Derecho a la vivienda
Más de 140 inquilinos vencen a un gran tenedor que se negaba a cumplir el tope del 2%

“Socialcomunista”. Esa fue la definición de las hermanas Castro Lomas, propietarias de varias empresas multiarrendadoras, de la medida del Gobierno que limita en 2023 la subida interanual de los alquileres al 2%. En el último año, los vecinos de tres bloques de Madrid venían sufriendo las “subidas ilegales” de sus alquileres. Ante los reclamos de las familias, la propiedad respondió que la disposición del escudo social se trataba de una medida solo “cautelar”, por lo que no estaba obligada a cumplirla.

“Al no haber ningún régimen sancionador que asegurara el cumplimento de la normativa, las caseras se podían dar el lujo de no respetar el límite y aprovecharse de su posición de poder frente a las inquilinas para cobrar rentas superiores a lo establecido legalmente”, explican desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, colectivo en el que comenzaron a organizarse los habitantes de estos tres bloques, situados en Paseo de la Chopera, Avenida Valladolid y Calle General Martín Cerezo.

La propiedad cedió a la presión y decidió devolver el dinero de las subidas a todas las familias de los tres bloques: un total de 25.000 euros a razón de 175 euros por hogar

Ante las repetidas negativas de la propiedad —las empresas multiarrendadoras Hice, Caspima y Casvoz— los vecinos de los bloques comenzaron a coordinarse entre ellos y con el Sindicato de Inquilinas. Más de 50 arrendatarios enviaron un escrito conjunto exigiendo la devolución de las subidas impuestas. La propiedad cedió a la presión y decidió devolver el dinero a todas las familias de los tres bloques: un total de 25.000 euros a razón de 175 euros por hogar.

No es el final

Pese a la victoria, la propiedad ha recurrido a otro resquicio legal de la medida del Gobierno para imponer las subidas. Las familias cuyo contrato finaliza en estos meses están recibiendo burofaxes en los que se indica que la renovación de los alquileres solo será posible con una subida del 60%. Si se acogen a la prórroga aprobada por el Gobierno en diciembre de 2022, reciben amenazas de no renovación, dicen desde el Sindicato de Inquilinos. “Si se niegan a aceptar la subida, reciben una demanda de desahucio por expiración de contrato”, continúan.

Según los vecinos, la propiedad intimida a los vecinos alegando que “se tienen que adaptar a la realidad de la vida” y amenaza con llamar a la policía para desalojarlos si no aceptan la propuesta.

La propiedad ha contraatacado y las familias cuyo contrato finaliza en estos meses están recibiendo burofaxes en los que se indica que la renovación de los alquileres solo será posible con una subida del 60%, algo que permite la ley actual

Según argumenta el Sindicato de Inquilinos, este tipo de subidas abusivas es habitual tanto en grandes tenedores como pequeños propietarios ya que la medida del escudo social solo limita la actualización interanual de los contratos ligados al IPC, pero no pone límites obligatorios a las subidas en la renovación de contratos. La medida del escudo social limita la subida interanual a un 2% y obliga a prorrogar seis meses y al mismo precio los alquileres que finalizan, siempre que no haya un acuerdo entre propietario e inquilino sobre el precio del nuevo contrato. Es decir, si no hay un acuerdo entre las partes, el casero puede rescindir el contrato y pedir por el piso lo que quiera pasados seis meses.

Un terreno despejado para la especulación inmobiliaria que el acuerdo final de la Ley de Vivienda no consigue por coto del todo. El límite a la subida del alquiler quedará fijada en un 2% en 2023, un 3% en 2024 y con un nuevo índice inferior al IPC a partir de 2025, pero solo para los alquileres que estén ubicados en las zonas declaradas tensionadas por las comunidades autónomas. Además, critican desde esta organización, la Ley de Vivienda no incluye un régimen sancionador para los propietarios que no cumplan con la normativa, “por lo que las estafas por subidas interanuales mayores al límite se podrían seguir dando”. 

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“Una vez más, la responsabilidad de defender los derechos de los inquilinos y el acceso a una vivienda digna caería sobre la organización de las vecinas y los sindicatos de inquilinas, a pesar de que estos últimos siguen sin ser reconocidos como actores clave en la negociación entre casero e inquilinos en el pacto de ley actual”, señalan. Mientras tanto, los vecinos afectados por las amenazas de nuevas subidas han decidido dar la batalla y unirse a la campaña #NosQuedamos del Sindicato de Inquilinas y “no marcharse de sus casas hasta conseguir una negociación colectiva a pesar de la finalización del contrato”.