Unión Europea
ReArm Europe tropieza en los parlamentos de Países Bajos y Alemania

La noticia puede parecer testimonial, pero es significativa en un contexto más amplio. El pasado martes el parlamento holandés rechazaba el plan ReArm Europe de la Comisión Europea por un estrecho margen (73-71). El resultado de la votación dejaba en un lugar incómodo al primer ministro, Dick Schoof, que había dado su visto bueno al plan en el Consejo Europeo, más aún cuando tres de los cuatro partidos que forman la coalición de gobierno que lidera –el Partido por la Libertad (PVV) del ultraderechista Geert Wilders, el cristiano-demócrata Nuevo Contrato Social (NSC) y el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB), creado durante las protestas de los agricultores holandeses en 2019– votaron a favor de la moción, presentada por el partido JA21, encabezado por Joost Eerdmans. También lo hicieron el Partido Socialista (PS), el Partido Político Reformado (SGP) y Foro por la Democracia. Eric van der Burg, del liberal Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) –el único partido de la coalición de gobierno que votó en contra de la moción– tachó de “irresponsable” la propuesta.

El motivo del rechazo es más económico que político. Eerdmans –un antiguo miembro de la Lista Pim Fortuyn, considerada como una de las formaciones renovadoras de la ultraderecha europea por su combinación de demagogia populista y un discurso xenófobo– declaró que el plan de rearme de la Comisión Europea entrañaba un “verdadero riesgo” para Holanda, que podría terminar asumiendo el coste respecto a países “como Francia, Italia, España y Portugal”. “Si la moción se aprueba, Schoof tendrá un problema”, añadió, y “tendrá que regresar a Bruselas y decir: Holanda no va a firmar esta deuda”. Pieter Omtzigt, de NSC, aclaró a la prensa que aunque su partido apoya la ayuda financiera y militar a Ucrania y el incremento del presupuesto de defensa, “se opone fundamentalmente a los eurobonos” y “a la ampliación de las normas fiscales”, los cuales, en su opinión, incrementan la posibilidad de “una nueva crisis de deuda” en el continente.

La Izquierda ya ha llevado al Tribunal Constitucional la decisión de votar el incremento de la partida destinada a defensa antes de que se constituya el nuevo Bundestag

Con tres de los cuatro partidos que forman la coalición del ejecutivo en contra, Schoof tendrá que obtener algún tipo de concesión de Bruselas o arriesgarse a una crisis de gobierno, una posibilidad que, al menos hasta ahora, ha sorteado con habilidad. Con todo, como EUObserver se encargaba de recordar, es bastante improbable que la votación cambie el curso de los acontecimientos, puesto que el nuevo instrumento de financiación se establecerá siguiendo el artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU), que permite a la Comisión Europea introducir medidas financieras de emergencia sin necesitar unanimidad en el Consejo Europeo.

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Para relajar las reglas de deuda que Alemania se autoimpuso años atrás e incrementar las partidas de defensa, el gobierno salido de las urnas el pasado 23 de febrero necesitaba el apoyo de dos tercios del Bundestag. El problema es que no los tiene, puesto que dos partidos —Alternativa para Alemania (AfD) y La Izquierda— se oponen a la medida. La solución de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la ganadora de las pasadas elecciones, ha sido acordar con el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) —socio in pectore de una Gran Coalición que aún no se ha formado, pero que es el único ejecutivo estable para la CDU— presentar esta medida antes de que se constituya el nuevo parlamento y facilitar de ese modo su aprobación, a la que esperaba sumar el apoyo de Los Verdes a cambio de la inclusión de un paquete de medidas para la transición energética.

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La Ley Básica alemana permite en su artículo 39 los plenos extraordinarios del Bundestag durante el período de transición de gobierno hasta 30 días con posterioridad a las elecciones. La constitución del nuevo parlamento será el próximo 25 de marzo, por lo que, técnicamente hablando, la convocatoria de este pleno es con arreglo a la ley. Políticamente, no obstante, es harina de otro costal. La Izquierda ya ha llevado al Tribunal Constitucional la decisión de votar el incremento de la partida destinada a defensa antes de que se constituya el nuevo Bundestag.

Sören Pellman, el portavoz del grupo parlamentario de La Izquierda, alegó en una rueda de prensa en la Karl-Liebknecht-Haus en Berlín que esta decisión supone una vulneración de los derechos de los diputados elegidos en las urnas en las recientes elecciones –entre ellos Ines Schwerdtner y Jan van Aken, los copresidentes del partido– y socava la confianza de muchos votantes en el sistema democrático.

La motivación política detrás de la decisión de la CDU y el SPD de acelerar esta votación es, en cualquier caso, evidente. Más allá de su representación parlamentaria, conviene recordar que, si a los porcentajes obtenidos por AfD y La Izquierda se suma el de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), hasta un 34,3% del electorado alemán se decantó en los comicios por opciones electorales contrarias a medidas como ésta. Este dato también está detrás de la posibilidad de que los estados federados orientales puedan bloquear la medida cuando llegue al Senado (Bundesrat), por temor a que su aprobación haga crecer a AfD, a La Izquierda y a BSW, aunque parece bastante improbable.

El debate en el Bundestag y en los medios de comunicación discurrió en paralelo a las noticias de que Rheinmetall había superado simbólicamente en capitalización bursátil al Grupo Volkswagen

En concordancia con los discursos que venimos oyendo estos días desde instancias oficiales, el futuro canciller Friedrich Merz imprimió a su intervención sensación de urgencia al argumentar que el incremento en defensa no admite “ningún retraso”. Merz tendió la mano a Los Verdes prometiendo que el dinero se destinará también a infraestructuras y a la protección del medio ambiente, así como a fondos adicionales para los servicios de inteligencia y de protección civil. La portavoz del grupo parlamentario verde, Katharina Dröge, constató lo obvio en su comparecencia anterior a los medios: si existen dos tercios para aprobar esta medida, entonces también existen para aprobar nuevas infraestructuras y medidas de protección para el medio ambiente. Al mismo tiempo, la diputada verde Irene Mihalic recordó que su partido estaba dispuesto a aceptar un incremento de las partidas destinadas a defensa desde hace meses, y acusó a la CDU de posponer el debate por motivos electorales. Con pocas sorpresas, durante la mañana del viernes la CDU llegó a un acuerdo con Los Verdes para aprobar la medida con la inclusión de un fondo para el clima de 100.000 millones de euros.

“La decisión unilateral por un keynesianismo militar es también una decisión contra la protección del medio ambiente”, advertían los economistas Tom Krebs e Isabella Weber en un artículo para el medio económico Surplus. “La transformación verde necesita un keynesianismo verde”, pero la propuesta presentada en el Bundestag promueve un sector “conocido por su consumo intensivo de energías fósiles”. De este modo, “Alemania producirá más armas y tanques y menos automóviles eléctricos y turbinas eólicas”, lamentaban Krebs y Weber. “Algunos economistas sostienen que pueden tenerse ambas cosas: más tanques y más automóviles eléctricos”, pero los autores se apresuraban a matizar que, aunque esta afirmación es válida “en principio”, ya que “actualmente las capacidades de producción en Alemania no están siendo empleadas al máximo y una política fiscal expansiva incrementa la producción económica en su conjunto”, solamente “habrá un incremento significativo de la producción doméstica de automóviles eléctricos y turbinas de viento nacionales si hay una política fiscal expansiva que sea también equilibrada y si se promueve la producción de mercancías verdes en consecuencia”. Pero “esta posibilidad no está contemplada en las propuestas de la CDU, el SPD y Los Verdes”, criticaban los dos economistas, que también alertaban de que “este keynesianismo militar radical también sería vinculante para futuros gobiernos”.

El debate en el Bundestag y en los medios de comunicación alemanes discurrió en paralelo a las noticias de que Rheinmetall había vuelto a registrar ganancias en 2024 –en concreto, una subida del 36% respecto al año anterior, o unos 2.600 millones de euros– y superado simbólicamente en capitalización bursátil al Grupo Volkswagen, lastrado por una crisis que ahora también afecta a Mercedez-Benz y BMW, cuyas ganancias cayeron un 37% en 2024.

No repetir el destino del Plan Pleven

En octubre de 1958 el primer ministro francés, René Pleven, presentó la idea de crear un ejército europeo a la Asamblea Nacional. El Tratado por el cual se establece una Comunidad de Defensa Europea fue firmado por los países de Benelux (Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo), Francia, Italia y Alemania occidental el 27 de mayo de 1952, pero el proyecto de crear una Comunidad de Defensa Europea —también conocido como Plan Pleven— no prosperó, ya que en la Asamblea Nacional francesa una mayoría formada por gaullistas, comunistas y socialistas votó en su contra e impidió que avanzase el tratado, a pesar de que Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos y Alemania occidental ya lo habían ratificado en sus respectivos parlamentos.

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Más allá de este episodio histórico, lo sucedido estos días en los Países Bajos y en Alemania no debe traer buenos recuerdos en los corredores del poder en Bruselas. En el año 2005 el Tratado para el establecimiento de una Constitución para Europa fue rechazado en referendo tanto en Francia (con un 55%) como en Holanda (con un 61%). Después de aquella fallida experiencia con la democracia directa, los estados miembro se concedieron a sí mismos un “periodo de reflexión” y optaron por reformar los tratados existentes para formar la base constitucional de la Unión Europea.

El Tratado de Lisboa resultante modificó el Tratado de Maastricht de 1992 y el Tratado de Roma de 1957, que pasó a denominarse el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, el TFEU que ahora se prevé emplear para desplegar ReArm Europe, saltándose cualquier oposición si los parlamentos nacionales se oponen al mismo. Dos días antes, los ministros de Defensa de Francia, Alemania, Italia y Polonia exponían en París su posición común para desregular la industria de defensa con el objetivo de acelerar la producción de armamento “a nivel europeo, pero también en nuestros estados nacionales”, en palabras del responsable de esta cartera en Alemania, Boris Pistorius, lo que alejaría todavía más la posibilidad de una supervisión democrática de la distribución de los recursos destinados a este sector.