Tribuna
Una ley para que nada cambie simulando que se cambia todo

Nunca nos conformaremos con la premisa de que nuestra sociedad aún no está preparada para asumir una publificación progresiva de todo el sistema educativo vasco, ya que eso mismo hemos oído reiteradamente al respecto de la inclusión, el feminismo, el ecologismo, etc.
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Jokin Bildarratz en el inicio del curso escolar 2022-2023. Foto: IREKIA

Es curioso observar, desde la distancia que nos provoca el paso de los años, y a menudo con desdén, las formas en las que se socializan las y los jóvenes. Especialmente a quienes trabajamos en educación, nos impacta ver el protagonismo que la imagen ha adquirido sobre el contenido, e insistimos obstinadamente en que nuestro alumnado tiene que ahondar en el material para trascender la vacuidad de la imagen. Pero lo que a menudo no comprendemos es que ellas y ellos tan solo reproducen lo que observan a su alrededor. Eso sí, con las herramientas de las que disponen hoy en día.  Ese vacío del que tendemos a culpar a la juventud lo encontramos, sin ir más lejos, al leer el borrador del anteproyecto de ley presentado por el Departamento de Educación del Gobierno vasco: una imagen que apenas dice nada para y que, sin embargo, pretender decirlo todo.  

Efectivamente, nos encontramos ante un texto que no concreta nada, y que bien podría ser un tratado teórico sobre los principios y prácticas de los sistemas educativos neoliberales, aquí o en cualquier otro lugar. Un magnífico ejercicio de procrastinación: todo lo deja para luego, para dentro de dos años. O de doce. Los procedimientos y criterios de admisión del alumnado o la zonificación de las áreas de influencia se aplazan a un sinfín de decretos y normas posteriores en manos, por supuesto, del Ejecutivo, no del Parlamento. Reglamentos que, como establece la ley en su última disposición, podrán realizarse “con carácter de urgencia”, es decir, evitando la mayoría de procedimientos democráticos de participación y de garantía.

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Ahora bien, lo único que deja meridianamente claro es la equiparación entre centros de titularidad privada y pública. Esto es, el texto establece una hoja de ruta, una que busca perpetuar el sistema dual bajo el concepto “servicio educativo vasco”, al que ahora además apellida “público” de forma meramente putativa: ¿No quiere usted publificarse? De acuerdo, no se preocupe, que ya le redefino yo lo público a su medida. 

Es también un brillante ejemplo de demagogia y populismo socioeducativo: un discurso grandilocuente y vacío, con grandes palabras sobre inclusividad, igualdad de oportunidades, modernización, cohesión social, derechos educativos, democracia participativa, equidad y justicia universal, tan altisonantes como huecas, que no se materializan en ninguna medida efectiva. Otra promesa al viento.

La gratuidad efectiva resulta imposible mientras la titularidad de los centros siga siendo privada

Y a los cuatro vientos se lanza igualmente la fútil promesa de conseguir la gratuidad efectiva, aunque ya sabemos que no por gritarlo más alto se alcanzará realmente lo que, aun legislado desde hace 40 años, resulta imposible mientras la titularidad de los centros siga siendo privada. O de igual modo nos quieren hacer creer que se puede garantizar la laicidad de un centro cuya principal razón de ser es la evangelización: en este caso, no solo podrá amparase en su titularidad privada, sino también en el respeto al carácter propio de los centros concertados, que asegura el borrador por encima de fundamentales derechos individuales y colectivos.

De igual modo nos quieren hacer creer que se puede garantizar la laicidad de un centro cuya principal razón de ser es la evangelización

¿Y qué decir sobre el euskara? Reforzar su uso y priorizar la función euskaldunizadora de la educación vasca, en la que la escuela pública ha destacado en los últimos 30 años, resultan de vital importancia a la luz de todos los diagnósticos disponibles. Y es precisamente por ello que el lugar que del euskera no puede dejarse al albur de la realidad sociolingüística o del proyecto educativo particular de cada centro, mucho menos cuando su titularidad no es pública. El euskera no puede ser opcional, y es imprescindible tomar medidas concretas e implementar recursos tangibles para euskaldunizar a la totalidad del alumnado y de la plantilla docente. 

El euskera no puede dejarse al albur de la realidad sociolingüística o del proyecto educativo particular de cada centro, mucho menos cuando su titularidad no es pública

En resumidas cuentas, este anteproyecto tiene mucho menos contenido real que la Ley de la Escuela Pública Vasca (1993) que pretende sustituir, y apenas da un tímido paso, más un voto que un proyecto, hacia lo único que podría empezar a solucionar el problema más grave de nuestro sistema educativo: la publificación progresiva de los centros privados. Así, la disposición adicional tercera sobre la “integración de centros en la red pública” relega la publificación a las “necesidades de planificación” que determina en exclusiva el propio Departamento. Pero ya no es momento de hacernos más trampas al solitario: si verdaderamente tuviéramos que regirnos por las necesidades de planificación, no tendría sentido concertar ningún centro. La publificación se debiera hacer no ya solo de acuerdo a la necesidad, sino en aras del bien común, la justicia y la cohesión social que el propio preámbulo declara. 

Las leyes, aunque a veces incomoden a quienes se han acostumbrado durante largo tiempo a vivir en y del privilegio, deben hacerse para todas y todos

Y es que nosotras nunca nos conformaremos con la premisa de que nuestra sociedad no está aún preparada para asumir una publificación progresiva de todo el sistema educativo vasco, ya que eso mismo hemos oído reiteradamente al respecto de la inclusión, el feminismo, el ecologismo, etc. Porque las leyes, aunque a veces incomoden a quienes se han acostumbrado durante largo tiempo a vivir en y del privilegio, deben hacerse para todas y todos. Y esta ley debiera haberse hecho para materializar de una vez por todas una de las funciones esenciales de la educación, siempre declarada pero nunca realizada: la cohesión social. 

Así que, de momento, lo único que tenemos es una fotografía trucada, una imagen manipulada con filtros para las redes sociales, una representación de un consenso político del que muchas y muchos de los principales agentes sociales no hemos participado y, en definitiva, un acuerdo para no cambiar nada simulando que se cambia todo. Una ley que abandona a la Escuela Pública Vasca mientras alardea de haber logrado ahora lo que fue imposible durante varias legislaturas anteriores. 

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Asanuma
15/10/2022 10:22

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