Tribuna
A propósito del último informe de Save the Children

Hemos leído con interés y asombro el informe Por una escuela concertada inclusiva de la organización Save the Children (STC). Quisiéramos, como miembros de Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea (Orgullosas de la Escuela Pública Vasca), dar nuestra opinión sobre el diagnóstico y las propuestas que en él se incluyen.

Nos asombra, para empezar, el planteamiento de STC cuando afirma, en consonancia con la nueva Ley de Educación aprobada recientemente en la CAV, que “a todos los efectos, las distintas comunidades autónomas deberían tratar a la escuela concertada y pública formando parte de una única red de centros educativos que, conjuntamente, garanticen la prestación del servicio público de la educación”. Que se equipare lo privado y lo público cuando lo primero está en manos particulares y lo segundo es de toda la sociedad, sólo se puede interpretar como una apuesta privatizadora. Tratar a una entidad privada como si fuera pública es declararse a favor de la red privada-concertada. Un planteamiento así no va a servir para acabar con la segregación, ni va a supeditar los intereses privados al interés común.

Pinchar la burbuja de la educación concertada

Gessamí Forner

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País Vasco

País Vasco Pinchar la burbuja de la educación concertada

Gessamí Forner

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Familias de Bilbao explican cómo viven su elección: haber elegido para sus hijos e hijas la red pública frente a la red concertada, donde estudia el 49% del alumnado del País Vasco. ¿Inercia o militancia?

Escuela concertada EH Bildu se alía con el PNV para blindar la red educativa concertada más grande del Estado y la segunda de Europa

Nos choca también la utilización parcial de ciertos datos identificando enseñanza concertada y sistema educativo de calidad, y la incorrección al hablar de bicefalia en esta red en la CAV (“25% enseñanza religiosa y 25% ikastolas”), cuando estas últimas son el 13% del total, un tercio de la enseñanza privada.

El informe se basa en el falso presupuesto de que más dinero público llevaría a la gratuidad de la enseñanza concertada

Aunque el informe de STC incorpora algunas propuestas que compartimos, como la matriculación en oficinas independientes y no en los centros por ejemplo, a nuestro entender, el informe se basa en el falso presupuesto de que más dinero público llevaría a la gratuidad de la enseñanza concertada y que ello contribuiría a la equidad y facilitaría la libertad de elección de centro a las familias más vulnerables que ahora no la tienen. Afirmar esto supone aceptar, de forma implícita, dos ideas: que la enseñanza concertada es mejor pero no todo el mundo puede ir a ella (por motivos económicos), y que la mayoría de las familias, incluidas las que están en situación de vulnerabilidad, desean ir a esos centros. 

Estamos en absoluto desacuerdo con este análisis: la escuela concertada selecciona, adoctrina, crea comunidades artificiales que no reflejan la diversidad de su entorno, una gran parte de ella no cumple los objetivos en materia de conocimiento del euskera que es un elemento básico de integración, y fomenta el transporte privado desde zonas alejadas al centro escolar; Y, respecto a los deseos de la población, señalaremos que la mayoría de las familias, incluidas muchas con alto poder adquisitivo eligen la pública (como se demuestra año tras año), a la que piden justamente gratuidad, calidad y servicios.

La solución que el autor del informe propone para caminar hacia la equidad es una mayor financiación de la red concertada hasta conseguir la gratuidad real

La solución que el autor del informe propone para caminar hacia la equidad es una mayor financiación de la red concertada hasta conseguir la gratuidad real y unas reglas de juego equitativas en los procesos de admisión con lo que se garantizaría la libertad de elección de centro y una reducción de la segregación escolar (¿es acaso esta “libertad” el único elemento de la planificación educativa?). Pero la enseñanza concertada nunca será gratuita porque en su naturaleza está la necesidad de diferenciación, porque está sometida al mercado. ¿Cómo convencer a las familias de una localidad o barrio donde existen dos centros de las mismas características (modelo D, laicos…), uno público y otro privado para que opten por este último? Ofreciendo supuestos mejores servicios, aumentando las horas lectivas, cobrando cuotas… es decir, diferenciándose, eligiendo, en una palabra, discriminando.

Desde la LODE (1985), pasando por el decreto de conciertos de la CAV (1987) y llegando a la nueva Ley de Educación el cobro de cuotas está prohibido, y se ha concertado a los centros privados a cambio del cumplimiento de unas condiciones, entre ellas la gratuidad. Nunca las han cumplido y nadie se las ha hecho cumplir. Las cuotas, ilegales, se siguen cobrando: se justifican por docencia o por servicios, y se llaman obligatorias o “voluntarias”, pero quien no las paga no puede asistir a esos centros. Nunca habrá gratuidad real en la enseñanza concertada, no va con su naturaleza.

La concertación en la CAV ha ido aumentando progresivamente desde las etapas obligatorias hasta llegar al concierto pleno de 2 a 18 años. Y, sin embargo, la red concertada sigue afirmando que su financiación es insuficiente (!) postura compartida incomprensiblemente en el citado informe. ¿Pero por qué dar dinero y aceptar la sobre oferta educativa innecesaria de centros concertados cuando hay oferta pública suficiente en el barrio o en la localidad? Lo lógico sería hacer un uso más razonable y eficaz del dinero público invirtiéndolo en la escuela pública. 

Si después de cuarenta años de concertación educativa hemos llegado a esta injusta situación de dualidad discriminatoria, quizás es que el instrumento de la concertación ha fallado

Si después de cuarenta años de concertación educativa hemos llegado a esta injusta situación de dualidad discriminatoria, quizás es que el instrumento de la concertación ha fallado y debe de ser revisado. Insistir en ese camino es aceptar el que hemos recorrido y que nos ha traído hasta aquí. Aquellas familias que por los motivos que sean, no quieren utilizar el servicio público de enseñanza y prefieren el privado, debieran de hacer frente a los gastos con sus medios. Seguir subvencionando esta opción con el dinero de todos y de todas es injusto. Las familias que como las nuestras han elegido para sus hijos e hijas la escuela pública saben de qué estamos hablando.

Echamos en falta también un discurso a favor de la educación pública, de sus necesidades, de su mejora. Tampoco se cita ninguna medida para que las familias no “vulnerables” opten cada vez más por ese modelo educativo. Y es que, creemos, con todo el respeto, que el objetivo de este informe está desenfocado: no nos parece una meta deseable facilitar el acceso universal a la red concertada; al contrario, se trataría de potenciar que la mayoría de las familias deseen ir a la pública como oferta más atractiva, y así, conseguir hacerla mayoritaria asumiendo la pluralidad y reduciendo la segregación.

Al contrario de lo que desea este informe, la escuela concertada, salvo contadas excepciones, nunca será inclusiva. La única inclusiva y universal es la escuela pública, la herramienta más eficaz para lograr la cohesión social, la convivencia y la integración. Nuestra apuesta es a favor de una única red pública, euskaldun, plural, cercana, participativa y dotada de recursos suficientes. Nos gustaría que Save the Children la compartiese.

Un pacto educativo para blindar las escuelas privadas y segregadoras

Raquel Andrés Durà

Educación privada

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Raquel Andrés Durà

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