Violencia Vicaria
Dando la cara contra la violencia vicaria y de género institucional en Granada

El Teatro Municipal de la ciudad granadina de Maracena acogió este fin de semana el II Encuentro Estatal sobre violencia vicaria y violencia de género estatal, recogiendo el testigo de la primera convocatoria que se celebró el año pasado en Mérida, Extremadura. El objetivo del encuentro era trabajar la hoja de ruta planteada en 2022 #volviendoacasa, que denunciaba basándose en informes de la Relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, la existencia de un “patrón estructural“ en la Justicia española que desprotege a los niños y discrimina a las mujeres, citando textualmente que, “Guiados por teorías pseudocientíficas y regresivas, como la alienación parental, los tribunales de España y otros países no están garantizando el derecho de los menores a estar libres de violencia ni el derecho de las mujeres a la no discriminación”.

La ley no se aplica correctamente para proteger a las mujeres y a la infancia de la violencia machista

Susana Sarrión

Violencia machista

Violencia vicaria La ley no se aplica correctamente para proteger a las mujeres y a la infancia de la violencia machista

Susana Sarrión

El I Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional reivindica la formación de todos los agentes del proceso judicial para prevenirlas y erradicarlas.

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Recordamos que la violencia vicaria es “aquella que se ejerce sobre los hijos e hijas para continuar el maltrato y la violencia sobre la mujer, y dañarla y golpearla donde más duele”, según la experta del tema y creadora del término, la psicóloga Sonia Vaccaro. La violencia de género institucional consiste en “los actos u omisiones del personal al servicio de las Administraciones Públicas, o de entidades que colaboren con las mismas, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes que de ella dependan, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia de género”, según la página web del encuentro de este año.

El encuentro 2023 de Maracena, con la participación de 24 ponentes, organizado por la Asociación de Psicólogas Feministas de Granada, la Asociación Mujeres Libres, Mujeres en Paz y el Ayuntamiento de Maracena; ha sido apoyado incondicionalmente por muchas profesionales y activistas, y reunió presencialmente a cerca de 400 personas, representantes institucionales y de asociaciones, profesionales, activistas, madres protectoras e hijas víctimas de violencia vicaria y violencia institucional. Muchas otras pudieron seguir por streaming la programación del sábado 25, que se centró en analizar la dimensión de estas violencias y la búsqueda de estrategias para erradicarlas que contó con la ponencia marco de Sonia Vaccaro, además de miradas expertas desde la judicatura, la abogacía, la medicina, la psicología, el trabajo social y la investigación académica sobre la violencia estructural  contra las madres en España, perfiles como Teresa Peramato, Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer y Nuria Varela, Directora General de Igualdad del Principado de Asturias; Vicky Rosell, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género; y Celia Garrido e Isabel Martínez de asociaciones de madres protectoras. La clausura contó con la participación de autoridades locales. El encuentro granadino aportó como novedad para el primer día el formato de charlas TEDx.

La declaración de Granada:  justicia y reparación

El encuentro granadino terminó con una declaración de intenciones y el compromiso de creación de la futura coordinadora estatal contra la Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional.Las organizaciones y personas sensibilizadas sobre estas violencias tienen cada vez más claro la imperiosa necesidad de poner en marcha actuaciones concretas por la gravedad de la vulneración de derechos que se producen y los efectos terribles que provoca, es por esto que previamente al encuentro en Granada se envió un cuestionario a más de 5.000 personas para valorar su opinión sobre las 48 medidas previstas en la Hoja de Ruta validada en Mérida y reforzada ahora en Maracena, “tanto a profesionales y tomadoras de decisión en los ámbitos judicial, sanitario, policial, servicios públicos de atención a la infancia, organismos de igualdad, servicios sociales y demás instituciones implicadas, como a las plataformas de apoyo a las víctimas y a las propias víctimas de estas violencias”, nos comenta Francisca Granados, organizadora del encuentro, Directora de Igualdad y Asesora Jurídica del Ayuntamiento de Maracena.

Granados entiende que la información recibida hasta la fecha está siendo muy importante para consensuar y planificar los pasos a tomar a partir de este momento, “se hace cada vez más evidente que no estamos ante casos aislados sino ante un gravísimo problema estructural, que cada vez hay más madres, niñas y niños con las vidas destrozadas por el mal funcionamiento de las instituciones, sobre todo por algunos operadores del sistema judicial y sus aledaños, que actúan fuera del marco legal al que el tan mentado para algunas cosas, “Estado de Derecho”, les obliga”, señala a este medio Francisca, que también es profesora de Derecho de la UGR.

“Cada vez hay más madres, niñas y niños con las vidas destrozadas por el mal funcionamiento de las instituciones”, Francisca Granados, profesora de derecho de la UGR.

Con el proceso de participación todavía abierto, las tres medidas que se están posicionando como prioritarias son la creación de una Comisión Independiente estatal e integrada por personas expertas, para la investigación en nuestro país de la violencia vicaria, violencia sexual intrafamiliar a menores y violencia de género institucional; el diseño y ejecución de un Plan de Formación obligatoria en violencia de género, violencia sexual y maltrato infantil, para profesionales que ya estén trabajando o vayan a trabajar en instituciones o servicios vinculados con estas problemáticas como juzgados, abogacía, servicios sociales, centros sanitarios, equipos psicosociales, comisarías; el desarrollo de protocolos específicos para los distintos ámbitos de actuación, incluyendo mecanismos de evaluación y seguimiento, especificando en el ámbito judicial, establecer el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género; y la garantía a las víctimas de violencia de género institucional, a través de recursos e instrumentos reglados, su derecho a obtener una reparación integral con perspectiva de género y de infancia, que incluya: restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción.  

“Gualiana, madre víctima de violencia vicaria, resumió con sus palabras, ‘Mamá está rota, pero mamá se está levantando y no va a parar de luchar’, el sentir de tantas y tantas víctimas silenciadas en nuestro país”, Ana Lupión, presidenta de Mujeres libres, Mujeres en Paz. 

Para Ana María G. Lupión, presidenta de la Asociación de Mujeres libres, Mujeres en Paz, los encuentros consolidan la idea de la urgencia y necesidad de estos espacios de intercambio de saberes y miradas sobre el problema de vulneración de derechos humanos de las mujeres y sus hijas e hijos más grave en nuestro país; además de ser “lugares de reconocimiento sociopolítico a su tragedia vital y que suponen, en muchos casos, las primeras semillas para la Reparación, mientras el Estado y, en especial, el poder judicial llega a ser capaz de reparar”. También ha destacado la presentación y conocimiento del Informe sobre violencia institucional contra las madres y sus hijas e hijos, la incidencia negativa de la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental, del arrancamiento de hijos e hijas a las madres y el testimonio de las víctimas jóvenes que tuvieron una infancia desprotegida y maltratada, “Guliana, madre víctima resumió con sus palabras, ‘Mamá está rota, pero mamá se está levantando y no va a parar de luchar’, el sentir de tantas y tantas víctimas silenciadas en nuestro país”.

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Las asociaciones Alanna y Madres Protectoras acuden a la Cámara Alta un año después de hacer la misma petición al Congreso, que no ha respondido a su solicitud. Requieren atención a los abusos sexuales intrafamiliares a niños y niñas.

En este sentido, hace unos días que las organizaciones Alanna y Madres Protectoras pidieron al Senado la creación de una comisión de investigación y reparación de los abusos sexuales intrafamiliares después de no obtener respuesta a la misma petición en el Congreso en marzo del año pasado. Las organizaciones recordaron que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia aprobada hace seis meses contiene medidas para frenar la aplicación de estereotipos contra la infancia asociados a la aplicación del SAP. También que el Sistema de Registro Unificado de Maltrato Infantil en el 2021 registró 3.206 notificaciones de abuso sexual infantil, mientras que en 2020 se denunciaron 5.685 agresiones sexuales a menores de edad —datos que según estas organizaciones no corresponden a la totalidad de los casos en nuestro país ya que muchos no se denuncian—, mientras que el Instituto Nacional de Estadística indica la existencia de sólo 738 condenas por agresiones a menores de 16 años, lo que, calculan las organizaciones, significa que hay un 87,019% de criaturas desprotegidas, informamos en El Salto Diario.