconocidas.

Este es el caso del Servicio Vasco de Gestión de Penas, encargado de garantizar en Euskadi el cumplimiento efectivo de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad (TBC) y otras formas sustitutivas de la ejecución penal, como suspensiones de penas privativas de libertad y sustituciones de condena. Este servicio se dedica a diseñar intervenciones específicas que den respuesta al cumplimiento de las condenas impuestas, atendiendo al origen delictivo, con la persona y su contexto como protagonistas de su proceso, y con un enfoque social que busca evitar la reincidencia y promover su reeducación y reinserción.

El Servicio Vasco de Gestión de Penas acompaña a las personas en el cumplimiento de condenas que se cumplen fuera del régimen penitenciario, promoviendo la reinserción y evitando la reincidencia

El equipo técnico que trabaja en este servicio está altamente cualificado y cuenta con una trayectoria significativa. Algunos de sus miembros han desarrollado, desde la creación del servicio, programas específicos que se ajustan a la naturaleza delictiva, ofreciendo intervenciones personalizadas que dotan de calidad y sentido a su labor. Este es el caso, por ejemplo, de los espacios educativos y terapéuticos diseñados para el cumplimiento de condenas por delitos de violencia de género, violencia sexual y seguridad vial. 

Sin embargo, como otros servicios públicos, su gestión no depende directamente del Gobierno Vasco, sino que se lleva a cabo mediante licitación pública. Esto significa que se delega en empresas privadas, en ocasiones priorizando la reducción de costes sobre la calidad del servicio.

Desde 1987, el Servicio ha evolucionado para adaptarse a las necesidades sociales, mostrando el valor de un enfoque personalizado y humano

Desde su origen en 1987 bajo el nombre de SAOS (Servicio de Orientación al Detenido), su labor ha evolucionado para adaptarse a los cambios sociales y judiciales, ampliando su alcance desde la orientación de personas detenidas en situación de vulnerabilidad —como en casos de toxicomanías o problemas de salud mental— hasta su configuración actual.

En 2021, el Gobierno Vasco asumió la competencia de las tres cárceles de la comunidad, marcando un momento histórico que podría haber sentado las bases para un sistema de justicia integral y de calidad. La creación de un comité de expertos para diseñar un servicio más cohesionado parecía una apuesta firme por una justicia vasca avanzada. Sin embargo, una vez más, nos encontramos ante un nuevo concurso que perpetúa la externalización del Servicio Vasco de Gestión de Penas, lo que plantea interrogantes sobre el compromiso del Gobierno Vasco con un modelo de calidad que ponga en el centro a las personas.