Universidad
Pisos fantasma por el coronavirus

La emigración del estudiante universitario es un fenómeno que se da en los meses de junio y septiembre. Miles de jóvenes viajan desde provincias a capitales —y viceversa— cargados de trastos que son de todo menos libros y apuntes. Pero, este año, el movimiento de verano se ha visto trastocado por el coronavirus. Con la finalización de las clases presenciales en abril, el estado de alarma ha precipitado que miles de estudiantes se hayan apresurado a volver a casa y, sobre todo, a evitar pagar los meses en los que el piso se queda vacío.

Ante esta atípica situación, las redes sociales y las televisiones se han hecho eco de caseros que son bondadosos y “perdonan” el alquiler a los estudiantes. Valeria, estudiante de un máster de traducción profesional, ha tenido que dejar su piso en Granada para volver a su Málaga natal y tenía la esperanza de que, al haber pagado todo el mes de marzo, su casero le perdonase el mes de abril. No ha sido así, pero el dueño le ha cobrado la mitad del alquiler en los próximos meses: “Por una parte estoy agradecida, pero pienso que estoy pagando por no vivir allí y me da coraje”.

Jaione, estudiante de magisterio en Bilbao, también ha tenido que seguir pagando su piso sin estar en él. Tras volver a casa y llevar semanas allí decidió, junto a sus compañeros, ponerse en contacto con su casero y, al no darles una respuesta rápida, han tenido que pagar abril al completo. Ahora, el dueño ha decidido cobrarles algo más de la mitad los meses de mayo y junio.   

La situación de Valeria y Jaione se repite en todas las capitales universitarias españolas. Algunos afortunados han conseguido ahorrarse las mensualidades en las que no podrán estar en sus pisos de estudiantes, mientras que la gran mayoría tendrá que pagar el contrato al completo, los meses a medias o rescindir el contrato, por ejemplo. Por lo general, las redes sociales son espejo de la frustración que sienten los estudiantes alquilados que han quedado desamparados por la Ley.

Falta de asesoramiento

El mayor problema al que se han enfrentado los estudiantes ha sido la falta de información respecto a los pocos derechos que poseen en materia de derecho de vivienda. El proyecto Insulae —una plataforma creada para ayudar a gestionar los alquileres de pisos tras el cese de las clases presenciales— ha asesorado en Granada a estudiantes en las negociaciones con sus caseros y en el asesoramiento jurídico. Un trabajo altruista que ha ahorrado cientos de euros a los alumnos que se veían sin salida posible.

El 70% de los casos que han asesorado se centran en Andalucía y el resto son, mayoritariamente de otros lugares de España, además de algunos países europeos como Portugal o Italia. Prácticamente todas las personas que les han consultado tienen contrato (97%). De media, los contratos de alquiler tienen una duración de 10-11 meses, aunque lo más frecuente es que sean de 10 (estacional por el curso académico). En cuanto al tipo de arrendador, los particulares representan el 65% de partes de sus casos, mientras que el resto pertenece a inmobiliarias.

Julen, estudiante de ADE, no quiere meterse en líos: “No hemos dejado de pagar el piso por miedo a meternos en juicios con nuestra casera”

“Yo tengo contrato de 10 meses con una inmobiliaria, pero no me han dado ninguna solución”, explica Julen, alumno de la universidad de Sarriko de Bilbao. Las universidades se han desentendido, las inmobiliarias no quieren perder a sus fieles clientes (los caseros) y sin grupos como Insulae en las demás provincias, se toman las decisiones a ciegas.

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Inmobiliarias

Los pisos que alquilan miles de estudiantes para su año universitario están gestionados por una inmobiliaria. Los datos de Insulae demuestran que un 45% de sus afectados trabajan con inmobiliaria, y esos números se extrapolan a la mayoría de capitales universitarias. Ante esta situación de negociaciones entre arrendadores y arrendatarios, muchos estudiantes han buscado la mediación de la inmobiliaria —a la que han pagado al principio de curso entre 500 y 1.000 euros— para buscar una salida legal y propicia.

Begoña Iriarte, trabajadora de una inmobiliaria en Bilbao, cree que ellos están haciendo “todo lo posible” para que las dos partes se arreglen, pero que son cuestiones complicadas: “Algunos han acordado no pagar mayo y junio, otros les han bajado 100€ de alquiler a cada estudiante, incluso algunos van a cobrar los dos meses y descontar el 50% en septiembre”. Dice que se ven sobrepasados ante esta situación, ya que por una parte hay que entender que la situación económica se ha complicado y nadie quiere pagar por un piso que no está usando, pero que los dueños tienen todo el “derecho” de cobrar. Añade que lo más sencillo es que, quien pueda serlo, sea “solidario”. “Me están volviendo loca los propietarios”, concluye a modo de broma.

Julen no lo tiene tan claro: “Nosotros hemos pagado 600 euros a la inmobiliaria y no nos está ayudando en nada”. Las conversaciones son directas con la propietaria que, según Julen, tiene más de una vivienda en alquiler. “Viven de las rentas y la inmobiliaria lo sabe, podrían presionarles un poco para que nos ayudasen”, cuenta con resignación. Asume que tendrá que pagar el contrato al completo con sus compañeros, y que el piso en el que viva el año que viene intentará conseguirlo sin mediación de una inmobiliaria.

“Estamos intentando mediar entre los dueños y los alquilados pero cada uno tiene sus intereses”, Begoña Iriarte, trabajadora de inmobiliaria en Bilbao

Los teléfonos de la oficina de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción de Andalucía (FACUA) no han dejado de sonar desde que empezó el estado de alarma. Son muchos los estudiantes que han llamado buscando un atisbo de luz en los cobros del alquiler. Lo cierto es que, desde esta asociación no se han podido dar noticias esperanzadoras. Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, achaca esto al tipo de alquiler: “Si el contrato de alquiler no se considera vivienda habitual, no podría acogerse a las ayudas que ofrece el Gobierno”. También desmiente que, si el contrato establece que se tienen que pagar la luz y el agua, no hay motivo para evitar hacerlo.

“En FACUA tenemos serias dudas de que se pueda ganar una demanda judicial”, Rubén Sánchez, portavoz de FACUA

Algunos medios televisivos han tratado en sus programas vespertinos la problemática de los pisos de estudiantes, contando con abogados que han “desinformado” asegurando que se podían dejar de pagar los pisos. “Nosotros entendemos que, lamentablemente, si no llegas a un acuerdo con el propietario para que te reduzca el alquiler, no puedes obligar a nadie que te ayude”, aclara Rubén. Ante esta situación sin caseros bondadosos, solo quedaría buscar la rescisión de contrato: “Si el propietario quiere puedes rescindir, pero también puede hacerte pagar todo el contrato y de no ser así, llevarte a tribunales”.

Respecto a los tribunales, hay muchas dudas con el ámbito legal. Si bien los “expertos” graduados durante la crisis del coronavirus en programas de televisión han afirmado que en una situación así, el juicio está “ganado” por tratarse de una situación excepcional; los que realmente saben no parecen tenerlo tan claro. “Esto no es una relación de consumo porque no te están dejando de prestar el servicio”, dice Rubén. Es “imprescindible”, comenta, dejar claro que en FACUA tienen “serias dudas” de que se pueda ganar una demanda judicial.

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La otra cara de la moneda

Elia tiene 83 años y es propietaria de tres pisos en Bilbao. Vive en el barrio de Deusto, junto a su marido, en una amplia casa con terraza. Sus dos pisos de alquiler no se alejan mucho de su vivienda habitual, pero no suele acercarse a no ser que haya algún imprevisto. Dos pensiones en casa y dos rentas, de 800 euros una y de 900 otra. Elia dice ser una “afortunada” por vivir desahogada y poder dar la “paga” a sus nietos.

Este año sus ingresos se ven trastocados por el coronavirus y, más concretamente, porque sus alquilados han dejado los pisos. “Yo entiendo su situación, pero a ellos les cuesta entender que yo vivo de esto”, comenta Elia. Cobró el alquiler de abril al completo, pero en mayo sus alquilados han decidido no pagarle: “Hemos decidido rescindir el contrato, yo me quedo con la fianza y ellos no me pagan mayo y junio”, concluye Elia, sin antes dejar claro que al final la que sale “perdiendo” es ella.

“Voy a perder mucho dinero”, se lamenta Elia, propietaria de dos pisos en alquiler a estudiantes

Cuando se está ante una disyuntiva que presenta varios interesados e intereses diferentes, es difícil que todos salgan bien parados. En este caso, la salida de los estudiantes ha sido ampararse en la benevolencia de sus caseros y caseras, cruzando los dedos para que sus cuentas bancarias o —en su gran mayoría— la de sus padres no sigan bajando. Si esa opción no se ha dado, algunos habrán ahorrado a base de rescindir el contrato y otros tendrán que pagar el contrato sin rechistar.

En definitiva, los alumnos se han visto desamparados por la naturaleza de los contratos y por la falta de medidas del Gobierno, que no ha tenido en cuenta la situación de miles de familias que ya no se pueden permitir pagar un piso que no cumple su función. Esto solo logra agravar la crisis de miles de familias trabajadoras que, sin ayudas concretas para cada caso, difícilmente podrán enfrentarse a la crisis económica que está por llegar.

No se ha escuchado a los sindicatos de estudiantes

Desde que comenzó el Estado de Alarma, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha peleado para defender la situación de todos aquellos estudiantes que tuvieron que dejar sus pisos. Uno de los problemas que se ha hecho patente ha sido la imposibilidad de recuperar el material para estudiar que se quedó en los pisos. “Los exámenes están encima y muchos alumnos no han podido volver a por los apuntes”, explica Laura Alcaide, responsable de comunicación de la CREUP. Dice que se “permite” hacer la mudanza al finalizar el contrato, pero que “ningún” contrato finaliza en junio. Algunos alumnos han aprovechado la rescisión de contrato para aprovechar esta falla en la Ley.

Laura asegura que la CREUP está en contacto directo con los rectorados de las universidades y que han intentado buscar soluciones: “Hemos solicitado que se establezcan mecanismos para que los estudiantes puedan ir a sus pisos a través de que las universidades realicen una regulación y repartan justificantes”. Denuncia que es un problema “real” al que no se le está poniendo “solución”.

Teniendo en cuenta que muchos estudiantes pagarán por un piso que no usan y no podrán acceder a sus apuntes, las universidades propondrán becas especiales para el curso que viene: “Habrá ayudas para pagar el piso que no se haya utilizado y habrá cambios en las becas porque la parte variable depende de que se tenga un piso”, explica Laura. También falta por descubrir cómo afectará el anuncio de la docencia semipresencial, que algunas comunidades autónomas ya están anunciando, en un primer cuatrimestre aciago en el que se están buscando soluciones más para el futuro que para el presente.

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