Urbanismo
Una jueza ve “indicios de criminalidad” de dos altos cargos del PP en el derribo de una casa en la Cañada Real

Dos altos cargos del PP pueden ir a juicio por la demolición de una vivienda en el sector seis de la Cañada Real Galiana en julio de 2022, cuando su propietario se encontraba de vacaciones. El juzgado número 20 de Madrid denuncia “incongruencias y contradicciones” entre lo declarado por los investigados, el ex comisionado para la Cañada Real, Markel Gorbea Pérez, cargo del gobierno de Ayuso, y el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística, Julio César Santos García, concejal de Almeida, y lo contrastado en la documentación obrante. Unas incongruencias que el juzgado valora como “más que evidentes” y “hacen patentes unos indicios de criminalidad, que justifican plenamente esta resolución”. Una resolución que les declara como investigados por un presunto delito de prevaricación y abre la puerta a un posible juicio, en un auto fechado el 1 de julio de 2024.

Un ex comisionado para la Cañada Real, citado a declarar como investigado por posible delito de prevaricación

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Cañada Real Un ex comisionado para la Cañada Real, citado a declarar como investigado por posible delito de prevaricación

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A Markel Gorbea, ex alto cargo del gobierno de Ayuso, el quinto nombrado para ese puesto en cuatro años de su gobierno, se le investiga por un posible delito de prevaricación administrativa en el derribo ilegal de una vivienda en Cañada Real.

Pero empecemos por el principio. El 12 de enero de 2021, y dentro de los planes de actuación urbanística emprendidos por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, “para el realojo e integración social de las familias del Sector”, el Servicio de Disciplina Urbanística inició el expediente para demolición de obras no legalizables, entre las que se encontraba esta parcela. Siempre según el auto, el dueño de este terreno recogió la notificación, lo que acredita que el Servicio de Disciplina Urbanística conocía que el destinatario de la resolución ocupaba la vivienda y vivía en ella. Le dieron 15 días para contestar ante este posible derribo, y el hoy denunciante realizó sus alegaciones en plazo, informando de que habitaba en dicha vivienda.

En mayo de 2022 el Servicio de Disciplina Urbanística rechazó sus alegaciones y le dio un plazo de un mes para que desalojase la vivienda, en una resolución firmada por el imputado Santos García. El denunciante recurrió esta resolución en plazo, lo que demuestra una “nueva manifestación expresa del interés del denunciante en seguir manteniendo la ocupación de la infravivienda que no estaba abandonada”, asegura la jueza firmante del auto.

Con el recurso del dueño de la casa sin resolver la vivienda pasa a ser demolida “en una manifestación de descoordinación municipal tan inexplicable como inexplicada”

Sin embargo, y con este recurso sin resolver, la vivienda pasa a ser demolida “en una manifestación de descoordinación municipal tan inexplicable como inexplicada”, añade la jueza. El Servicio de Disciplina dictó una resolución el 14 de julio de 2022 “con sorprendente rapidez”, al día siguiente de haber recibido un email de Markel Gorbea en el que afirmaba que la infravivienda de esta parcela estaba abandonada, “dato éste erróneo como Santos García conocía por todo lo precisado con anterioridad”, valora el auto. De hecho, la resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por el dueño de la vivienda es dictada un día después de que esta fuese demolida. En ese momento el dueño de la casa se encontraba de vacaciones, tal y como ha defendido su equipo jurídico.

Cerca de dos años de investigación

Desde el Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES, cuyo equipo jurídico ha llevado este caso, se felicitan por este auto, “tras cerca de dos años de investigación”. Desde CAES indican que el vecino llevaba residiendo en la vivienda de forma ininterrumpida desde el año 2006, año que adquirió la finca en la que se ubicaba la vivienda.

“Es evidente que ambos conocían que una orden tan lesiva como la que supone el derribo de una vivienda con más de 30 años de antigüedad sólo puede dictarse cuando existe una resolución firme”

“Es evidente que ambos conocían que una orden tan lesiva como la que supone el derribo de una vivienda con más de 30 años de antigüedad sólo puede dictarse cuando existe una resolución firme al respecto, y que la declaración de la vivienda como ‘abandonada’ sólo podría afirmarse tras la práctica de una exhaustiva prueba”, explican desde CAES.

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El pasado sábado 13 de enero, el corto documental ‘Aunque es de noche’, candidato a los premios Goya, se estrenó en La Cañada Real, el barrio donde fue rodado, cuyos vecinos resisten ante su cuarto invierno sin electricidad.

Este equipo jurídico enmarca este tipo de actuaciones dentro de una “campaña orquestada por las administraciones públicas de acoso y derribo a los vecinos y residentes históricos de la Cañada Real”. De hecho, tanto el sector cinco como el seis llevan desde octubre de 2020 con un corte de luz permanente “que busca expulsar a los residentes de esta zona en beneficio de los desarrollos urbanísticos del sureste que colindan con esta zona residencial, poblada principalmente por población vulnerable o de escasos recursos”, concluyen.