Derecho a la vivienda
Las ayudas al alquiler se quedan cortas y no terminan de llegar

Los grandes bancos siguen sin firmar el convenio para distribuir los microcréditos del ICO para la familias más afectadas por la crisis social y sanitaria. Mientras, en la Comunidad de Madrid las ayudas directas al alquiler se agotan en la primera semana.

Mani Granada 23 mayo 2020 emergencia social servicios públicos 02
El derecho a la vivienda, también presente entre las reivindicaciones de la concentración en la Plaza del Carmen, en Granada, el 23 de mayo. Susana Sarrión
@MartinCuneo78
@martincuneo.bsky.social
28 may 2020 06:00

Organizaciones de consumidores y sindicatos de inquilinos denuncian que las medidas de apoyo al alquiler que ha lanzado el Gobierno de coalición no están llegando a quienes las necesitan.

Los microcréditos avalados por el Instituto Oficial de Crédito (ICO) chocan con los grandes bancos, que hasta ahora se han negado a firmar el convenio y siguen negociando las condiciones de implementación de la medida. Y las ayudas directas al alquiler —gestionadas por las comunidades autónomas y que no deben ser devueltas— en algunas ciudades se han agotado en la primera semana de lanzamiento. Por distintas razones, ninguna de las familias con problemas para pagar el alquiler por la crisis del covid-19 ha podido acceder a las ayudas. Según una encuesta reciente de la organización de consumidores OCU, el 9% de los españoles considera difícil o imposible pagar el alquiler.

Una semana después de que se habilitaran los cauces oficiales para solicitar las ayudas directas al alquiler, la Comunidad de Madrid anunció que ya había agotado el presupuesto asignado por el Gobierno central

En la Comunidad de Madrid, una semana después de que se habilitaran los cauces oficiales para solicitar las ayudas directas al alquiler, el Gobierno regional anunció que ya había agotado el presupuesto asignado por el Ejecutivo central. A fecha de 20 de mayo había recibido 3.071 solicitudes, 200 personas más de las que podrían atender, según un comunicado oficial. 

El consejero madrileño de Vivienda y Administración Local, David Pérez, calcula que el presupuesto asignado serviría para cubrir “apenas un 10% de las necesidades reales”. Para atender las 60.000 solicitudes que esperan recibir, la Comunidad demanda 150 millones de euros adicionales. La aceptación de solicitudes se realizará, advierten, por riguroso orden de inscripción: “Cuando el crédito disponible esté agotado, las solicitudes recibidas con posterioridad serán resueltas desfavorablemente”.

Las ayudas directas al alquiler son una de las medidas sociales anunciadas por el Gobierno a finales de marzo y que pueden alcanzar hasta 900 euros por mes, hasta un máximo de seis mensualidades. Estas ayudas se pueden solicitar desde el pasado 11 de mayo hasta el 30 de septiembre.

Los sindicatos de inquilinos consideran estas ayudas —que no conllevan como tantas otras del “escudo social” el endeudamiento de las familias más vulnerables— como un avance frente a los microcréditos. Sin embargo, indican, no dejan de ser “solo una medida paliativa”, ya que el Estado asume los precios de burbuja en una “transferencia de dinero público directa a los bolsillos de los rentistas y del lobby inmobiliario”. 

Los sindicatos de inquilinos denuncian que estas ayudas dejan fuera a “una gran mayoría de familias” y reproducen “la lógica excluyente de la administración: utilizar la burocracia como un tapón que impida el acceso a los más pobres”

Desde estos sindicatos señalan que estas ayudas dejan fuera a “una gran mayoría de familias”. Muchas de ellas, sobre todo si viven en Madrid o Barcelona, deben pagar alquileres superiores a esa cifra, y muchas otras no pueden acceder a ellas por unos trámites burocráticos que “excluyen a las personas con menos recursos, por ejemplo aquellas que se encuentran residiendo en situación irregular, inquilinos que no se hayan podido empadronar por algún motivo en su actual residencia, o inquilinos que no tengan un contrato por escrito y realicen su pago en metálico”. 

Además, el hecho de que estos trámites tengan que repetirse cada mes generan “una tensión añadida a las personas afectadas” y reproducen “la lógica excluyente de la administración: utilizar la burocracia como un tapón que impida el acceso a los más pobres”.

Por estas razones, estos sindicatos llevan ya casi dos meses en una huelga de alquileres en la que están participando más de 16.000 personas, organizadas en más de 80 comités de huelga.

Coronavirus
Los mil obstáculos para acceder a las ayudas de vivienda

Asociaciones de consumidores y el movimiento por la vivienda denuncian que el “escudo social” frente al covid19 no está funcionando como debería. La burocracia, las dificultades añadidas en tiempos de confinamiento, la brecha digital y unos requisitos “excesivos”, según denuncian, hacen que buena parte de las personas que las necesitan no puedan acceder a las ayudas.

El tapón de los grandes bancos

Más allá de los límites de presupuesto y las trabas burocráticas que limitan el alcance de estas ayudas, la apertura del proceso de solicitudes está chocando con los intereses de los grandes bancos, que hasta ahora no han aceptado tramitar estas medidas. Dos meses después de que hayan sido aprobadas todavía no hay acuerdo entre las grandes entidades y el ICO sobre las condiciones en las que estos bancos tendrán que hacer llegar el dinero a las familias que lo necesiten.

Según cuenta a El Salto Fernando Bardena, del Sindicato de Inquilinos de Madrid, hasta ahora la gente que ha tramitado tanto los microcréditos como las ayudas directas no han recibido nada. Desde hace dos semanas, comenta, los bancos ya han recibido los protocolos, pero “todavía no se las han concedido a nadie”. Otro problema añadido, continúa, es que muchos solicitantes se encontrarán previsiblemente con la negativa del banco: “Aunque cumplan los requisitos del Real Decreto, las restricciones que hay en relación a gente que tiene otro crédito, entre otras circunstancias, abre una casuística que va a hacer que echen para atrás muchas de esas peticiones”. Unas ayudas, recuerda Bardena, que van directamente al arrendador sin pasar por las familias. 

El 90% de la banca sigue sin firmar el convenio con Estado para distribuir los microcréditos para las familias que no puedan pagar el alquiler. Hasta ahora solo lo han hecho pequeñas cajas. Ninguno de los grandes bancos se ha adherido todavía

La organización de consumidores OCU señalaba el 26 de mayo que son pocas las entidades financieras que se han adherido al convenio con el ICO para conceder los microcréditos. Hasta ahora, solo lo han hecho pequeños bancos, como es el caso de Cajamar, Caja Ontinyent, Caja Pollença, Laboral Kutxa, Bankoa, Abanca, Unicaja y Liberbank. Además, según denuncian, “muchos de ellos solo ofrecen la posibilidad a sus clientes y, dentro de ellos, solo a quienes ya llevan tiempo con la entidad”.

Algo que contradice el convenio firmado con el ICO, donde se establece que “deberían conceder esos préstamos a cualquier inquilino que cumpla las condiciones exigidas por la normativa”, precisa OCU. En la práctica, los bancos “no tienen prisa por conceder dinero a quienes tienen dificultades de pago, por mucho aval del ICO que pueda existir”.

En el caso de los grandes, ninguno ha firmado todavía. Según publicaba El Confidencial, el 90% de la banca sigue negociando con el ICO la “letra pequeña” y no ha suscrito todavía el convenio. Sin embargo, las ayudas, que tienen carácter retroactivo, podrán pedirse de todas formas para que sean aplicadas desde el pasado 1 de abril.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Opinión
Opinión El rentismo es racismo
La posición de las personas migrantes y racializadas en el conflicto del alquiler nos coloca como sujetos esenciales e imprescindibles en la lucha por la vivienda.
Opinión socias
Opinión socias Viviendas de pasión
Nuestra economía se reanima a golpe de burbuja y especulación inmobiliaria, pero pronto se recalienta y se desinfla.
Bilbao
Padrón Social Erroldaren Korrika recorre Bilbao para exigir padrón para todas
La iniciativa forma parte de una campaña sostenida que reclama un padrón para todas las personas residentes
#61968
29/5/2020 0:44

Estas son las consecuencias de un Gobierno que dice ser de izquierdas, pero sus medidas se han centrado en, por la fuerza, disminuir, en unos casos, o eliminar por completo, en otros, los ingresos de la clase trabajadora. No contentos con eso, lo siguiente que han hecho ha sido asegurar los ingresos de los rentistas y de las multimillonarias energéticas. Si alguien de la clase trabajadora tenía ahorros, se le ha forzado a perderlos todos, pagando alquileres a rentistas y suministros a energéticas. Si no tenía ahorros -algo muy normal con los sueldos de este país y el precio de los alquileres, ya insostenibles antes de la crisis, que este Gobierno, ni siquiera en una situación como esta, no se ha atrevido a tocar- la única opción que le han dejado es endeudamiento (y casi ni eso, porque los ICO al alquiler dos meses después, siguen sin estar disponibles). Endeudar a alguien sin recursos para pagar a millonarios. Y encima haciendo el ingreso directamente al rentista. Endeudas a un pobre para inyectarlo directamente en la cuenta bancaria de otra persona sin importar la situación económica de ésta. ¿Por qué no se ha puesto filtro a los rentistas? ¿Por qué tienen que cobrar TODOS sí o sí, aunque no les haga falta, hasta el punto de quitarle la comida a otra persona? Criminales. Lo que están haciendo es un crimen, no tiene otro nombre.

0
0
Alemania
Alemania Ines Schwerdtner: “Los conservadores tienen esta estrategia de normalizar la AfD, pero eso ha salido muy mal”
De profesión periodista, Ines Schwerdtner ha sido una de las responsables del ascenso de Die Linke, un partido que pasó de no aparecer en las encuestas a superar el 8% en las elecciones de febrero.
Comunidad de Madrid
Universidad pública El alumnado de la UNED denuncia el “modelo antipedagógico” tras la supresión de tutorías presenciales
El proceso de eliminación de clases se remonta a 2008, aunque ha sido este año, con el nombramiento Claudia Sevilla como directora de centros asociados de Madrid, cuando el gobierno de Ayuso “ha pisado el acelerador”.

Últimas

O Teleclube
O Teleclube 'Os Pecadores' loitan contra montruos reais e mitolóxicos no novo episodio de 'O Teleclube'
O dúo do director Ryan Coogler e o actor Michael B. Jordan estrean unha película sobre a experiencia afroamericana cunha ameaza sobrenatural engadida.
Opinión
Opinión El rentismo es racismo
La posición de las personas migrantes y racializadas en el conflicto del alquiler nos coloca como sujetos esenciales e imprescindibles en la lucha por la vivienda.
València
València Rechazada la querella por tortura contra Ramón, policía infiltrado en València
Un juzgado de València desestima el recurso presentado por Alerta Solidària contra la inadmisión de la querella criminal por torturas contra el agente que pasó dos años infiltrado.
Más noticias
El Salto Radio
el salto radio Peinando canas 2: Ganas de cantar, ganas de vivir
En el segndo capítulo de esta serie dedicada al colectivo sénior destacamos el trabajo de Irina Capriles al frente del Cor de la Universitat Oberta per a Majors de les Illes Balears.
Opinión
Opinión El apagón y la ofensiva nuclear de las derechas
El gran apagón se ha producido en medio de una auténtica guerra cultural de la derecha contra el plan de cierre de las nucleares.
Gobierno de coalición
Gobierno de coalición El PSOE se mira en el espejo de Canadá
La irrupción de un enemigo exterior poderoso como Trump ha provocado un giro rotundo en las elecciones del país norteamericano, catapultando a los progresistas tras estar al borde de una dura derrota.
Economía social y solidaria
Cooperativismo Economías tejidas por mujeres: feminismo y cooperativismo en Madrid, una genealogía por contar
La Economía Social y Solidaria feminista no ofrece fórmulas mágicas, pero sí un horizonte: uno donde lo productivo y lo reproductivo, lo económico y lo afectivo, dejen de estar enfrentados.

Recomendadas

Laboral
Laboral Coidar sen dereitos: a loita das traballadoras nas residencias privadas de Galiza
Sen tempo nin medios para ofrecer uns coidados axeitados, alertan dunha situación insostible nos centros e denuncian a privatización dun servizo a costa do benestar das persoas maiores e dependentes.
Galicia
Galicia Vigo, A Coruña e Ourense mercaron material policial a Israel por medio millón de euros en só catro anos
O alcalde ourensán, Gonzalo P. Jácome, adxudicou un contrato por 70.000 euros días despois do sete de outubro. Abel Caballero asinou outro de máis de 200.000 euros e a alcaldesa da Coruña seguiu a estela cun contrato de 170.000 euros.