Derecho a la vivienda
Afectadas y organizaciones exponen el impacto de la ‘ley antidesahucios’ catalana: “No es suficiente”

Hace dos meses Alberto se suicidó tras ser desahuciado en el barrio barcelonés del Bon Pastor. Una tragedia que conmocionó a los movimientos vecinales de la ciudad y puso una vez más sobre la mesa la emergencia que rodea la problemática de la vivienda y su falta de garantías a nivel autonómico y nacional. Solo en 2021 se han producido 41.359 desalojos en todo el Estado. En lo que llevamos de 2022 se han contabilizado aún más que en el período anterior: aumentan un 1% y Catalunya sigue siendo el territorio donde más se desahucia, con el 45,94% de los mismos, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Una situación que continúa agravándose a diario en todo el país, a pesar de la moratoria de desahucios, aún vigente.

En mitad de un panorama post-pandémico donde la crisis económica se acelera y los servicios públicos se precarizan, presentaron ayer el informe Impacto de la Ley 24/2015 en la exclusión residencial en Catalunya, presentado conjuntamente por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Ingeniería Sin Fronteras (ESF), el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. El estudio recoge la evolución de la implantación de la ley antidesahucios autonómica y expone los efectos y obstáculos tras su materialización. Un retrato de la lucha vecinal que se pretende exponer a continuación, junto a la experiencia de afectados y otros agentes sociales presentes en el movimiento por la vivienda en Catalunya. 

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Ley 24/2015: las medidas que se mantienen hoy en día

La ley antidesahucios catalana se aprobó con el objetivo de afrontar la emergencia residencial y la pobreza energética tras una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la PAH, la APE y el DESC, que recogió más de 150.000 firmas. Una movilización gestada tras el 15-M que configuraría posteriormente el Grupo Promotor de la 24/2015. A pesar de sus numerosas suspensiones y modificaciones, el informe señala cambios significativos tanto a nivel institucional como social, destacando el cambio de percepción colectiva respecto a las responsabilidades de los grandes tenedores —personas jurídicas con más de 10 viviendas— y las empresas energéticas. 

Existen diversas medidas que se mantienen en la actualidad, a pesar de los pulsos legales con la banca, el Partido Popular y el Tribunal Constitucional. La mayoría de los requerimientos se orientan a los grandes tenedores —mayoritarios, pues albergan el 46,3% de las viviendas analizadas en el estudio— e incluyen la obligación de garantizar alquileres sociales para familias vulnerables que residen en estos pisos —independientemente de si están alquilando u ocupando—, así como la renovación de sus contratos. También se introduce la ampliación a siete años de la cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fondos de inversión, la elaboración de un registro de grandes tenedores y el pago de cuotas de alquiler por parte de la Generalitat. Además, las administraciones han de asegurarse de que los grandes propietarios realizan una oferta de alquiler social en el plazo máximo de un mes desde su solicitud y se introducen sanciones en caso de incumplimiento de los mencionados requerimientos.

Respecto a los pequeños propietarios (el 44,3% de los hogares consultados), la ley es menos garantista con los afectados, aunque exige a las administraciones garantizar en cualquier caso el adecuado realojamiento de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual. Sin embargo, la ley cuenta con limitaciones desde su primera redacción. “La 24/2015 solo regula sobre algunas situaciones específicas que se dan como consecuencia a los desahucios. Solo aplica a personas con un perfil vulnerable determinado, un propietario determinado y unas causas determinadas”, señalan desde la Comissió Jurídica del Moviment per l'Habitatge, compuesta por militantes de todo el territorio regional. “No se aplica a las subidas de alquiler, a las condiciones básicas, no refuerza soluciones sobre dificultades de acceso ni regímenes de tenencia, no regula muchos supuestos de ocupación… La 24/2015 ataca principalmente a los problemas más graves de vivienda y en los que hay más consenso social: bancos y fondos de inversión y personas en riesgo de exclusión”, exponen.

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Impacto real: garantista en la teoría, insuficiente en la práctica

Tras siete años de su entrada en vigor y una accidentada implantación, el estudio señala que los efectos de la ley 24/2015 son visibles pero limitados en la práctica. “A nivel legal las normativas más garantistas a nivel de vivienda se han aprobado en Catalunya porque el movimiento es más fuerte que en el resto del Estado. Sin embargo, seguimos siendo la región con más desahucios año tras año, a pesar de que los respectivos gobiernos, municipales, autonómico y estatal, dicen querer proteger el derecho a la vivienda”, señalan desde la Comissió Jurídica del Moviment per l'Habitatge. Tras la aprobación de la última modificación de la ley antidesahucios en enero de este año, se reconocen más derechos y a más colectivos, pero sus numerosos cambios han obstaculizado su aplicación, generando una gran dispersión de criterios judiciales. 

Los casos de mayor vulneración de derechos se dan entre las personas que ocupan una vivienda ante la falta de alternativas (33% de las encuestadas y 52% de las desahuciadas) y las que alquilan (26% de las consultadas), de acuerdo con la encuesta realizada en el marco del citado estudio a 650 personas afectadas entre 2012 y 2022. Además, más de la mitad de las personas que ocupan son extranjeras, según señalan desde PAH Barcelona. También cabe destacar que el 68% de familias afectadas por un desalojo en toda Catalunya tienen menores a su cargo. Es el caso de Nadia que, junto a sus dos hijas, tuvo que esperar dos años en la Mesa de Emergencia de Barcelona para recibir su alquiler social, viviendo en el mismo periodo varios lanzamientos a puerta. Ahora, acaban de triplicarle la cuantía de su cuota de alquiler. “Vuelvo a estar igual que antes después de todo”, denuncia. 

“La ley no obliga sino amenaza con sancionar y las pocas veces que lo hace, no tiene la capacidad de confrontar a los grandes propietario”, advierten desde el Sindicat d’Habitatge del Casc Antic en Barcelona

La impunidad de los grandes tenedores y las energéticas continúa siendo un problema central, junto a la inacción de los poderes públicos. “La ley no obliga sino amenaza con sancionar y las pocas veces que lo hace, no tiene la capacidad de confrontar a los grandes propietarios. Los que marcan la ley son aquellos a los que se pretende sancionar”, señalan desde el Sindicat d’Habitatge del Casc Antic en Barcelona. En este sentido, no constan en la actualidad procedimientos sancionadores por parte de las administraciones ante la falta de ofertas de alquiler social por parte de los grandes tenedores.

La efectividad de la implantación de alquileres sociales también es reducida: el impacto de los mismos se ubica entre el 10% y el 20% de 2017 a 2020. Unas cifras “destacadas pero mejorables”, según el informe, teniendo en cuenta que la mitad del período tras la entrada en vigor de la ley, la misma ha estado suspendida. En este sentido, la intervención comunitaria también es insuficiente: al menos en el 70% de desahucios se orienta la intervención a la búsqueda de soluciones propias por parte de las familias, siendo una minoría los casos que acaban en alquiler social (4%) o realojamiento (19%)

También se confirma una crisis de realojamiento tras los lanzamientos: al menos el 39% de las solicitudes son desestimadas y la lista de espera autonómica alcanza las 1.614 unidades familiares. A esto se le suma, además, la inefectividad de la moratoria estatal de desahucios por la pandemia. El estudio demuestra que los magistrados no suspenden todos los desalojos susceptibles de acogerse a la misma: aunque en el 86% de casos Servicios Sociales ha corroborado la vulnerabilidad de los afectados, el 57% de desalojos quedaron fuera de la moratoria. Las campañas antiocupación han causado efecto: al menos el 60% de las personas desahuciadas estaban ocupando frente al 30,9% que estaba alquilando, a pesar de que la ley ampara su protección en ambos casos. 

En la actualidad no constan procedimientos sancionadores por parte de las administraciones ante la falta de ofertas de alquiler social por parte de los grandes tenedores

Existe un balance positivo respecto a los derechos energéticos: entre 2015 y 2020, la legislación vigente ha evitado alrededor de 200.000 cortes de luz en toda Cataluña, protegiendo a 100.000 hogares vulnerables. Cabe destacar que aún así, en plena pandemia se produjeron 240.070 cortes de electricidad y 17.763 de gas en todo el Estado. En el 60% de las familias afectadas por los mismos en Catalunya eran unidades familiares con niños y el 22% monomarentales. Más allá de las cartas de condonación de la deuda a finales del año pasado, el resto de compromisos de Endesa y la Generalitat de marzo de 2021 siguen pendientes: aún no se ha puesto en marcha en Fondo de atención solidaria para evitar el endeudamiento de las familias y únicamente se han instalado 18 contadores sociales de luz en el último año. Precisamente, en términos de pobreza energética, el menos el 40,6% de las afectadas manifiesta haber padecido al menos un corte de luz.

La legislación vigente ha evitado alrededor de 200.000 cortes de luz en toda Cataluña, protegiendo a 100.000 hogares vulnerables entre 2015 y 2020

Por último, se establece una relación directa entre la salud y la pobreza: el informe establece que se ha observado una asociación entre los casos de depresión y las afectaciones relacionadas con la inseguridad residencial y energética. Mari Carmen, una de las afectadas presentes en la presentación y elaboración del informe, denuncia que las llamadas y amenazas constantes de Naturgy la sometieron a un gran estrés: “No dejaban de llamarme acosándome y amenazándome, era colgarles y tenía que tomarme un diazepam”, explica. De la misma forma, Nadia cuenta haber sufrido una gran ansiedad tras su arduo proceso por conseguir su casa. Además, señala que sus dos hijas viven con TDAH (Trastorno por Déficit de la Atención e Hiperactividad) y su situación residencial les ha afectado notablemente. En este sentido, el 15% de los niños van a presentar una mala salud general y un tercio de los niños y la mitad de las niñas presentan una puntuación baja en la escala de calidad de vida.

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Organización y visión de totalidad: retos pendientes en la lucha social 

Las entidades señalan que los movimientos sociales continúan supliendo la falta de actuaciones de las administraciones públicas: el 90% de las encuestadas afirma que su participación en los mismos les ha permitido conocer sus derechos residenciales y energéticos. “Yo estoy infinitamente agradecida a los movimientos sociales, porque en Servicios Sociales no te informan de nada, tienes que ir ya sabiendo tú”, informa Mari Carmen, una de las afectadas presentes. Desde el Observatorio DESC confirman a El Salto la importancia de las movilizaciones para dotar de efectividad los avances legales.

Sin embargo, la represión al movimiento por la vivienda en Catalunya ha experimentado un auge rápido y difícil de encajar para los sindicatos y plataformas de vivienda, que acumulan más de 206.000 euros en multas por parar desahucios. “Hemos aprendido por las malas que no hay garantías, a la hora de la verdad solo estamos nosotros organizados como clase y todo el aparato estatal que hace valer los intereses capitalistas. Gana quien sea capaz de acumular mayor fuerza”, señalan desde el Sindicat d’Habitatge del Raval en Barcelona. 

Al final del informe, las entidades establecen una serie de recomendaciones concretas vinculadas a la mejora de la intervención social y comunitaria, basadas en el rediseño de la atención primaria en los servicios de Administración, la divulgación de los derechos sociales a la población y un abordaje institucional que sitúe en el centro del problema el modelo económico, sin reducir los casos a problemas individuales. 

En esta línea, el resto de plataformas consultadas en el territorio catalán destacan que la emergencia residencial y energética no puede reducirse a estos ámbitos determinados, pues sus causas son estructurales e inherentes al sistema económico. “La problemática de la vivienda es en realidad la problemática del capitalismo y no se resolverá ni con esta ley ni con ninguna hasta que no se desmercantilice la vivienda por completo, se cuestione la propiedad privada y nos permitamos superar el capitalismo. La ley no puede mejorar la situación en la que nos encontramos”, denuncian desde la Comissió Jurídica del Moviment per l'Habitatge. La propuesta colectiva fundamental se basa en la organización como motor de cambio. “Los sindicatos de vivienda nos aseguran a la clase trabajadora un techo y nos hacen seguir organizándonos desde la necesidad de superar el capitalismo en tanto que dentro de este no será posible cubrir nuestras necesidades”, manifiestan desde el Sindicat d’Habitatge del Casc Antic. 

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