Educación privada
Un pacto educativo para blindar las escuelas privadas y segregadoras

EH Bildu ha tendido la mano al PNV con persistencia durante la campaña electoral y después para llegar a acuerdos de país. Esa puerta abierta a un gran entendimiento abertzale no es nueva; un caso paradigmático es la sintonía que han tenido históricamente en cuanto al blindaje de las escuelas privadas: la Kristau Eskola, por parte de los jeltzales, y las ikastolas, por parte de la izquierda abertzale. La nueva Ley de Educación vasca, aprobada el pasado 21 de diciembre, es un ejemplo de ello aunque EH Bildu retirara su apoyo a última hora.

El boceto inicial de la norma se tituló Bases para la Educación del siglo XXI y contaba con un amplio acuerdo entre PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. Finalmente salió adelante con los dos socios del Ejecutivo vasco: jeltzales y socialistas. Elkarrekin Podemos fue la primera en alejarse del pacto por “no primar la red pública”, mientras que EH Bildu preguntó a las bases por su postura final, que acabó diciendo ‘no’, y se descolgó pocos días antes de la votación. El parlamentario de la izquierda abertzale, Ikoitz Arrese, justificó así el rechazo: “Se blindarán los modelos lingüísticos que no euskaldunizan y se abre la puerta a la financiación sin límites de la concertada”.

Sin embargo, más allá de las discrepancias, subyace una armonía no explícita entre EH Bildu y las propuestas del PNV. Lo explica un profesor de FP afiliado a la coalición abertzale que ha participado en el debate interno sobre la Ley de Educación y que prefiere mantenerse en el anonimato. Pese al relato posterior, asegura que el modelo lingüístico con el que se preservan los modelos A, B y D figuraba “en todos los acuerdos aceptados por EH Bildu y no hizo ninguna enmienda” contra ellos. “Se pactó que no se iban a tocar los modelos y se aceptó. Todo lo que ha venido al final ha sido una burda escenificación de la diferencia”, asegura.

Este docente, crítico con su partido, denuncia que “la ley no trataba sobre el euskera” y “nunca lo tuvo en cuenta”, sino que nació con el “único objetivo” de “blindar los conciertos y garantizarles un nuevo estatus que impidiera que, con el descenso demográfico, pudieran perder líneas y cerrar colegios”. La ley “nace fuera de los focos”, anota este militante, y “viene ya pactada entre el PNV y EH Bildu con el visto bueno de las patronales que aglutinan ambos partidos”.

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El 65% de los centros privados son religiosos y el 35%, ikastolas

Se refiere a Kristau Eskola y a las ikastolas, agrupadas en torno a Ikastolen Elkartea. Al fin y al cabo, casi el 50% del alumnado de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) no estudia en la red pública. Del total de centros concertados-privados que hay, el 65% son religiosos y el 35% son ikastolas. Un dato que amplifica la preocupación sobre la nueva ley: las escuelas privadas con fondos públicos imponen cuotas a las familias. Para el docente el acuerdo “no tiene que ver con las ikastolas en concreto, sino con tocar el sistema concertado”.

Si bien durante el franquismo y años posteriores las ikastolas tenían un sentido político, la defensa de la lengua, actualmente el 90% del alumnado de la pública está matriculado en euskera (modelo D). En otras palabras, la inmersión lingüística existe. A ello se suma un modelo que ha perpetuado tasas alarmantes de segregación escolar en la CAV, dibujando un paisaje en el que los hijos de las personas migrantes predominan en la educación pública y los de las familias vascas siguen copando los centros concertados, especialmente en los grandes municipios. Un estudio publicado por Save the Children reflejaba que Euskadi tiene el mayor nivel de segregación escolar por origen migrante de todo el Estado y la segunda mayor segregación socioeconómica, después de la Comunidad de Madrid.

Euskadi tiene el mayor nivel de segregación escolar por origen migrante de todo el Estado y la segunda mayor segregación socioeconómica, después de Madrid. Además, casi el 50% del alumnado de la Comunidad Autónoma Vasca no estudia en la red pública

La bifurcación no es meramente administrativa, como advierte el profesor que participa en EH Bildu, sino que lleva consigo consecuencias profundas para la cohesión social y la integración cultural. La segregación “impide una transmisión cultural en todas las capas sociales y que gente que no vive en euskera pueda estar en colegios donde vea a otras personas que viven en esta lengua”. De esta forma, la actual estructura escolar no solo divide en términos de recursos y oportunidades, sino que también fragmenta el tejido social, impidiendo que la riqueza del patrimonio vasco se comparta y florezca entre todas sus comunidades.

La actual portavoz del sindicato Steilas, el mayoritario en la educación pública no universitaria de la CAV, Nagore Iturrioz, ha criticado duramente en Hordago la nueva ley por estos motivos: “Ahonda en la desigualdad social y propicia dinámicas racistas y clasistas que originan ausencia de cohesión social, lo cual está directamente relacionado con el uso del euskera, que tampoco fomenta la ley”.

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La lengua, una “excusa” para mantener los “privilegios” del sistema concertado

Existe una cuestión relevante en este asunto: el rol de los partidos políticos en un contexto global de neoliberalización de la educación. Sobre este territorio, el militante abertzale señala la gravedad de crear el Servicio Vasco de Educación, que entiende como una privatización encubierta y que ofrece ventajas públicas sin exigirles cambios estructurales. “La protección de la lengua es la excusa para mantener los privilegios del sistema concertado. Llevamos décadas de destrucción de lo público y la aceptación del marco neoliberal por parte de un partido de izquierdas que puede gobernar nos debería de causar preocupación”, observa, refiriéndose a EH Bildu.

Arantza Fernández de Garayalde, de la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro, plataforma que se ha alzado como la principal opositora de la nueva ley vasca de educación, apuntaba en una entrevista con Viento Sur que, cuando tenía el apoyo de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos, el texto ya mencionaba “como tesis principal lo que las patronales de la enseñanza privada han defendido históricamente”.

La activista lo resumía así: la financiación “insuficiente” de los centros concertados, la invitación a la competencia entre ellos, la “irrelevante” titularización en la caracterización de los centros y la idea de que todos los centros, sean privados o no, “necesitan el mismo nivel de financiación” y deben integrarse en el Servicio Público Vasco de Educación.

En otro artículo para Hordago, Iturrioz también criticaba el pacto entre EH Bildu y PNV porque “sus objetivos convergen en educación, lo cual hace pensar en las metas comunes que estos dos partidos antagónicos tienen cuando hablan de descentralización, autonomía de centros, implicación de la comunidad y municipio en términos educativos”.

La portavoz de Steilas añadía que “tanto EH Bildu como PNV siguen sin querer tocar la titularidad de los centros, pero como es incómodo promocionar el servicio privado como uno público, quieren revestir su propuesta educativa de participativa y comunitaria, dotando de más competencia al municipio, es decir, descentralizando el sistema”.

Por su parte, el profesor y militante abertzale opina que “jamás se deberían hacer” pactos con el PNV porque “siempre suponen claudicaciones innecesarias”: “Se cree que generan la idea de que EH Bildu es un partido que puede gobernar, porque puede llegar a acuerdos con cualquiera y da cierta imagen de modernidad y de partido moderado. Pero ya lo han hecho otros partidos antes y siempre sale mal. Acabas en una postura en la que no puedes hacer una política de izquierdas clara porque entiendes que parte de tu electorado es moderado y luego vienen las desilusiones y la desactivación”.

Este docente cree que a nivel estatal se entienden los acuerdos necesarios debido a la correlación de fuerzas y que se produzcan con una contrapartida de “cuestiones prioritarias”, como el acercamiento de presos o las mejoras en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI); en cambio, en una CAV con más de tres décadas de gobiernos de PNV y PSE, exige una postura “fuerte” contra sus políticas y “buscar espacios exclusivos de izquierdas”: “Los ‘Acuerdos de país’ son una apisonadora para todas las ideas de izquierdas”.

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La publificación de las ikastolas en los años 90

La historia de las ikastolas ha estado marcada por intensas negociaciones y acuerdos clave en la construcción del proceso vasco, involucrando a la izquierda abertzale, PNV y otros actores políticos. El inicio formal de este diálogo se dio el 18 de diciembre de 1987, cuando José Ramon Recalde, consejero socialista bajo la dirección del lehendakari José Antonio Ardanza, firmó un acuerdo político con las federaciones de ikastolas.

Facilitado por los dirigentes Antonio Campos, Jose Mari Rekarte y Sabin Ipiña -los dos últimos miembros del PNV y responsables de las federaciones de ikastolas de Araba y Bizkaia-, estableció las bases para consolidar dos redes educativas principales en la CAV: la Escuela Pública Vasca y los centros de titularidad privada.

Según la publicación El movimiento de las ikastolas. Un pueblo en marcha (Euskaltzaindia), se buscaba “conceder a las ikastolas un trato económico especial”. La negociación en la sombra se impuso sobre la más formal entre PNV y PSE: la víspera de la votación tuvo lugar una reunión no pública en la sede de la Federación de Ikastolas de Araba con jeltzales, en la que acordaron el apoyo a la ley a cambio de mayores concesiones económicas para todas las ikastolas, independientemente de su decisión sobre la publificación.

El proceso culminó con la aprobación de la Ley de Confluencia el 28 de junio de 1988 y del convenio económico en 1989, proporcionando a las ikastolas un nivel de financiación sin precedentes. En 1993, con Fernando Buesa (PSE-EE) como consejero de Educación del Gobierno Vasco —que sería asesinado por ETA el año 2000—, se aprobó el decreto que creaba el marco escuela pública/escuela privada.

Con él, se daba la opción a las ikastolas a integrarse plenamente en la red pública. Tras un intenso y controvertido debate, el 56% se acogió a la vía de la publificación, mientras que el resto prefirió mantenerse en el régimen de conciertos con la red privada, la mayoría cooperativas agrupadas en la Ikastolen Elkartea.

Como el convenio económico de 1989, las ikastolas comenzaron a percibir una financiación nunca vista hasta ese momento, como confesaba un dirigente de estos centros, Paulo Agirre: “Recibíamos unas cantidades impresionantes de dinero, y no estábamos acostumbrados a disponer de semejantes cifras ni a gestionarlas”. Más gráfico en sus explicaciones fue, si cabe, otro alto responsable, Iñaki Etxezarreta: “Teníamos los bolsillos a rebosar”.

Para esas fechas ya intervenía como viceconsejero de Hacienda el jeltzale José Luis Larrea, que compatibilizaba dicho cargo con la vicepresidencia primera y la presidencia del Consejo Rector de la Ikastola Olabide, la mayor ikastola de Araba. Años después, Larrea fue nombrado Consejero de Hacienda y Finanzas por el lehendakari Ardanza.

En 1994, Larrea recibió un encargo especial del lehendakari: “solucionar” el contencioso entre la Consejería de Educación, dirigida en aquel momento por el socialista Fernando Buesa, y las ikastolas, que veían amenazados sus aulas de Bachillerato con la recién aprobada Ley de la Escuela Pública. El Consejo del Gobierno Vasco, tras un informe de la Consejería de Hacienda que desautorizaba a Buesa, condonó las deudas de todas las ikastolas, tanto las que habían optado por la publificación como las que se habían mantenido como privadas, y acordó la legalización de todos los bachilleratos.

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